LESIONES Y DAÑOS EN LAS COSAS A TÍTULO DE CULPA. PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, ESTOS DELITOS SON PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE PARTE OFENDIDA SI CON LA MISMA CONDUCTA SE CAUSAN AMBOS RESULTADOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ FÉLIX DÁVALOS DÁVALOS, ÓSCAR VÁZQUEZ MARÍN Y MARIO ALBERTO FLORES GARCÍA. PONENTE: MARIO ALBERTO FLORES GARCÍA. SECRETARIO LUIS NAHÍN MÉNDEZ ANOTA.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del día veintinueve de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos del expediente 1/2014, relativo a la contradicción de tesis denunciada entre el Primer Tribunal Colegiado y el Tercer Tribunal Colegiado, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio número 354/2014, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito, el día quince de enero de dos mil catorce, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese órgano al resolver el amparo directo ********** y, por otro, el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la ejecutoria correspondiente al amparo directo **********.
SEGUNDO. Trámite ante el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito. Por auto de diecisiete de enero de dos mil catorce, el presidente de este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito ordenó la integración y el registro del expediente con el número 1/2014, al admitir a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; solicitó al tribunal contendiente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, la remisión de las constancias respectivas para la debida integración de la contradicción de tesis.
TERCERO. Remisión de constancias por el Tribunal Colegiado de Circuito. Mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil catorce, el presidente de este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito acordó agregar las copias certificadas de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y en razón de que el expediente se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó el turno del asunto al Magistrado Andrés Pérez Lozano, entonces presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a efecto de que formulara el proyecto de resolución.
CUARTO. Returno. Asimismo, de las constancias se advierte que mediante acuerdo de veintinueve de enero de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio signado por el Magistrado Mario A. Flores García, mediante el cual comunicó que con motivo de la readscripción del Magistrado Andrés Pérez Lozano, al Segundo Circuito, fungirá como presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, a partir del uno de febrero del año en curso, ordenándose returnarle el asunto que nos ocupa para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 225 y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión del dieciocho de octubre de dos mil uno, en la materia del presente estudio, consideró lo siguiente:
"IV. Los conceptos de violación que anteceden, que por razón de método serán analizados en un orden diverso al de su planteamiento, son infundados. En principio, no asiste la razón a los promoventes del amparo en cuanto afirman que la Sala responsable vulneró en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en el juicio del que deriva la sentencia reclamada no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues lo contrario se advierte al analizar las constancias que integran el sumario, de las que se desprende que se observaron las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto y que el peticionario de garantías en todo momento tuvo oportunidad de defensa y oportunidad probatoria, por lo que no puede estimarse que se transgredió en su perjuicio la garantía de debido proceso legal tutelada, por el numeral 14 de la Carta Magna. Asimismo, la resolución que por esta vía se combate está debidamente fundada y motivada, habida cuenta que en la misma la Sala responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso -tanto del Código Penal como del Código de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos para el Estado de Jalisco-, como las circunstancias particulares, razones especiales y causas inmediatas que tuvo en consideración para dictarla, existiendo cabal adecuación entre los motivos aducidos y las hipótesis normativas, en cuanto se refiere a la comprobación de los delitos y de la plena responsabilidad penal del acusado en la comisión de los mismos y no así por lo que ve a uno de los montos de la condena al pago de la reparación del daño, como se examinará en la parte final de este considerando. Cabe agregar que en nada agravia al quejoso el hecho de que en la resolución de primera instancia el Juez sólo haya hecho una breve referencia de la contestación que sus defensores dieron a las conclusiones acusatorias formuladas por el fiscal, puesto que aun cuando el juzgador debe analizar tanto las conclusiones presentadas por el Ministerio Público, como las que exponen el procesado o su defensa al contestar el pliego acusatorio, a fin de determinar cuál de las dos partes tiene la razón en el juicio, de conformidad con el resultado de la valoración de las pruebas aportadas, ningún precepto legal dispone que esté obligado a plasmar sus consideraciones sobre unas u otras al dictar la sentencia, ni tampoco a pronunciarse expresamente sobre los alegatos que hagan las partes durante la audiencia de vista. Sostiene este criterio la tesis (cita datos de localización) que textualmente dice: ‘CONCLUSIONES. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A TOMARLAS EN CUENTA AL PRONUNCIAR SENTENCIA DEFINITIVA.’ (la transcribe). Ahora bien, en los conceptos de violación no se controvierte la comprobación en la especie de los elementos constitutivos de los tipos penales de los delitos de lesiones y daños en las cosas, previstos por los artículos 206 y 259 del Código Penal para el Estado de Jalisco, el primero cometido en agravio de **********, **********, ********** y **********, y el segundo, perpetrado en perjuicio del patrimonio de **********; y este tribunal no advierte deficiencia de la queja que debiera suplir al respecto, porque ambos tipos penales están plenamente demostrados con las pruebas descritas en el primer párrafo del considerando cuarto de la sentencia reclamada, que aquí se tienen por reproducidas a fin de evitar su innecesaria reiteración. Establecido lo anterior, es necesario iniciar el estudio del presente asunto precisando que si bien es verdad que en las conclusiones acusatorias, el agente del Ministerio Público no señaló en qué fracciones del artículo 206 del ordenamiento punitivo estatal, se encuentran comprendidas las diversas lesiones sufridas por los sujetos pasivos, esa omisión carece de relevancia tratándose de un delito culposo como el que nos ocupa, dado que con la misma conducta también se cometió el delito de daños en las cosas, y el primer párrafo del artículo 50 del código citado, textualmente dispone: (transcribe síntesis del artículo). Una recta interpretación del precepto transcrito lleva a concluir que el delito culposo sólo se perseguirá por querella de parte ofendida, cuando el resultado consista en daños en las cosas, por cualquier valor, o bien en las lesiones enumeradas en el propio dispositivo, pero no cuando se produzcan ambos resultados, como sucedió en este caso. Esto es así, porque se trata de una misma conducta con pluralidad de resultados típicos, cometidos en un mismo acto, que no pueden desvincularse, a efecto de no dividir la continencia de la causa y, que por tanto, tienen una sanción única, la prevista en el artículo 48 del ordenamiento represivo en comento, que en su primer párrafo establece: (reproduce síntesis del artículo). Apoyan esta postura, las tesis (cita datos de identificación) bajo los rubros y textos: ‘IMPRUDENCIA, DELITOS COMETIDOS POR. CONCURSO IDEAL. NO SE DIVIDE LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.’ (la transcribe) y ‘LESIONES Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA IMPRUDENCIALES. SE PERSIGUEN DE OFICIO, SI AMBOS DELITOS FUERON COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (reproduce). En este orden de ideas, devienen inatendibles los argumentos expresados en la demanda de amparo con el propósito de desvirtuar la validez de las querellas presentadas por cada uno de los ofendidos, habida cuenta que siendo dos los tipos penales que a título de culpa se atribuyen al quejoso, daños en las cosas y lesiones, éstos se persiguen de oficio. Por otra parte, contrariamente a lo que se afirma en la demanda de garantías, la plena responsabilidad penal de ********** en la comisión de dichos ilícitos culposos también se acredita de manera fehaciente con las pruebas que al efecto se analizaron y valoraron en la sentencia reclamada, como son: a) Las diversas declaraciones ministeriales de los sujetos pasivos **********, **********, ********** y **********, sobre la forma en que ocurrieron los hechos (fojas 7, 10, 10 vuelta, 11, 13, 19 y 19 vuelta). b) La fe ministerial de los vehículos que intervinieron en la colisión (foja 15 vuelta). c) La declaración ministerial de **********, madre del que aquí se queja y propietaria de la camioneta que impactó al vehículo en el que viajaban los ofendidos, en la que manifestó: ‘Que comparezco ante esta fiscalía en razón de haber recibido una cédula citatoria, y manifiesto lo siguiente: que el vehículo marca Ford, modelo 1969, color blanco con placas de circulación ********** tal y como se describe en el oficio de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, es efectivamente de mi propiedad, mas no estoy segura de las placas ya que tendría que revisarlas en algún documento que tenga en mi casa, y la unidad no la manejo generalmente quien la maneja es un hijo, de nombre **********, y en el mes de diciembre yo le pregunté que si había chocado y me dijo que sí, que un carro se le había atravesado y le pregunte ¿dónde está la camioneta? y dijo: creo que se la llevó tránsito, mas no se dio cuenta, y en estos momentos no sé cuál es el domicilio de mi hijo pero me visita con frecuencia, con posterioridad acreditaré la propiedad del vehículo del cual me he venido refiriendo, siendo todo lo que tengo que manifestar.’ (foja 16). d) El dictamen de causalidad vial emitido por peritos en tránsito terrestre de la Dirección de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el que concluyeron: ‘En función a todo lo previamente expuesto, los suscritos establecemos que la causa que dio origen al desarrollo de los presentes hechos, fue que: el conductor de la camioneta Ford pick-up, placas de circulación **********, al circular lo hacía sin la debida precaución, cuidado (sic) toda vez que no conserva su carril de circulación correspondiente de circulación (sic) e invade el carril contrario a su circulación, interfiriendo en la trayectoria que seguía el vehículo Datsun Guayin placas ********** el cual circulaba de acuerdo a la vía, ocasionando con ello el desarrollo de los presentes hechos, con los ya conocidos resultados.’ (fojas 43 a 49). e) El reporte de accidente número ********** levantado por la Policía Federal de Caminos (fojas 32 y 33). Estos elementos de convicción, que de estar aislados efectivamente serían insuficientes, al ser valorados en su conjunto de acuerdo con el enlace natural, lógico y jurídico que guardan entre sí, son eficaces en términos de lo dispuesto por el artículo 275 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, para integrar la prueba circunstancial plena de la responsabilidad penal del quejoso en la comisión de los delitos de lesiones y daños en las cosas que se le imputan, a título culposo, ya que si bien es cierto que de ninguno de tales medios probatorios se desprende un señalamiento directo en su contra, porque nadie refiere que el día del evento haya sido él la persona que conducía la camioneta marca Ford, tipo pick up, modelo mil novecientos sesenta y nueve, con placas de circulación ********** de esta entidad federativa, que se impactó contra el vehículo marca Datsun, tipo vagoneta, modelo mil novecientos setenta y ocho, con placas de circulación ********** de este Estado, esta circunstancia se infiere objetivamente y con calidad de certeza, del cúmulo de indicios generados por dichos elementos convictivos, entre los cuales por su importancia destacan el hecho de que el sujeto pasivo **********, durante la averiguación previa, presentó al fiscal la licencia para conducir del acusado, explicando que se la entregaron unas personas que se acercaron a él en el lugar del percance (foja 13), y muy especialmente, la declaración de **********, propietaria de la camioneta tipo pick up, que además es la progenitora del que aquí se queja y quien declaró ante el representante social investigador que su hijo ********** generalmente manejaba ese vehículo y que él mismo le dijo que había chocado con un automóvil en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (foja 16); ya que la evidencia producida por estas pruebas acerca de la identidad del conductor del vehículo que se impactó contra el automotor en el que circulaban las sujetos pasivos es contundente, se basa en hechos demostrados en forma irrefutable y no fue desvirtuada en forma alguna, ni por el encausado ni por su defensa, en el periodo de instrucción, quienes ante la existencia de pruebas de cargo, debieron probar en contra y no abstenerse de actuar, como lo hicieron. Así lo establece la jurisprudencia (cita datos de localización) bajo el rubro y texto siguientes: ‘CONFESIÓN, FALTA DE.’ (la transcribe). No pasa inadvertido para este tribunal que el peticionario de garantías, tanto al comparecer ante el agente del Ministerio Público como en presencia del Juez de la causa, se reservó el derecho de declarar en torno a los hechos que se le reprochan (fojas 16 vuelta, 72 vuelta y 73); limitándose a presentar un escrito en el que expuso: ‘Como puede advertirse en autos del expediente arriba anotado, el suscrito me reservé el derecho de rendir mi declaración acerca de los hechos materia de la presente causa, por lo que ahora es mi deseo manifestar respecto de lo ocurrido, que el día de los hechos el suscrito viajaba a bordo de la camioneta marca Ford, tipo pick up, modelo 1969, de color blanco, placas de circulación **********, misma que era propiedad de mi madre, sin embargo es necesario precisar que un servidor no iba conduciendo dicho vehículo, aunque normalmente era quien lo conducía, en esa ocasión no iba manejando debido a que días antes me había lastimado un brazo al tratar de levantar un becerro, y por eso me molestaba al manejar para cambiar las velocidades y girar el volante en las vueltas, razón por la cual el día del choque materia de este juicio conducía la camioneta un trabajador de un establo, a quien sólo conozco por el nombre de ********** y al que le apodan **********, quien me acompañó al mercado Felipe Ángeles para entregar varios litros de leche y cuando íbamos de regreso al establo circulando por la carretera a Saltillo, ********** perdió el control de la camioneta invadiendo el carril contrario en el momento en que pasaba por ahí en sentido contrario al nuestro el automóvil de los afectados produciéndose el encontronazo entre los dos vehículos. Al ver que estaban malheridos los ocupantes del automóvil, fuimos al establo para pedir ayuda pero
o encontramos al encargado, así que de ahí me fui a su casa pero tampoco lo encontré, regresando al lugar donde había sucedido el choque pero ya no estaban los heridos ni los vehículos, ignorando a dónde los habían llevado hasta que tiempo después mi madre me informó que tenía que presentarme en la procuraduría, donde por fin pude saber lo que había pasado con las personas heridas y con los vehículos. Debo agregar que la persona que iba manejando la camioneta es un ordeñador de nombre ********** alias ********** que vivía en la colonia **********, pero después del accidente ya no se presentó a trabajar y no he vuelto a verlo desde entonces, ignorando en dónde se encuentre ahora, y según comentarios de personas que lo conocen anda en Estados Unidos, pero sin tener datos precisos o manera de investigar su paradero actual.’ (foja 167). Sin embargo, esta versión del quejoso sobre la forma en que ocurrieron los hechos, en la que trata de exculparse señalando que otra persona conducía el vehículo en cuestión el día del evento, no constituye una declaración formal, como bien lo determinó el Juez del proceso en el auto en el que tuvo por recibido el escrito que la contiene, en el que acordó: ‘Por recibido el escrito que firma el procesado en la causa ********** (sic) **********, mediante el cual, por los motivos que expone, se le tiene realizando una serie de manifestaciones respecto a los hechos materia de este proceso, a lo cual dígasele que por el momento sólo se tienen por hechas las mismas para los efectos legales a que haya lugar. Sin embargo, dígasele que no pasa por desapercibido para este tribunal, que su escrito de cuenta por sí solo no reúne las formalidades establecidas al efecto por los numerales 50, 51, 52, 53, 54, 163 y 184 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de Jalisco, a fin de que sea de tenérsele rindiendo formal declaración en relación a los hechos controvertidos; en consecuencia de lo anterior, requiérasele al procesado **********, como a su defensor particular, para que, de conformidad con los numerales 24 y 49 de la ley adjetiva penal en el Estado de Jalisco, en el acto mismo de la correspondiente notificación, o bien dentro del término de tres días hábiles que comenzarán a contar a partir de la misma, manifiesten a este juzgado si es que es su deseo que el inculpado declare en audiencia pública y con todas las formalidades establecidas por lo dispositivos procesales antes indicados ante este juzgado. Agregándose el ocurso de cuenta al sumario para que surta sus efectos legales precisados.’ (foja 170). Tanto el acusado, como su defensa hicieron caso omiso de este requerimiento para que el primero se presentara a rendir su declaración ante el Juez de la causa, con las formalidades exigidas por la ley, de modo que las manifestaciones sobre los hechos que expresó por escrito, que incluso no están corroboradas con elemento de convicción alguno, carecen de eficacia probatoria; y de ninguna manera desvanecen la fuerza de la prueba circunstancial plena con la que correctamente se tuvo por demostrada su responsabilidad penal, ya que como ha quedado establecido, el conjunto de indicios que la integran revela con certeza que el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, alrededor de las dieciocho horas, ********** conducía la camioneta Ford, tipo pick up, color blanco, con placas de circulación ********** del Estado de Jalisco, en dirección sur a norte, por la carretera Guadalajara-Zacatecas, sin la debida precaución y cuidado, ya que al llegar al kilómetro 007+500, invadió el carril contrario de circulación y se impactó contra el vehículo marca Datsun, tipo vagoneta, color rojo, con placas de circulación ********** de la misma entidad federativa, que circulaba en dirección opuesta; causando de este modo las lesiones que sufrieron los ocupantes de este automotor así como daños al mismo. Cobra aplicación al respecto, la tesis (cita datos de localización) que es del tenor literal siguiente: ‘CULPABILIDAD EN LOS DELITOS DOLOSOS O CULPOSOS. ES OPERANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL O INDICIARIA, PERO CORROBORADA CON OTRAS PRUEBAS PARA ACREDITARLA.’ (la transcribe). En estas condiciones, ningún perjuicio legal irroga al acusado la pena de tres años de prisión que le fue impuesta, con derecho al beneficio de la suspensión condicional, dado que resulta congruente con el grado de culpa, superior a la leve, que fue apreciado en él por el Juez de primera instancia y confirmado por la Sala de apelación, luego de ponderar sus circunstancias personales y las exteriores de ejecución de los ilícitos, como lo disponen los artículos 40, 41 y 49 del Código Penal para el Estado de Jalisco, teniendo en cuenta que el artículo 48 del propio ordenamiento punitivo estipula para los delitos culposos una sanción de tres días a ocho años de prisión. En cuanto se refiere a la condena al pago de la reparación del daño, es preciso hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, la Sala responsable estuvo en lo justo al determinar que de acuerdo con el dictamen emitido por el perito en materia de tránsito terrestre y avalúo de daños a vehículos de la Dirección de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nombrado tercero en discordia (fojas 189 a 192), el monto de dicha condena en relación con los daños sufridos por el vehículo marca Datsun, tipo guayín, modelo mil novecientos setenta y ocho, con placas de circulación ********** del Estado de Jalisco, asciende a veinticinco mil pesos. Esto es así, porque se trata de un dictamen al que correctamente se otorgó pleno valor probatorio, en términos de lo previsto por el artículo 268 del enjuiciamiento penal estatal, porque satisface las exigencias de los numerales 225, 233, 234 y 235 del mismo Código Procesal Penal. No es óbice para afirmar lo anterior, que tanto el dictamen en comento, como el que rindieron los peritos designados por el representante social, que también coinciden en que el monto de los daños del vehículo de que se trata es de veinticinco mil pesos (fojas 36 a 42), equivocadamente señalan que el modelo del mismo es mil novecientos ochenta y no mil novecientos setenta y ocho, porque este error no trasciende al grado de invalidarlos, ya que estos peritos tuvieron a la vista el automotor y el tercero en discordia las fotografías del mismo, lo que le permitió evaluar los daños materiales que presentó la unidad, describiendo sus características y las razones por las cuales estimó que el costo de reparación rebasa el valor total del automóvil, circunstancia ésta que desde luego es materia de examen por parte de los expertos y que no queda a criterio del Juez, como sin fundamento alguno se asevera en los conceptos de violación. Además, los razonamientos de la Sala de alzada para desestimar el diverso dictamen de valuación emitido por el perito nombrado por la defensa ********** (fojas 174 a 176), son objetivamente correctos, pues por una parte, en el mismo no se determina con precisión el valor del automóvil, lo que es indispensable para que pueda otorgársele valor convictivo, ni se indica si se trata de una pérdida total o no; y por otra, el hecho de que se apoye en los precios de venta de vehículos similares, publicados en un periódico de la localidad, con independencia del modelo de tales automotores, no le confiere mayor credibilidad, porque el propósito que se persigue con un dictamen de esa naturaleza, es valuar con exactitud los daños del vehículo examinado y no obtener un monto aproximado de su valor. En este sentido se ha pronunciado ya este órgano colegiado en la jurisprudencia (cita datos de localización) cuyos rubro y texto son: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. DEBE ESTAR DETERMINADO CON EXACTITUD EL MONTO DE LOS DAÑOS PARA QUE PROCEDA SU CONDENA.’ (la transcribe). En relación con este punto, debe añadirse que la certificación que hizo el secretario de la Agencia Tres del Ministerio Público (foja 56 vuelta), de los documentos con los que se tuvo por acreditada la propiedad de ********** del vehículo marca Datsun, modelo mil novecientos setenta y ocho, con placas de circulación ********** del Estado de Jalisco -factura y tarjeta de circulación-, no contraviene lo dispuesto por el artículo 14 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, porque está autorizada con la firma y el sello correspondiente y el citado numeral no exige que también se indique el nombre del secretario o los testigos de asistencia que hacen las certificaciones; amén de que si cualquier circunstancia el procesado o su defensa consideran que dicha actuación es nula, debieron impugnar oportunamente su validez a través del incidente relativo y no hacerlo en esta vía, que es improcedente para tal efecto. Del mismo modo, aunque es verdad que la factura del automóvil de referencia está en un idioma extranjero (inglés) y no se presentó su traducción por el oferente, lo que desde luego afecta su eficacia probatoria, el hecho de que el ofendido sea poseedor del vehículo a título de dueño, como se demuestra con la tarjeta de circulación del automotor a su nombre, aunada a la circunstancia de que tanto él como su familia viajaban en él cuando ocurrió el evento, lo legitima tanto para formular la querella, en el supuesto de que fuera necesario, como para defender los derechos patrimoniales derivados de esa posesión. Así lo ha resuelto la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 12/99, integrada con motivo de la contradicción de tesis número 87/98 (cita datos de localización) que a la letra dice: ‘DAÑO EN PROPIEDAD AJENA. PROCEDENCIA DE LA QUERELLA PRESENTADA POR EL POSEEDOR DE LA COSA CON JUSTO TÍTULO, EN TRATÁNDOSE DE ESE DELITO.’ (la transcribe). Y no es cierto que en el curso del proceso se haya privado al quejoso del derecho de objetar la ‘traducción de un documento’, porque ni sus defensores ni él, ofrecieron prueba alguna durante el periodo de instrucción, para controvertir la validez de la factura en cuestión. Por otro lado, los montos de la condena al pago de la reparación del daño por concepto de las lesiones sufridas por ********** y **********, resultan apegados a derecho porque para cuantificarlos la Sala de apelación se basó en los dictámenes clasificativos de lesiones relativos a dichos sujetos pasivos, emitidos por el perito tercero en discordia de la Dirección de Dictaminación Pericial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (fojas 153 a 160), en los que los que se determinaron con toda precisión las incapacidades permanentes que presentan ambos ofendidos, de conformidad con la tabla de valuación contenida el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, a la que remite el segundo párrafo del artículo 102 del Código Penal para el Estado de Jalisco; y además es correcto el cálculo aritmético llevado a cabo para fijar las cantidades de $2,794.44 (dos mil setecientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional) en favor de ********** y de $6,636.79 (seis mil seiscientos treinta y seis pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional) en favor de **********. No obstante, la Sala responsable incurrió en una falta de motivación al establecer el monto de la condena al pago de la reparación del daño por las lesiones que presentó la ofendida **********, puesto que para ello se apoyó en el dictamen clasificativo de las mismas, emitido por el perito nombrado por el agente del Ministerio Público, doctor ********** (fojas 118 a 120), en el que se concluye: ‘De lo anteriormente expuesto se deduce: 1. Que las lesiones sufridas por la C. ********** son de las que por su situación y naturaleza ordinaria, sí pusieron en peligro la vida, actualmente no (sic) y tardan más de 15 días en sanar, dejando como secuelas hasta el momento las cicatrices antiestéticas ya referidas que son visibles a una distancia de 2 metros así como la pérdida de 6 piezas dentarias superiores y 4 inferiores ya referidas en nota de cirujano dentista. 2. El artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, en su numeral 289 hace referencia a la pérdida de uno o más dientes con reposición, corresponde una incapacidad grave del 5% al 10%.’ (foja 120). Como puede observarse, en este dictamen el facultativo determinó, entre otras cosas, que ********** perdió seis piezas dentales superiores y cuatro inferiores, y que la pérdida de uno o más dientes ‘con reposición’ está contemplada en el renglón 289 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, con ‘una incapacidad que va del 5 al 10%’. Sin embargo, el artículo 514 de la Ley Fede
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25387-480a807a/lesiones-y-danos-en-las-cosas-a-titulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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