JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, TRATÁNDOSE DE ACCIONES DECLARATIVAS, DEBE TOMARSE COMO SUERTE PRINCIPAL LA PRESTACIÓN PECUNIARIA QUE SE DEMANDE COMO CONSECUENCIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA DE NATURALEZA POSITIVA O NEGATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE OCTUBRE DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: UNANIMIDAD DE VOTOS POR EL SENTIDO. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO A LAS CONSIDERACIONES. DISIDENTES: MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. PONENTE: CARLOS MANUEL BAUTISTA SOTO. SECRETARIA: YOLANDA ROMERO PRECIADO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, toda vez que se trata de una denuncia sobre posibles contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado citado, al resolver, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil trece, el amparo directo 656/2013, sustentó, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados.
"A fin de evidenciar lo anterior (se hace referencia a la parte conducente)
"... tiene razón la quejosa cuando aduce que no debió desecharse la demanda natural bajo la consideración de que la vía oral mercantil intentada no es la idónea, por reclamarse como acción principal prestaciones declarativas y, por ende, de cuantía indeterminada.
"Es así, porque de la lectura del libelo natural que antes se copió, se obtiene que si bien la actora demanda la nulidad de los cargos que la institución de crédito le atribuye, lo cierto es que también reclama la liberación del adeudo (relativo a esos cargos), por lo que es evidente que su pretensión no se constriñe a la sola declaración de nulidad, sino que señala un monto de dinero que, como lo reconoce el Juez de Distrito, asciende a dieciocho mil quinientos once pesos con ochenta y ocho centavos; de donde resulta que la contienda sí tiene un valor pecuniario, mismo que refleja la cuantía determinada que la ley exige para la procedencia de la vía oral mercantil.
"En efecto, se estima que para definir si un asunto es de cuantía determinada y, por ende, que en su contra procede la vía oral mercantil, no obstante se haga valer una acción declarativa, deben tomarse en cuenta los efectos de dicha acción de acuerdo a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda, para en cada caso determinar si tiene un valor pecuniario y si éste está determinado.
"Lo anterior atendiendo en lo conducente, a las razones que informan la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo V del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, página 299, que previene: ‘COSTAS. PARA ESTABLECER SU MONTO CUANDO EN LA CONTIENDA SE RECLAMAN PRESTACIONES DE CUANTÍA INDETERMINADA E INDETERMINABLE, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DEL VALOR DEL NEGOCIO, A TODAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL SUMARIO, AUN CUANDO LAS PRESTACIONES RECLAMADAS NO SEAN DE CARÁCTER PREPONDERANTEMENTE ECONÓMICO. Cuando un juicio verse sobre prestaciones de cuantía indeterminada e indeterminable, el valor que debe tomarse para cuantificar el monto por concepto de costas será, además del de las prestaciones reclamadas, el de todas las constancias que integren el sumario, aun cuando aquéllas no sean de carácter preponderantemente económico, pues el hecho de que en las prestaciones de una demanda no se reclame cantidad líquida, no es suficiente para determinar que el asunto es de cuantía indeterminada para resolver el tema de las costas, sino por el contrario, debe atenderse a la relación jurídica narrada en los hechos de la demanda y todos los elementos consignados que permitan evaluar pecuniariamente las prestaciones. Esto es, para determinar las costas debe atenderse al monto del negocio, concepto en el cual se incluye el valor de las prestaciones reclamadas al constituir un dato relevante en la demanda, por lo cual, en cada caso debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y si ésta puede o no estimarse pecuniariamente; además, si es determinable o no, partiendo de si se ajusta o no a los parámetros establecidos en la ley procesal respectiva o a la naturaleza de lo resuelto.’
"Aunado a lo expresado, como acertadamente lo aduce la quejosa, pensar como lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en el sentido de que no procede el juicio oral mercantil, porque no se reclama la devolución de cantidades pecuniarias, redundaría en que sólo sería procedente dicho juicio cuando se ejerciera la acción de pago por una suma determinada, cuestión no prevista por los artículos 1339 y 1390 Bis del Código de Comercio que, en su orden, disponen: ‘Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a quinientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente.’ y ‘Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno.’
"Por todo lo anterior, no se comparte el criterio que se invocó en el auto recurrido del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver el amparo directo 428/2013, en sesión de doce de agosto de dos mil trece.
"Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la actual Ley de Amparo, procede hacer la denuncia de contradicción de tesis ante el Pleno de este circuito.
"Los citados numerales, en lo conducente, previenen: ‘Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: ... III Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente.’ y ‘Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.’
"Consiguientemente, procede otorgar la protección federal ..." (folios 15 vuelta a 21 del cuaderno de contradicción 7/2013)
Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver en sesión de doce de agosto de dos mil trece, el juicio de amparo directo 428/2013 (contendiente con el criterio transcrito), sostuvo en lo conducente:
"QUINTO. Los conceptos de violación reproducidos son infundados.
"1. El acuerdo impugnado resulta totalmente violatorio de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, ya que a pesar de que el juicio natural es de cuantía claramente determinada se resuelve su desechamiento utilizando el contenido íntegro de una tesis aislada que no es aplicable al asunto que nos ocupa;
"2. El Juez de Distrito ilustra con una serie de conceptos doctrinarios sobre la vía no útiles para justificar el infundado acuerdo dictado;
"3. El a quo federal considera procedente desechar la demanda primigenia, bajo el argumento que de la interpretación literal del numeral 1390 Bis I del Código de Comercio, se establece que no se sustanciarán en la vía oral mercantil aquellos asuntos de cuantía indeterminada, y si de la demanda se precisa que el actor reclamó la nulidad de un contrato al amparo del cual le fue otorgada la tarjeta de crédito, así como la cancelación de los cargos derivados de dicha tarjeta, debe entenderse que reclamó prestaciones declarativas y por eso se está en presencia de un juicio de cuantía indeterminada, razonamiento infundado, ya que el juzgador federal sólo analiza de manera aislada el numeral 1390 Bis 1 del Código de Comercio, sin hacer un análisis principal del numeral 1390 Bis del mismo ordenamiento;
"4. En la exposición de motivos al Código de Comercio que llevó a crear juicios orales mercantiles, se buscó que aquellos asuntos de cuantía determinada cuyo monto fue establecido por el propio legislador, tuvieran una solución más pronta y expedita, observándose en dicha exposición que la cuantía no sólo se hizo descansar sobre el concepto de suerte principal, lo cual lleva a concluir que para la procedencia del juicio oral mercantil las expresiones valor, suerte principal y monto, evidencian la intención del legislador de que la procedencia del juicio depende no necesariamente de la naturaleza de la prestación principal que puede ser de cuantía determinada o indeterminada, sino de que haya una prestación económica que pueda ser estimada como suerte, valor o monto principal, lo que nada tiene que ver con que sea la prestación principal o producto de alguna prestación indeterminada, como sería la nulidad de un contrato;
"5. Los asuntos de cuantía determinada no se identifican exclusivamente como aquellos cuya primera prestación o prestación principal sea de cuantía determinada, sino con aquellos en los que el actor reclama una prestación estimable en dinero;
"6. No se puede considerar lo mismo de la expresión ‘suerte principal’, que la de ‘prestación principal’, pues mientras la primera implica la expresión de un capital generador tanto de accesorios como de intereses o penas convencionales, por la segunda se entiende la prestación que en forma primaria se reclamó en una demanda, la cual puede ser o no la suerte principal del negocio, dependiendo de su naturaleza pecuniaria o indeterminada;
"7. Para establecer la procedencia del juicio oral mercantil, no necesariamente debe atenderse a la primera prestación reclamada por el actor en su demanda, sino a si hay otras prestaciones subsecuentes que puedan ser consideradas como suerte principal, valor o monto del asunto, de ellas dependerá la procedencia o no del juicio oral por razones de cuantía, por ejemplo, cuando se reclama en principio una prestación que no es en sí misma de carácter pecuniario, como lo es la nulidad de un contrato y subsecuentemente otra de carácter económico, como la cancelación del adeudo por un monto determinado, por lo que se considera que debe atenderse a esta segunda para el efecto de fijar la procedencia del juicio oral mercantil, en términos del numeral 1390 Bis del Código de Comercio;
"8. Es falso que deba considerarse de manera aislada, como lo hace el juzgador federal, se está en presencia de una acción declarativa, ya que lo que interesa sin duda al actor es que se cancele un adeudo no reconocido por un monto claramente determinado, en torno al cual gira la acción de nulidad y necesariamente debe servir de base para fijar la cuantía del negocio;
"9. Resulta también infundado lo señalado en el acuerdo de desechamiento, que aunque en la demanda se haya asentado el valor de lo demandado, la controversia debe considerarse como de cuantía indeterminada, porque según el juzgador debe atenderse al ámbito objetivo sobre el que versará el proceso en concreto, citando una tesis aislada que se insiste no es aplicable al caso, porque se reitera que los asuntos en los que se pueda determinar de manera clara la cuantía, deben tramitarse en la vía oral mercantil, ya que a nada práctico entonces conduciría la intención del legislador y sería contradictorio que como lo señala el juzgador deba considerarse que el asunto no tenga valor en dinero, porque la demanda no consiste en el pago de una cantidad monetaria, porque lo reclamado no se trata de una acción de pago;
"10. Ninguna nulidad de cargos no reconocidos por montos determinados procedería en la vía oral mercantil cuando se pidiera entre las prestaciones, la declaratoria de nulidad, y en cambio sí procedería en dicha vía un reclamo por el pago que haga la acreedora, nada más alejado de la lógica jurídica, ya que si del análisis integral de la demanda, de los documentos anexos y de la causa de pedir, el asunto es determinable en valor, simple y sencillamente debe ventilarse en la vía correspondiente, como es la oral mercantil;
"11. Resulta curioso y contradictorio cómo el Juez de Distrito, al tratar de justificar su infundado acuerdo, sólo cite el numeral 1390 Bis 1 del Código de Comercio, sin hacer un análisis armónico y concatenado con el numeral 1390 Bis del mismo ordenamiento, el cual es claro al establecer la cuantía de los asuntos que deben ventilarse los juicios orales mercantiles, dentro del cual encuadra el juicio natural;
"12. Es infundado que el Juez de Distrito motive la inadmisión señalando que la prestación principal demandada tiene como consecuencia la nulidad de un contrato, porque no se trata, como se dijo anteriormente, de confundir ‘prestación principal’, con ‘suerte principal’ y con ‘prestación accesoria’, porque no es lo mismo, la prestación principal para nada puede determinar la cuantía o suerte principal del asunto, sino ello se obtiene de un análisis integral de la demanda, el cual, el a quo federal no hizo de manera adecuada. ...
"Ahora bien, el Código de Comercio previene, en lo conducente: Capítulo XXV. De la apelación. ‘Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes: ...’. ‘Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $520,900.00 (quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutorias o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este código.’. ‘Artículo 1339 Bis. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.’. ‘Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $520,900.00 (quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339.’. ‘Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone.’. ‘Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1344 de este código.’. ‘Artículo 1343. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria cuando la misma no pueda ser recurrida por ningún otro medio ordinario o extraordinario de impugnación, cualquiera que sea el interés que en el litigio se verse ...’. Capítulo XXVI. Título especial. Del juicio oral mercantil. Capítulo I. Disposiciones generales. ‘Artículo 1390 Bis. Se tramitarán en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno.’. ‘Artículo 1390 Bis 1. No se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el presente código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada.’
"De lo reproducido, es claro que para determinar el recurso procedente en contra de una determinación dictada en un procedimiento mercantil (revocación o apelación), se debe tomar en consideración el monto en pesos por concepto de suerte principal, que conforme a la normatividad analizada corresponde a $520,900.00 (quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.
"Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, procede el recurso de apelación en asuntos de cuantía indeterminada.
"Como se observa de lo anterior, el legislador ha establecido el sistema de impugnación en materia mercantil, atendiendo a un aspecto cuantitativo, esto es, el recurso o medio de defensa procedente dependerá de la cuantía del negocio reclamado a la fecha de presentación de la demanda o de su ausencia.
"En esas condiciones, el elemento que la legislación ha establecido como el referente a partir del cual se determinará la cuantía del negocio, es la ‘suerte principal del juicio’.
"Luego, si bien ni de la exposición de motivos, ni de los dictámenes y discusiones que dieron lugar a los numerales en estudio, se desprende el concepto de ‘suerte principal’, lo cierto es que es factible tomar en cuenta el conjunto o grupo normativo en el que se halla incorporada, a fin de esclarecerla a través de los elementos conceptuales propios de la estructura normativa a la que pertenece, esto es, a través del análisis del contenido que el legislador ha atribuido al multirreferido concepto dentro del propio Código de Comercio.
"En principio, el artículo 1339 del Código de Comercio excluye de la suerte principal, los intereses y demás accesorios que se reclamen, con lo que se obtiene una primera aproximación del concepto, para centrarlo como el elemento principal de la relación jurídica, no sólo por su exclusión, sino por el énfasis en el uso de la palabra ‘principal’.
"En un segundo aspecto, se advierte que tiene una connotación pecuniaria, dado que la distinción con relación a los intereses o accesorios, cuya naturaleza es pecuniaria, implica necesariamente que el legislador vislumbró en el concepto de suerte principal en un ámbito similar por lo que ameritaba distinguirlo. Además, tanto en el mencionado artículo 1339, como en el diverso 1440 del Código de Comercio, vincula el concepto ‘suerte principal’ con una cantidad monetaria $520,900.00 (quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional).
"En efecto, es dable aseverar que dicho concepto se refiere necesariamente al ámbito pecuniario puesto que el legislador lo utiliza como un parámetro cuantitativo para determinar cuándo procede el recurso de apelación, puesto que los artículos 1339 y 1340 utilizan el verbo ‘exceda’ y el calificativo ‘inferior’, respectivamente, los cuales denotan una comparación relativa a una cantidad mayor o menor, según el caso.
"Asimismo, el legislador también utilizó la expresión ‘suerte principal’ en el artículo 1383, relativo al trámite que deben seguir los juicios ordinarios mercantiles y, en particular, en relación con las cantidades que como garantía deberán depositar los promoventes que soliciten la concesión de un término extraordinario para que se practique fuera del lugar del juicio, la cual nunca podrá ser menor al equivalente del importe de sesenta días del salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, teniendo el Juez la facultad discrecional de señalar importes mayores al mínimo señalado anteriormente, tomando en cuenta la suerte principal del juicio y demás circunstancias que considere prudentes.
"Es posible establecer que al concepto de ‘suerte principal’ se le atribuye un contenido de carácter pecuniario, dado que el mismo resulta cuantitativo, esto es, da por hecho que la prestación tiene un valor, el valor principal de la relación jurídica.
"Por ello, se desprende que la intención del legislador al utilizar el concepto de ‘suerte principal’, no fue como sinónimo de prestación principal o aquélla reclamada en primer lugar, sino que se refiere al importe de la deuda principal, que no es otra cosa que la consecuencia directa del incumplimiento de una obligación reclamada como prestación principal, distinta a los intereses y accesorios.
"Respecto a las acciones declarativas, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página nueve, Volumen IX, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, sostuvo: ‘ACCIONES DECLARATIVAS. El objeto de las acciones meramente declarativas lo constituye por regla general un derecho, una relación jurídica y, excepcionalmente, un hecho. Es verdad que desde luego es esencial y aún más importante que la existencia de la relación, la existencia del interés jurídico que justifique la mera declaración; interés que existe cuando encontrándose el actor en una situación de inseguridad o incertidumbre respecto de determinada relación jurídica, ese estado puede cesar por la mera declaración judicial, lo que significa que no es indispensable que el derecho se haya violado, sino que basta con que se presente oscuro, se niegue extrajudicialmente o que el sujeto pasivo de la relación se jacte de tener derecho o de que su contraparte no lo tiene. Hay circunstancias que se presentan en los contratos de cumplimiento diferido, de tracto sucesivo o de etapas en el desarrollo de la ejecución de las obligaciones que, o no son claras o contienen lagunas o se prestan a múltiples interpretaciones. En tal caso la incertidumbre sobre la conducta que deben de seguir las partes funda jurídicamente el interés de ellas para obtener, mediante la intervención judicial, la interpretación correcta o la línea de conducta que en lo futuro deba seguirse. De esta manera se patentiza la importancia social y jurídica de la acción meramente declarativa: fija derechos, desvanece dudas y oscuridades y previene litigios futuros. Esta última función de prevención de litigios y de aseguramiento de la paz entre los individuos ha sido la causa fundamental del desarrollo de esta institución en los pueblos de mayor adelanto jurídico, y precisamente es lo que impulso al legislador mexicano a acogerla. El interés para desvanecer incertidumbres y señalar conductas no solo existe en una declaración positiva de un derecho, sino también en una declaración negativa.’
"Como se ve, la naturaleza de una acción declarativa la constituye la pretensión de obtener por intervención judicial, la fijación, el reconocimiento o desvanecimiento, mediante una declaración jurisdiccional, de un hecho, derecho u obligación, verbigracia, la nulidad o rescisión de un contrato.
"Ahora bien, no obstante la esencia de estas acciones, los efectos que pueden producir no se restringen al ámbito declarativo, pues cuando su naturaleza así lo establezca, la extinción de la relación contractual sobrevenida como consecuencia natural y lógica de la declaratoria judicial, implica la generación de cantidades pecuniarias derivadas de esa invalidez.
"Por lo anterior, para efectos de determinar el medio de defensa procedente en términos del Código de Comercio, cuando se reclame una acción cuya prestación principal sea declarativa, como podría ser la nulidad o rescisión de un contrato, se debe entender como suerte principal, la prestación o prestaciones de carácter pecuniario que constituyan el capital principal (consecuencia natural y lógica de la extinción de la relación contractual), distinta de intereses y accesorios, exigidas como contraprestación, independientemente de la prestación principal o aquella que se reclamó en primer término.
"Por tanto, al establecer el artículo 1390 Bis del Código de Comercio, que se tramitarán en los juicios orales mercantiles, todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a $520,900.00 (quinientos veinte mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), que establece el artículo 1339, para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda; y conforme el diverso numeral 1390 Bis 1, no se sustanciarán en esos juicios orales mercantiles aquellos de cuantía indeterminada; no son otros que aquellos procedimientos orales mercantiles, cuya suerte principal reclamada sea inferior a ese monto, como acertadamente el Juez de Distrito resolvió.
"Sin embargo, de la lectura de la demanda natural, queda claro que las acciones ejercidas, en modo alguno tienden a hacer como suerte principal, el pago de una prestación, porque de las codemandadas, el actor y ahora quejoso, solamente reclama la nulidad de un contrato de apertura de crédito mediante el otorgamiento de la tarjeta de crédito **********; la cancelación del adeudo generado a cargo del actor con motivo de la emisión de la tarjeta de crédito; el envío del aviso para la cancelación en la sociedad de información crediticia (buró de crédito) del registro deudor que aparece en dicha sociedad con motivo del otorgamiento de la tarjeta de crédito; la cancelación en la sociedad de información crediticia (buró de crédito) del registro deudor que aparece en dicha sociedad con motivo del otorgamiento de la tarjeta de crédito. Acciones que obviamente tienen efectos declarativos y no la devolución de cantidades pecuniarias.
"No pasa inadvertido que, si bien es atendible por las razones que la informan, la jurisprudencia 136/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 352/2012, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito, resuelta en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil doce, cuyo texto dice: ‘PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO. ...’
"... Lo cierto es, como ya se señaló anteriormente, en la demanda natural no se solicitó prestación pecuniaria alguna que pudiera considerarse como suerte principal.
"Así las cosas, al no prosperar los motivos de disensión en estudio, procede negar el amparo solicitado." (folios 71 a 96 del cuaderno de contradicción 7/2013)
CUARTO. Enseguida, se examina si existe la contradicción denunciada. De acuerdo a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, emitido por el Pleno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25424-18421140/juicio-oral-mercantil-para-efectos-de-su-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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