RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL JUEZ SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE Y, COMO CONSECUENCIA, NO ADMITE LA DEMANDA EN UN JUICIO EJECUTIVO CIVIL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, CARLOS MANUEL BAUTISTA SOTO Y EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN, CONTRA EL VOTO DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. AUSENTE: GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. PONENTE: EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN. SECRETARIA: ILIANA MERCADO AGUILAR.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de nueve de diciembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 2/2014; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de contradicción de tesis. En escrito presentado el tres de abril de dos mil catorce, ante la Oficialía de Partes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, domicilio oficial del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en la propia materia y circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre lo sustentado por el tribunal en el que se encuentra adscrito, al resolver el amparo directo 149/2014, para lo cual exhibió copias certificadas de la ejecutoria respectiva, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del mismo ramo y circuito, al fallar el amparo directo 142/2013.
SEGUNDO. Trámite ante el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. Por acuerdo de cuatro de abril, aparte de admitir a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis, que se registró con el número 2/2014, requirió a la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en mención las copias certificadas de la ejecutoria relativa e informara si el criterio sustentado en dicho asunto se encontraba vigente, quien a través de la secretaria de Acuerdos adjuntó las copias certificadas solicitadas e informó que se encontraba vigente el criterio.
Posteriormente, en auto de trece de mayo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, fracciones VI y VII, del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en ese momento vigente), así como en el punto 8, fracción I, de las reglas básicas establecidas por el Pleno de Circuito en Materia Civil para el año dos mil catorce, se turnaron los autos de la presente contradicción para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, toda vez que fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del que derivó uno de los criterios discrepantes.
TERCERO. Criterios denunciados como contradictorios. En el presente considerando se dará cuenta de los asuntos que participaron en la presente contradicción.
I. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en el amparo directo 149/2014
A continuación se exponen los hechos que dieron lugar al juicio natural seguido hasta la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas.
1. Antecedentes.
**********, por su propio derecho, en la vía ejecutiva civil, reclamó de ********** las prestaciones siguientes: "A) Porque se condene a los ahora demandados al cumplimiento del contrato de reconocimiento de adeudo, de transacción e hipoteca que tengo celebrado con los ahora demandados, mismo que se señalará con posterioridad, en contra de quienes se pide mandamiento de ejecución, por el incumplimiento en que incurrieron, respecto de sus obligaciones de pago, que se señalan en los dos siguientes incisos. B) Porque se dicte mandamiento en forma, mandando requerir a los demandados, por las cantidades siguientes: 1. $192,000.00 (ciento noventa y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como prestación principal; 2. El pago de la cantidad de $1'113,600.00 (un millón ciento trece mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios a razón del 10% mensual, correspondiente a los meses de diciembre de 2008 a septiembre de 2013, que suman en total ambas prestaciones, la cantidad de $1'305,000.00 (un millón trescientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), por las cuales se pide ejecución. Exhibiendo en este acto, testimonio de la escritura pública número ********** de fecha 27 de noviembre del año 2007, otorgada ante la fe del Lic. **********, notario público número ********* de la municipalidad de Chapala, Jalisco. La cual contiene el contrato de transacción, que amerite la ejecución en la vía civil ejecutiva (artículo 645 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco), el cual establece: ‘La ejecución únicamente puede despacharse por cantidad líquida, entendiéndose por tal, no sólo la cierta y determinada en el título, sino también la que puede determinarse mediante simples operaciones aritméticas con los datos que el título suministre.’. C) Además del pago de la cantidad principal señalada en el punto anterior, el pago de los intereses moratorios a razón del 10% mensual, correspondiente a los meses de diciembre de 2008, al mes de septiembre de 2013, y los que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo. De conformidad con la cláusula primera de la escritura pública número **********, de fecha 27 de noviembre del año 2007, otorgada ante la fe del Lic. **********, notario público número ********** de la municipalidad de Chapala, Jalisco. Se acompaña estado de cuenta con el desglose de las cantidades que arrojaron ese total, mismas que se presentan y reclaman en forma líquida en esta demanda. D) De no cubrir las cantidades señaladas como cantidades principal y líquidas, en los puntos anteriores. Por la entrega de la posesión material del inmueble, dado en garantía de pago de las prestaciones reclamadas en este juicio, de conformidad con la cláusula décima quinta del contrato fundatorio de la acción, para el caso que los demandados no realicen el pago dentro del plazo de 5 días siguientes al en que sean requeridos judicialmente de pago. En tal sentido, solicito se aperciba a los demandados que de no realizar el pago dentro de ese plazo, se pondrá en posesión del bien inmueble materia del contrato de hipoteca, a esta parte actora. (Artículo 651 del Código de Procedimientos Civiles, el cual establece: ‘Cuando ejercite sobre cosa cierta y determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega al demandado no la hace, se pondrá en depósito judicial.’). E) Porque se adjudique, sin más trámite a esta parte, el inmueble materia de la hipoteca con la cual se garantiza el cumplimiento de las prestaciones reclamadas en este juicio ejecutivo, de conformidad con la cláusula décima quinta del contrato fundatorio de la acción. Para el caso que los demandados no hagan el pago dentro del plazo de 5 días siguientes al en que sea requerido judicialmente de pago, por parte de este H. Juzgado (sic) adjudicación en el precio de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), mismo que fue fijado de antemano por las partes, sin que pueda ser modificado dicho precio, por mejora alguna o por simple transcurso del tiempo. Lo anterior, porque se fijó precio de antemano del bien y, en su caso, se renunció a la almoneda. F) Por el pago del 1% sobre la suerte principal por concepto de pena convencional, en caso de retardo en la entrega de la posesión de conformidad con la cláusula décima quinta del contrato de transacción que acompaño. Para el caso que el demandado no haga el pago dentro del plazo de 5 días siguientes al en que sea requerido judicialmente de pago. G) Por el pago de los gastos, costas y honorarios, la cantidad que resulte de aplicar el 10% sobre el importe total que resulte adeudado a la suscrita actora por el trámite en la vía civil ejecutiva."
De dicha demanda, tocó conocer al Juez Noveno de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Zapopan, quien mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil trece, la desechó al estimar que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de dicho libelo, dado que, desde su óptica, el asunto debía ser del conocimiento del Juez de Zacoalco de Torres, Jalisco, en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; por lo que, en consecuencia, ordenó dejar a salvo los derechos de la actora (ahora quejosa), para que los hiciera valer en la vía y forma que corresponda, poniendo a disposición de la aludida promovente la documentación exhibida junto con la demanda.
Inconforme con esa determinación, la actora interpuso el recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; la que, por auto dictado el diecisiete de enero de dos mil catorce, en el toca 39/2014, desechó dicho medio de defensa.
2. Acto reclamado.
"Guadalajara, Jalisco, a 17 diecisiete de enero del año 2014 dos mil catorce. Se hace del conocimiento de las partes que esta H. Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36, 40, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se encuentra integrada por los Magistrados Marcelo Romero G. de Quevedo, Arcelia García Cásares y Javier Humberto Orendáin Camacho, actuando con el secretario de acuerdos el licenciado Miguel Ángel Estrada Rodríguez y se avocan al conocimiento del presente negocio que le fue turnado relativo al juicio civil sumario ejecutivo número de expediente 1051/2013, promovido por ********** en contra de **********, ********** y **********. Analizadas que son las actuaciones que nos fueron remitidas para la sustanciación de la presente alzada, este tribunal determina declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por **********, en contra del auto de fecha 23 veintitrés de octubre del año 2013 dos mil trece, pronunciado por el Juez Noveno de lo Civil, toda vez que el fallo que se combate no es apelable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 339 o el 696 del enjuiciamiento civil del Estado, para la procedencia del recurso de apelación en juicios sumarios ejecutivos, puesto que no es la resolución definitiva, la interlocutoria que declare procedentes las excepciones de falta de personalidad o capacidad o que niegue alimentos provisionales, sino un auto que no admite la demanda, supuesto que, se reitera, no es apelable en juicios sumarios. Tal como lo sostiene la siguiente jurisprudencia por contradicción que ilustra el caso: Novena Época. Registro: 188091. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, tesis 1a./J. 68/2001, página 139. ‘REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA EN UN JUICIO SUMARIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). La resolución a través de la cual se desecha o se tiene por no interpuesta una demanda con la que se intenta la apertura del juicio sumario civil, es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Ello es así, porque si bien es cierto que de acuerdo con los lineamientos consagrados en los artículos 431 a 433 de dicho código, el citado recurso no procede en contra de los autos que conforme a lo dispuesto en el propio código admitan el recurso de apelación o sean irrecurribles, ni en contra de los decretos de mero trámite, también lo es que la resolución indicada tiene el carácter de un auto, pues se trata de una decisión del juzgador sobre materia que no es de puro trámite y respecto de la cual no existe disposición alguna en el referido código adjetivo que establezca que sea irrecurrible, además de que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que la apelación es improcedente contra el mencionado auto desechatorio, en virtud de que, por un lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 620 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la tramitación de los juicios sumarios se rige por las disposiciones del título décimo primero, y sólo en lo no previsto por éste, por las reglas del juicio ordinario y, por otro, porque el artículo 639 del propio código, contenido en el mencionado título, establece de manera limitativa los casos en que procede el recurso de apelación en los juicios sumarios, entre los que no incluye al auto que desecha o tiene por no interpuesta la demanda en un juicio sumario civil.’. En tal virtud, resulta improcedente la admisión de dicho recurso, y se ordena devolver al C. Juez de Primera Instancia, los autos y documentos, mediante oficio que para tal efecto se gire, y se archive el presente asunto como concluido. De igual forma se ordena desglosar de los autos de primera instancia el escrito de agravios y con el mismo, formar el toca que nos ocupa, para la sustanciación de la alzada interpuesta, levantándose la certificación correspondiente en los autos originales. Se tiene al apelante señalando domicilio y autorizados de su parte en segunda instancia. Artículos 107 y 119 del código procesal civil local. Notifíquese personalmente."
3. Argumentación de la sentencia de amparo.
"La impetrante de la protección constitucional, argumenta, esencialmente, que la resolución final reclamada, transgrede en su perjuicio, los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en virtud de que, al desechar el recurso de apelación, no tomó en cuenta la regla especial que para los juicios civiles ejecutivos contempla el artículo 661 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, conforme al que, el auto que denegare la ejecución, admite el recurso de apelación en ambos efectos. Afirma, que si el acuerdo que impugnó con el recurso de apelación, fue aquel en que se denegó la demanda donde se pone en marcha una acción ejecutiva, es inconcuso, que el recurso de revocación resulta improcedente, pues en términos del numeral 661 antes citado, tal determinación es apelable, pues así lo estableció el legislador local, de manera especial, para los juicios ejecutivos, en el caso de que se pretenda impugnar el acuerdo que deniegue la ejecución, propia de la naturaleza de estos procedimientos. Lo anterior -sostiene la parte quejosa- conforme al principio previsto en el artículo 14 del Código Civil del Estado de Jalisco. De ahí que, concluye la ahora disconforme, resulta evidente que, en el caso, no es aplicable el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que, dicho precepto jurídico, se ubica dentro del título décimo primero, De los juicios sumarios, capítulo I, reglas generales, esto es, es un capítulo que contiene reglas generales para los juicios sumarios; y en el caso, existe una disposición expresa dentro de las reglas del juicio ejecutivo que prevé que contra el auto que deniegue la ejecución, procede el recurso de apelación. Por ende, finaliza la quejosa, resulta inaplicable al caso, la jurisprudencia invocada por la Sala responsable en la resolución final reclamada y en cambio, sirven para corroborar sus razonamientos, las tesis de rubros: ‘DISPOSICIONES ESPECIALES y LEY CIVIL, DISPOSICIONES GENERALES DE LA. Como se anticipó, se estima que tales argumentos son infundados, en virtud de que, en la legislación procesal civil local, las disposiciones que rigen al juicio ejecutivo, concretamente el capítulo II, Del juicio ejecutivo forman parte del título undécimo De los juicios sumarios, en cuyo capítulo I, Reglas generales, se ubica el artículo 639 que limita la procedencia del recurso de apelación en los juicios sumarios a la sentencia definitiva o a la interlocutoria que declare procedentes las excepciones de falta de personalidad o de capacidad.’11. (El pie de página dice: 11 ‘Artículo 639. En estos juicios sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad, en ambos casos, la apelación se admitirá en efecto devolutivo. No procederá apelación contra ninguna resolución dictada en o para ejecución de sentencia, incluyendo el auto de aprobación del remate).’. En ese sentido, dicha previsión normativa (artículo 639), debe estimarse vigente y por tanto aplicable, a todo juicio sumario; claro está, en armonía con las normas especiales o particulares antes precisadas que el propio legislador, ha previsto para determinados procesos que se encuentran catalogados como sumarios, como es el caso del juicio ejecutivo, regulado en los términos de los artículos 642 a 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, mismos que enseguida se insertan: ... Ahora bien, partiendo de la base de que, constituye un principio del método sistemático de interpretación de la ley, que las normas, por regla general, no son excluyentes entre sí, sino que, existe entre ellas un sentido de complementación, que permite su coexistencia en la codificación y su aplicación a casos concretos, se arriba a la conclusión de que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el artículo 661 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no es aplicable al caso, a efecto de determinar la procedencia del medio ordinario de defensa idóneo para impugnar el auto en el que, el Juez de primer grado, inadmita la demanda intentada en la vía civil ejecutiva, por estimar que carece de competencia legal para conocer de la misma. Ello, porque conforme al diverso principio de exégesis de la ley, denominado sedes materiales (propio del método sistemático antes aludido), dicho precepto (artículo 661), al encontrarse en el capítulo II, ‘Del juicio ejecutivo’, y constituir, por razón de su ámbito especial de validez, una excepción a la regla general que regula procedencia del recurso de apelación en los juicios sumarios (artículo 639), aquélla debe ser aplicada de manera estricta, para los casos expresamente contemplados en la misma, como lo establece el artículo 14 del Código Civil del Estado de Jalisco, que literalmente dice: ‘Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’. De tal manera que, si en la especie, lo que impugnó la ahora quejosa, fue el acuerdo mediante el que, el Juez de primera instancia, inadmitió la demanda que intentó en la vía civil ejecutiva, por estimar que carecía de competencia legal para conocer de la misma, es inconcuso, que en momento alguno, en dicha determinación judicial, se hizo pronunciamiento en relación con la procedencia de la ejecución pretendida en el libelo de la ahora inconforme, ante la aludida declaratoria de incompetencia; lo que es necesario, para que tenga aplicación el aludido artículo 661 de la legislación procesal civil local, al disponer, textualmente: ‘El auto en que se denegare ejecución admite el recurso de apelación en ambos efectos.’. Lo que, se insiste, presupone, un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional del conocimiento, respecto de la causa de pedir contenida en la demanda de juicio ejecutivo; mismo que, en la especie, no existe, al haberse considerado, legalmente incompetente, el Juez Natural. En ese contexto, contrario a lo alegado por la parte quejosa, sí es aplicable al caso que ahora se resuelve, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 139 del Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), de rubro: ‘REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA EN UN JUICIO SUMARIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’12 (el pie de página dice: 12‘De la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, no se advierte que la Primera Sala hubiese analizado la regla del recurso de apelación que prevé el artículo 661 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y el criterio de este tribunal colegiado que contendió fue referente al desechamiento de una demanda civil sumaria de arrendamiento).’. Porque, como se dijo, dentro de las normas que regulan el juicio civil ejecutivo, no existe una regla especial, que contemple la procedencia del recurso de apelación, contra la determinación en que, el juzgador de instancia, se declare legalmente incompetente para conocer de la demanda intentada en esa vía. Como corolario de lo hasta aquí expuesto, se estima que no son aplicables, en el sentido de que pretende la quejosa, las tesis que cita de rubros: ‘DISPOSICIONES ESPECIALES.’ y ‘LEY CIVIL, DISPOSICIONES GENERALES DE LA.’, pues en todo caso, las mismas sólo evidencian que, las disposiciones que establecen excepciones a las reglas generales, deben ser aplicadas a los casos expresamente previstos en las mismas; lo que como se evidenció en esta ejecutoria, no acontece con el artículo 661 del código procesal civil local, pues en el caso, no se está ante una determinación que haya denegado la ejecución, sino una resolución en la que, el Juez del conocimiento, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio civil ejecutivo."
II. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en el amparo directo 142/2013 (se omiten los antecedentes debido a que en la ejecutoria no aparece la narración respectiva).
1. Acto reclamado.
"Vista la cuenta que da el secretario, se tiene por recibido el día 12 doce de noviembre del año 2012 dos mil doce, el escrito signado por **********, en su carácter de parte actora. Leído el ocurso de cuenta y en relación a lo que solicita, con fundamento en lo previsto por el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles local, dígasele que no ha lugar a admitir, ni se admite el recurso de revocación que intenta en contra del proveído de fecha 5 cinco de noviembre del año en curso (fojas 8 y 9), ya que el mismo resulta notoriamente frívolo e improcedente en virtud de las razones que a continuación se exponen. Los artículos 422, 423 y 424 (sic) de la ley procesal civil local, disponen: ‘Artículo 422. En los juicios y procedimientos regulados por este código, para impugnar las resoluciones judiciales o los actos procesales, sólo se concederán los recursos de revocación, apelación y queja.’. ‘Artículo 423. El Juez o tribunal no puede revocar, variar o modificar sus resoluciones, sino en los casos que conforme a este código lo permita y mediante la interposición del recurso correspondiente en la forma y términos previstos en el mismo.’. ‘Artículo 424. Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución.’. ‘Artículo 431. Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite.’. Así, la interpretación sistemática que a los preceptos en consulta se realice permite concluir que, el recurso de revocación tiene por objeto la modificación de la resolución que se impugna, es decir, el recurso es el medio ordinario que la ley prevé para que determinada resolución que en su caso considera el impetrante le irroga agravios, pueda ser reformada, de suerte tal, que requisito sine qua non para la procedencia de la revocación, lo es la existencia de una resolución judicial que, por su contenido depare perjuicio a la parte; cuyo recurso procede contra los autos de primera y segunda instancias, con excepción de los que conforme a este código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite. Luego, analizado que es el escrito de cuenta se advierte que la compareciente manifiesta que interpone recurso de revocación en contra del proveído dictado en la fecha 05 cinco de noviembre del 2012 dos mil doce (fojas 8 y 9), por lo que, respecta a la no admisión de la demanda que presentara, dada la declaración de incompetencia de este tribunal para conocer de la citada demanda planteada, lo que pone de manifiesto la improcedencia notoria del recurso propuesto, pues no resulta ser el recurso idóneo a los agravios que plantea, pues el auto recurrido puso fin al juicio, luego entonces, el artículo 435 del enjuiciamiento civil del Estado, cita: ‘Artículo 435. Procede el recurso de apelación: I. Contra las resoluciones que desechen o tengan por no interpuesta una demanda, reconvención o contestación de demanda principal o reconvencional ...’, de aquí la inadmisión del recurso de revocación que intenta la parte accionante."
2. Argumentación de la sentencia.
"En efecto, contrario a lo que aduce la quejosa y aunque por razones diversas a las expresadas en el acuerdo reclamado, la Jueza responsable obró con estricto apego a derecho al considerar improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil doce, en el que negó la admisión de la demanda que se interpuso en la vía civil ejecutiva por **********, en contra de **********, ********** y **********, porque, si bien es cierto que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las disposiciones que rigen al juicio ejecutivo, concretamente el capítulo II, Del juicio ejecutivo forman parte del título undécimo De los juicios sumarios, en cuyo capítulo I, Reglas generales, se ubica el artículo 639 que limita la procedencia del recurso de apelación en los juicios sumarios a la sentencia definitiva o a la interlocutoria que declare procedentes las excepciones de falta de personalidad o de capacidad1; sin embargo, contrario a lo que aduce la parte quejosa, en los juicios ejecutivos, como es éste de donde deriva el acto reclamado, tiene aplicación una norma específica para esta clase de asuntos, que prevé el numeral 661 del ordenamiento legal en cita, el cual dispone: ‘El auto en que se denegare ejecución admite el recurso de apelación en ambos efectos.’. (El pie de página dice: ‘(1)Artículo 639. En estos juicios sólo será admisible la apelación cuando se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que declare procedente las excepciones de falta de personalidad o capacidad, en ambos casos, la apelación se admitirá en efecto devolutivo. No procederá apelación contra ninguna resolución dictada en o para ejecución de sentencia, incluyendo el auto de aprobación del remate).’. Luego, si el acuerdo que se recurrió con el recurso de revocación, cuyo desechamiento reclama la parte quejosa, fue interpuesto contra el auto que denegó la demanda en que la peticionaria de garantías intentó la acción ejecutiva, es inconcuso que tal recurso de revocación ciertamente resulta improcedente por ser, como se dijo, el de apelación el que procede al tenor del numeral 661 ya transcrito, pues se insiste, es este precepto el aplicable de manera especial a los juicios ejecutivos. En suma, si el legislador estableció, específicamente para los juicios ejecutivos, la procedencia del recurso de apelación contra el acuerdo que deniega la ejecución, propia de la naturaleza de estos juicios, luego entonces, procede concluir que el recurso de revocación es improcedente contra el acuerdo que denegó el auto de ejecución, dado que cobra aplicación el principio jurídico de que una norma particular excluye la aplicación de la general. Lo anterior se corrobora con el principio que establece el artículo 14 del Código Civil del Estado de Jalisco, que es del tenor siguiente: ‘Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’. Desde ese enfoque, resulta inaplicable al caso particular la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 139 del Tomo XIV, diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), del rubro: ‘REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA O TIENE POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA EN UN JUICIO SUMARIO CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)2. Porque, se reitera, en el específico caso que nos ocupa, el acuerdo que la parte quejosa impugnó mediante el recurso de revocación fue aquel que denegó la ejecución, propia y exclusiva de los juicios ejecutivos fundados en títulos o documentos que tengan aparejada ejecución; juicios para los cuales, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en los artículos del 642 al 668, establece reglas especiales para su tramitación.’. (El pie de página dice: (2)‘De la ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, no se advierte que la Primera Sala hubiese analizado la regla del recurs
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25436-a0c9441f/recurso-de-revocacion-procede-contra-la-resolucion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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