LAUDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE VALIDEZ SI SON FIRMADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL NO TENER DICHO FUNCIONARIO FE PÚBLICA NI HABER SIDO DESIGNADO PARA SUPLIR LA AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DE LA SALA RESPECTIVA.
AMPARO DIRECTO 1265/2014. 24 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: LENIN MAURICIO RODRÍGUEZ OVIEDO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-En el presente asunto resulta innecesario realizar la transcripción de los antecedentes del juicio, las consideraciones en que se apoyó el acto reclamado y los conceptos de violación, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito se ocupa oficiosamente de la violación formal cometida al emitirse el mismo.
Del laudo impugnado (folio 407 vuelta), aparece: "Así definitivamente juzgando lo resolvieron y firmaron los CC. Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por unanimidad de votos en Pleno celebrado con esta misma fecha. Doy fe.-Magistrado presidente ********** (rúbrica).-Mag. Representante de los trabajadores C. ********** (rúbrica).-Mag. Representante del Gobierno Federal ********** (rúbrica).-Secretaria General Auxiliar ********** (sin rúbrica)".
En la parte relativa a la secretaria general auxiliar de la Sala, consta sobrepuesta una leyenda con el texto siguiente y una rúbrica sobre la antefirma:
"LA C. JEFA DE LA UNIDAD
TÉCNICA FIRMA, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL
______________________(rúbrica)___________________
**********"
Por tanto, existe una alteración al pie del laudo porque sobre el texto que identificaba a la secretaria general auxiliar que debía autorizar y dar fe de su emisión, se sobrescribió una leyenda que hace constar que quien lo firmó en su lugar fue la jefa de la unidad técnica, lo que constituye una violación formal que debe ser subsanada, por lo siguiente.
La licenciada **********, en su carácter de jefa de la unidad técnica, firmó al final, en lugar de la secretaria general auxiliar de la Sala responsable, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Tal proceder denota ilegalidad del acto impugnado. Sobre este tópico, los artículos 721, 839, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se desprende que para la validez de las resoluciones de los tribunales de trabajo se requiere que estén debidamente firmadas por el secretario que las autoriza y da fe, ya que al plasmarse en dichos documentos, es el signo manifiesto con el que validan su contenido, cumpliendo de esta manera con la obligación que le imponen los mencionados preceptos legales.
Las actuaciones judiciales y las que provengan de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para que sean legales y válidas, además de contener la firma autógrafa deberán expresar el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 151/2013 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre de 2013, página 573, que a la letra dice:
"ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA. Conforme al principio de legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones judiciales y las de autoridades formalmente administrativas, pero materialmente jurisdiccionales, para ser válidas requieren que, además de contener la firma autógrafa, expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la identificación de quien firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular o de los integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del nombre del servidor público que actuó como titular o como integrante del órgano jurisdiccional deja en estado de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones."
A la luz del citado criterio, en el presente caso, la certeza de la autenticidad del laudo reclamado derivaba de que plasme la firma y se exprese el cargo, el nombre y apellidos del secretario que autoriza y da fe, de cuya facultad está investido por disposición de la ley.
En ese sentido, debe decirse que la fe pública, de acuerdo a su naturaleza jurídica, es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su potestad de imperio, que se ejerce a través de los órganos estatales pues, por disposición de la ley, los fedatarios la reciben mediante la patente respectiva. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 1a. LI/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 392, Tomo XXVII, junio de 2008, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La fe pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la reciben mediante la patente respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico mexicano no forman parte de la organización del Poder Ejecutivo sí son vigilados por éste. Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica."
En el caso, como se anticipó, del pie del laudo se observa que la jefa de la unidad técnica lo firmó en lugar de la secretaria general auxiliar de la Sala responsable y dicha actuación se fundó en el artículo 24 del reglamento interior del tribunal.
El Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emitido por el Pleno tiene por objeto normar la organización y funcionamiento del mismo, determinar las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la forma en que podrán ser suplidos en sus ausencias, en términos del artículo 1o. de ese ordenamiento.
El artículo 24 de la misma disposición legal, que fue en el que se fundó la intervención de la jefa de la unidad técnica en la emisión del laudo, prevé que el secretario general auxiliar podrá cubrir las faltas temporales de los presidentes de la Sala y en ausencia de aquél, será cubierta por el jefe de la unidad técnica.
La citada disposición especifica los funcionarios públicos de las Salas que pueden cubrir las faltas temporales de los presidentes de las mismas, que en su orden son: el secretario general auxiliar y en el caso de la ausencia de éste lo hará el jefe de la unidad técnica. Entonces, dicho precepto no prevé que la ausencia del secretario general auxiliar será suplida por el jefe de la unidad técnica; en ese sentido, la intervención de la jefa de la unidad técnica en lugar del secretario general auxiliar en la firma del laudo reclamado, que se fundó en el mencionado precepto, no se encuentra justificada, en términos del reglamento, porque se trata de una norma interna que emitió el tribunal y no tiene la característica de ley; por tanto, en la emisión del laudo en el que interviene para autorizarlo y dar fe del mismo sólo la tiene conferida el secretario general auxiliar, debido a que la atribución otorgada viene de la ley, de tal suerte, que el citado funcionario público tiene la facultad de dar fe de las actuaciones y diligencias en que intervenga y que correspondan a la Sala, en los términos de ley, no así la jefa de la unidad técnica.
En consecuencia, al dictarse el laudo impugnado se cometió una violación formal que produce su invalidez porque carece de la firma de la secretaria general auxiliar de la Sala que debía autorizar y dar fe del mismo, pues en su lugar lo hizo la jefa de la unidad técnica, a quien la ley no le confiere esa facultad.
Las consideraciones que preceden encuentran apoyo en la tesis aislada I.13o.T.109 L (10a.), registro digital 2007894, emitida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, de título, subtítulo y texto siguientes:
" El Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene por objeto normar su organización y funcionamiento; determinar las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la forma en que pueden ser suplidos en su ausencia. En este sentido, el artículo 24 del citado ordenamiento establece que las faltas temporales de los presidentes de las Salas serán cubiertas por el secretario general auxiliar y en su ausencia por el jefe de la Unidad Técnica, sin que prevea que este último también supla la ausencia del secretario, y que con su firma autoriza el laudo emitido por la Sala, en ejercicio de la fe pública de la que está investido, ya que esa facultad es conferida por la ley. Consecuentemente, el hecho de que el jefe de la Unidad Técnica firme el laudo, en ausencia del secretario, con fundamento en la citada norma reglamentaria, constituye una violación formal que produce su invalidez, porque este funcionario no fue designado para suplir la ausencia del secretario general auxiliar y tampoco está dotado de fe pública."
Dada la existencia de la violación formal cometida al dictarse el laudo reclamado, procede conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Sala:
1. Deje insubsistente dicho laudo; y,
2. Dicte otro en el que subsane la violación formal cometida y sea la secretaria general auxiliar quien autorice y dé fe de la emisión del mismo.
Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del tres siguiente, requiérase a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, para que en el término de tres días posteriores a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $********** (**********), que es el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que a la fecha es de $********** (**********) diarios y se multiplica por cien, multa mínima que se considera procede, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley invocada.
Por lo expuesto y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 77, 170, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al **********, contra el acto de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el veintinueve de noviembre de dos mil trece, en el juicio laboral **********, seguido por ********** contra el quejoso y otro. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, en sesión pública, por unanimidad de votos lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue ponente el Magistrado José Manuel Hernández Saldaña.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como de los numerales 77, 78 y 79 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25492-3132c8e0/laudos-del-tribunal-federal-de-conciliacion-y-arbitraje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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