Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN V, 20, FRACCIÓN II Y 65 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, RESPECTO DEL ARTÍCULO 87, PÁRRAFO 13, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL HABERSE DECLARADO SU INVALIDEZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2014 Y SUS ACUMULADAS 26/2014, 28/2014 Y 30/2014. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de 8 de septiembre de 2014) COALICIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 88, PÁRRAFOS 5 Y 6, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, QUE DEFINE LAS PARCIALES Y LAS FLEXIBLES, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de 8 de septiembre de 2014) COALICIONES, FRENTES Y FUSIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 23, PÁRRAFO 1, INCISO F), DE LA LEY GENERAL RELATIVA, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL ESTABLECER QUE SU CREACIÓN DEBE SER APROBADA POR EL ÓRGANO DE DIRECCIÓN NACIONAL QUE ESTABLEZCA EL ESTATUTO DE CADA UNO DE LOS PARTIDOS, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de 8 de septiembre de 2014) DEMOCRACIA INTRAPARTIDARIA. EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN REGIR LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS Y LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS DE ELECCIÓN POPULAR, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de 8 de septiembre de 2014) JUSTICIA INTRAPARTIDARIA. LOS ARTÍCULOS 46, 47 Y 48 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS QUE INCLUYAN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, LAS REGLAS BÁSICAS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPARTIR JUSTICIA INTERNA Y LAS GARANTÍAS MÍNIMAS EN EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS, RESPECTIVAMENTE, SON CONSTITUCIONALES. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, salvo por lo que se refiere a los supuestos previstos en los párrafos 1 y 3 del mencionado artículo 46, respecto de los cuales se expresó una mayoría de siete votos con el voto en contra de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión de 8 de septiembre de 2014) ÓRGANOS INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014, AL ESTABLECER AQUELLOS CON LOS QUE COMO MÍNIMO DEBE CONTAR UN PARTIDO, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los M

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2014 Y SUS ACUMULADAS 24/2014, 25/2014, 27/2014 Y 29/2014. · Registro digital (IUS): 25555
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-27
Promovente: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I , Pág. 263.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2014 Y SUS ACUMULADAS 24/2014, 25/2014, 27/2014 Y 29/2014. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO NUEVA ALIANZA Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de septiembre de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escritos recibidos el veinte de junio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; el veintiuno de junio de dos mil catorce, en el domicilio particular del funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de esta Suprema Corte; y el veintidós de junio de dos mil catorce, en las oficinas de la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte, por el funcionario autorizado para recibir promociones de término fuera del horario de labores de este Alto Tribunal; Diego Guerrero Rubio y Jorge Legorreta Ordorica, secretario técnico y secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México; diversos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez y Francisco Amadeo Espinosa Ramos, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; Luis Castro Obregón, presidente del Comité de Dirección Nacional del Partido Nueva Alianza; y, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño, Nelly del Carmen Vargas Pérez y María Elena Orantes López, coordinador, integrantes y secretaria de acuerdos de la Comisión Operativa Nacional del Partido Movimiento Ciudadano; promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada:

a) Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

b) Presidente de la República.

Norma general impugnada:

Los artículos 23, párrafo 1, inciso f), 43, 44, 46, 47, 48, 85, párrafo 4, 87, párrafo 13 y 88, párrafos 5 y 6, de la Ley General de Partidos Políticos, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:

a) Del Partido Verde Ecologista de México

1. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola el artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Federal, al restringir los derechos fundamentales de votar y ser votado.

La prohibición que impide que los votos a favor de los partidos coaligados sean tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas es contraria a lo dispuesto por la fracción I del artículo 35 de la Constitución, al restarle eficacia al voto emitido por los ciudadanos a favor de un partido coaligado.

Derivado de la mecánica de nuestro sistema de representación proporcional, el voto único que un ciudadano emite al votar por un candidato a legislador debe ser entendido en su doble carácter de voto emitido a favor del candidato por principio de mayoría relativa y voto emitido a favor de alguno de los partidos políticos coaligados.

La prohibición que se impugna provoca que la voluntad expresa de un elector, que ejerce su derecho fundamental a votar, manifestado a través del voto en favor de un determinado partido político coaligado, se vea menoscabada, toda vez que su voto no es contabilizado para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

El solo hecho de haber votado tiene como efecto el desconocimiento de la equivalencia de cada voto para la integración de la representación legislativa mediante el principio de representación proporcional, lo cual violenta el principio de que todo voto debe ser considerado de forma igualitaria.

La prohibición impugnada escinde injustificadamente la mitad del voto del ciudadano, puesto que únicamente se permite que se contabilice para efectos de la elección de legisladores por el principio de mayoría relativa, pero no para la elección de dichos representantes populares por el principio de representación proporcional.

El hecho de que un ciudadano vote por dos o más partidos coaligados no es una muestra de una confusión al momento de emitir su voto, sino prueba de una voluntad expresa de votar por los partidos que legalmente comparten una plataforma política común; máxime que, de conformidad con las reglas de distribución de votos para efectos de representación proporcional, previstas en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dichos votos serán repartidos en forma igualitaria entre los partidos políticos que integran la coalición.

Aunado a lo anterior, el precepto que, por esta vía se combate, resulta violatorio del derecho a ser votado, contemplado en el propio artículo 35, fracción II, constitucional.

Al no permitirse computar los votos en los que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados para la asignación de representación proporcional, se transgrede el derecho a ser votado de los candidatos que se ubiquen en dicho supuesto (listas), eliminando la elección de diputados y senadores bajo dicho principio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 59/2010, con número de registro digital: 164770, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de dos mil diez, página mil quinientos setenta, de rubro: "INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOS ARTÍCULOS 216, PÁRRAFO SEGUNDO Y 221, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA, AL CONDICIONAR LAS PRECAMPAÑAS A LA EXISTENCIA DE DOS O MÁS PRECANDIDATOS, NO VIOLAN EL DERECHO A SER VOTADO."

Ahora bien, el derecho a ser votado en los sistemas de representación proporcional se materializa a través de las listas de candidatos por dicho principio, las cuales son integradas por los partidos políticos.

Los partidos, al registrar a sus candidatos a cargos de elección popular, deben demostrar que éstos reúnen las calidades de ley para el cargo al que aspiran, independientemente de si los candidatos pretenden acceder a dicho cargo por la vía de la mayoría relativa o por la vía de la representación proporcional. Una vez demostrado lo anterior y, registrados los candidatos, el voto emitido por los ciudadanos debe ser considerado para efectos tanto de la mayoría relativa como de la representación proporcional. En caso de no hacerlo, esto implicaría una violación a su derecho de ser votados.

En este sentido, los candidatos tanto de representación proporcional como de mayoría relativa tienen derecho a que cada voto destinado para ellos cuente, al margen de si, en el caso de los partidos coaligados, en la boleta electoral se hubiese marcado una o más opciones, tal como se desprende de la tesis P./J. 13/2012 (10a.), con número de registro digital: 2001101, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Tomo 1, julio de dos mil doce, página doscientos cuarenta y uno, de rubro: "DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD."

Luego entonces, el artículo que se combate claramente viola el derecho a ser votado a través de listas de representación proporcional, al vedar la posibilidad de que los votos en los que se hubiese marcado más de una opción de los partidos coaligados no se computen para la asignación de cargos por dicho principio, ya que se restringe, de manera injustificada y sin sustento alguno, la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Esto es tan violatorio de la norma constitucional como lo sería el caso contrario, en el que únicamente se contara el voto para los candidatos de la lista y no se considerara válido para el postulante por la vía de mayoría.

2. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola el principio de representación proporcional en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, establecido en los artículos 54 y 56 de la Constitución Federal.

La prohibición establecida en el párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos es contraria al principio de representación proporcional, consignado en los artículos 54 y 56 de la Constitución, al pretender que los votos obtenidos por los partidos coaligados no se contabilicen para efectos de la conformación de las Cámaras, esto es, que la votación nacional obtenida válidamente no refleje aquellos votos emitidos para los partidos coaligados, para efectos de representación proporcional. Con esta prohibición, se impide que la asignación de representantes populares se realice conforme a los resultados de la votación y se logre la proporcionalidad entre votos y escaños.

El artículo 54, fracción III, de la Constitución Federal, dispone que al partido político que cumpla con las bases previstas en las fracciones I y II del propio artículo, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le será asignado por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal.

De esta forma, la asignación de diputados es independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. La representación proporcional debe otorgar igualdad a todo voto, así como el mismo peso a todos los electores al contabilizar las expresiones políticas que no son mayoritarias.

De acuerdo con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 63/2009 y sus acumuladas 64/2009 y 65/2009, el principio de representación proporcional previsto para la conformación de los órganos legislativos se instituyó para dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de dichos órganos, a fin de que cada uno de ellos tuviera una representación proporcional, al porcentaje de su votación total, evitando la sobrerrepresentación de los partidos dominantes.

Así también, en la acción de inconstitucionalidad 7/2009 y sus acumuladas 8/2009 y 9/2009, el Tribunal Pleno se pronunció en el sentido de que la posibilidad de votar por alguno de los partidos coaligados, marcando en la boleta el cuadro que contenga el emblema del partido político de su preferencia (que aparece coaligado), pretende otorgar certeza respecto de la fuerza político-electoral de cada uno de los partidos que conformen dicha coalición, incluyendo la posibilidad de que se vote por todos los partidos coaligados.

Es en ese tenor que el párrafo 14 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos señala que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y su propia lista de candidatos a senadores por el mismo principio, ya que se entiende que la coalición en nada altera el hecho de que cada partido reciba una votación específica para efectos de acceder a curules por el principio de representación proporcional.

Los votos que se emiten respecto de un candidato de mayoría relativa en coalición también se contabilizan como parte de la votación nacional emitida para efectos de la asignación de curules de conformidad con el principio de representación proporcional.

Ahora bien, prohibir que a los partidos coaligados se les puedan contabilizar los votos que obtuvieron válidamente en una elección violenta el principio de representación proporcional, ya que no permite que se contabilice toda la votación efectivamente emitida a favor de los partidos políticos que integran la coalición.

La prohibición que se impugna excluye indebidamente los votos efectivamente emitidos a favor de los partidos en coalición, lo cual distorsiona el grado de representatividad que éstos tendrán en los órganos legislativos.

3. Existe una antinomia entre la Ley General de Partidos Políticos y el sistema de asignación de votos para legisladores electos por el principio de representación proporcional, que vulnera el principio de certeza en materia electoral establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal.

El sistema constitucional reconoce que los votos a favor de dos o más partidos coaligados deben ser contabilizados dentro de la votación nacional emitida que se utiliza para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Incluso, pretender no tomar en cuenta el voto para dos partidos o más de una coalición, para los efectos de representación proporcional, implicaría erróneamente considerarlo como voto nulo para tales efectos, lo cual no está contemplado en la legislación.

Mientras el diseño constitucional y la reglamentación legal del sistema de representación proporcional disponen que la suma distrital de los votos obtenidos por la coalición se distribuirá igualitariamente entre los partidos que la integran, a efecto de ser considerada dentro de la votación nacional para efectos de asignación proporcional de curules, la Ley General de Partidos Políticos dispone que los votos no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.

Lo anterior, genera una violación al principio de certeza en materia electoral, toda vez que existe una antinomia que impide el correcto funcionamiento de la representación proporcional a nivel federal, lo que dista de evitar situaciones conflictivas sobre la contabilidad de los votos para la asignación de legisladores, por el principio de representación proporcional.

4. Se violenta la esfera competencial de las entidades federativas para definir la regulación sobre representación proporcional, con lo que se vulneran los artículos 116, fracción II, 124 y segundo transitorio de la reforma político-electoral a la Constitución Federal.

La fracción I del artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral no establece contenido alguno que deba ser incorporado en la ley general, en materia de representación proporcional para efectos de la integración de las Legislaturas Locales.

Por su parte, el párrafo tercero de la fracción II del artículo 116 de la Constitución faculta a las entidades federativas para determinar en la ley local la forma en que habrán de integrarse las Legislaturas, según los principios de mayoría relativa y representación proporcional, dentro de los parámetros que el propio párrafo establece.

Partiendo de las normas constitucionales referidas, corresponde al Congreso de la Unión determinar en la ley general las modalidades para computar los votos en caso de coaliciones, esto es, los mecanismos para contar los votos emitidos en favor de los partidos coaligados; no así si dichos votos deben ser considerados por las Legislaturas Locales o no, para efectos de representación proporcional.

El ámbito material de la facultad del Congreso de la Unión de establecer las modalidades del cómputo se debe entender como la suma de los votos consignados en las actas de escrutinio y cómputo.

Por tanto, la facultad del Congreso de la Unión de establecer un mecanismo de cómputo de los votos tratándose de coaliciones, se circunscribe exclusivamente a la forma en que habrán de contabilizarse los votos para efectos de la suma total de los votos para partidos coaligados, sin que el resultado de dicho cómputo se vincule necesariamente para efectos de representación proporcional, o bien, si dicho cómputo no puede tomarse en cuenta para dichos efectos.

En tal virtud, el Congreso de la Unión carece de facultades para decidir sobre los parámetros para la integración de las Legislaturas Locales por la vía de la representación proporcional, tales como los votos que se deben o no contabilizar para efectos de la asignación de curules a los partidos, más allá de las limitantes previstas en la Constitución y que se replican en la Ley General de Partidos Políticos.

De este modo, corresponde en forma exclusiva a las leyes de las entidades federativas determinar si los votos emitidos a favor de partidos coaligados se consideran o no para efectos de representación proporcional.

La ley federal impide que las leyes locales consideren, en la integración de sus Legislaturas por la vía de la representación proporcional, los votos de los partidos coaligados, cuestión que invade la atribución del orden local para definir sus sistemas de representación proporcional.

b) De diversos diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

1. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos transgrede derechos fundamentales que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación, que prevé el artículo 1o. y el derecho al sufragio efectivo, que contempla el artículo 35, fracción I.

En el caso del ejercicio material del derecho al voto y a la elección de nuestros gobernantes, la manifestación política individual es exactamente la misma entre quienes deciden elegir a un partido político en asociación con respecto a quienes deciden elegir a un candidato postulado por partidos políticos no coaligados. Las consecuencias del voto ciudadano a favor de cada partido electo, con independencia de la condición conforme a la cual hubieran acudido al proceso electoral, debe dar como resultado exactamente el mismo beneficio político que proviene de la elección, porque el derecho fundamental del ciudadano que emite el voto, es exactamente el mismo entre uno y otro. El derecho político de los ciudadanos no se discrimina, no se mengua, ni se degrada en virtud de la condición de la organización política electa, porque todos los ciudadanos tienen exactamente el mismo valor jurídico frente a la Constitución. Nuestra Constitución no contempla de manera expresa una excepción en relación con el valor que deba concederse a cualquier voto, proviniendo de ciudadanos con idénticos derechos políticos.

En efecto, desde el momento en que la norma general impugnada contempla la consecuencia de la anulación de los beneficios inherentes a la representación proporcional a favor de partidos coaligados, cuando la papeleta correspondiente contenga la marca como ejercicio electoral, no contradictoria, de dos emblemas atribuibles a esos partidos políticos coaligados, impone una sanción que no tiene una justificación jurídica válida, amén de que la misma consecuencia no se impone en perjuicio de los votos otorgados a partidos no coaligados, no obstante que se trata, política y constitucionalmente hablando, exactamente del mismo ejercicio del derecho fundamental del ciudadano.

Esa consecuencia jurídica dispar que se acusa respecto de conductas legales situadas en circunstancias equivalentes contradice el principio de dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, sobre el que se cifra la garantía de igualdad que tutela la Constitución, a la que nos hemos referido.

Debe declararse la invalidez del precepto legal impugnado, con el objeto de permitir la operatividad funcional del sistema constitucional originalmente previsto, a favor del cómputo proporcional de los votos ciudadanos, inclusive, en pro de partidos coaligados, tal como se contempla y subsiste en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola los artículos 1o., 35 y 52 de la Constitución Federal, propiamente por lo que respecta al derecho efectivo de todo ciudadano a ejercer el voto, pues, expresamente y de manera injustificada, suprime sus efectos en uno de los propósitos que el ejercicio del sufragio mismo persigue, hecho que se traduce en una cláusula antidemocrática que contradice el espíritu de la coalición, como modelo político para atender el reclamo de la ciudadanía.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, los derechos políticos son los que contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia, a la creación de un Estado democrático de derecho. Así lo ha señalado la resolución 2000/47, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el veinticinco de abril de dos mil, sobre "La promoción y consolidación de la democracia", que incluye los principales derechos que es necesario proteger y promover para alcanzar dichos fines.

La regla contenida en el párrafo 13 del artículo 87 impugnado violenta el ejercicio pleno del derecho humano al voto y la equidad del derecho para todos los ciudadanos. El legislador soslaya su obligación de garantizar, a través del entramado normativo en materia electoral que ordena la Constitución, el ejercicio pleno del derecho al voto y sus efectos.

Efectivamente, sostenemos que violenta el ejercicio pleno del derecho al voto, pues el voto, según el artículo 52 de la Constitución Federal, surte dos efectos o un carácter dual en sus efectos, en lo que se refiere a la composición del Congreso de la Unión:

• El voto debe ser computado para un candidato que puede o no resultar triunfador y, en su caso, ocupar una curul en el Congreso de la Unión, por la vía de la mayoría relativa.

• El voto debe ser computado, además, para un partido político, para los efectos de representación proporcional en la integración del propio Congreso de la Unión.

En la hipótesis de consentir el contenido del artículo 87, párrafo 13, que se combate, si un ciudadano optase por votar por un candidato postulado por una coalición, verá coartado el segundo efecto de su derecho constitucional al voto si cruza dos emblemas o más de los partidos postulantes, lo que en sí mismo representa una mengua o detrimento del ejercicio del derecho de votar.

3. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola los artículos 1o., 9o., 41 y segundo transitorio del decreto de reformas de diez de febrero de dos mil catorce, de la Constitución Federal, por cuanto al derecho a la libertad de asociación o coalición partidaria, en detrimento de la consolidación y el funcionamiento del sistema democrático de gobierno que prevé la propia Constitución.

En ejercicio de las garantías que la Constitución les otorga y como sujetos activos de tales medios de protección, cada partido político goza de un derecho concomitante para asociarse con otro, precisamente, con miras a tener una participación más eficaz dentro de los procesos político-electorales. La figura misma de la coalición se consagra como una figura jurídica válida y de orden constitucional, por ende, protegida dados los términos en que se encuentra redactado el artículo 1o. de la Constitución, porque así lo prevé el artículo segundo transitorio del decreto de reformas de diez de febrero de dos mil catorce.

La coalición no debe analizarse como una figura jurídica posible y aislada, sino como el resultado material de un acto voluntario de los partidos políticos, por cuyos efectos en la vida democrática del país acaba por convertirse en una institución jurídica de interés público, pues constituye un vehículo político de absoluta legitimación que permite la conducción y el éxito de una estrategia político-electoral válida con miras a lograr la más amplia y efectiva representación de la voluntad ciudadana que, pudiendo no estar unida en torno a una pluralidad de idearios políticos en condiciones ordinarias, sí lo estaría en situación excepcional con miras a modificar un status quo que permita la interrupción legal del ejercicio hegemónico del poder por parte de una misma oferta político-partidaria, representativa de una mayoría ciudadana relativa en un momento histórico dado, en el que las corrientes políticas mayoritarias busquen otros derroteros a partir de una plataforma y un proyecto político temporalmente coincidentes.

Se estima que el resultado del proceso político mediante el cual se pretendió dar cumplimiento al imperativo constitucional del artículo segundo transitorio en comento devino en una norma inválida, toda vez que la consecuencia jurídica de anulación de los votos asentados a favor de partidos políticos coaligados inhibe en su forma más elemental el principio implícito de asociación que persigue la concepción misma de la figura de la coalición, reconocida en el Texto Constitucional.

El artículo 87, párrafo 13, mencionado, propone la sustracción de los derechos naturales y consecuencias legales que pertenecen a todo partido político con motivo de la obtención del voto, como muestra de la preferencia ciudadana en relación con una oferta política, cuando en el ejercicio del sufragio se cruce la boleta en el apartado correspondiente al emblema de partidos coaligados. La consecuencia legal no es solamente la pérdida de la prerrogativa de los partidos, que para estos efectos deviene en una cuestión secundaria, sino la más importante y trascendente, desde el punto de vista de su objetivo preponderante, es la pérdida de la representación proporcional para efectos de la asignación de escaños dentro de los órganos de representación nacional.

4. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola el principio de representación proporcional en el que descansa la operatividad del sistema democrático de gobierno, que prevén los artículos 39, 40, 41, 54, 115, 116 y 122 de la Constitución Federal.

Se estima que la norma general impugnada es inconstitucional, porque rompe con los principios que derivan de todo el andamiaje constitucional analizado, pues permite la capitalización de los votos indebidamente anulados a favor de los partidos no asociados, haciendo nugatorios los efectos que produce la contienda electoral, en el objetivo último de alcanzar la conformación democrática más apegada a la realidad política nacional mostrada en las urnas.

El párrafo 13 del artículo 87 contempla un mecanismo de supresión de los derechos que corresponden a partidos coaligados o asociados, que destruye totalmente la fórmula de acceso que salvaguarda la Constitución a favor de cualquier partido político y del que deriva la operatividad del sistema político democrático nacional, por cuanto a la representación política de las minorías por medio de las diputaciones concedidas a favor de los partidos.

Al preverse que los votos concedidos a dos partidos coaligados no contarán para los efectos de la representación proporcional de los partidos políticos, automáticamente se suplanta la decisión ciudadana y se permite que el vacío que produce el voto anulado trascienda y se refleje indebidamente en la proporción de votos de la que se benefician aquellos partidos o contendientes políticos que no hubieran acudido en fórmula o asociación a la contienda político-electoral.

Con la subsistencia y operación de la fórmula, se permitiría que, a través de la anulación de los votos coaligados, se agrupara a favor de los partidos no coaligados una representación política que no les correspondería y, con ello, una sobrerrepresentación a su favor del todo indeseable que alteraría el funcionamiento adecuado del sistema democrático representativo que salvaguarda la Constitución.

Siendo necesario que el órgano parlamentario de gobierno en el que se deciden el contenido y los efectos de las normas jurídicas en las que descansa el sistema de derecho que coacciona y da forma a los elementos del Estado recaiga en el número de personas que, a través de fórmulas científicamente mesurables, provengan del ejercicio material del sufragio en la forma más pura, debe permitirse que el resultado de la votación incida, objetiva y proporcionalmente, en la decisión inherente a la conformación plural del órgano por integrarse. Si la votación en coalición permite una cómoda división para efectos del cálculo inherente al beneficio que provenga de la representación proporcional, no existe una justificación democrática válida que soporte la consecuencia legal inconstitucionalmente concebida de obligar a la anulación del voto para efectos de representación política, por el solo hecho de haberse concedido a favor de partidos coaligados.

5. El párrafo 13 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos viola el principio de legalidad y proporcionalidad jurídica, que salvaguarda el artículo 16, en relación con los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal.

Las disposiciones contenidas en los artículos 39, 40, 41, 54, 115, 116 y 122 constitucionales, relacionadas con las coaliciones, como vehículos indispensables para la consolidación de una forma de gobierno democrática, salvaguardan un derecho a favor de los partidos políticos que vino a confirmarse con la expedición del artículo 311, fracción I, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la lectura de este precepto, se advierte que ha sido voluntad del legislador dar cauce a la disyuntiva que na

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25555-5cd2e0e1/accion-de-inconstitucionalidad-debe-sobreseerse-en-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.