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Modo: Corpus Pro

ARTÍCULO 159, FRACCIÓN X -PRIMERA PARTE-, DE LA ABROGADA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS QUE PREVÉ, CUANDO UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE QUE ORIGINALMENTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, EN UNA ACTUACIÓN POSTERIOR, DETERMINA QUE FUE ERRÓNEA TAL DECLARACIÓN Y CONTINÚA CON EL TRÁMITE DEL ASUNTO HASTA SU RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25568
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-04-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Pág. 952.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, HUGO GÓMEZ ÁVILA, FEDERICO RODRÍGUEZ CELIS, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO. PONENTE: FRANCISCO DOMÍNGUEZ CASTELO. SECRETARIA: CLAUDIA GUADALUPE TÉLLEZ FIMBRES.

Hermosillo, Sonora. Acuerdo del Pleno del Quinto Circuito correspondiente al veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Denuncia. Por oficio número 1/2014-ST de diez de febrero de dos mil catorce, recibido el doce siguiente, en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, recinto oficial que se comparte con el Pleno del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, los Magistrados Hugo Gómez Ávila (presidente), Arturo Castañeda Bonfil y David Solís Pérez, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho órgano al resolver los juicios de amparo directo en materia laboral 1116/2012, 1050/2012 y 266/2013, por unanimidad de votos; así como los números 1051/2012 y 1152/2013 por mayoría de votos (con voto en contra del Magistrado Hugo Gómez Ávila), y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del propio circuito, al fallar el amparo directo laboral 858/2011.

SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil catorce, la Magistrada Armida Elena Rodríguez Celaya, presidente del Pleno del Quinto Circuito, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis con el número 1/2014; agregar las copias certificadas de las ejecutorias de los juicios de amparo directo en materia laboral 1116/2012, 1050/2012, 266/2013, 1051/2012 y 1152/2013 del índice del tribunal denunciante; solicitó al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, que remitiera copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo laboral 858/2011, de su índice; asimismo, requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes, para que informaran si los criterios sustentados en tales asuntos se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

Asimismo, la Magistrada presidente del Pleno de Circuito, ordenó notificar a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, de la tramitación de la contradicción de tesis para su registro y control correspondiente; y notificar a los Tribunales Colegiados del mismo circuito para que tomaran las medidas pertinentes con relación a los asuntos por resolver y que estuvieran relacionados con la denuncia de contradicción de tesis.

De conformidad con el punto 17, inciso g), de las Reglas Básicas relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito,(1) se ordenó hacer del conocimiento del agente del Ministerio Público por conducto del delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Sonora, de la denuncia de contradicción de tesis para que, de estimarlo pertinente, expusiera lo que a la representación social conviniera.

Por auto de veinte de febrero de dos mil catorce, se recibieron las copias certificadas de la ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil doce, pronunciada en el amparo directo laboral 858/2011, del registro del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

En acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Magistrada presidente del Pleno del Quinto Circuito, consideró debidamente integrado el asunto y de acuerdo al orden establecido en el punto 16 de las Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno de este Quinto Circuito,(2) ordenó la remisión de los autos al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del mismo circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y en posterior auto de veintiséis de marzo de dos mil catorce, se tuvo por recibido el proyecto del Magistrado referido.

Mediante acta de sesión pública ordinaria 01/2014, se asentó que, en sesión celebrada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, por el Pleno del Quinto Circuito, se sometió el proyecto de resolución aludido a consideración de los integrantes del Pleno para su discusión y análisis, hecho lo cual, una vez tomada la votación correspondiente, se desechó la propuesta formulada por mayoría de cuatro votos de los Magistrados Francisco Domínguez Castelo, Federico Rodríguez Celis, Hugo Gómez Ávila y Armida Elena Rodríguez Celaya, contra el voto del Magistrado ponente Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz.

Asimismo, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 38 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, se sometió a consideración del Pleno el returno del asunto desechado, propuesta que fue aprobada por unanimidad de votos, por lo que, atendiendo al orden previsto en el punto 16 de las Reglas Básicas Relacionadas con el Funcionamiento del Pleno del Quinto Circuito, el turno siguiente correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito para la elaboración del nuevo proyecto de resolución.

TERCERO. Pedimento. El agente del Ministerio Público de la Federación, no formuló pedimento.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Quinto Circuito, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el citado medio oficial el treinta de mayo de dos mil catorce.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito.

TERCERO. Objeto concreto de la denuncia. La cuestión sobre la que versa la denuncia, consiste en determinar si el supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, actualiza o no la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X -primera parte-, de la abrogada Ley de Amparo, que establece que en los juicios seguidos ante tribunales trabajo (sic), se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando el tribunal continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

CUARTO. Criterios contendientes. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las ejecutorias respectivas:

I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este Quinto Circuito.

Criterio. El supuesto en que una Junta de Conciliación y Arbitraje que se declaró incompetente para el conocimiento de un determinado asunto sometido a su jurisdicción, en una actuación posterior, determina que fue errónea tal declaración y continúa con el trámite del asunto hasta su resolución, no actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción X -primera parte-, de la abrogada Ley de Amparo.

Tal criterio derivó de lo resuelto en el juicio de amparo 858/2011, en el que se sustentó esencialmente:

"SEXTO. Las consideraciones que integran los conceptos de violación hechos valer por la quejosa y que serán materia de estudio, son inoperantes en parte, infundadas en otra y fundadas en una más, por ende, eficaces para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

"Se estima pertinente aclarar, que algunos de los disensos serán analizados de manera conjunta, ya que así lo permite el artículo 79 de la ley de la materia; además, por cuestión de método, en orden diverso al en que fueron esgrimidos.

"Por tratarse de cuestiones que deben ser atendidas previamente a cualquier otra, se estudiará en primer término lo alegado en cuanto a supuestas violaciones al procedimiento laboral de origen.

"En el concepto de queja identificado como noveno, aduce la moral impetrante que una violación procesal resultó del hecho de que la responsable, a pesar de haberse declarado incompetente en acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que se impugna; aun cuando mediante auto de veintidós de junio de dos mil cinco, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, haya revocado aquel acuerdo.

"Deviene inoperante el disenso en estudio, cuenta habida que, si bien la quejosa precisa que lo que está impugnando como violación procesal no es si la Junta responsable es o no competente para conocer de la controversia laboral que le fue planteada, sino que ‘a pesar de haberse declarado incompetente, continuó con el conocimiento del juicio y dictó el laudo que se impugna por la presente vía’, lo que encuadra en la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo; (transcribe texto en pie de página) lo cierto es que, la responsable no siguió conociendo del juicio después de haberse declarado incompetente para ello, como se establece en la hipótesis normativa a que alude la impetrante.

"En efecto, de las constancias sumariales se desprende lo siguiente:

"1. Con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, José Alfredo Saavedra Zambrano, presentó la demanda laboral de origen, ante la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad de Hermosillo (fojas 1 a la 12 del expediente natural).

"2. En auto de veintiuno de febrero de dos mil, dicha Junta se declaró incompetente para conocer del conflicto, porque no se daban, según expuso, ninguno de los supuestos señalados en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficialía de Partes Común de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para que lo turnara a la Junta Especial competente en esa ciudad, por tener la demandada su domicilio en la misma (foja 13 Ibíd).

"3. En auto de diecinueve de mayo de dos mil, la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en México, Distrito Federal, tuvo por recibido el expediente de origen; sin embargo, acordó devolverlo a la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que dicha autoridad procediera a realizar la notificación del auto de veintiuno de febrero de dos mil y que una vez que causara estado la resolución de competencia, esa Junta estaría en la posibilidad jurídica de avocarse al conocimiento del asunto (foja 14).

"4. En auto de veinte de junio de dos mil, la Junta Especial Número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, tuvo por recibido el expediente y visto el contenido del acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil, dictado por la Junta Especial Número Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, comisionó al actuario adscrito para que notificara a las partes el mencionado auto de veintiuno de febrero de dos mil (foja 15).

"5. Con fechas dieciséis de agosto y veintiséis de septiembre de dos mil, el actuario adscrito a la Junta responsable, notificó a la demandada y a la actora, respectivamente, del acuerdo de incompetencia; dándose el actor además por notificado del citado acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil, a través de promoción presentada ante dicha Junta, el veintisiete de junio de dos mil dos, lo que se (sic) así se acordó en auto de veintiuno de agosto de esa anualidad (fojas 16, 17, 19 y 20).

"6. En la siguiente actuación que obra en la causa, que lo es el acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, la responsable determinó lo que a continuación se reproduce: (transcribe texto)

"Luego, con base en el contexto apuntado se advierte que, como se anticipó, la Junta responsable no siguió conociendo del juicio de que se trata después de haberse declarado incompetente para ese fin; sino que posterior a esa declaratoria, con el estado procesal de los autos, y las razones y fundamentos legales que expuso en el referido acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, determinó que no existía razón alguna para declinar su competencia; por lo que se declaró competente para conocer del juicio laboral de mérito, precisando que ello, no constituía una revocación de una determinación tomada, sino una regularización a efecto de corregir un error, en términos de lo establecido en el artículo 686, segundo párrafo, de la ley laboral.

"Enseguida la responsable decretó la continuación del procedimiento, fijando fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, con citación de las partes; para después seguir el juicio hasta el dictado del laudo.

"En tal virtud, si bien, con motivo de una declaratoria de incompetencia la Junta deja de tener jurisdicción para seguir conociendo del juicio laboral; en el caso concreto, aun cuando la responsable realizó esa declaratoria y remitió el expediente a la Junta que estimó competente para ello, posteriormente a que se le devolvió por esta última dicho expediente, por no encontrarse notificadas las partes de la aludida declaratoria ni encontrarse firme la misma; la responsable no mantuvo esa incompetencia, por el contrario, decretó en el diverso acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, que no existía ninguna razón para declinar su competencia.

"Por tanto, no es verdad que la Junta responsable, después de declararse incompetente haya continuado con el conocimiento del juicio y dictado el laudo que se impugna; ya que para ello medió el multicitado auto de veintidós de junio de dos mil cinco, en el que sostuvo su competencia jurisdiccional; de ahí que no se actualiza la violación procesal contemplada en el artículo 159, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a que el tribunal del trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia.

"Sin que al respecto se pase por alto la alegación de la moral quejosa, en el sentido de que la responsable, con el dictado del acuerdo de veintidós de junio de dos mil cinco, revocó, con infracción a los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, el de veintiuno de febrero de dos mil; sin embargo, al no encontrarse contemplado ese caso como violación procesal, en el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni estimarse análogo a los ahí previstos, la impetrante debió combatirlo, de así considerarlo pertinente, a través del juicio de amparo indirecto y no como violación procesal en el amparo directo, como lo es el presente juicio.

"Por otro lado, en parte del tercero de los disensos se señala como violación procesal, que no se perfeccionaron diversas probanzas ofrecidas por la impetrante, pese a que se propuso dicho perfeccionamiento.

"En específico, la quejosa alega, que no se perfeccionaron las pruebas que en copia fotostática simple exhibió, relativas al convenio finiquito de la relación laboral y la cláusula treinta del contrato colectivo de trabajo; alegación ésta que se declara inoperante, puesto que aun cuando no se hubieran perfeccionado dichas probanzas, lo cierto es que la única condena decretada en contra de la quejosa (horas extras), no descansa en el hecho de que esas documentales sean copias simples, por el contrario, la segunda de ellas se valoró como auténtica y se desestimó por no tener el alcance demostrativo para destruir el reclamo de horas extras.

"Es decir, ninguna trascendencia tiene al resultado del fallo, el hecho de que se haya omitido el perfeccionamiento que se menciona, ya que para ello era necesario que se les negara crédito convictivo, por tratarse de copias simples, lo que aquí no sucedió y ello hace que la supuesta violación procesal denunciada, no sea trascendente y el alegato correspondiente sea inoperante.

"Superadas las cuestiones procedimentales referidas, se estima que son inoperantes las argumentaciones que expone la quejosa en diversos apartados de los motivos de inconformidad que se identifican como primero y segundo, acerca de que la Junta no analizó debidamente la excepción de prescripción que hizo valer en su contestación de demanda, en relación a las prestaciones consistentes en salarios retenidos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro, salarios caídos, diferencias de salario integrado, pago del 20% por concepto de ayuda de renta de casa; porque dice que la invocó respecto de cualquier prestación susceptible de haber sido generada con más de un año de anterioridad a la fecha de interposición de la demanda que ocurrió el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

"La inoperancia aludida, deviene del hecho de que en el laudo reclamado se absolvió a Ferrocarriles Nacionales de México de pagar al actor todas esas prestaciones que menciona la ahora impetrante; de ahí que, ningún agravio le irroga que el tribunal obrero no hubiera abordado, como lo afirma la quejosa, el análisis de la excepción de prescripción en relación a tales prestaciones, si como se indica, a la postre, esto es, en el estudio que la responsable llevó a cabo del fondo del asunto, la absolvió del pago de las mismas.

"En otro contexto, son infundadas las argumentaciones que se esgrimen en parte del tercero, del cuarto y del sexto de los conceptos de queja, porque en oposición a lo aducido por la empresa ferrocarrilera, aquí inconforme, no correspondía al trabajador acreditar la duración de su jornada laboral, pues el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo contrario, esto es, que esa carga procesal debe recaer en el empleador.

"Asimismo, aun cuando efectivamente al operario correspondió la carga de probar en juicio que poseía un permiso especial expedido por el patrón, para efectos de laborar horas extras, y que además exista en autos, como lo arguye la inconforme, la confesión ficta de aquél, acerca de que era de su conocimiento que para laborar tiempo extraordinario al servicio de Ferrocarriles Nacionales de México se requiere de instrucciones por escrito; no menos verídico resulta que esa imposición se actualizaba una vez que la sociedad demandada lograra acreditar que en su negocio de ordinario se expedían esas autorizaciones, lo cual no aconteció en la especie, esto es, la ferrocarrilera nunca aportó medio de convicción alguno tendente a poner de manifiesto que siempre que se trabajaba tiempo extraordinario en su empresa, era porque ello estaba autorizado por escrito.

"Ahora bien, carece de sustento legal, cuando en diversos apartados de los conceptos de violación en estudio, dice la quejosa que la jornada de labores no es un hecho controvertido en razón de que el actor confesó en la demanda de origen, el horario legal de labores de ocho horas y que, por tanto, a la quejosa no le correspondía demostrar esa cuestión; pues contrario a su parecer, en el escrito de referencia no existe tal confesión, porque lo único que ahí se manifestó fue que el actor prestó sus servicios personales y subordinados a la demandada dentro de una jornada ordinaria de trabajo de siete a catorce horas de lunes a sábado, empero, ello no constituye una aceptación expresa de que únicamente laboró esas horas.

"Por el contrario, seguida de esa manifestación, el actor dijo que al concluir la jornada ordinaria, iniciaba una extraordinaria que culminaba a las dieciséis horas de lunes a sábado de cada semana, razón por la cual reclamó ese tiempo extra que afirmó haber laborado y que no se le pagó.

"Como se advierte, la carga procesal impuesta a la patronal, no fue únicamente para que demostrara cuál era la jornada legal u ordinaria, sino que acreditara que el trabajador únicamente laboró ese lapso ordinario y no horas extras, pues aun aceptando que no existe controversia sobre la jornada ordinaria, ello no implica que no la haya en cuanto a si el trabajador únicamente laboró la jornada ordinaria y no la extraordinaria.

"Por otro lado, tampoco puede decirse que las horas extras reclamadas, sean inverosímiles, ya que ello sucede cuando por el número y el periodo de horas extras, pueda presumirse o entenderse que acorde con la naturaleza humana, el común de las personas no puedan laborar en esas condiciones; esto es, debe ponderarse si a pesar del tiempo extraordinario laborado, se puede contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, lo que en la especie es susceptible, tomando en cuenta que el tiempo extraordinario reclamado, fueron dos horas por día de lunes a sábado, lo cual implica que es un lapso razonable en el que el operario, de inicio cuenta con un día a la semana para descansar y recuperar energías, y además, dos horas por día laboradas en forma extraordinaria, no implica una carga que el común de las personas no pueda solventar favorablemente.

"Guarda afinidad, en lo que interesa, la jurisprudencia 251, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 201, Tomo V, Trabajo, jurisprudencia, SCJN, Octava Época, Apéndice de 2000, cuyos rubro y texto son:

"‘HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.’ (transcribe texto)

"En otro aspecto, se consideran fundados los disensos tercero (en un diverso apartado) y quinto, en los que aduce una violación de tipo formal, consistente en que la responsable no valoró, la documental ofrecida por la quejosa en el numeral cuatro, inciso a), del escrito correspondiente, es sustancialmente fundado, pues como se alega, la Junta responsable, para efectos de determinar que la patronal demandada no demostró que el trabajador únicamente laboró una jornada ordinaria de ocho horas por día, partió de la premisa fundamental de que no se demostró que en la empresa, cuando se labora tiempo extraordinario, es por orden escrita; sin embargo, omitió ponderar las manifestaciones contenidas en el propio convenio cuya nulidad se pretendió, ofrecido tanto por la actora como por la demandada.

"En efecto, si en todo caso, el tribunal del trabajo estimaba que era innecesaria dicha ponderación, ello debió haberlo establecido en el laudo reclamado, exponiendo para tal efecto, el debido fundamento y motivación, es decir, citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a tal conclusión; de tal manera que si en la especie, se omitió hacer la valoración correspondiente y no se justificó de manera fundada y motivada por qué se actuó en esa forma, es evidente que, asiste razón a la quejosa, cuando manifiesta en el disenso que nos ocupa, que la citada autoridad dejó de valorar aquella probanza y no justificó dicha omisión.

"En tales condiciones, es claro que la Junta responsable dejó de analizar y valorar correctamente las pruebas desahogadas en el juicio natural, pues se concretó a señalar que la demandada no aportó medio de convicción tendente a demostrar la jornada laboral, pasando por alto la documental consistente en el convenio de terminación de la relación laboral.

"Así las cosas, el laudo reclamado es contrario al principio de congruencia establecido en los artículos 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la Junta responsable omitió valorar todas y cada una de las pruebas aportadas al juicio de origen.

"De igual forma, son fundados los argumentos aducidos en el resto del primero y del segundo conceptos de violación, así como en parte del octavo, porque como lo dice la empresa promovente del amparo, la excepción de prescripción que hizo valer en contra de la reclamación de pago de horas extras, fue para que se declarara prescrita esa prestación en relación a las pretendidas a partir de un año antes de la presentación de la demanda y que si ésta fue presentada el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, el término prescriptivo debía computarse de esa fecha al catorce de julio de un año anterior, es decir, de mil novecientos noventa y ocho.

"No obstante, la Junta responsable en contravención a los artículos 841 y 842 de la ley obrera en consulta, condenó al pago de horas extras reclamadas, durante el último año laborado; pues como se denuncia, en el considerando IX del laudo que nos ocupa, la Junta sostuvo que al haberse declarado procedente la excepción de prescripción opuesta por la empresa demandada, únicamente se le cubrirían al actor las horas extras por el último año laborado, ‘es decir las comprendidas del 29 de marzo de 1998 al 29 de marzo de 1999’, lo cual, ciertamente dista mucho del contenido de dicha excepción; de ahí que sea fundado el disenso en cuanto a esa incongruencia en el laudo.

"En efecto, no es lo mismo que la condena abarque el último año laborado, a que se imponga la obligación en razón de un año antes de la presentación de la demanda, como se hizo valer al oponer la excepción, tomando en cuenta que la relación de trabajo culminó por mutuo consentimiento, el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, de manera tal que, si la demanda de origen fue presentada el catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, en todo caso, la condena al pago de tiempo extraordinario, debe abarcar a partir del catorce de julio de mil novecientos noventa y ocho, lo cual implica que sólo puede haber condena desde este último día, hasta la fecha en que se dio por terminada la relación de trabajo, que lo fue el veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y no del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho al veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, como decretó la condena la responsable.

"Siendo así, como lo alega la impetrante, en esa parte el laudo resulta incongruente, al no analizarse la excepción prescriptiva en la forma y términos que fue planteada, violándose en perjuicio de la quejosa, las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El séptimo motivo de queja resulta infundado, cuenta habida que, opuesto a lo que se alega, el salario que debe servir de base para calcular las horas extras, es el previsto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación entregada al trabajador por su trabajo; puesto que así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 190/2009, misma que generó la jurisprudencia 2a./J. 137/2009. De ahí que tampoco sean aplicables al respecto, las tesis de Tribunales Colegiados que cita como apoyo la impetrante, porque con independencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, no resultan obligatorias para este tribunal, son de contenido contrario a dicha jurisprudencia, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 598 y cuyo contenido es el siguiente:

"‘HORAS EXTRAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE SERVIR DE BASE EL SALARIO INTEGRADO POR SER EL QUE SE PAGA EN LA JORNADA ORDINARIA.’ (transcribe texto)

"Asimismo, es inexacto que el tribunal obrero haya tomado en consideración para integrar el salario, las prestaciones consistentes en vacaciones y prima vacacional; dado que, como fácilmente se colige de la parte final del considerando VIII, la Junta sólo consideró como prestaciones que en la especie integran el salario del actor, las de: canasta básica, ayuda de ropa de trabajo, ahorro, aguinaldo y ayuda por útiles escolares.

"Ahora bien, como se desprende de lo anterior, ciertamente la responsable consideró para integrar el salario de mérito, las prestaciones de aguinaldo y fondo de ahorro; ello es acorde lo establecido también por la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, al decidir las contradicciones de tesis: 94/2001-SS y 260/2010, que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 33/2002 y 2a./J. 13/2011, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XV, mayo de 2002 y XXXIII, febrero de 2011, páginas 269 y 1064, respectivamente, que a la letra dicen:

"‘SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.’ (transcribe texto)

"‘SALARIO. EL FONDO DE AHORRO ES PARTE INTEGRANTE DE AQUÉL.’ (transcribe texto)

"En consecuencia, ante lo fundado de una parte de los disensos vertidos, se impone conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente el laudo reclamado y emita otro en el que, reitere lo que no fue materia de la concesión, ni de análisis en esta ejecutoria; asimismo, siguiendo los lineamientos expuestos en la misma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25568-43a29f1c/articulo-159-fraccion-x--primera-parte--de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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