PERSONAL DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. SU NOMBRAMIENTO ES FACULTAD DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE LAS SALAS Y NO DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL ABROGADA LOCALES CON EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).
AMPARO EN REVISIÓN 555/2014 (CUADERNO AUXILIAR 983/2014) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN RELACIÓN CON EL TEMA CONTENIDO EN ESTA TESIS, CON VOTO CONCURRENTE DEL MAGISTRADO ROBERTO CASTILLO GARRIDO. PONENTE: ADRIÁN AVENDAÑO CONSTANTINO. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO.-Se procederá ahora a analizar los motivos de inconformidad formulados por la quejosa, aquí recurrente, los cuales resultan, por un lado, ineficaces pero, por otro, fundados y suficientes para ampliar la protección constitucional otorgada por el Juez Federal; argumentos que se abordarán en un orden distinto al plasmado en el escrito de agravios.
Como un primer agravio, la recurrente señala que el Juez Federal hizo una apreciación incorrecta, por cuanto hace a su conclusión consistente en que la quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar el desapoderamiento de uno de los equipos de cómputo asignados a su ponencia, pues afirma que en el caso se requería únicamente que se demostrara la afectación a su interés legítimo.
Lo anterior, continúa diciendo la recurrente, porque el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para acudir al juicio de garantías basta con que se acredite un interés legítimo individual, respecto de una violación a sus derechos reconocidos por la Carta Magna, ya sea de forma directa o por su especial situación frente al orden jurídico.
De ahí que era innecesario acreditar un interés jurídico, pues bastaba con que se hubiera acreditado que, en el caso, fue desapoderada de un equipo de cómputo por parte de las responsables, el cual estaba asignado a su ponencia, y que era utilizado por el proyectista jurídico; pero que, al ser rescindida la relación laboral de éste, entonces la recurrente se subrogó en el resguardo del mismo, en razón de que dicho equipo contenía la información de relevancia para la realización de la función jurisdiccional.
Incluso, dice, en razón del principio de autonomía e independencia judicial, la recurrente es la poseedora originaria de los equipos de cómputo asignados al personal que labora en su ponencia.
Es ineficaz el anterior agravio.
En primer lugar, debe decirse que es inexacto que, en el caso, para acreditar su interés legítimo, bastare que la recurrente hubiere acreditado que fue desapoderada de un equipo de cómputo por parte de las responsables; aparato que estaba asignado a su ponencia y que era utilizado por el proyectista jurídico que fue cesado.
En efecto, el interés legítimo debe acreditarse con los siguientes elementos:
a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada;
b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y,
c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad.
Así, si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.
Sin embargo, debido a que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.
La anterior conclusión con apoyo en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ‘teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo’, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."(6)
Bajo ese contexto, si el acto reclamado por la quejosa, aquí recurrente, consistió, en lo que interesa, en el aseguramiento y desposesión de un equipo de cómputo que fue sustraído de la oficina que ocupa como Magistrada de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia del Estado, el diecinueve de diciembre de dos mil trece por parte del secretario de Acuerdos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima; entonces, es de concluirse que no se dan los supuestos para tener por demostrado el interés legítimo de la recurrente, pues no se evidenció la afectación a la promovente de algún derecho consignado por una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada y, mucho menos, que la recurrente pertenezca a ese grupo, en los términos antes descritos.
Por el contrario, dadas las características del acto combatido, en su caso debió acreditarse el interés jurídico respectivo, en los términos que lo expuso el Juez Federal.
En un diverso aspecto, resultan inoperantes los demás argumentos que expone la recurrente, relativos fundamentalmente a que:
• Su interés quedaba demostrado por el hecho de que fue desapoderada de un equipo de cómputo por parte de las responsables, el cual estaba asignado a su ponencia y que era utilizado por el proyectista jurídico;
• Al ser rescindida la relación laboral de su secretario, se subrogó en el resguardo del equipo de cómputo, en razón de que dicho equipo contenía la información de relevancia para la realización de la función jurisdiccional.
• En atención al principio de autonomía e independencia judicial, la recurrente es la poseedora originaria de los equipos de cómputo asignados al personal que labora en su ponencia.
Ello, pues a través de tales argumentos, la recurrente no controvierte eficaz y frontalmente las consideraciones que plasmó el Juez Federal para determinar que el juicio de garantías era improcedente en contra del citado acto de aseguramiento y desposesión de un equipo de cómputo, y que consistieron en que:
• De los artículos 3, 34, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento para la Administración, Uso, Resguardo, Conservación, Baja y Destino Final de Bienes del Poder Judicial del Estado de Colima, se desprende que los bienes muebles que son patrimonio del Poder Judicial del Estado de Colima, se asignarán al servidor público respectivo, mediante el resguardo correspondiente ante la Oficina de Control, el cual deberá hacerse constar por escrito.
• De ahí que al no exhibirse la constancia relativa al resguardo respectivo, entonces la quejosa no había probado el interés jurídico que le asiste sobre el equipo de cómputo.
Bajo ese contexto, si la recurrente no cumplió con su carga de combatir debidamente las consideraciones a través de las cuales el Juez Federal determinó sobreseer en el juicio de garantías por el acto reclamado antes precisado, es de concluirse que tales consideraciones subsisten y rigen el sentido de la resolución recurrida en esa parte, por lo que los agravios así expuestos, deben declararse inoperantes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida."(7)
De ahí la ineficacia del agravio de que se trata.
Como un segundo agravio, la recurrente manifiesta su desacuerdo con la conclusión del Juez Federal, consistente en que la rescisión de la relación laboral de **********, quien estaba adscrito a su ponencia, era de naturaleza laboral y, por ende, en su contra era improcedente el juicio de amparo indirecto.
Lo anterior, según lo expone la recurrente, porque el Juez Federal pasó por alto la reforma constitucional de mil novecientos ochenta y siete, así como la interpretación que se ha hecho del artículo 116, fracción III, de la Carta Magna, respecto a la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales estatales.
Asimismo, la recurrente agrega que de la recta interpretación del artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, se obtiene que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuentan con autonomía para realizar las designaciones del personal adscrito a su ponencia, correspondiéndole únicamente al Pleno otorgar la autorización respectiva, en el ámbito operativo.
Con base en lo anterior, la recurrente concluye que, desde su perspectiva, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima carece de facultades para rescindir la relación laboral de un colaborador adscrito a su ponencia, pues incluso los Jueces tienen la facultad de solicitar la separación o remoción por causa justificada de los servidores públicos.
De ahí que, y por mayoría de razón, cada Magistrado cuenta con la facultad para decidir si esas personas continuarán o no laborando en su respectiva ponencia, pues al ser aquél el responsable directo del funcionamiento de los secretarios, hace las veces de "patrón" de la relación laboral.
Para apoyar su conclusión, la quejosa cita la tesis de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO PROCEDE CUANDO QUIEN ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS ES EL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."
A lo expuesto, la recurrente añade que el Juez de Distrito se pronunció sobre el particular, como si en el caso se tratare de una acción intentada por un trabajador a quien le fue rescindida su relación de trabajo, cuando su pretensión estaba dirigida a evidenciar que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima se hizo de una facultad que no le corresponde, sino que le está conferida a ella misma, con lo cual se vulneraron los principios de independencia y autonomía judiciales.
Es, por un lado, infundado el agravio antes sintetizado, sin embargo, por otra parte, resulta sustancialmente fundado, pero insuficiente para revocar la resolución recurrida.
En primer lugar, debe decirse que la independencia y autonomía judiciales radican en los diversos principios que se obtienen del artículo 116 de la Carta Magna y que consisten, medularmente, en procurar que el juzgador emita sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen diverso empleo o encargo durante un periodo y, en general, la autonomía de gestión presupuestal.
Sin embargo, de tales principios no se desprende tampoco -en los términos que pretende la recurrente- la facultad de ésta, en su calidad de Magistrada integrante de una de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para disponer sobre el cese o separación de los secretarios adscritos a su respectiva ponencia, pues dada la interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expuesta párrafos antes, dichos principios no contemplan y/o conceden tal prerrogativa.
Así las cosas, sobre dicho tema deberá estarse a lo que, en su caso, dispongan las leyes locales correspondientes.
Por otra parte, es verdad que el Juez Federal determinó sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado, consistente en la rescisión de la relación laboral de **********, quien se desempeñaba como proyectista jurídico de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia, adscrito a la ponencia de la quejosa, con base en que no se trataba de un acto de autoridad, con lo cual sólo dio respuesta parcial a la pretensión de la recurrente.
Sin embargo, efectivamente, el Juez Federal omitió pronunciarse expresamente sobre dicho acto reclamado, desde la óptica de que el actuar del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima había vulnerado -según lo estima la recurrente- los principios de independencia y autonomía judiciales, porque dispuso de una facultad que no le correspondía, consistente en cesar a un secretario adscrito a la ponencia de la quejosa; prerrogativa que, según, sólo le corresponde a esta última.
No obstante, tal omisión no resulta apta para revocar la resolución recurrida, pues por lo expuesto por el Juez Federal, así como con lo aquí considerado, se llega a la conclusión de que la facultad de cesar en su caso a los Jueces y demás empleados del Poder Judicial del Estado de Colima, corresponde al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad, según lo establecía el artículo 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Colima:(8)
"Artículo 10. Corresponde al Pleno del tribunal.
"...
"II. Remover, suspender o cesar en su caso a los Jueces y demás empleados del Poder Judicial y resolver sobre las renuncias que presenten de sus cargos."
Asimismo, y al existir disposición expresa sobre el particular, debe decirse que resulta improcedente la interpretación que hace la recurrente del párrafo quinto del artículo 20(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, "por mayoría de razón", para concluir que cada Magistrado cuenta con la facultad para decidir si las personas adscritas a su ponencia continuarán o no laborando en la misma.
Por último, por cuanto hace al argumento relativo a que, con base en la tesis: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO PROCEDE CUANDO QUIEN ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS ES EL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."; se podía concluir que la recurrente tenía el carácter de "patrón" respecto de la relación laboral con **********; al respecto, debe decirse que la recurrente hace una inexacta interpretación de lo establecido en dicho criterio jurisprudencial.
En primer lugar, debe decirse que el criterio a que hace referencia la recurrente es la tesis 2a. XC/2002, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO PROCEDE CUANDO QUIEN ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS ES EL TITULAR DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).-Del análisis conjunto de los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 1o., 2o., 7o. y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de ese Estado, se advierte que los Jueces Menores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, al igual que los Magistrados, los Jueces de partido y el Jurado Popular, son depositarios del Poder Judicial de esa entidad federativa, que gozan de independencia en relación con los demás órganos de ese poder y que en el ejercicio de su función jurisdiccional se encuentran sometidos únicamente a la Constitución Política Local y al imperio de la ley. Ahora bien, si se toma en consideración que el nombramiento conferido a una persona para ser titular de un Juzgado Menor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato no genera una relación laboral equiparada entre éste y el Estado, dado que no está sujeto a una relación jerárquica que de manera ordinaria y permanente lo pueda vincular en el desempeño de su función jurisdiccional, pues la independencia de que goza le permite resolver de manera autónoma bajo su propio criterio e, inclusive, al ser titular de un órgano jurisdiccional se erige en el responsable directo de su funcionamiento y hace las veces de ‘patrón’ en la relación laboral equiparada que se da con los demás integrantes del propio órgano, es indudable que en un juicio de garantías en el que el quejoso controvierte un acto que afecta la permanencia en su encargo de Juez o los derechos derivados de éste, no puede operar en su favor la suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el objetivo primordial de dicha institución consiste en proporcionar seguridad jurídica a aquellos sujetos que no están en posibilidad de defenderse adecuadamente dado su desconocimiento sobre la técnica jurídica que rige al juicio de garantías y la falta de recursos para contratar los servicios de un perito en la materia, tal como sucede con aquellos que pertenecen a la clase obrera; por tanto, resulta claro que no es jurídicamente posible estimar que debe suplirse la deficiencia de la queja a favor de los titulares de los órganos jurisdiccionales, pues es evidente que, dada la naturaleza de la función que desempeñan, cuentan con los conocimientos y elementos necesarios para formular una adecuada defensa en contra de aquellos actos que estiman violatorios de los derechos inherentes al cargo que ejercen."(10)
De dicho criterio se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en torno a la procedencia o improcedencia de suplir la deficiencia de la queja al titular de un órgano jurisdiccional que, a través del juicio de amparo, controvierte un acto que afecta su permanencia en el encargo de Juez o sus derechos derivados de éste.
Ahora bien, es verdad que en dicho criterio se adujo: "...al ser titular de un órgano jurisdiccional se erige en el responsable directo de su funcionamiento y hace las veces de ‘patrón’ en la relación laboral equiparada que se da con los demás integrantes del propio órgano..."; no obstante, tal manifestación debe interpretarse en el contexto en donde se encuentra, esto es, que la aseveración de que los Jueces "hacen las veces de patrón" respecto a los demás integrantes del órgano jurisdiccional, está dirigida a evidenciar que aquéllos no se encuentran en desventaja -como sucede ordinariamente con cualquier miembro de la clase obrera- para formular una adecuada defensa y que, por ende, a los titulares de los órganos jurisdiccionales no procede suplirles la deficiencia de la queja.
En esa tesitura, es inexacto que con base en dicho criterio jurisprudencial se esté haciendo una interpretación en el sentido de que los titulares de los órganos jurisdiccionales (o como en el caso, la recurrente, en su calidad de Magistrada integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima) tengan las facultades propias de un patrón y, por ende, sólo ellos puedan rescindir una relación laboral o separar de su cargo a un funcionario adscrito a su Sala, pues ése no fue el objetivo de la tesis 2a. XC/2002.
Así las cosas, es verdad que el Juez Federal omitió analizar el acto reclamado, consistente en la rescisión de la relación laboral de **********, secretario proyectista de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, adscrito a la ponencia de la recurrente, desde la óptica de que el actuar del Pleno de dicho tribunal había vulnerado, según ésta, los principios de independencia y autonomía judiciales, porque dispuso de una facultad que no le correspondía, y que atañía a la propia quejosa.
Sin embargo, por lo aquí expuesto, tal omisión es insuficiente para revocar la resolución recurrida, pues la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, otorgan la facultad a la recurrente para rescindir una relación de trabajo o separar de su cargo a un funcionario adscrito a su Sala; por tanto, la determinación de sobreseimiento subsiste.
De ahí la ineficacia del agravio de que se trata.
Finalmente, como un tercer agravio, la recurrente aduce que si bien, tal como lo expuso el Juez Federal, en el caso se transgredieron los principios de autonomía e independencia judiciales, por cuanto hace a la proposición del personal de su ponencia, lo cierto es que, según, su facultad de juzgadora no se limita a proponer a sus colaboradores, sino también a la designación propiamente dicha.
Ello, dice, con independencia de lo que al respecto dispongan la Constitución Política del Estado de Colima y la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, ya que en el caso debe atenderse al principio de independencia judicial a que hacen alusión los artículos 17 y 116, fracción III, de la Carta Magna.
Es fundado el anterior concepto de violación y suficiente para ampliar los términos en que fue otorgado el amparo por parte del Juez Federal, pues de la interpretación de la fracción X del artículo 74(11) de la Constitución Política del Estado de Colima, y de la diversa fracción I del numeral 10(12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, conforme a lo establecido en el artículo 116, fracción III,(13) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que corresponde al juzgador precisamente realizar las designaciones del personal con el que desarrollará la función jurisdiccional.
Resulta pertinente destacar que a la luz del principio de interpretación conforme, las normas deben ser interpretadas de forma que prevalezca la supremacía constitucional; esto es, que al momento de ser aplicadas se interpreten de acuerdo con lo que establece la Constitución -siempre que no haya una restricción en la Constitución misma-, de conformidad con lo que establecen los tratados internacionales, de tal forma que esa interpretación les sea aplicable a todas las partes que actualicen el supuesto de la norma.
Bajo ese contexto, en cumplimiento a la obligación de control constitucional que el artículo 1o. de la Constitución Federal impone a los juzgadores, este órgano colegiado debe ponderar si, en el caso, lo dispuesto por los artículos 74, fracción X, de la Constitución Política del Estado de Colima y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad, está siendo interpretada por las autoridades en forma contraria a la Constitución.
Ahora bien, por cuanto hace a la independencia y autonomía judiciales, éstas consisten en la actitud que debe asumir todo juzgador para emitir sus resoluciones con apego a derecho, al margen de todo tipo de presiones o intereses extraños, lo cual se protege mediante diversos mecanismos, como son la fijación de un plazo de duración en el cargo, la imposibilidad de disminuir sus remuneraciones y de que ocupen diverso empleo o encargo durante un periodo y, en general, la autonomía de gestión presupuestal.
Asimismo, la independencia y autonomía judiciales que se obtienen del artículo 116 de la Carta Magna, residen en:
a) El establecimiento de la carrera judicial, debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales;
b) La previsión de los requisitos necesarios para ocupar el cargo de Magistrado, así como las características que esto debe tener, tales como eficiencia, probidad y honorabilidad;
c) El derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo;
d) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, lo que implica la fijación de su duración y la posibilidad de que sean ratificados al término del periodo para el que fueron designados, a fin de que alcancen la inamovilidad; y,
e) Por cuanto hace a la independencia judicial, es menester destacar que ésta se vincula estrechamente con la idea del Estado de derecho, como uno de sus elementos esenciales. En consecuencia, es precisamente de esta idea de donde el concepto independencia judicial extrae su significado más amplio, siendo éste el que la impartición de justicia no debe estar supeditada a los órganos del poder político.
Respecto a esto último, la idea de independencia judicial, dada su complejidad, implica una doble concepción.
Por una parte, la independencia funcional que refiere a la concepción valorativa de la independencia judicial y, por la otra, la independencia como garantía.
La primera de las acepciones se refiere a una regla básica de cualquier ordenamiento, en virtud de la cual el Juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes en el sistema jurídico al que pertenece.
Por el contrario, la independencia judicial, entendida como garantía, es un conjunto de mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar ese valor, incluso, a través de principios distintos al de independencia.
Asimismo, existen tres subespecies dentro de la categoría de la independencia judicial como garantía, éstas son:
1. La independencia personal, que consiste en el conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al Juez individualmente considerado, y que protegen a éste de eventuales presiones ejercidas por los otros dos poderes políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo);
2. La independencia colectiva, que tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás poderes del Estado; y,
3. La independencia interna, que ampara al Juez, en su individualidad, frente al resto de la estructura judicial.
Esta última, en lo que interesa, protege al titular sobre las decisiones que toma en el entorno operativo y administrativo del órgano jurisdiccional que lleva.
Ahora bien, en un diverso aspecto, es un hecho notorio que en el Estado de Colima no existe un Consejo de la Judicatura como tal; sin embargo, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia cuenta con facultades propias de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial local; facultades entre las que figura la de designar a los secretarios de las Salas, según lo establece la fracción I del artículo 10(14) de dicho cuerpo de leyes, misma que le es conferida por la Constitución Local, en la fracción X de su numeral 74.(15)
No obstante, si bien no es imperativo para las entidades establecer Consejos de la Judicatura, como órganos de administración del Poder Judicial, lo cierto es que cualquiera que sea el órgano que posea tales atributos -como ocurre en el Estado de Colima, con el referido Pleno del Supremo Tribunal de Justicia-, éste debe respetar los principios de autonomía e independencia judiciales establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna.
En otros términos, cuando el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia lleve a cabo un servicio administrativo respecto a la función jurisdiccional, sus decisiones deberán respetar los principios de autonomía e independencia judiciales, así como no controlar o invadir la esfera jurisdiccional del órgano al que administra.
Conviene citar en apoyo a lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia P./J. 112/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR EL CONSTITUYENTE PERMANENTE EN RELACIÓN CON SU CREACIÓN.-Los Consejos de la Judicatura, como órganos de administración del Poder Judicial, sólo son obligatorios en el régimen Federal y en el ámbito del Distrito Federal, conforme a los artículos 100 y 122, apartado C, base cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, su existencia en el ámbito estatal no es imperativa. Sin embargo, en caso de que las Legislaturas Locales decidan establecerlos en sus regímenes internos, por cuestión de coherencia con el sistema federal, de acuerdo con los artículos 40, 41, 49 y 116 de la Ley Suprema, ello no debe contravenir los principios establecidos por el Constituyente; antes bien, en acatamiento a los artículos 17 y 116, fracci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25665-74c7c8f0/personal-de-los-organos-jurisdiccionales-del-poder-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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