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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: QUEJA 183/2014. · Registro digital (IUS): 25677
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-06-12
Promovente: SOLUCIONES EMPRESARIALES ACCSES, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, Pág. 1798.

QUEJA 183/2014. SOLUCIONES EMPRESARIALES ACCSES, S.A. DE C.V. 20 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADRIANA ESCORZA CARRANZA. SECRETARIA: HORTENCIA GONZÁLEZ RUIZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Los agravios sintetizados son inoperantes en parte, e infundados en otra, como a continuación se expone:

De los motivos de disenso sintetizados se obtiene que la quejosa pretende combatir consideraciones legales que no se formularon en el auto recurrido para negar la medida cautelar; de ahí que dichas alegaciones resulten inoperantes.

En efecto, el Juez de Distrito negó la medida cautelar porque -según expuso- de otorgar la suspensión para el efecto de eximir a la quejosa de la obligación de incluir en el sistema electrónico su información contable, se obstaculizaría el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya que no contarían con la información necesaria para llevarlas a cabo. Tales consideraciones son del contenido siguiente:

"...de conceder la suspensión para los efectos solicitados, esto es, para eximir a la quejosa de la obligación de incluir en el sistema electrónico su información contable, se obstaculizaría el ejercicio de la facultad de comprobación reseñada en el párrafo anterior, pues la autoridad no contaría con la información necesaria para llevarla a cabo.-Por tanto, no es procedente otorgar la suspensión para el efecto en análisis, ya que se afectaría el interés social y normas de orden público, al impedir a la autoridad ejercer su facultad de comprobar si los contribuyentes cumplen con las normas en materia tributaria. ..."

Por su parte, la recurrente sustenta la ilegalidad del acuerdo impugnado en que:

i) Es falso que el artículo 28, fracción IV, del código en consulta, tenga relación con el mandato legal de las autoridades de verificar el cumplimiento de la obligación de contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional, como indebidamente lo señaló el Juez de Distrito, porque el texto legal no hace referencia a dicha cuestión y tampoco se establece así en la exposición de motivos ni en el debate legislativo.

ii) Es inexacto que con la suspensión se le den efectos restitutorios a la medida solicitada, pues lo único que pretende es no cumplir una obligación de tracto sucesivo: la de ingresar su contabilidad en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con el precepto legal y la regla de carácter general reclamados. De ninguna manera pretende, como indebidamente lo sostuvo el Juez de los autos, que se le exima en forma permanente de cumplir con la obligación señalada, sino únicamente mientras dura el juicio.

iii) La concesión de la suspensión no invalida las actuaciones practicadas por la responsable, como aduce el juzgador; además, tal afirmación no es congruente ni lógica, pues no se entiende en razón de qué se formuló, cuando lo único que se persigue es impedir los efectos de las normas tildadas de inconstitucionales, aunado a lo anterior, no funda el citado argumento adicional que esgrime para negar la suspensión.

Empero, tales tópicos no fueron invocados por el Juez Federal para negar la medida cautelar, como se deduce del contraste entre el auto combatido y los agravios de la recurrente; entonces, todas aquellas alegaciones tendentes a demostrar la ilegalidad del acuerdo, con base en argumentos que no fueron expuestos por el juzgador, resultan inoperantes.

Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 3a./J. 16/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24, de rubro:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes, puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

En un diverso orden, es infundado el argumento de la recurrente, consistente en que el Juez Federal no expuso los motivos por los cuales se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 81/2002, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."

Lo anterior, pues en ese aspecto, el Juez de Distrito señaló que de concederse la suspensión para los efectos solicitados, esto es, para eximir a la quejosa de la obligación de incluir en el sistema electrónico su información contable, se obstaculizaría el ejercicio de la facultad de comprobación reseñada en el párrafo anterior, ya que la autoridad no contaría con la información necesaria para llevarla a cabo y, con ello, se afectaría el interés social y las normas de orden público, al impedir a la autoridad ejercer su facultad de comprobar si los contribuyentes cumplen con sus obligaciones en materia tributaria; decisión que tomó con base en la jurisprudencia 2a./J. 84/2009, de cuyo contenido destacó que la suspensión es improcedente contra la ejecución de actos fiscales, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las normas fiscales y determinar créditos, y la sociedad está interesada en la realización de estos procedimientos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a sus necesidades; en esa medida, se considera que el acuerdo recurrido sí colma la exigencia de una debida fundamentación y motivación, exigida por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles y la tesis referida.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizarán en conjunto los planteamientos relativos a la ilegalidad del auto recurrido, sobre la base de que el otorgamiento de la suspensión no contraviene disposiciones de orden público ni el interés de la sociedad, en tanto que, por una parte, la quejosa seguirá llevando su contabilidad y contribuyendo al gasto público y, por otra, las autoridades tienen expeditas sus facultades de comprobación; además, sostiene la recurrente que la negativa de la medida cautelar le genera daños y perjuicios de imposible reparación, toda vez que pierde la confidencialidad de su contabilidad al ingresarla mensualmente en el buzón tributario lo cual, inclusive, haría nugatoria la concesión del amparo, porque no es posible retrotraer los efectos de la publicidad de su información.

En relación con lo anterior, la inconforme argumenta que en relación con el numeral 148 de la Ley de Amparo, al haber reclamado como autoaplicativo el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la regla I.2.8.7. de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, debió concedérsele la medida cautelar para prescindir de la obligación de registrar su contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente en el portal de Internet de la autoridad.

Tales planteamientos carecen de eficacia porque, como se desarrollará, el otorgamiento de la suspensión de la aplicación de los actos reclamados, para la pretensión argüida ahora por la parte quejosa; esto es, para no llevar su contabilidad en forma electrónica ni ingresarla mensualmente en el buzón tributario del Servicio de Administración Tributaria, sí implica una transgresión a las normas de orden público y al interés de la sociedad en el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, como lo determinó el Juez del conocimiento.

Para evidenciar tal aserto se cita, como premisa jurídica, el artículo 128 de la Ley de Amparo:

"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:

"I. Que la solicite el quejoso; y

"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."

Dicho numeral dispone que en los casos en que proceda la suspensión, ésta se otorgará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

Como lo resolvió el Juez de Distrito, en el caso se cumple con el primer requisito, pues la quejosa solicitó expresamente el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados. Sin embargo, la segunda exigencia no se satisface, ya que con la concesión de la suspensión se afectan disposiciones de orden público y el interés social.

Al respecto es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.

El concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. El orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes criterios:

"INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.-La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría." (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 47, Tercera Parte, página 58).

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." (Segunda Sala, Séptima Época, Informe 1973, Parte II, jurisprudencia 8, página 44).

Así, el artículo 129 de la Ley de Amparo detalla algunos supuestos en los cuales se puede considerar que un acto perjudica a la sociedad, como son: cuando con la concesión de la medida cautelar se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, o la producción y comercio de narcóticos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la drogadicción; se permita el incumplimiento de órdenes militares; se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, entre otros.

Como se observa, se trata de actos que afectan gravemente a la sociedad, al causar perjuicio a la salud, economía, ambiente, o permiten la realización de actividades ilícitas y constitutivas de delitos.

Ahora, en el supuesto que se analiza, en lo que concierne a la materia de la suspensión provisional otorgada, la empresa quejosa reclamó, entre otros aspectos, las obligaciones establecidas en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, y la regla I.2.8.7. "Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual", de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de julio de dos mil catorce. El primer dispositivo establece:

"Código Fiscal de la Federación

"Artículo 28. Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

"...

"III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezcan el reglamento de este código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

"IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto."

Del numeral reproducido se desprende que las personas obligadas a llevar contabilidad, deberán realizar los registros o asientos que la integran en medios electrónicos conforme lo establezcan el reglamento de ese código y las disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, se obtiene la obligación de ingresar mensualmente su información contable a través de la página de Internet del SAT, de conformidad con las reglas que al respecto se expidan.

La regla I.2.8.6. Contabilidad en medios electrónicos, de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, relacionada con el artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, reclamado, dispone:

"Contabilidad en medios electrónicos

"I.2.8.6. Para los efectos del artículo 28, fracción III del CFF y 34 de su reglamento, los contribuyentes, obligados a llevar contabilidad, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica ‘Mis cuentas’, deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente:

"I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; a éste se le agregará un campo con el código agrupado de cuentas del SAT contenido en el anexo 24, apartados A y B.

"II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto; así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.

"III. Información de las pólizas generadas incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, asimismo debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.

"Las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la secretaría, que estén obligadas a cumplir las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, en lugar de utilizar el código agrupador del SAT dispuesto en la fracción I de la presente regla, deberán utilizar el catálogo de cuentas previsto en las disposiciones de carácter general referidas.

"RMF 2014 I.2.8.7., I.2.8.8."

De la regla anterior se desprende que para los efectos del artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica "mis cuentas", deberán llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML, que contengan lo siguiente:

1. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, al que se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT, contenido en el anexo 24, apartados A y B de esa resolución.

2. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de orden.

Además, se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el tributo; así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.

3. Información de las pólizas generadas, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, así como identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse el RFC, conforme al anexo 24, apartado D.

Por su parte, la regla identificada como I.2.8.7. "Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual", contenida en la segunda resolución mencionada y reclamada, establece:

"Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual

"I.2.8.7. Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica ‘mis cuentas’, deberán enviar a través del buzón tributario conforme a la siguiente periodicidad:

"I. El catálogo de cuentas como se establece en la regla I.2.8.6., fracción I o segundo párrafo, según corresponda, por única vez en el primer envío y cada vez que dicho catálogo sea modificado.

"II. De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan los datos, los archivos relativos a la regla I.2.8.6., fracción II o segundo párrafo, según corresponda, conforme a lo siguiente:

Ver tabla 1

"III. El archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyen los ajustes para efectos fiscales:

Ver tabla 2

"En caso de que los archivos contengan errores informáticos, se enviará por parte de la autoridad un aviso a través del buzón tributario para que, dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del referido aviso, el contribuyente corrija dicha situación y los envíe. En caso de no enviar los archivos corregidos dentro del citado plazo, se tendrán por no presentados.

"En caso de que el contribuyente modifique posteriormente los archivos ya enviados, se efectuará la sustitución de éstos, a través del envío de los nuevos archivos, lo cual se deberá realizar dentro de los 3 días hábiles posteriores a cuando tenga lugar la modificación de la información por parte del contribuyente.

"Los contribuyentes que se encuentren en zonas donde no puedan acceder a los servicios de internet, o bien, en el caso de que el tamaño del archivo no permita enviarlo por este medio, los contribuyentes entregarán la información a que se refiere la presente regla en la ALSC adscrita a la circunscripción territorial de su domicilio fiscal, a través de medios electrónicos tales como discos compactos, DVD o memorias flash, en los plazos señalados anteriormente.

"RMF 2014 I.2.8.6."

Dicha regla establece el cumplimiento de la disposición de entregar la contabilidad en medios electrónicos de manera mensual, y señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción IV, del código tributario federal, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, excepto aquellos que registren sus operaciones en la herramienta electrónica "mis cuentas", deberán enviar, a través del buzón tributario, la siguiente información: a) El catálogo de cuentas, como se establece en la regla I.2.8.6., fracción I o segundo párrafo, por única vez en el primer envío y cada vez que dicho catálogo sea modificado; b) De forma mensual, en el mes inmediato posterior al que correspondan los datos, los archivos relativos a la regla I.2.8.6., fracción II o segundo párrafo. Lo que deberá enviarse a más tardar el día veinticinco del mes inmediato posterior, para personas morales; y, c) El archivo correspondiente a la información del cierre del ejercicio, en la que se incluyan los ajustes para efectos fiscales, el cual deberá enviarse a más tardar el veinte de abril del ejercicio inmediato posterior, para personas morales.

Además, en la regla mencionada se establece que en caso de que los archivos contengan errores informáticos, se enviará por parte de la autoridad un aviso a través del buzón tributario, para que dentro del plazo de tres días hábiles el contribuyente los corrija y envíe nuevamente; de no hacerlo, se tendrán por no presentados los archivos.

Ahora, en la iniciativa del Ejecutivo Federal del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicada en la Gaceta Parlamentaria el ocho de septiembre de dos mil trece, número 3857-C, se expuso, en relación con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, lo siguiente:

"Código Fiscal de la Federación

"El grado de cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias está relacionado, en gran medida, con el conocimiento de sus responsabilidades fiscales y con la facilidad para cumplirlas. De acuerdo con datos del estudio Doing Business que publica el Banco Mundial, México se ubica en el lugar 107 en cuanto a la facilidad que tienen los contribuyentes para pagar sus contribuciones, y en el 155 en relación con el tiempo que invierten en el cumplimiento de sus obligaciones; lo anterior, de una lista de 183 países analizados, lo que incide negativamente en la decisión de contribuir para el gasto público.

"El crecimiento de la economía informal, por otra parte, es un incentivo negativo para que el contribuyente cumpla de manera espontánea con su deber de tributar, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al primer trimestre de 2013, el 59% de la población ocupada obtiene sus ingresos del sector informal, lo que propicia en el contribuyente legal la decisión de evadir impuestos, al percibir que las actividades que compiten con la suya se desarrollan en un marco de incumplimiento.

"La administración tributaria en nuestro país, en el contexto descrito, tiene el reto de crear mecanismos accesibles, de bajo costo, que simplifiquen el pago de impuestos al tiempo que permitan captar a nuevos contribuyentes y asegurar la plena integración de éstos al ciclo tributario.

"Es así que en la presente iniciativa se propone introducir nuevos procedimientos simplificados, que estimulen la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

"Por otra parte, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, se otorgan facilidades para que los contribuyentes se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes a través de internet, y se establece la figura del buzón tributario, a través del cual los contribuyentes podrán interactuar e intercambiar en tiempo real información, notificaciones, datos y toda clase de documentos con la autoridad fiscal, vía electrónica, con el consecuente incremento de la eficacia en sus gestiones, así como ahorro de tiempo y dinero.

"Asimismo, la presente propuesta aclara la forma en que los contribuyentes integrarán la contabilidad a través de medios electrónicos, y establece la obligación de sustentar en comprobantes fiscales digitales por Internet las erogaciones que se pretendan deducir, precisando también la forma en que pondrán a disposición de sus clientes los comprobantes que emitan.

"Por lo anterior, las reformas, adiciones y derogaciones al Código Fiscal de la Federación que se presentan consisten, esencialmente, en aclarar el sentido de las disposiciones fiscales con el fin de dotar a la autoridad de un marco legal que le permita disminuir la complejidad y los tecnicismos.

"...

"Buzón tributario

"El sistema tributario mexicano debe avanzar en la simplificación administrativa con base en una filosofía de servicio que evite el excesivo formalismo, pero que a su vez fomente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, mediante el aprovechamiento de la tecnología.

"En los procedimientos operativos del Servicio de Administración Tributaria existe una gran cantidad de trámites que los contribuyentes realizan de forma presencial, lo que representa inversión de tiempo y dinero. Por ejemplo, el 26.2% de las operaciones relativas a presentación de declaraciones anuales, pagos, avisos y correcciones se realiza en papel o a través de ventanilla. Si bien este porcentaje es inferior al promedio de la OCDE, que es superior a 30%, de acuerdo con el documento Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series 2013, se considera que se puede avanzar sustancialmente en este aspecto.

"Por otra parte, es preciso tener en cuenta que de acuerdo con cuantificaciones del Servicio de Administración Tributaria, el proceso de notificación personal tiene un costo de 259 pesos por diligencia, con una eficiencia del 81%, y requiere de 5 a 30 días a partir de la generación del documento para concluir el proceso de notificación. Por ello, utilizar los medios electrónicos y digitales para los trámites permitirá disminuir, además de los tiempos y costos, los vicios de forma que actualmente existen, pues se realizarían de manera inmediata.

"En ese contexto, se propone la creación de un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario, sin costo para los contribuyentes y de fácil acceso, que permitirá la comunicación entre éstos y las autoridades fiscales. En dicho sistema se notificarán al contribuyente diversos documentos y actos administrativos; asimismo, le permitirá presentar promociones, solicitudes, avisos, o dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad, por medio de documentos electrónicos o digitalizados, e incluso para realizar consultas sobre su situación fiscal y recurrir actos de autoridad, lo cual facilitará el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y redundará en beneficio del contribuyente.

"Para ingresar al buzón tributario se prevé que los contribuyentes utilicen su firma electrónica avanzada, con lo cual se garantizará la inalterabilidad, autoría, autenticidad y seguridad de todos los documentos, promociones y actuaciones que se ingresen al sistema, además de que no requerirán realizar trámite alguno, toda vez que ya cuentan con la referida firma electrónica.

"A efecto de lograr los objetivos del uso del buzón tributario, se propone establecer como obligación expresa de los contribuyentes, ingresar a dicho buzón para notificarse de los actos y trámites de la autoridad. El sistema generará un a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25677-39e79c00/suspension-en-el-amparo-cuando-se-reclamen-disposiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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