SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.
QUEJA 183/2014. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: ENRIQUE SERANO PEDROZA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Análisis de la suspensión.
En el análisis de la suspensión deben abordarse de forma escalonada los siguientes temas:
i) Los requisitos de procedencia de la suspensión que, en su conjunto, determinarán si la medida cautelar debe concederse;
ii) Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben o no hacer en cumplimiento de la medida cautelar;
iii) Las acciones o garantías que, en su caso, se le requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y,
iv) Las previsiones que se tomen para evitar el abuso de la suspensión.
A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar.
De acuerdo con la regulación constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse de forma estratificada, son los siguientes:
1. Petición de parte.
La Ley de Amparo indica en su artículo 128,(11) que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso.
En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido.
2. La existencia del acto reclamado.
El referido artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende, como presupuesto lógico, que debe existir un acto reclamado, esto es, un acto jurídico de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso.
La suspensión a petición de parte da origen a la suspensión provisional y a la definitiva.
Tratándose de la suspensión provisional, el acto reclamado se presume existente con base en las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, formulen los promoventes del amparo.
Sin embargo, puede ocurrir que esas manifestaciones sean insuficientes o, incluso, desvirtúen la existencia del acto, hipótesis bajo la cual resulta inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) pues ya no puede partirse del supuesto de que la totalidad de los actos son ciertos, cuando el propio quejoso así lo expone en los hechos de la demanda.
En cambio, para decidir sobre la suspensión definitiva, la existencia del acto ya no sólo debe tomar en cuenta las manifestaciones de la demanda, sino el contenido del informe previo, para establecer si existe litis respecto de la existencia del acto y, en su caso, las cargas probatorias resultantes y el análisis de las mismas.
En consecuencia, para la procedencia de la suspensión provisional se requiere de la presunción de existencia del acto reclamado, con base en las manifestaciones o afirmaciones que formule el promovente del amparo.
3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse.
El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que deriva la obligación de verificar si tal acto es susceptible de suspenderse.
Para lo anterior debe tomarse en cuenta la clasificación que de los actos reclamados ha formulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etcétera), así como la determinación sobre si resultan susceptibles de admitir suspensión.
En el caso de actos consumados, debe entenderse que son aquellos cuyos efectos se han materializado en su totalidad; ello porque sólo se consuman cuando se agotan sus efectos o su ejecución.(13)
Es decir, no pueden estimarse consumados los actos reclamados si tienen efectos o consecuencias susceptibles de paralizarse, pues es indudable que si se aceptara el criterio contrario, todas las resoluciones que se reclamaran en vía de amparo, por el solo hecho de dictarse, debían estimarse como actos consumados, lo que impediría en todos los casos obtener la suspensión, pues en realidad lo que se reclama son las consecuencias o efectos que producen esos acuerdos.(14)
4. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o legítimo.
Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo,(15) el quejoso debe contar con: i) interés jurídico o interés legítimo, y ii) resentir una afectación en cualquiera de ellos; además, debe acreditar dicho elemento.
Esto es, para efectos de la suspensión provisional, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido, por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación.
En cambio, cuando se trate de la suspensión definitiva, para la comprobación del interés jurídico o legítimo, así como de su afectación, se exigirá un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables, conforme a los cuales corresponderá al quejoso, en su caso, desvirtuar o no su contenido, mediante elementos probatorios que la ley permite ofrecer en la sustanciación del incidente de suspensión.
5. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho.
El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo señala como requisitos de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
El diverso numeral 129 señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará una afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos, distintos de los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social.
Sobre la apariencia del buen derecho, jurisprudencialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis P./J. 15/96,(16) que se trata de un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; esto es, tratándose de la suspensión del acto reclamado, dicho requisito implica que para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el fondo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.
De esta forma, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que pudiera verse afectado de otorgarse la medida cautelar.
Sirve de apoyo a todo lo expuesto, la tesis sustentada por este tribunal de amparo, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 a 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consiste en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal."(17)
Resta enfatizar que los requisitos anteriores deben estudiarse en el orden expuesto, pues atienden a una prelación lógica y a un sentido práctico. De tal forma que, al avanzar en el análisis, si se advierte la falta de algún requisito, debe terminarse el examen del caso y declararse la improcedencia de la suspensión.
Sentado lo anterior, enseguida se analizará la procedencia de la suspensión provisional en el caso que nos ocupa, y el correspondiente análisis de los agravios que la recurrente hace valer y que se sintetizan en lo siguiente:
Aduce el recurrente que es procedente la suspensión solicitada respecto de las consecuencias y efectos de las disposiciones reclamadas que imponen obligaciones de carácter continuado en la captura electrónica de los registros y asientos contables en términos, modalidades y condiciones que ahí se regulan, en forma mensual. Agrega que aún no ha ingresado su información contable vía electrónica.
En consecuencia, la medida solicitada es de tracto sucesivo, esto es, de carácter continuo y, por ende, no es materia de consumarse debido a esa cualidad.
Destaca el recurrente que con el otorgamiento de la suspensión no se contravienen el orden público ni el interés social, porque el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que otorgar la suspensión no implica impedimento para el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, ni que se dejen de efectuar los registros y asientos contables conforme a las normas de información financiera, porque lo único que se solicita es que dichas obligaciones no se realicen a través de medios electrónicos, conforme a las disposiciones administrativas emitidas, lo que no afecta al Estado, quien tiene en todo momento la facultad de revisar la situación fiscal del quejoso, así como su contabilidad.
Aduce que no está solicitando la suspensión de las facultades de comprobación de la autoridad fiscalizadora, ni la implementación del buzón tributario como una forma de notificación de la autoridad fiscal, ni mucho menos la implantación de medidas tecnológicas que eficienten la forma de llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos XML, sino únicamente que se le obligue a remitir toda su información electrónicamente.
Continúa diciendo que no se surte ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 129 de la Ley de Amparo, es decir, de otorgarse la medida no se contravienen ni el interés social ni ninguna disposición de orden público.
Alega que este otorgamiento tampoco implica pronunciamiento de fondo del asunto, porque se seguirán cumpliendo las disposiciones correspondientes; además, tampoco se excluye o desincorpora la obligación constitucional tributaria de contribuir al gasto público, porque la contabilidad se llevará en la forma y términos en que se venía realizando, con la excepción de que el registro electrónico se remita a la autoridad como lo exigen los numerales que se controvierten.
Son parcialmente fundados los agravios propuestos por el recurrente, porque contrario a lo que estimó el Juez Federal, es procedente otorgar la suspensión provisional únicamente respecto de los efectos y consecuencias de las normas reclamadas en el juicio de amparo indirecto.
Lo anterior, porque no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social con dicha medida cautelar, como se explica a continuación:
1. Petición de parte.
El requisito de petición de parte se encuentra cumplido, pues en la demanda de amparo se solicitó expresamente el otorgamiento de la suspensión respecto de los efectos de los actos reclamados.
Esencialmente argumentó la sociedad quejosa, que era procedente la medida solicitada, porque de ejecutarse el acto reclamado se ocasionarían perjuicios de difícil reparación que no serán restituibles con una sentencia concesoria de amparo.
Así, explicó que la contabilidad sólo refleja la situación financiera de la entidad económica y no aspectos fiscales, en tanto que el contenido tributario se genera mediante la aplicación de las leyes fiscales correspondientes, por lo que las obligaciones que se generan con la aplicación de las normas controvertidas afectan la situación de la quejosa, porque otorgan a la autoridad fiscal la facultad de realizar preliquidaciones de contribuciones mediante un procedimiento expedito, en términos de los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación.
En esta virtud, sostuvo la recurrente, se cumplen los requisitos para que se decrete la suspensión provisional, porque se solicita a petición de parte y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.
Además, no se impide el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sino únicamente una obligación que le imponen los preceptos impugnados a través de medios electrónicos.
2. La certeza de los actos reclamados.
Para efectos de la suspensión provisional, deben considerarse ciertos los actos reclamados, porque se controvierten con base en las manifestaciones expuestas bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, en las que se aseveró:
a) Que el cinco de julio de dos mil catorce entraron en vigor las porciones normativas reclamadas, de conformidad con el artículo segundo transitorio, fracción III, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en relación con el artículo primero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el citado órgano de difusión oficial el cuatro de julio de dos mil catorce.
b) Que realiza la impugnación de las normas y disposiciones administrativas en su carácter de autoaplicativas, esto es, dentro del plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor.
Las aludidas manifestaciones de la persona moral quejosa son suficientes para acreditar la certeza de los actos reclamados, porque se trata de normas generales, para efectos de la suspensión provisional, con apoyo, además, en la jurisprudencia 2a./J. 5/93,(18) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo."
3. Que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos.
El Juez de Distrito atendió a los efectos de los actos reclamados, para determinar que efectivamente eran suspendibles.
En este sentido, la suspensión debe regirse por el contenido del artículo 148 de la Ley de Amparo, que a la letra establece:
"Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.
"En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación."
De la intelección de este precepto se advierten dos aspectos sustanciales en la suspensión, tratándose de juicios de amparo en los que se cuestione la constitucionalidad de un precepto:
a) Tratándose de leyes autoaplicativas, sin que se señale un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso.
b) En el caso de leyes heteroaplicativas, controvertidas con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión además de lo expresado para normas autoaplicativas se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación.
El común denominador de los efectos de la suspensión en el caso del juicio de amparo contra leyes, es que debe protegerse, a través de la suspensión, que la norma reclamada no produzca efectos que lesionen la esfera jurídica del quejoso.
Para ilustrar lo anterior, cobra aplicación en el caso, la tesis de este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente:
"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará ‘para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso’, lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello, deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión."(19)
Ahora bien, el Juez Federal sostuvo que debía negarse la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, sanción, no ejercicio del derecho de veto, refrendo, firma, publicación y aplicación del decreto y resolución miscelánea reclamados, porque tienen el carácter de actos consumados; sin embargo, la quejosa no solicitó la suspensión de dichos actos sino de sus efectos y consecuencias, como además se reconoce en el acuerdo impugnado, por lo que es este aspecto el que debe atenderse por este tribunal de amparo.
Así, en relación con los efectos y consecuencias del decreto y resolución reclamados, debe distinguirse cuáles son éstos para definir si son susceptibles de ser suspendidos; para ello, conviene considerar que los artículos 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8. y el artículo décimo tercero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea fiscal para dos mil cuatro, establecen esencialmente las siguientes obligaciones:
- Llevar la contabilidad en sistemas informáticos con la capacidad de generar archivos en formato XML, que contengan la documentación a que se refiere la regla I.2.8.6., fracciones I, II y III y de ingresarla en el buzón tributario con la periodicidad establecida en la diversa regla I.2.8.7., fracciones I, II y III.
- La época en que se enviará la contabilidad por medios electrónicos, que contenga la documentación precisada en la regla I.2.8.6.
- Entregar a la autoridad fiscalizadora el archivo electrónico que contenga la información precisada en la regla I.2.8.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción de la entrega de la información establecida en la misma regla, pero en sus fracciones I y II o párrafo segundo, cuando se le requiera la información contable sobre sus pólizas dentro del ejercicio de facultades de comprobación a que se refieren los artículos 22, párrafo noveno y 42, fracciones II, III, IV o IX del Código Fiscal de la Federación, o bien, se solicite como requisito en la presentación de solicitudes de devolución o compensación de saldos a favor.
De ahí que si la parte quejosa solicitó la concesión de la medida cautelar a fin de impedir los efectos y consecuencias de las normas tildadas de inconstitucionales en su esfera jurídica, es inconcuso que sólo aquélla implica el cumplimiento de la obligación formal que por su carácter de contribuyente le imponen las normas reclamadas.
Por ello, los efectos y consecuencias cuya suspensión se pide implican acciones susceptibles de ser suspendidas.
4. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo.
La parte quejosa prueba interés suspensional con la cédula de identificación fiscal, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se desprende su calidad de contribuyente.
Además, se pondera en términos del artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que la actuación de la parte quejosa se presume de buena fe, y la necesidad de que la autoridad respete el derecho fundamental de seguridad jurídica de los gobernados, que implica que conozcan cuándo se ejercen las facultades de comprobación.
5. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho.
En términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. El artículo constitucional antes referido indica:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. ..."
El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo establece que para la procedencia de la suspensión, no deben contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse al interés social con su concesión, como se advierte de la siguiente transcripción:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: ... II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. ..."
En relación con los conceptos de orden público e interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, en la tesis de jurisprudencia 522 que, en principio, la estimación del orden público corresponde al legislador al dictar una ley, pero que dicha estimación no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar su existencia en los casos concretos que le sean sometidos para su fallo, lo que revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Dicha tesis a la letra dice:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría."(20)
La función de establecer cuándo se afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público corresponde, en principio, al legislador al emitir la ley, pero dicha función no es ajena a la función del juzgador, ya que éste, al aplicar la norma, deberá analizar si se actualiza o no la afectación al orden público o al interés social atendiendo a las circunstancias especiales del caso, apoyándose en su prudente arbitrio, sano juicio y, desde luego, en los elementos de prueba que sean aportados por las partes e, incluso, en los que con la concesión de la suspensión el perjuicio a dicho interés social es evidente y manifiesto, en cuyo caso los elementos de prueba son innecesarios, con la finalidad de determinar si se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Lo que se corrobora con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 52/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:
"ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada." (Tesis de jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Supr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25414-424956c3/suspension-en-el-amparo-sus-efectos-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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