SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LA REGLA 3.9.16 DE LA PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 15 DE MAYO DE 2017, PORQUE DE OTORGARSE SE SEGUIRÍA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SE CONTRAVENDRÍAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO Y EL DÉCIMO NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VEINTIÚN VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZON SEVILLA, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, SERGIO URZÚA HERNÁNDEZ, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JOSÉ EDUARDO ALVARADO RAMÍREZ, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA. PONENTE: GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA. SECRETARIO: ALEJANDRO MURIEL REYES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y el quince de diciembre de dos mil quince, por suscitarse una probable contradicción, entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por el Magistrado presidente del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien está facultado para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito a que pertenecen.
TERCERO.—Como primer punto, se examinará si es existente la contradicción de criterios denunciada.
Para tal efecto, es útil informar el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuyo contenido es:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como la diversa 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 122, cuyos rubro y texto son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Como se observa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para estimar existente una contradicción de tesis, es necesario que los órganos judiciales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes, sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que los aspectos fácticos que lo rodean no sean exactamente iguales, es decir, que emitan diversas soluciones a una problemática jurídica semejante mediante un determinado ejercicio interpretativo.
A fin de resolver si existe contradicción, es conveniente informar, respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
1. Criterios del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
A) Al resolver el incidente en revisión RA. (I) 404/2017, interpuesto por la parte quejosa, en sesión de once de enero de dos mil dieciocho, dicho órgano jurisdiccional confirmó la interlocutoria de doce de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 968/2017, y negó la suspensión definitiva.
Para llegar a esa conclusión, el tribunal explicó:
"...
"El agravio anterior es, en esencia fundado pero insuficiente, para revocar la resolución interlocutoria recurrida y conceder la suspensión, con base en lo que se expone a continuación.
"Es así, porque es cierto que la Juez de Distrito determinó negar la suspensión de la obligación contenida en el acto reclamado, por considerar que la declaración local de partes relacionadas a que están obligadas las quejosas, era importante para que la autoridad hacendaria verificara si se contribuyó al gasto público y que de no presentarse, además de incumplir con las disposiciones legales en materia fiscal, se afectaría el interés general, esto es, la recaudación de recursos financieros, pues la autoridad hacendaria, no estaría en posibilidad de verificar las contribuciones al gasto público.
"Aunado a lo anterior, también es cierto que la Juez, no hizo referencia a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el amparo en revisión 782/2016, en el que se determinó que la obligación de mérito, era de carácter formal y que ésta no trascendía al número de la obligación del impuesto sobre la renta, además, de que no entrañaba el ejercicio de facultades de comprobación, porque no tendían a desarrollar un procedimiento de investigación relacionado con la situación fiscal del contribuyente.
"Hasta este punto, podría considerarse que le asiste la razón a las recurrentes, porque es evidente que la Juez del conocimiento, no tomó en cuenta los tópicos referidos al negar la suspensión de su obligación en términos de la regla reclamada, sin embargo, de la resolución reclamada, se puede advertir, que no se limitó a negar la suspensión bajo el argumento que las declaraciones eran trascendentes para el pago del tributo, sino que su argumento toral, giró en torno a la exposición de motivos que hizo el legislador en relación con el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"En específico, atendió al compromiso que asumió el Estado Mexicano ante la OCDE, para poner en práctica en su legislación los acuerdos internacionales en materia de cooperación para el intercambio de información y coordinación de esfuerzos en el ámbito fiscal, lo que se traduce en el establecimiento de medidas, contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios para evitar prácticas fiscales elusivas y facilitar a la autoridad hacendaria la información necesaria para su identificación, a fin de que pueda actuar ante actos de elusión y evasión fiscal.
"Además concluyó, que no procedía conceder la suspensión solicitada, porque de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la medida establecida tenía como fin combatir la evasión y elusión fiscal.
"Aunado a lo anterior, no resulta contrario al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Juez de Distrito considerara que de concederse la medida solicitada, se perjudicaría la recaudación de recursos financieros y que determinara importante la presentación de las declaraciones de información para que la autoridad hacendaria verificara si se contribuyó al gasto público, por las siguientes razones:
"La regla 3.9.16 reclamada, en esencia establece que la información contenida en la Declaración Anual Informativa Local de partes relacionadas a la que están obligadas a presentar las quejosas, comprende la descripción de:
"• Estructura administrativa y organizacional;
"• Actividades y estrategias de negocio;
"• Cadena de valor del grupo al que pertenece;
"• Lista de sus competidores;
"• Operaciones;
"• Políticas de precios;
"• Estrategias de desarrollo, mejora y mantenimiento, protección y explotación de intangibles;
"• Contratos celebrados;
"• Análisis de las funciones y riesgos asumidos;
"• Métodos de precios de transferencia;
"• Uso de información financiera para la selección de empresas comparables;
"• Estados financieros individuales y consolidados; y,
"• Estados fiscales de las partes relacionadas extranjeras y de las empresas comparables.
"De lo reseñado, se obtiene que la información solicitada mediante la regla que deriva de la fracción II del artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, está vinculada con la recaudación de contribuciones al gasto público, por parte del Estado, como lo estableció la Juez, se considera así, porque con la información en comento, la autoridad hacendaria, está en posibilidad de verificar si las empresas están contribuyendo con los tributos en el país que les genera riqueza o si existen prácticas elusivas que contravengan el principio de plena competencia, y, en caso de se dieran estas últimas, podría ejercer su facultad de comprobación.
"Luego, si la presentación de la información referida, incide directamente en la recaudación de recursos financieros por parte de la autoridad hacendaria y su no presentación obstaculiza, el ingreso de esos recursos para el sustento de diversos servicios públicos, entonces, resulta inconcuso que la suspensión de la obligación, no solamente incumple con los ordenamientos de orden público sino que afectan el interés general de los gobernados, como lo estableció la Juez de Distrito.
"Pues el interés general que se persigue con la recaudación de recursos financieros, es la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar común de la sociedad, por tal razón el Estado impuso mecanismos efectivos para lograr que todos los ingresos a que tiene derecho sean percibidos en su integridad y así logre hacer frente a esas necesidades colectivas para alcanzar las condiciones esenciales para el desarrollo de la sociedad.
"De ahí que, si se concediera la suspensión para que no se cumpla con la obligación de presentar la información que establece la regla reclamada, se restringiría la posibilidad de la autoridad hacendaria de conocer las operaciones de las quejosas con partes relacionadas (referido a la participación, de manera directa o indirecta, que tiene una persona en relación con la administración, control o capital de otra) y la información financiera de las contribuyentes obligadas como de las operaciones o empresas utilizadas como comparables, lo que, obstaculizaría su facultad revisora para verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias y advertir la probable comisión de delitos fiscales; lo que, trasciende al interés social y el orden público.
"En este punto, cabe aclarar, que si bien la remisión de datos relacionados a operaciones entre partes relacionadas, no entraña el ejercicio de las facultades de comprobación, como lo argumentaron las recurrentes; sin embargo, como se ha puesto de manifiesto, es un medio para que la autoridad hacendaria pueda ejercer sus atribuciones, manteniendo la vigilancia y monitoreo en sectores estratégicos, asegurándose así que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo.
"Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 46/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 590 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas», de título y subtítulo siguientes:
"‘DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –a la cual México se adhirió el 18 de mayo de 1994–, tiene como misión promover políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, por lo que se ha interesado en la cooperación y asistencia mutua. Por ello, sus Estados miembros celebraron con los del Consejo de Europa, la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Estrasburgo, 25 de enero de 1988), con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar la obtención y el intercambio de información bajo altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales, ante la necesidad de dotar a las administraciones tributarias de medios adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, la OCDE y los países miembros del G20 (principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes como la mexicana), decidieron aplicar el plan de acción contra la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios (o plan de acción BEPS por sus siglas en inglés –base erotion and profit shifting–), cuyo objetivo es asegurar que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo. La acción 13 de dicho plan prevé una serie de recomendaciones y modelos estandarizados en materia de precios de transferencia (archivo maestro, archivo local e informe país por país), a fin de aumentar y fortalecer la transparencia ante las administraciones tributarias, de modo que puedan desarrollar una evaluación de riesgos eficiente y robusta que permita enfrentar de manera eficaz la erosión de la base gravable y el traslado de utilidades a otras jurisdicciones de baja o nula imposición. De lo anterior se advierte que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015, en el cual se establece la obligación de proporcionar a las autoridades fiscales las declaraciones anuales informativas de partes relacionadas (maestra, local y país por país), responde –entre otras razones– al compromiso de México como miembro de la OCDE e integrante del G20, de participar y poner en práctica en su legislación interna los acuerdos alcanzados a nivel internacional, a efecto de identificar prácticas y estrategias fiscales de empresas multinacionales, permitiendo que la autoridad hacendaria actúe, de ser el caso, anticipadamente a actos de elusión y evasión fiscal.’
"Por tanto, si la obligación contenida en la regla reclamada es un medio para evitar la elusión y evasión fiscal, que hace más eficiente la recaudación de recursos financieros por parte del Estado y dota de un mayor control en el ejercicio de la potestad revisora a la autoridad hacendaria para que pueda actuar oportunamente ante las prácticas y estrategias fiscales de las empresas multinacionales; entonces, resulta trascendente la declaración de esa información y suspender la obligación de presentarla, causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; de ahí que sea apegado a derecho lo resuelto por la Juez de Distrito, al negar la suspensión solicitada. ..."
B) Asimismo, el referido Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el incidente en revisión RA. (I) 82/2018 interpuesto por la parte quejosa en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 831/2017 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciocho, confirmó la interlocutoria recurrida y negó la suspensión definitiva.
Para sustentar su determinación, explicó:
"...
"El Juez de Distrito negó la suspensión con base en la apreciación plasmada en el considerando sexto de la interlocutoria recurrida, en el sentido de que no se satisfacía el requisito previsto en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, porque en caso de otorgarla se contravendría el orden público y el interés social, ya que la regla reclamada tiende a evitar fenómenos de elusión fiscal en que pueden incurrir los contribuyentes que forman parte de grupos multinacionales.
"Lo anterior, señaló, porque la medida regulada por su conducto, consistente en la presentación de declaraciones informativas de partes relacionadas, se edificó para procurar que no se extraigan indebidamente las utilidades generadas por las actividades de dichos contribuyentes en el país, mediante estrategias de planeación fiscal; por lo que se trataba de una medida de control para prevenir y desalentar acciones de erosión de la base tributaria y, así, propiciar que los sujetos del impuesto sobre la renta paguen lo que realmente deben pagar.
"Refirió que dicha información puede servir de base para determinar si se da inicio al ejercicio de facultades de comprobación, así como para fomentar la transparencia de las administraciones tributarias y el intercambio de información intergubernamental para optimizar el proceso fiscalizador a nivel internacional.
"Indicó que, además, se daría a la autoridad fiscal una visión general de alto nivel sobre las actividades y políticas mundiales de las empresas transnacionales, con miras a evitar subsidios cruzados y, así, favorecer la libre competencia.
"Como se ve, el Juez Federal no dijo que la presentación de las declaraciones informativas de partes relacionadas resultara trascendente para la determinación del pago del tributo ni que el otorgamiento de la medida cautelar permitiera al contribuyente incumplir sus obligaciones fiscales, como inexactamente señala la recurrente, sino que destacó que la regla reclamada tiende a evitar fenómenos de elusión fiscal en que pueden incurrir los contribuyentes que forman parte de grupos multinacionales, así como al intercambio de información intergubernamental para optimizar el proceso fiscalizador a nivel internacional.
"De ahí que el agravio en estudio resulta inoperante, porque se dirige contra un pronunciamiento ajeno a la interlocutoria recurrida; sobre lo cual es aplicable la jurisprudencia «3a./J.» 16/91, visible en la página veinticuatro, Tomo VII, abril de 1991, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA.—Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja.’
"Además, dicho motivo relacionado con la elusión fiscal expuesto por el Juez Federal es correcto, en atención a lo siguiente:
"La regla reclamada, en esencia, establece que la información contenida en la declaración anual informativa local de partes relacionadas a que están obligados los contribuyentes que pertenecen a grupos multinacionales en términos del artículo 76-A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, comprende la descripción de:
"- Estructura administrativa y organizacional;
"- Actividades y estrategias de negocio;
"- Cadena de valor del grupo al que pertenece;
"- Lista de sus competidores;
"- Operaciones;
"- Políticas de precios;
"- Estrategias de desarrollo, mejora y mantenimiento, protección y explotación de intangibles;
"- Contratos celebrados;
"- Análisis de las funciones y riesgos asumidos;
"- Métodos de precios de transferencia;
"- Uso de información financiera para la selección de empresas comparables;
"- Estados financieros individuales y consolidados; y,
"Estados fiscales de las partes relacionadas extranjeras y de las empresas comparables.
"De lo reseñado se obtiene que la información de que se trata está vinculada con la recaudación de contribuciones al gasto público por parte del Estado, porque con la información en comento la autoridad hacendaria está en posibilidad de verificar si las empresas están contribuyendo con los tributos en el país que les genera riqueza o si existen prácticas elusivas que contravengan el principio de plena competencia y, en caso de se dieran estas últimas, podría ejercer su facultad de comprobación.
"Luego, si la presentación de la información referida incide directamente, en la recaudación de recursos financieros por parte de la autoridad hacendaria y su no presentación obstaculiza el ingreso de esos recursos para el sustento de diversos servicios públicos, entonces, resulta inconcuso que la suspensión de la obligación no solamente incumple con los ordenamientos de orden público, sino que afectan el interés general de los gobernados, como lo estableció el Juez de Distrito.
"Pues el interés general que se persigue con la recaudación de recursos financieros, es la satisfacción de necesidades colectivas y el bienestar común de la sociedad, por tal razón el Estado impuso mecanismos efectivos para lograr que todos los ingresos a que tiene derecho sean percibidos en su integridad y así logre hacer frente a esas necesidades colectivas para alcanzar las condiciones esenciales para el desarrollo de la sociedad.
"De ahí que, si se concediera la suspensión para que no se cumpla con la obligación de presentar la información que establece la regla reclamada, se restringiría la posibilidad de la autoridad hacendaria de conocer las operaciones de las quejosas, con partes relacionadas (referido a la participación, de manera directa o indirecta, que tiene una persona en relación con la administración, control o capital de otra) y la información financiera de los contribuyentes obligados, así como de las operaciones o empresas utilizadas como comparables, lo que obstaculizaría su facultad revisora para verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias y advertir la probable comisión de delitos fiscales; lo que, trasciende al interés social y el orden público.
"En este punto, cabe aclarar que si bien la remisión de datos relacionados a operaciones entre partes relacionadas, no entraña el ejercicio de las facultades de comprobación, como lo argumentó la recurrente; sin embargo, como se ha puesto de manifiesto, es un medio para que la autoridad hacendaria pueda ejercer sus atribuciones, manteniendo la vigilancia y monitoreo en sectores estratégicos, asegurándose así que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo.
"Orienta a lo anterior, la jurisprudencia «2a./J.» 46/2017 «(10a.)», visible en la página quinientos noventa, Libro 42, Tomo I, mayo de 2017, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –a la cual México se adhirió el 18 de mayo de 1994–, tiene como misión promover políticas para mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, por lo que se ha interesado en la cooperación y asistencia mutua. Por ello, sus Estados miembros celebraron con los del Consejo de Europa, la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Estrasburgo, 25 de enero de 1988), con la finalidad, entre otros aspectos, de mejorar la obtención y el intercambio de información bajo altos estándares de confidencialidad y protección de datos personales, ante la necesidad de dotar a las administraciones tributarias de medios adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Asimismo, la OCDE y los países miembros del G20 (principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las 20 economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes como la mexicana), decidieron aplicar el plan de acción contra la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios (o plan de acción BEPS por sus siglas en inglés –base erotion and profit shifting–), cuyo objetivo es asegurar que los grupos empresariales tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que les producen beneficios y en donde se genera el ingreso respectivo. La acción 13 de dicho Plan prevé una serie de recomendaciones y modelos estandarizados en materia de precios de transferencia (archivo maestro, archivo local e informe país por país), a fin de aumentar y fortalecer la transparencia ante las administraciones tributarias,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28602-622897a2/suspension-en-el-juicio-de-amparo-no-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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