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DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, PREVÉ UNA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FORMAL, QUE NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA NI ENTRAÑA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A, ÚLTIMO PÁRRAFO (PRIMERA PARTE), DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, AL PREVER UNA CLÁUSULA HABILITANTE NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN RESGUARDO Y CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES. DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1000/2016. · Registro digital (IUS): 27093
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-05-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Pág. 492.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, POR SÍ MISMO NO DA LUGAR A UN ACTUAR ARBITRARIO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, PREVÉ UNA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FORMAL, QUE NO CONSTITUYE UN ACTO DE MOLESTIA NI ENTRAÑA EL EJERCICIO DE FACULTADES DE COMPROBACIÓN.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A, ÚLTIMO PÁRRAFO (PRIMERA PARTE), DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, AL PREVER UNA CLÁUSULA HABILITANTE NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, ATIENDE A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO MEXICANO.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. LAS AUTORIDADES FISCALES Y SU PERSONAL DEBEN MANTENER EN RESGUARDO Y CONFIDENCIALIDAD LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. A LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO LE SON APLICABLES LAS REGLAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES.

DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL ARTÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA.

AMPARO EN REVISIÓN 1000/2016. 8 DE FEBRERO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS EMITIÓ SU VOTO EN CONTRA DE CONSIDERACIONES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 81, fracción I, inciso e), de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en relación con el punto segundo, fracción III, del diverso Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se promueve contra una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa.

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. No es el caso de analizar la oportunidad, ni la legitimación de los recursos de revisión interpuestos, toda vez que de ese aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.

TERCERO.-Cuestiones necesarias para resolver. En este apartado se sintetizarán los conceptos de violación, los razonamientos de la sentencia recurrida, los agravios formulados en su contra, los argumentos en la revisión adhesiva, así como las consideraciones del Tribunal Colegiado del conocimiento y que remitió el asunto a este Alto Tribunal.

Conceptos de violación. La parte quejosa sostuvo como conceptos de violación, en esencia, los argumentos siguientes:

• Primero (violación a los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad tributaria y reserva de ley): Las quejosas aducen que el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, al obligar a los contribuyentes a presentar información respecto de la cual, no se tiene la facultad o posibilidad jurídica o material de exigir (de sus partes relacionadas), no obstante la existencia de una gestión, administración y personalidad jurídica independiente entre ellas, sujetando el cumplimiento de una al de otra -habida cuenta que la casa matriz no necesariamente tiene el control e injerencia para requerir y obtener la información de sus subsidiarias (por virtud del porcentaje, tipo o clase de acciones que se detenten)-; todo lo cual, lo torna una medida desproporcional, en relación con el fin perseguido por el legislador.

Manifiestan que la disposición aludida transgrede, además, el principio de reserva de ley, toda vez que permite que el Servicio de Administración Tributaria determine la información adicional que se debe proporcionar a las autoridades fiscales, porque se le da la pauta a que dicha autoridad aborde materias reservadas a las leyes del Congreso de la Unión o a que vaya más allá de lo previsto en el propio artículo; al margen de que todo ello deja a los sujetos obligados en total incertidumbre respecto de sus obligaciones.

Considera que igualmente se transgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica, porque, al constituir un acto de molestia, debe cumplir con lo estipulado en el artículo 16 constitucional, situación que puede generar que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación sin que los sujetos obligados tengan conocimiento hasta la pre-liquidación.

Aduce que la facultad prevista en el último párrafo de la norma impugnada, al permitir al Servicio de Administración Tributaria requerir información "país por país" a personas morales residentes en territorio nacional, que sean subsidiarias de una empresa residente en el extranjero o a los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, cuando no la puedan obtener a través de los mecanismos de intercambio de información establecidos en los tratados internacionales, puesto que aunque los contribuyentes no se ubiquen en el supuesto, se les podrá obligar a entregar dicha información a juicio de la autoridad sin que se establezcan lineamientos para ello, generando con ello inseguridad jurídica para dichas personas jurídicas.

Alegan que de lo previsto en el artículo 76-A, fracción III, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se puede observar que en momento alguno se da claridad respecto de lo que se debe observar cuando una empresa es matriz y subsidiaria a la vez, pudiéndose llegar al extremo de que deba presentar la declaración maestra y la de "país por país", duplicándose así la información.

Manifiestan las quejosas que la disposición tildada de inconstitucional y los diversos artículos 42, fracción IX y 53-B del mismo ordenamiento, generan un estado de incertidumbre que los coloca en una indefensión, al no limitar un plazo para que concluya la fiscalización (el acto de molestia), por lo que se entendería que sin mediar mandamiento escrito, ésta podría acceder a la información de las quejosas, lo que se traduce en un estado de fiscalización permanente.

• Segundo (violación al principio de territorialidad, en relación con el de legalidad): Se considera que se actualiza dicha transgresión, ya que la disposición normativa impone obligaciones que repercuten o guardan relación con una jurisdicción que no corresponde a la del Estado Mexicano, ello al obligar a los contribuyentes a proporcionar información de partes relacionadas residentes en el extranjero (es decir, sometidos a una jurisdicción y soberanía fiscal distinta).

Se indicó que en aras de evitar una invasión a la soberanía fiscal de otros Estados y de respetar el principio de territorialidad, a nivel internacional se han instrumentado mecanismos de cooperación entre autoridades fiscales, a efecto de compartir información de otras jurisdicciones fiscales. Así, en todo caso, lo procedente es que se creen instrumentos necesarios a efecto de que las autoridades fiscales se alleguen de la información de terceros ubicados en el extranjero a través de las autoridades tributarias de los Estados a los que pertenezcan, sin imponerles esa obligación a los contribuyentes en el Estado Mexicano.

• Tercero y cuarto (violación al derecho de privacidad y protección de datos personales): La obligación impuesta en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta contraviene su derecho fundamental a la protección de datos personales, ya que la autoridad fiscalizadora, al tener acceso a la información de la parte quejosa, en cualquier momento puede hacer uso indebido de la misma, lo que violenta su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales; habida cuenta que en diversos proyectos y documentación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, así como en la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo Federal y del "Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el intercambio automático de reportes país por país", se advierte la obligación de implementar mecanismos para resguardar la información de carácter confidencial.

• Quinto (violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio): La disposición impugnada permite, aun cuando sea proporcionada a través de una página de Internet, lo que constituye una extensión de su domicilio, que la autoridad, sin cumplir con la dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, se alleguen de información de los sujetos obligados.

Incluso, en la revisión de gabinete, si bien se ha mencionado que no transgrede dicho principio, ésta se inicia mediante un requerimiento de autoridad debidamente fundado y motivado.

Además, como se precisó, ya que no hay un plazo para delimitar la fiscalización por parte de la autoridad competente, implica que las facultades de comprobación generan una intromisión permanente y constante en los papeles de los sujetos obligados.

Finalmente, indicó que existe transgresión a los derechos fundamentales de no autoincriminación y de presunción de inocencia, previstos en el artículo 20 de la Constitución Federal, puesto que aunque éste es aplicable únicamente en el procedimiento sancionador administrativo, en el caso, es aplicable, porque se transgrede ese derecho, al permitir que la autoridad administrativa exija documentación, sin respetar las formalidades para un acto de molestia, con lo cual, podrá realizar actos de fiscalización tendientes a calificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

• Sexto (violación al derecho fundamental de individualización y proporcionalidad de la pena): Los artículos 32-D, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y la regla 1.3.3., fracción IX, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, así como el artículo 81, fracción XL y 82, fracción XXXVII, del Código Fiscal de la Federación, resultan inconstitucionales, por transgredir lo previsto en los artículos 16 y 22 de la Constitución Federal, al establecer sanciones que no son idóneas para alcanzar el fin buscado, ya que prohíbe a la Federación, la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como con la Procuraduría General de la República contratar con los sujetos obligados que hayan incumplido con lo previsto en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que, al tratarse de una obligación formal, lo procedente era imponer, en todo caso, una sanción pecuniaria; lo cual también acontece; de tal manera que la aplicación de ambas sanciones provocan que la pena sea desproporcional.

Sentencia recurrida. En la sentencia impugnada el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio y negar el amparo

-medularmente- bajo las consideraciones siguientes:

Considerando primero. Competencia del Juez de Distrito para conocer del asunto.

Considerando segundo. Se precisaron los actos reclamados, a saber:

- La discusión, aprobación, promulgación y expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil quince, en específico, los artículos 76-A y segundo transitorio, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

- La discusión, aprobación, promulgación y expedición de los artículos 28, fracción I, 32-D, fracción IV, 42, fracción IX, 53-B, 81, fracción XL y 82, fracción XXXVII, del Código Fiscal de la Federación.

- La discusión, aprobación, promulgación y expedición del artículo 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- La discusión, aprobación, promulgación y expedición de la regla 1.3.3., fracción IX, de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.

Considerando tercero. Se tuvieron por ciertos los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas por la parte quejosa.

Considerando cuarto y quinto. Fueron estudiadas las causas de improcedencia, tanto las propuestas por las partes, como las que se invocaron de oficio.

De oficio, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 32-D, fracción IV, 81, fracción XL y 82, fracción XXXVII, del Código Fiscal de la Federación; así como de la regla 1.3.3. de las reglas generales de Comercio Exterior para el ejercicio de dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del año en curso, toda vez que dichas disposiciones legales son de carácter heteroaplicativo y, por tanto, requerían de un acto concreto de aplicación, lo que no fue acreditado por la parte quejosa. Además, por lo que hace a la regla de referencia, también se verificó la improcedencia, toda vez que no designó la autoridad responsable, a pesar de que se le previno para tal efecto.

Las causas de improcedencia invocadas por las partes fueron desestimadas.

Considerando sexto. Se narraron los antecedentes más relevantes de la disposición impugnada, lo cual, por su relevancia, se transcribe a continuación:

"La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (por sus siglas OCDE), de la cual México es miembro y el G-20, en el que México participa, son organizaciones internacionales cuyas funciones las habilitan para promover políticas que contribuyan al desarrollo de la economía mundial, así como la gestión de crisis financieras y la reducción de los abusos y actividades ilícitas en el sistema financiero. Esto último, a través del aumento en el nivel de transparencia e intercambio de datos entre países con el fin de combatir, entre otros, la evasión fiscal.

"Así, derivado de la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en inglés base erosion and profit shifting), en el año dos mil trece dichas organizaciones elaboraron un plan de acción cuyo objetivo principal consistió en asegurar que las utilidades generadas tributen en el lugar en que se realizan las actividades económicas que las producen, y en donde se crea el valor.

"Dicho plan incluyó un conjunto de quince acciones que habrían de ejecutarse por parte de los países miembros en el año dos mil quince.

"La acción trece de dicho plan, la cual resulta relevante para el caso concreto, consistió en la reexaminación de la documentación sobre precios de transferencia con el objetivo de aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, teniendo en cuenta los costos de cumplimiento para las empresas.

"Así, se estableció que las normas a desarrollar deberían incluir el requisito de que las empresas multinacionales suministraran a todos los gobiernos la información necesaria para la asignación mundial de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados entre los países, aplicando un modelo en común.(1)

"Como parte de las orientaciones relativas a la documentación sobre los precios de transferencia, la OCDE precisó que los tres objetivos principales consistían en:

"1) Velar porque los contribuyentes tengan debidamente en cuenta las obligaciones derivadas de las normas de precios de transferencia al fijar los precios y las condiciones de las operaciones entre empresas asociadas, y a la hora de consignar en sus declaraciones fiscales los rendimientos de dichas operaciones;

"2) Proporcionar a las administraciones tributarias la información necesaria para efectuar una evaluación fundamentada del riesgo de precios de transferencia, y

"3) Facilitar a las administraciones tributarias información útil para realizar una inspección a profundidad de las prácticas de precios de transferencia de los sujetos pasivos ubicados en una determinada jurisdicción.

"Con la finalidad de lograr los objetivos mencionados, la OCDE estableció que los países debían adoptar un enfoque estandarizado en cuanto a la documentación sobre precios de transferencia.

"Lo anterior, a partir de tres niveles que denominó: 1) el archivo maestro (en inglés master file), que recoge información estandarizada correspondiente a todos los miembros del grupo multinacional; 2) el archivo local (local file) que se refiere específicamente a las operaciones significativas del contribuyente local, y 3) el informe país por país (country by country report) que contiene cierta información acerca de la distribución mundial de los beneficios y los impuestos pagados, junto con determinados indicadores de la ubicación de la actividad económica dentro del grupo multinacional.

"En relación con el archivo maestro, la organización en comento estableció que debía ofrecer una visión general del negocio del grupo multinacional, en particular respecto de sus actividades económicas a nivel mundial, por lo que precisó que la información que habría de proporcionarse debería ofrecer datos relevantes que se podían clasificar en cinco categorías: a) la estructura organizativa del grupo multinacional; b) la descripción de su negocio; c) sus intangibles; d) las actividades financieras intragrupo, y e) sus posiciones financieras y fiscales.

"En cuanto al archivo local, precisó que éste debía reflejar información más detallada sobre operaciones intragrupo específicas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de plena competencia en una jurisdicción determinada. En ese sentido, estableció que la información en este nivel debía comprender datos financieros, análisis de comparabilidad, así como la selección y aplicación del método de precios de transferencia más apropiado.

"Por último, respecto del informe país por país, especificó que a través de éste se debía agregar información fiscal a nivel de cada jurisdicción, en lo que respecta al reparto mundial de utilidades y los impuestos pagados, así como indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo multinacional.

"Sobre la utilidad de este último informe, precisó que las administraciones tributarias podrían recurrir a él para valorar otros riesgos relacionados con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, siempre que fuera procedente para efectos de análisis económicos y estadísticos.

"Con el objeto de dar cumplimiento al plan de acción en comento, el ocho de septiembre de dos mil quince, el presidente de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos. En la exposición de motivos y en relación con el combate a la evasión y elusión fiscal, señaló lo siguiente:

"‘Las administraciones tributarias de un gran número de países, incluido el nuestro, así como organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), han identificado que algunos grupos empresariales multinacionales han incurrido en la implementación de estrategias fiscales en el ámbito internacional para eludir el pago de impuestos corporativos en los lugares donde se genera la riqueza, por medio de la diversificación de su tributación, situando sus centros corporativos o algunas de sus empresas subsidiarias en jurisdicciones que tienen tasas de impuestos sobre la renta nulas o más reducidas respecto de aquellos países en los que efectivamente llevan a cabo sus operaciones.

"‘Consecuentemente, las utilidades fiscales sujetas a gravamen de los grupos empresariales multinacionales se trasladan y concentran en países con cargas impositivas nulas o reducidas. Esto, aunado al hecho de que las empresas subsidiarias que se sitúan en esos países realmente no tienen una actividad económica que justifique -por medio de las funciones que se realizan, los activos utilizados y los riesgos que se asumen- las utilidades de operación que se asignan e integran en la base gravable de dichos países, ocasiona que la sustancia económica que genera la tributación sea cuestionable y en algunos casos inexistente.

"‘Con el objetivo de evitar éstas y otras prácticas fiscales elusivas, la OCDE atendiendo a la petición expresa del G20, -que reúne a las economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo, incluyendo a México- ha diseñado un plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés).

"‘Este plan tiene como objetivo evitar que los grupos empresariales multinacionales trasladen artificialmente utilidades a otras jurisdicciones, con el propósito de pagar cantidades bajas de impuesto o incluso generar una doble no imposición (tanto en el país donde obtienen el ingreso como en el de residencia del corporativo), perjudicando así la imparcialidad e integridad del sistema fiscal.

"‘Como parte de las acciones adoptadas por la OCDE y los países miembros del G20, dentro del plan de acción BEPS, se ha acordado que los países participantes, incluido México, implementen nuevos estándares relativos a la documentación e información en materia de precios de transferencia, los cuales aumenten la transparencia para las administraciones tributarias, de modo que puedan desarrollar una evaluación de riesgos tributarios eficiente y robusta, que permita enfrentar de manera eficaz la erosión de la base gravable a través del traslado de utilidades.

"‘México, como miembro de la OCDE, ha asumido compromisos ineludibles en el ámbito internacional para el combate de la erosión de la base imponible vía el traslado de utilidades. En el marco del plan de acción BEPS, se ha comprometido a implementar en su legislación fiscal, medidas que obliguen a los contribuyentes a proporcionar a la administración tributaria la información prevista en el capítulo V, de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, aprobadas por el Consejo de la OCDE, para que con el debido resguardo y confidencialidad sea recopilada y analizada y, cuando haya reciprocidad en el marco de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, sea intercambiada con las autoridades fiscales de otros países.

"‘Es por ello que se propone a esa Soberanía establecer en la Ley del ISR la obligación para los contribuyentes de presentar las declaraciones informativas siguientes, cuyo contenido ha sido concertado entre los países miembros de la OCDE:

"‘i) Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, que contenga información del grupo empresarial multinacional: sobre la estructura organizacional, la descripción del negocio, los intangibles, las actividades financieras con sus partes relacionadas, y la posición financiera y fiscal.

"‘ii) Declaración informativa local de partes relacionadas, que contenga: la descripción y análisis del contribuyente obligado, así como de sus operaciones con partes relacionadas; y la información financiera tanto del contribuyente obligado como de las operaciones o empresas utilizadas como comparables en sus análisis.

"‘iii) Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional. Deberá contener la información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos pagados, así como ciertos indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente. Dichos indicadores deberán incluir la información correspondiente a la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido con partes relacionadas y con partes independientes; las utilidades o pérdidas que generen antes de impuestos; el ISR efectivamente pagado; el ISR causado en el ejercicio; cuentas de capital; las utilidades o pérdidas acumuladas; el número de empleados; los activos, fijo y de mercancías, así como un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, y de sus establecimientos permanentes, incluyendo las principales actividades económicas de cada una de las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, jurisdicción de constitución de la entidad (si fuera distinta a la de su residencia fiscal), así como toda aquella que se considere útil para facilitar el entendimiento de la información incluida.

"‘Respecto a esta última declaración, la OCDE establece que sólo será aplicable a las empresas multinacionales que generen ingresos anuales consolidados iguales o mayores a 750 millones de euros. En este sentido, considerando que la referencia está en moneda extranjera y, que para efectos de la propuesta, se hizo una conversión para expresarlo en moneda nacional considerando un tipo de cambio específico, es necesario señalar que esta cantidad podrá reducirse si así lo establece el Congreso de la Unión a través de la Ley de Ingresos de la Federación, y de igual forma, se faculta al SAT para que revise anualmente dicha cantidad y, que mediante reglas de carácter general pueda establecer la modificación que corresponda a la misma. No se omite mencionar que en 2020 la OCDE revisará el monto expresado en euros ya sea para ajustarlo a la alza o a la baja.

"‘Además de lo señalado, la presentación de información de la declaración informativa local de partes relacionadas, brindará a las autoridades fiscales mayor información de grupos empresariales multinacionales mexicanos sobre operaciones celebradas con partes relacionadas residentes en territorio nacional y residentes en el extranjero que pudieran generar migración de utilidades de una empresa a otra, evitando con ello parcial o totalmente la tributación en nuestro país.

"‘Es importante resaltar que las declaraciones informativas en su conjunto son indispensables para que las administraciones tributarias cuenten con mayores datos de los contribuyentes que les permitan evaluar integralmente que las operaciones realizadas entre las partes relacionadas se pactaron como lo hubieran efectuado partes independientes en operaciones comparables, lo cual en atención al principio de valor de mercado, permitirá combatir la erosión a la base tributaria ocasionada por el traslado de utilidades de grupos empresariales multinacionales.

"‘Con el objeto de solicitar mayor información, precisar los datos que deben contener las declaraciones informativas, así como los formatos y medios de envío, y derivado de su naturaleza, se considera pertinente facultar al SAT para establecer las reglas administrativas correspondientes. Cabe señalar que en el caso concreto de nuestro país, la información referida en las tres declaraciones informativas señaladas, se trata de información que los contribuyentes tienen disponible y se alinea con los estándares internacionales emitidos por la OCDE. La presentación de estas declaraciones será parte de la forma en que los contribuyentes demostrarán el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia, incluyendo el cumplimiento del principio de valor de mercado.

"‘Se estima pertinente reiterar que México acepta y respalda el compromiso internacional de resguardar la estricta confidencialidad en el uso de la información contenida en las tres declaraciones informativas señaladas, que además se establece cumpliendo con los estándares planteados por la OCDE.

"‘Bajo estos estándares, en forma recíproca, la declaración informativa país por país, podrá ser intercambiada con autoridades fiscales extranjeras, sólo cuando pertenezcan a un país con el que México tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria, o un tratado para evitar la doble imposición que contenga una cláusula de intercambio de información.

"‘A la fecha, España y Reino Unido ya han incorporado en sus legislaciones nacionales, el nuevo estándar de documentación de precios de transferencia antes referido; asimismo, son varios los países que han anunciado su intención de incorporar en el corto plazo este nuevo estándar, entre los que se incluyen Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, China, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Italia, Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Sudáfrica y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27093-9f584420/declaraciones-informativas-de-partes-relacionadas-el-articulo-76-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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