AGRAVANTE. PARA FIJAR LA PENA DE PRISIÓN QUE CORRESPONDE A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DEBE APLICARSE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 153/2014. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.
III. Competencia
7. Esta Primera Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).", así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Ello en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia penal. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la contradicción de tesis **********.
IV. Legitimación
8. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues mediante oficio, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios, entre lo sustentado por dicho órgano colegiado y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Magistrados que están legitimados para formular la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
V. Existencia de la contradicción
9. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretando la normatividad aplicable. Se trata de los siguientes:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Estas condiciones se encuentran en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
11. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que este asunto sí cumple con los requisitos de existencia:
12. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
13. El tribunal denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, analizó un asunto con las siguientes características:
14. Antecedentes. En el proceso penal **********, instruido contra **********, por el delito de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Puebla Penal dictó sentencia condenatoria el veinte septiembre de dos mil trece, en la que le impuso la pena de ********** y multa por la cantidad de **********.
15. Recurso de apelación. En contra de dicha determinación, ********** interpuso recurso de apelación. El Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito lo radicó con el número **********. Dicho recurso confirmó la sentencia de primera instancia.
16. Amparo directo. Inconforme con lo anterior, el sentenciado promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo y protección al quejoso. Las razones que sustentan la determinación son las siguientes:
16.1. Al dar contestación a los conceptos de violación hechos valer, el Tribunal Colegiado determinó que del análisis de la sentencia reclamada y de las constancias que integran la causa penal de origen, se advierte que no se transgredió en perjuicio del quejoso derecho fundamental alguno, ya que quedó debidamente demostrada la materialidad del delito de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, así como la plena responsabilidad de **********. Señaló que del material probatorio que obra en la causa penal se encontraron demostrados los elementos del delito de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, como la plena responsabilidad del quejoso.
16.2. Estableció que la autoridad responsable, al efectuar el análisis de la individualización de la pena, consideró que no ocasionaba agravio al sentenciado el hecho de que el Juez de la causa ubicara la conducta ilícita, cuya responsabilidad se le atribuyó en un grado de culpabilidad mínimo y que, por ello, correspondía la pena mínima de ********** y ********** por el delito básico de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por la agravante ********** y **********, señaló que es cierto que el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé como pena la de tres a diez años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa para quien cometa el delito básico de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, sin el permiso correspondiente, y de conformidad con el artículo 84 Ter, la pena impuesta por el citado delito se le aumentará hasta en una mitad de dicha sanción.
16.3. Que la hipótesis normativa prevista en el artículo 84 Ter establece una circunstancia especial que concurre en el hecho ilícito primigenio, el cual, agrava la sanción para la conducta que se define en el tipo base, esto es, la disposición en comento señala que se debe realizar un aumento de "hasta un medio" de la pena, cuando se actualice la agravante, pues ésta importa un acrecentamiento de la pena dado con referencia a la pena prevista para el ilícito simple o básico.
16.4. Afirmó el Tribunal Colegiado que, para determinar la pena aplicable bajo la concurrencia de la circunstancia precisada en el artículo 84 Ter de la ley antes citada, se debe tomar en consideración lo establecido en los artículos 51, párrafo segundo y 52 del Código Penal Federal. Que no tiene sustento el argumento del quejoso, en el sentido de que bajo el principio pro homine, se debe de interpretar los artículos 83, fracción II y 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en conjunto con el artículo 25 y 29 del Código Penal Federal. Consideraciones que apoyó con el criterio de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. TRATÁNDOSE DE ASUNTOS RELATIVOS A LOS DELITOS DE PORTACIÓN O ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO, PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN, ADEMÁS DE TOMARSE EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 BIS, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEBE TAMBIÉN APRECIARSE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, CONFORME LO PREVÉ EL DIVERSO 6o. DEL REFERIDO CÓDIGO."
16.5. Que el artículo 51 del Código Penal Federal establece una regla general que será aplicable en todos los casos en que se dispongan penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado en el que se dan la concurrencia de circunstancias especiales como las del caso que ocupa. De ahí que se adminicula una regla general para sancionar el delito que se comete bajo circunstancias agravantes, disponiendo penas en proporción a las previstas para el tipo base, a efecto de establecer lineamientos mayormente objetivos y uniformes en la aplicación de las sanciones para esos casos específicos.
16.6. Por tanto, señaló el órgano jurisdiccional, para la fijación de penas por delitos agravados, el juzgador deberá tomar como referencia para la individualización de la sanción penal el mínimo y máximo de la pena prevista para el tipo penal básico y, en caso de que se actualice una agravante, deberá construir un nuevo parámetro de punibilidad que servirá como base para adicionar la sanción prevista para la agravante. Bajo ese nuevo parámetro, afirmó, se deberá, mediante el grado de responsabilidad actualizado, situarse en un punto de la escala del tipo penal básico y sumar el resultado, de fijarse en la misma proporción de la escala construida para el aumento de la agravante. Invocó en apoyo la jurisprudencia número 102/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ROBO AGRAVADO. MECÁNICA PARA INDIVIDUALIZAR LA PENA CORRESPONDIENTE EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO."
16.7. Señaló no compartir el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis aislada 207, de rubro: "PORTACIÓN DE ARMA. DETERMINACIÓN DE LAS PENAS RESPECTO DE LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.", pues el artículo 25 del Código Penal Federal establece una regla general en el sistema penal federal respecto a la sanción consistente en la privación de la libertad corporal (de 3 días a 60 años), el cual, con relación a la pena mínima, debe interpretarse conjuntamente con el diverso 51 del mismo código, esto es, que en todo caso la sanción mínima de prisión no deberá ser menor a tres días, por lo que se le aplicará dicha pena sólo en caso de que la punición determinada resultara inferior.
16.8. Sostuvo que, en el caso, en análisis debía aplicarse la sanción mínima de tres días, toda vez que existe un parámetro particular para el delito agravado de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, y que corresponde a la mitad, tanto de la pena mínima, como de la máxima del tipo penal básico. Que la expresión "hasta en una mitad", que establece el artículo 84 Ter de la ley especial en cita, debe ser interpretada ciertamente como un límite, pero de acuerdo al citado parámetro particular en el que se debe aplicar hasta una pena mínima de prisión de un año seis meses y hasta la máxima a cinco años.
17. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, que es el primer precedente del que derivó la tesis II.1o.P.114 P, analizó un asunto con las siguientes características:
18. Antecedentes. En la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, instruida contra **********, por el delito de ********** reservada para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, concluyó con la sentencia en la cual se le impuso la pena de ********** y **********.
19. Recurso de apelación. El sentenciado interpuso recurso de apelación en contra de la anterior determinación. El Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, a quien correspondió conocer del asunto, lo radicó con el número **********. En dicho recurso se modificó la de primera instancia para negar los beneficios previstos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal de sustitución de la pena de prisión, imponiendo al quejoso la pena de ********** y **********, sustituible para el caso de impago por ********** a favor de la comunidad.
20. Amparo directo. Inconforme con lo anterior, el ahora quejoso promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado concedió el amparo y protección, en la parte que nos interesa, bajo las consideraciones siguientes:
20.1. El Primer Tribunal Colegiado determinó que son parcialmente fundados los conceptos de violación, pues contrario a lo que argumentó la defensora del quejoso, se advierte que, en el caso, se encuentra debidamente comprobado el cuerpo del delito de ********** reservada para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como demostrada su responsabilidad penal en su comisión.
20.2. Aclaró que en cuanto a la imposición de las penas, se tomaron en consideración las circunstancias personales, como las de ejecución; todo lo cual, en aplicación a los artículos 51 y 52 de Código Penal Federal, llevó a considerarlo con un grado de culpabilidad mínimo.
20.3. Por otro lado, el Juez natural tomó en cuenta una pena general, cuando existen disposiciones legales especiales que marcan los mínimos y los máximos, como en el caso específico, en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es por esto que el parámetro que debió considerar el a quo para agravar la pena es incorrecta, ya que la sanción impuesta respecto a la agravante no es coherente con el grado de culpabilidad determinado en el artículo 84 Ter de la ley antes mencionada. Estableció que se deben aplicar los artículos 25 y 29 del Código Penal Federal, ya que los artículos 51 y 52 expresamente se refieren a los delitos que se establecen en el mismo Código Penal Federal y no en la ley especial.
20.4. Así, concluyó que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el acto reclamado y emita otro en el que imponga la sanción correspondiente conforme al numeral 84 Ter de la ley ya mencionada, conforme al grado de culpabilidad determinado, en el que se debe considerar como mínimo tres días de prisión y un día multa.
21. Del análisis expuesto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito derivó la tesis con los siguientes rubro y texto:
"PORTACIÓN DE ARMA. DETERMINACIÓN DE LAS PENAS RESPECTO DE LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.-El artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé que las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis se aumentarán hasta en una mitad, cuando el acusado sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo. Del análisis del precepto no se advierte que el juzgador deba determinar la mitad del mínimo y el máximo que prevé el tipo básico para imponer las penas respecto de la agravante, sino que establece que podrá aplicarse hasta la mitad de la pena, sin establecer cuál será el mínimo a imponer, por lo que se debe tener como tal el de tres días que establece el artículo 25 del Código Penal Federal, que dispone que la privación de la libertad corporal será de tres días a sesenta años y respecto de la multa como mínimo un día, atento el numeral 29 del propio Código Penal en comento."
22. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. Los siguientes datos corroboran esta información:
23. Los Tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron obligados a establecer si para determinar las penas aplicables por la agravante establecida en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos deben considerarse los parámetros mínimos del delito básico, en términos de los artículos 51, párrafo segundo y 52 del Código Penal Federal o la base mínima de sanción de tres días de prisión y un día multa, que establecen los numerales 25 y 29 del mismo ordenamiento.
24. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo **********, precisó que para determinar la pena aplicable bajo la concurrencia de agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se debe considerar lo establecido en los artículos 51, párrafo segundo y 52 del Código Penal Federal. Por lo tanto, el juzgador deberá tomar como parámetros para la individualización de la sanción penal el mínimo y máximo de la pena prevista en el tipo penal básico y, en caso de que se actualice el supuesto de agravación, previsto en el artículo 84 Ter, deberá construir un parámetro de punibilidad que corresponde precisamente a la mitad, tanto de la pena mínima, como de la máxima del delito simple para finalmente, sumar la pena individualizada por el tipo penal simple o básico, más la sanción prevista para la agravante.
25. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, sostuvo que no se advierte que el juzgador deba determinar la mitad del mínimo y el máximo que prevé el tipo básico para imponer las penas respecto de la agravante, sino que deberá aplicarse hasta la mitad de la pena, sin establecer cuál será el mínimo a imponer, por lo que se debe tener como tal, el de tres días que establece el artículo 25 del Código Penal Federal, que dispone que la privación de la libertad corporal será de tres días a sesenta años y respecto de la multa como mínimo un día, atento el numeral 29 del propio Código Penal en comento.
26. Como puede observarse, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones diferentes. Esto revela que sí estamos ante una contradicción de criterios.
27. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina: ¿Si para individualizar las penas aplicables por la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Armas de Fuego y Explosivos deben considerarse los parámetros mínimos del delito básico, en términos de los artículos 51, párrafo segundo y 52 del Código Penal Federal, o la base mínima de sanción de tres días de prisión y un día multa, que establecen los numerales 25 y 29 del mismo ordenamiento?
VI. Criterio que debe prevalecer
28. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los razonamientos que enseguida se expresan:
29. En el apartado anterior se establece que la contradicción de criterios se actualizó a partir de las consideraciones que los tribunales contendientes sostuvieron al individualizar la pena y, en específico, en relación a cómo se construyen los márgenes mínimos de punibilidad para individualizar la sanción penal aplicable por una agravante del delito. En ese sentido, la respuesta a dicho cuestionamiento se dará en función del análisis del artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de algunas consideraciones sobre la agravante prevista en dicha disposición y a la aplicación de las reglas de punición del Código Penal Federal a la ley especial en cita, para, con todo ello, estar en condiciones de fijar el criterio jurisprudencial que debe prevalecer.
30. En principio, debe señalarse que esta Primera Sala ha sostenido que "individualizar una pena" es determinar la sanción penal aplicable por la comisión de un delito a partir de los parámetros de punibilidad mínimo y máximo establecidos en la ley punitiva, así como las peculiaridades en la comisión del ilícito por el sujeto activo, es decir, es la cuantificación de la pena en un caso concreto.
31. Para individualizar las penas, las legislaciones penales expresamente establecen y regulan las circunstancias que deben ser tomadas en consideración por el juzgador. Es un principio general de que la medida de la sanción destinada a un obrar delictivo deriva de la gravedad del hecho y de la afectación al bien jurídico tutelado por la norma penal violada.
32. En el caso concreto que nos ocupa, a los delitos contemplados en los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es aplicable la agravante establecida en el artículo 84 Ter del mismo ordenamiento.
33. La agravante en cita, específicamente, establece:
"Artículo 84 Ter. Las penas a que se refieren los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis de esta ley se aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo."
34. De la lectura del precepto legal antes transcrito se advierte que se trata de una disposición, cuyo contenido normativo no tiene autonomía propia, pues no describe en abstracto una conducta como acreedora de pena, sino que adiciona a la descripción del catálogo de tipos penales que refiere una calidad específica en el sujeto activo, que justifica un mayor reproche jurídico penal, mediante el incremento de la pena "hasta en una mitad".
35. En dicho artículo, el legislador estableció una agravante en la comisión de los diversos delitos previstos en los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 84 y 84 Bis,(1) que conlleva a la imposición de una sanción mayor, esto es, incorporó una circunstancia calificativa a dichos delitos, para sancionarlos con mayor intensidad (hasta en una mitad) cuando, específicamente, en relación con la porción normativa controvertida, "haya sido cometido por quien haya sido servidor público de alguna corporación policiaca. ...". La ratio essendi del agravamiento de la pena radica en la calidad específica del sujeto activo, como factor disuasivo, respecto de quienes, por razón de empleo que tuvieron, cuenten con conocimiento y adiestramiento en el uso de armas de fuego, así como que hayan desarrollado funciones de seguridad pública o privada, de prevención y combate de delitos.
36. Lo anterior, se advierte de la exposición de motivos, relativa a las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que adicionó el artículo 84 Ter, motivo de análisis en esta sentencia, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en la que, en lo conducente, se dijo lo siguiente:
"En las conductas que se sancionan en esta ley, puede darse el supuesto de que intervengan servidores públicos o particulares que por razón de su empleo se encuentran obligados a prevenir y combatir la realización de las mencionadas conductas y que, por lo tanto, se encuentran con más razón obligados a no incurrir en las mismas. En consecuencia, se sugiere agravar las sanciones cuando en los delitos de posesión, portación y acopio intervengan miembros de las Fuerzas Armadas, o de algún servicio privado de seguridad, como actualmente está previsto en relación con los servidores públicos pertenecientes a alguna corporación policiaca. ..."
37. De lo antes transcrito se aprecia que la finalidad de la citada iniciativa fue agravar las penas cuando en los delitos de posesión, portación y acopio intervengan miembros de las Fuerzas Armadas o de algún servicio privado de seguridad, como ya estaba previsto en relación con los servidores públicos pertenecientes a alguna corporación policiaca, lo que esta Primera Sala advierte así acontecía, en tanto que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de enero de mil novecientos ochenta y nueve, el legislador consideró necesario incorporar como circunstancia agravante de las conductas a que se referían los artículos 84, 83 y 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuando los responsables de alguna de esas conductas hubiesen sido servidores públicos de alguna corporación policiaca, en tanto que, como lo destacó la Comisión de Justicia, en el dictamen que al efecto emitió: "... el rigor de esta modificación se justifica plenamente porque en tal hipótesis el que fue servidor público está traicionando sus más elementales deberes y contribuyendo a la proliferación del delito con un mayor grado de peligrosidad por la capacitación y conocimiento que recibió y obtuvo como miembro de una corporación policiaca. ..."
38. En relación con lo anterior, debe considerarse que los tipos penales agravados se identifican en función de qué circunstancias del hecho revelan una especial conducta en su autor y un riesgo mayor al bien tutelado, existen ocasiones en las que las circunstancias agravantes pueden surgir por la relación entre el autor y su víctima, o bien, por otro tipo de motivos, como pueden ser el momento de la conducta o el carácter del autor en el momento de la comisión del delito, como sucede con el delito de ********** de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
39. Ahora bien, en el caso que se analiza, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es una ley especial que no establece reglas generales de punición, por lo que debe estarse a lo previsto en el Código Penal Federal, que es de aplicación supletoria a dicha legislación. Así lo indica el artículo 6 de dicho ordenamiento, que dice: "Son supletorias de esta ley las leyes o reglamentos federales que traten materias conexas."
40. En ese sentido, procede realizar el análisis sistémico para determinar cómo se debe construir la escala en base a la cual se sanciona por la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en cita.
41. Es oportuno recordar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sustentó que para individualizar la pena de la agravante debe estarse a lo previsto en el artículo 51, segundo párrafo y 52 del Código Penal Federal; de ahí que el juzgador deberá tomar como referencia para dicha individualización de la agravante el mínimo y máximo de la pena prevista para el tipo penal básico y de acuerdo al grado de culpabilidad, el resultado deberá sumarse a la pena de prisión que correspondió por la conducta ilícita prevista en el delito básico.
42. Es decir, sostuvo dicho órgano colegiado que, en mérito de lo anterior, respecto a las penas previstas en el artículo 83, fracción II, del ordenamiento legal en cita, corresponderá imponer por la agravante un año seis meses de prisión, tomando en consideración: a) la mitad de la sanción mínima de tres años del delito básico; y, b) que el grado de culpabilidad fue el mínimo. De ahí que el total de la pena de prisión, para el caso que analizó, era de **********.
43. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito sostuvo que del artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no se advierte que el juzgador deba determinar la mitad del mínimo y el máximo que prevé el tipo penal básico para imponer las penas de la agravante; por lo que debe estarse a la regla general de tres días, que establece el artículo 25 del Código Penal Federal, y respecto a la multa como mínimo debe ser de un día, atento a lo previsto en el artículo 29 de dicho ordenamiento legal.
44. Los artículos que sirvieron de fundamento a los órganos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25715-578868bd/agravante-para-fijar-la-pena-de-prision-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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