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DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. LA AGRAVANTE RELATIVA A QUE LA PERSONA RESPONSABLE SEA O HAYA SIDO MIEMBRO DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIAL O DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PAÍS, NO VULNERA EL DERECHO PENAL DEL ACTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7519/2024. · Registro digital (IUS): 33440
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-08
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.250.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7519/2024. 9 DE ABRIL DE 2025. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. DISIDENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

El 17 de diciembre de 2020, cinco hombres a bordo de vehículos oficiales realizaron actos tendientes a privar de la vida a veintiún elementos adscritos al 40 batallón de infantería con unidad de San Luis Potosí, disparándoles con armas de fuegos sin desistir.

La conducta no se consumó porque los elementos del batallón lograron preservar su vida y llevaron a cabo la detención de los impetrantes. Uno de los elementos sí resultó lesionado perdiendo parte de un ojo.

Tras la detención, se obtuvo que lo hombres poseyeron 10 armas de fuego reservadas por las fuerzas armadas del país, 1 lanzagranadas, 1 granada de fragmentación artesanal activa y 2 cuerpos de granada de aditamento. Además, poseyeron la cantidad de 197 cartuchos y 7 cargadores para cartuchos de armas de fuego. Finalmente, a uno de los sujetos se le encontraron 51 envoltorios de clorhidrato de metanfetamina.

Por esos hechos, los cinco hombres fueron sentenciados, en primera y segunda instancia, por los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y posesión de cartuchos, todos estos implementos bélicos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, tentativa de homicidio y solo contra uno de ellos por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina.

En contra, el quejoso en este asunto promovió un juicio de amparo directo que le fue negado. En desacuerdo, el quejoso interpuesto el presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7519/2024, interpuesto por Persona “A”, en contra de la sentencia dictada el cuatro de julio de dos mil veinticuatro por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el juicio de amparo directo penal Primer Número de Expediente de su índice.

El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, vulnera el derecho penal del acto.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos.(1) El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas, desde el interior del inmueble ubicado en calle nombre de una calle, número domicilio, colonia nombre de una colonia, municipio de nombre de un municipio, Zacatecas, los señores Persona “B”, Persona “C”, Persona “D”, Persona “E” y Persona “A”, realizaron actos tendientes a privar de la vida a elementos adscritos al 40 batallón de infantería con unidad de San Luis Potosí, mientras se encontraban en recorridos de seguridad y vigilancia, a bordo de las unidades oficiales unidad 1, 2 ? 3, para lo cual les realizaron disparos con armas de fuego sin desistir en ningún momento de su acción.

2. La conducta no se consumó por causas ajenas a la voluntad de los impetrantes, pues los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron preservar su vida y llevaron a cabo la detención de los agresores.

3. Como resultado de la agresión, lesionaron a un elemento militar, quien sufrió una pérdida orgánica total e irreversible del ojo derecho, por lo que se catalogó como una lesión que produjo una incapacidad permanente parcial, conforme al artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo.

4. Al ser detenidos, los agresores poseyeron diez armas de fuego reservadas por las fuerzas armadas del país, un lanzagranadas, una granada de fragmentación artesanal y dos cuerpos de granada de aditamento de fabricación artesanal. Además, poseyeron la cantidad de ciento noventa y siete cartuchos y siete cargadores para cartuchos de arma de fuego.

5. Adicionalmente, el señor Persona “D” poseyó cincuenta y un envoltorios elaborados con material sintético color azul, que contenían clorhidrato de metanfetamina con un peso neto de una cantidad en gramos.

6. Causa penal Segundo Número de Expediente. Por esos hechos, se inició un procedimiento penal acusatorio que correspondió conocer al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas.

7. Seguido el procedimiento penal en todas sus etapas, el cuatro de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria en la que consideró a los señores Persona “B”, Persona “C”, Persona “D”, Persona “E” y Persona “A”, penalmente responsables de la comisión de los delitos de:

• Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 bis, fracción II, en relación con el numeral 11, incisos c) y h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.(2)

• Posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.(3)

Ambos delitos con la agravante establecida en el artículo 84 Ter respecto de Persona “C”, Persona “D” y Persona “A” por haber sido miembros de las fuerzas armadas del país.

• Posesión de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el artículo 83 Quintus, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.(4)

• Tentativa de homicidio, previsto y sancionado en los artículos 302(5) y 307,(6) en relación con los números 12, párrafo primero y 64 bis, todos del Código Penal Federal.(7)

• Únicamente respecto de Persona “D”, el delito contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 477, párrafo primero, en relación con el numeral 245, grupo II y la última línea horizontal de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato contenida en el artículo 479, todos de la Ley General de Salud.(8)

8. Recurso de apelación Tercer Número de Expediente. Inconformes, los sentenciados interpusieron recursos de apelación de los cuales tocó conocer al entonces Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, actuando como Tribunal de Alzada en el sistema penal acusatorio. El quince de julio de dos mil veintidós el Tribunal confirmó la sentencia condenatoria.

9. Demanda de amparo directo. En contra de la sentencia de segunda instancia, el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés el señor Persona “A” promovió una demanda de amparo directo en la que hizo valer, en resumen, los conceptos de violación siguientes:

a) El delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea nacionales, no se debió tomar como consumado, ni como transgredido el artículo 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el documento oficial que avala la concentración de material, con acuse de recibo firmado por un Teniente Coronel no se desprende que se entregara ninguna granada de fragmentación artesanal activa sin leyendas, y tampoco dos cuerpos de granada de aditamentos de fabricación artesanal sin leyendas.

Dichas armas no fueron entregadas porque supuestamente se efectuó la destrucción de las mismas. Al respecto, se violaron los artículos 227 y 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a la cadena de custodia y, por ende, se debe exonerar de la culpabilidad en cuanto al delito de acopio de armas.

b) Por el referido delito se impusieron diecisiete años de prisión y en virtud de la agravante contemplada en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,(9) se aumentaron ocho años, seis meses de prisión. La graduación de la agravante es ilegal pues dicho artículo refiere que las penas se aumentarán hasta en una mitad.

c) El quejoso fue sentenciado por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos, para los cuales en ambos casos trae como consecuencia la agravante establecida en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El tribunal tuvo la oportunidad de elegir entre esos dos delitos para sancionar conforme a la agravante. No obstante, eligió el delito de la penalidad más alta desatendiendo en este caso el principio de in dubio pro reo y el principio pro persona.

d) Es inconstitucional la vigencia de la agravante referida, debido al cambio de paradigma en nuestro sistema punitivo. No se debe juzgar al quejoso por lo que fue o por lo que haya hecho con anterioridad a los hechos por los cuales se le juzga en el momento presente, lo que se conoce como derecho penal del acto.

e) El quejoso fue sentenciado por el delito de tentativa de homicidio a diez años, seis meses y un día de prisión, lo cual no es acorde con el grado de culpabilidad media determinada en contra del suscrito.

Conforme al artículo 307 del Código Penal Federal,(10) al responsable de un homicidio simple intencional corresponde una sanción de doce a veinticuatro años de prisión. Por su parte, el artículo 64 bis del mismo código ordena que en los casos previstos en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 13, se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la sanción correspondiente al delito de que se trate.

En ese sentido, en el presente caso las tres cuartas partes corresponden a dieciocho años de prisión, por lo que dado el grado de culpabilidad correspondía imponerle nueve años de prisión y no diez años, seis meses y un día como confirmó el tribunal de alzada.

f) Existió error, de acuerdo con las actuaciones, respecto de la demostración del delito de acopio de armas de fuego porque no se demuestra que en realidad se haya tratado de una posesión de más de cinco armas de fuego de uso exclusivo.

g) El grado de culpabilidad media que se impuso no es lógico ni legal pues no se tomaron en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución ni la condición específica de la víctima y ofendido. Además, ninguno de los veinte militares resultó con un solo rasguño, excepto la persona herida del ojo.

h) Los testigos presenciales de los hechos ni los mismos agredidos ubican al quejoso como su agresor. Los policías preventivos tampoco lo ubican como agresor de los militares.

10. Ampliación de la demanda de amparo. El veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, el defensor público federal presentó un escrito de demanda de amparo en favor del señor Persona “A”.

11. En síntesis, argumentó que las pruebas desahogadas en juicio oral no acreditan la responsabilidad penal de los quejosos, al no desvirtuarse la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable.

12. Por otra parte, señaló que la individualización de las penas no fue justificada, ya que no solo deben tomarse en cuenta las circunstancias del hecho sino precisamente la gravedad de la puesta en peligro que realizó cada uno de los acusados. Asimismo, alegó que debió aplicarse el concurso ideal de delitos y argumentarse la necesidad de aumentar las penas, lo cual solo puede suceder en relación con la pena de prisión y no respecto de la sanción pecuniaria o multa.

13. Sentencia de amparo directo. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito conoció de la demanda de amparo, la cual registró con el número de expediente Primer Número de Expediente,(11) y en sesión de cuatro de julio de dos mil veinticuatro negó la protección constitucional, bajo las siguientes consideraciones:

a) Los conceptos de violación expuesto son ineficaces e infundados para conceder el amparo solicitado.

b) No es materia de estudio lo concerniente a la acreditación de los elementos que integran los delitos de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional; tentativa de homicidio; y, contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, dado que de la valoración conjunta de las pruebas ofrecidas por la fiscalía, permiten plenamente demostrar que se acreditaron esos delitos. Decisión que este órgano colegiado comparte en sus términos y, por ende, deba quedar firme, sin que advierta queja deficiente que suplir.

Al señor Persona “A” no se le condenó por el delito contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, por lo que no es necesario hacer un pronunciamiento al respecto.

c) Es ineficaz el argumento sobre violaciones a la cadena de custodia del material probatorio. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido que no pueden estudiarse violaciones originadas en etapas previas a la de juicio oral que, además, no fueron materia de debate.

d) Son infundadas las alegaciones relacionadas con la acreditación de la responsabilidad penal del quejoso más allá de toda duda razonable.

Es ajustado a derecho que el tribunal de alzada tuviera por acreditada la responsabilidad penal de Persona “A” en la comisión de los delitos. Su intervención se encuentra acreditada sustancialmente por las declaraciones de los elementos del ejército mexicano –víctimas directas– y los testimonios de los Policías Estatales Preventivos que llevaron a cabo la detención.

Además ello se reforzó con el peritaje oficial en materia de química forense y el dictamen físico químico realizado por diversa perito que determinó encontrar residuos de disparo de armas de fuego en prendas del quejoso, entre otras pruebas.

e) Devienen infundados los argumentos en contra del grado de culpabilidad atribuido y la individualización de las penas, pues tanto el juez de la causa como el tribunal de apelación justificaron de manera fundada y motivada esa determinación. También se justificó porqué se debía aumentar la pena del delito mayor con la de los restantes.

f) Son infundados e ineficaces los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la agravante prevista en el artículo 84 ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 153/2014(12) sobre dicha agravante, consideró que:

- Para la fijación de la pena de la agravante a que se refiere el citado precepto, debe considerarse el contenido del segundo párrafo del artículo 51 del Código Penal Federal(13) y no los diversos artículos 25 y 29, que establece la regla general de la pena de prisión de tres días y un día multa.

- El legislador reformó el artículo impugnado mediante decreto de 1998, con el propósito de sancionar aquellos servidores públicos o particulares que por razón de su empleo se encuentran obligados a prevenir y a combatir la realización de las conductas ilícitas.

- Por tanto, consideró que no tendría razón una agravante que solo incrementa el parámetro mínimo de la pena de prisión por sólo tres días y uno de multa, pues claramente la intención del legislador era inhibir las conductas sancionadas por la propia ley castigándolas con mayor severidad.

- No pueden considerarse en un mismo plano quienes pertenecen a corporaciones policiacas o de seguridad pública y los que no, por ello, es razonable considerar como potencialmente más grave y lesiva socialmente la comisión de los delitos contra la Ley de Armas a que se refieren los artículos 82, 83 bis, 83 ter, 83 quat y 84 bis, por personas que por la labor que desempeñaron.

- Lo anterior, porque por una parte, tienen conocimiento y adiestramiento sobre el uso de armas de fuego y son más conscientes del daño que potencialmente pueden generar; y por otro lado, merecen un mayor reproche penal, de acuerdo a lo justificado por el legislador, porque con el actuar ilícito se apartan de la obligación que tenían de proporcionar seguridad pública o privada, esto es, prevenir la comisión del delito y combatir la delincuencia.

Estos argumentos dieron origen a la jurisprudencia 25/2015, de rubro: “AGRAVANTE. PARA FIJAR LA PENA DE PRISIÓN QUE CORRESPONDE A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DEBE APLICARSE LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL”.(14)

- En ese sentido, la Primera Sala estableció que la agravante impugnada no vulnera el artículo 1º de la Constitución Política del país, en virtud de que no puede considerarse irrazonable ni potencialmente discriminatoria, sino más bien justificada por la posición del sujeto activo como parte de corporaciones de seguridad pública.

Apoyó su argumento en la tesis aislada CXC/2014, de tema: “CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 84 TER DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO VULNERA EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL”.(15)

g) Es infundado que se hubiese violado el principio in dubio pro reo, en la inteligencia de que, tratándose de un concurso real de delitos cuando con pluralidad de conductas se cometan varios ilícitos, se impondrá la sanción del delito más grave, la cual podrá aumentarse con las penas que la ley contempla para cada uno de los ilícitos restantes, en términos de lo previsto en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sustentó sus consideraciones en la jurisprudencia 97/2012, de la Primera Sala, de título: “CONCURSO REAL DE DELITOS CALIFICADOS. LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE IMPONER LAS PENAS INHERENTES A CADA UNO DE LOS TIPOS BÁSICOS, ADEMÁS DE SUS RESPECTIVAS CALIFICATIVAS, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL NON BIS IN IDEM PREVISTO EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL”.(16)

h) No se está en presencia de un concurso ideal, sino que se actualizó un concurso real de delitos conforme al artículo 18 del Código Penal Federal.(17) En ese sentido, no procede analizar si tratándose de un concurso ideal debe aumentarse la condena únicamente respecto de la pena de prisión y no de la multa.

i) Si bien fue inexacto que se le impusieran diez años con seis meses y un día de prisión por lo que hace al delito de tentativa de homicidio, se considera que la pena impuesta al quejoso lejos de perjudicarle, le beneficia ya que se redujo la sanción correspondiente.

La penalidad para el delito de homicidio simple intencional es de doce a veinticuatro años. Para penalizar la tentativa de homicidio se deben considerar las tres cuartas partes de dicha cantidad en términos del artículo 64 bis del Código Penal Federal. Por lo tanto, para el delito de tentativa de homicidio el rango de la pena queda entre nueve a dieciocho años.

Tomando en cuenta ese rango, dado que la punibilidad quedó en el rango medio, correspondía imponer una pena de tres años, seis meses de prisión. No obstante, a ningún fin práctico conllevaría conceder el amparo para que se funde y motive debidamente la pena, pues se quebrantaría el principio non reformatio in peius.

14. Recurso de revisión. Inconforme, durante la diligencia de notificación de la sentencia de amparo, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión sin expresar agravios.

15. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión y lo registró con el número de expediente 7519/2024.

16. Por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó que se turnaran los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo. 17. El veintiséis de febrero de dos mil veinticinco la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entregó a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat el expediente físico del amparo directo en revisión 7519/2024. Por lo que, a partir de esa fecha se tuvo como recibido.

I. COMPETENCIA

18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo vigente en 2021; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 2021, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.(18)

19. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal, lo cual es competencia de la Primera Sala y no es necesaria la intervención del Pleno de esta Suprema Corte.

II. OPORTUNIDAD

20. La sentencia recurrida fue notificada personalmente al señor Persona “A” el dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro.

21. Dicha notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro,(19) para lo cual deben descontarse los días diecisiete, dieciocho, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre, así como el primero de diciembre de mismo año, por inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.(20)

22. Por lo tanto, si el señor Persona “A” interpuso recurso de revisión en el propio acto de notificación de la sentencia, se concluye que es oportuno.

III. LEGITIMACIÓN

23. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el señor Persona “A” cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente de su índice, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

24. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; y 81 fracción II de la Ley de Amparo,(21) se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan dos requisitos:

a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y

b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso anterior entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.

25. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional.

26. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características.

27. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el presente asunto cumple con los requisitos de procedencia descritos.

28. Al respecto, se observa que desde su demanda de amparo el señor Persona “A” alegó que es inconstitucional la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos(22) al considerar que no es compatible con el cambio de paradigma en el sistema penal, puesto que no se le debe juzgar por lo que fue o hubiese realizado con anterioridad a los hechos por los cuales se le está juzgando, sino por el acto mismo que ejecutó.

29. A juicio de la persona quejosa es inconstitucional imponer mayores penas cuando el responsable sea o haya sido servidor público de alguna corporación policial, miembro de algún servicio privado de seguridad o miembro del Ejército, Armada o Fuerza Aérea en situación de retiro, de reserva o en activo, en virtud de que el sistema penal es del acto y no de actor.

30. Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito atendió el reclamo de inconstitucionalidad con apoyo en las consideraciones de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 153/2014.(23)

31. En la sentencia recurrida se indicó que en ese precedente esta Primera Sala consideró que es razonable establecer como potencialmente más grave y lesiva socialmente la comisión de los delitos contra la Ley de Armas a que se refieren los artículos 82, 83 bis, 83 ter, 83 quat y 84 bis, por personas que por la labor que desempeñaron.

32. Lo anterior, pues por una parte, tienen conocimiento y adiestramiento sobre el uso de armas de fuego y son más conscientes del daño que potencialmente pueden generar. Por otro lado, merecen un mayor reproche penal, de acuerdo a lo justificado por el legislador, porque con el actuar ilícito se apartan de la obligación que tenían de proporcionar seguridad pública o privada, esto es, prevenir la comisión del delito y combatir la delincuencia.

33. Finalmente, el Tribunal Colegiado refirió que esta Primera Sala determinó que para la imposición de las penas aplicables por la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley deben considerarse los parámetros mínimos del delito básico, en términos de los artículos 51, párrafo segundo y 52 del Código Penal Federal, lo cual derivó en la jurisprudencia 25/2015.(24) Asimismo, el Tribunal Colegiado citó la tesis aislada de esta Primera Sala CXC/2014.(25)

34. Con base en dichos precedentes, el órgano de amparo consideró infundado el reclamo de inconstitucionalidad al considerar que es razonable agravar las conductas delictivas cuando sean los elementos del Estado quienes las cometan, como sucede con los agentes armados de las corporaciones policiacas, de seguridad o castrenses.

35. De lo anterior esta Primera Sala advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió sobre la constitucionalidad de una norma general, en un tema que reviste un interés excepcional porque no se advierte un criterio obligatorio de esta Suprema Corte que resuelva el planteamiento del quejoso sobre la inconstitucionalidad de la norma referida en torno a si contradice la doctrina constitucional de este alto tribunal sobre el derecho penal del acto y no de autor, que deriva de los artículos 1º, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política del país. Por lo tanto, se actualiza la procedencia del recurso de revisión.

36. Esto es así porque, si bien en la citada contradicción de criterios 153/2014 se vertieron consideraciones que pudieran ayudar a resolver el planteamiento sobre la constitucionalidad de la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, lo cierto es que la cuestión a resolver en dicha contradicción versó sobre la regla de aplicación de la agravante y no sobre la constitucionalidad de la norma.

37. Por otro lado, en el amparo directo en revisión 4412/2013, si bien se analizó la agravante referida, se hizo en relación con el principio de igualdad previsto en el artículo 1º de la Constitución Política del país y no con el reclamo de inconstitucionalidad que la persona quejosa en este caso refiere.

38. En consecuencia, al subsistir un tema de constitucionalidad de interés excepcional, es procedente el recurso de revisión para abordar el planteamiento del quejoso sobre la constitucionalidad de la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sobre si vulnera el derecho penal del acto que deriva de los preceptos 1º, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política del país.

39. Por último, el señor Persona “A” también argumentó que no se debió tener por consumado el delito de acopio de armas de fuego y que no fue correcta la pena impuesta por el delito de tentativa de homicidio.

40. No obstante, como se observa, los referidos conceptos de violación redundan en cuestiones de mera legalidad, que en ese mismo plano fueron atendidos por el Tribunal Colegiado del conocimiento y, por ello, no constituyen la materia de estudio en el presente recurso de revisión.

V. ESTUDIO

41. Acorde con los antecedentes narrados, esta Primera Sala debe determinar si la agravante prevista en el artículo 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es acorde con el derecho penal del acto establecido en la doctrina de esta Primera Sala, el cual deriva de una interpretación de los artículos 1º, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política del país.1

42. Esto es así, en virtud de que el argumento del señor Persona “A” fue puntual en señalar que es inconstitucional dicha agravante debido al cambio de paradigma en nuestro sistema punitivo, pues considera que no se le debe juzgar por lo que haya hecho con anterioridad a los hechos por los que fue juzgado, sino por la conducta que desplegó. Señala que esto se conoce como derecho penal del acto y no de autor.

43. Para resolver el tema de constitucionalidad planteado, el estudio que emprende la presente ejecutoria se divide en los si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33440-8df6446d/delitos-previstos-en-la-ley-federal-de-armas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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