I. PROCESO ELECTORAL. SEPARACIÓN DE UN CARGO PÚBLICO PARA CONTENDER EN ÉL (ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). II. REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LOS AYUNTAMIENTOS (ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). III. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. PLAZOS PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO (ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IV. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. APOYO CIUDADANO REQUERIDO (ARTÍCULOS 99, 100 Y 101 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). V. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. SANCIONES APLICABLES (ARTÍCULOS 113 Y 114 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). VI. FINANCIAMIENTO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. TOPE DE GASTOS (ARTÍCULOS 106 y 108 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). VII. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. REQUISITOS PARA SU REGISTRO (ARTÍCULOS 117, 118 Y 120 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). VIII. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. SUBSANACIÓN DE OMISIONES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO (ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). IX. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. CÓMPUTO DE FIRMAS DE APOYO CIUDADANO (ARTÍCULO 123, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). X. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. SOLICITUD DE REGISTRO (ARTÍCULO 124 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XI. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN LA FÓRMULA DE DIPUTADOS (ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XII. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. PROHIBICIÓN DE RECIBIR APORTACIONES Y DONACIONES EN EFECTIVO O EN ESPECIE DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL (ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIII. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. RÉGIMEN FISCAL (ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIV. GASTOS DE CAMPAÑA. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES (ARTÍCULOS 145 Y 146 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XV. FINANCIAMIENTO PRIVADO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. TOPE DE GASTO PARA LA ELECCIÓN (ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVI. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. DESCUENTO DE LOS VOTOS A FAVOR DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES (ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN (ARTÍCULO 150 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XVIII. ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. POSTULACIÓN DE CANDIDATOS (ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO). XIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN (ARTÍCULOS 75, FRACCIÓN XI, PÁRRAFO SEGUNDO, 358, FRACCIÓN II, PÁRRAFO QUINTO, Y 373, FRACCIÓN II, PÁRRAFO QUINTO, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2014 Y SU ACUMULADA 60/2014. PARTIDOS MOVIMIENTO CIUDADANO Y ACCIÓN NACIONAL. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dos de octubre de dos mil catorce.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, norma impugnada y señalamiento de autoridades. Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Jaime Álvarez Cisneros, Jesús Armando López Velarde Campa, Alejandro Chanona Burguete, Ricardo Mejía Berdeja, José Juan Espinosa Torres, Juan Ignacio Samperio Montaño y Nelly del Carmen Vargas Pérez, quienes se ostentaron con el carácter de coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez de diversos preceptos del Código Electoral del Estado de México, emitidos y promulgados, respectivamente, por el Congreso y el gobernador de esa entidad federativa, y publicados en el correspondiente medio oficial el veintiocho de junio de dos mil catorce, por violaciones a los artículos 1o., 2o., 9o., 35, 41, 54, 55 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Carta Democrática Americana; y, 2 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
SEGUNDO.-Registro y admisión de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano, la cual quedó registrada bajo el número 56/2014.
En el propio auto admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador del Estado de México, quienes emitieron y promulgaron las normas impugnadas, respectivamente, a efecto de que rindieran sus respectivos informes; asimismo, solicitó el correspondiente pedimento del procurador general de la República y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; además, solicitó al presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México informara de la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.
TERCERO.-Presentación de la demanda, norma impugnada y señalamiento de autoridades. Por escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gustavo Enrique Madero Muñoz, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la declaración de invalidez de los artículos 75, fracción XI, 358, fracción II y 373, fracción II, del Código Electoral del Estado de México, emitidos y promulgados, respectivamente, por el Congreso y el gobernador del Estado de México, y publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de junio de dos mil catorce, por considerarlos violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 40 y 41, párrafo primero, 105, fracción II, cuarto párrafo, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo y fracción IV; y, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1o. y 3o. de la Constitución Política del Estado de México y "otros" de este ordenamiento que no especifica.
CUARTO.-Registro, admisión y acumulación de la demanda. Mediante acuerdo de veintiocho de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, ordenó formar y registrar el expediente de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, la cual quedó registrada bajo el número 60/2014; y decretó su acumulación con la acción de inconstitucionalidad 56/2014.
Asimismo, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al Congreso y al gobernador del Estado de México, quienes emitieron y promulgaron las normas impugnadas, respectivamente, a efecto de que rindieran sus respectivos informes; asimismo, solicitó el correspondiente pedimento del procurador general de la República y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; además, solicitó al presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de México informara de la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.
QUINTO.-Informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por oficios presentados el trece y el quince de agosto de dos mil catorce, el Congreso y el gobernador del Estado de México rindieron sus respectivos informes en las acciones de inconstitucionalidad 56/2014 y 60/2014, en los que manifestaron, esencialmente, que deben declararse infundados los conceptos de invalidez que en cada una de ellas se formula y, por consecuencia, reconocer la validez de las normas combatidas.
SEXTO.-Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En oficio número SUP-OP-26/2014, la Sala Superior de dicho tribunal formuló los siguientes argumentos en relación con los conceptos de invalidez planteados por Movimiento Ciudadano en la acción de inconstitucionalidad 56/2014:
I. Separación definitiva del cargo. En relación con la impugnación del último párrafo del artículo 16 del Código Electoral del Estado de México, primero afirma que no se viola el penúltimo párrafo de la fracción V del artículo 55 constitucional, porque no regula la separación de un servidor público para contender en un proceso electoral, sino que se ocupa de un momento posterior; y, segundo, porque se trata de una cuestión que "se encuentra en el ámbito de la libertad de configuración de los legisladores locales, ya que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existen lineamientos específicos al respecto", en la medida que "no prohíbe ni limita que, en el ámbito local, una persona pueda regresar al cargo público del cual se separó, ni que tal circunstancia deba llevarse a cabo en una temporalidad específica, como lo es la conclusión de los cómputos de la elección en que participe dicha persona".
II. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir representantes ante los Ayuntamientos. En la impugnación del párrafo segundo del artículo 23 del Código Electoral del Estado de México reconoce dos aspectos: uno electoral y otro administrativo. Sobre el primero sostiene que la norma impugnada "se apega perfectamente a lo que establece el artículo 2o., apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", en la medida que "garantiza que dichos pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, puedan elegir representantes ante los Ayuntamientos". Sobre el segundo no emite opinión, en virtud de que los argumentos planteados están "relacionados con las actividades que habrá de realizar el representante de las comunidades y pueblos indígenas en el Cabildo, así como las facultades y derechos inherentes a dicha representación, por cuanto hace a la toma de decisiones; todo lo cual atañe a la composición orgánica de los Ayuntamientos, cuya regulación se realiza en un cuerpo normativo diferente al del Código Electoral del Estado de México".
III. Candidaturas independientes. Respecto a los artículos 83 al 167 del Código Electoral del Estado de México, niega que exista una violación a los artículos 35, fracción II y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a los tratados internacionales de los que México es parte, ya que hay un amplio espectro protector del derecho al sufragio pasivo; sin embargo, no existen parámetros específicos por cuanto hace a la manera en que se debe hacer efectivo ese derecho tratándose de candidaturas independientes.
En consecuencia, sostiene su validez argumentando que una vez que el ciudadano es registrado como candidato independiente, éste tendrá derecho a las prerrogativas que la ley prevé para competir en condiciones de equidad. Cita a su favor la tesis de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. SI SU EJERCICIO SE RELACIONA CON EL SISTEMA CONSTITUCIONAL ELECTORAL, SU INTERPRETACIÓN DEBE CORRELACIONARSE CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
En oficio número SUP-OP-28/2014, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló los siguientes argumentos en relación con los conceptos de invalidez planteados por el Partido Acción Nacional en la acción de inconstitucionalidad 60/2014:
I. Requisitos para la asignación de diputados de representación proporcional. Respecto a la impugnación de la fracción I del artículo 25 del Código Electoral del Estado de México, afirma que el partido promovente no señala contravención a la Constitución Federal; sino que plantea una antinomia entre la fracción II del artículo 39 de la Constitución estatal y el precepto impugnado, en la medida que considera que este último establece un requisito menor para que los partidos políticos puedan tener derecho a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, de ahí que dicha Sala Superior no considere posible realizar algún pronunciamiento de constitucionalidad.
II. Distribución de votos entre partidos políticos coaligados. Con relación a la impugnación de los artículos 75, fracción XI, 358, fracción II, párrafo quinto y 373, fracción II, párrafo quinto, del Código Electoral del Estado de México, señala que son inconstitucionales, en la medida que por disposición del artículo segundo transitorio del Decreto de Reformas a la Constitución Federal de diez de febrero de dos mil catorce, corresponde a la Ley General de Partidos Políticos regular, entre otros temas, un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federal y locales, lo cual incluirá las modalidades de escrutinio y cómputo de votos emitidos a favor de esas coaliciones. En este contexto, dicha ley general, en su artículo 87 numeral 13, previó que los votos en que se hubiese marcado más de uno de los partidos coaligados serán válidos para el candidato postulado y contarán como un solo voto, pero no podrán ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas.
Desde esta perspectiva, la Sala Superior considera que la norma combatida excede la legislación general, al establecer una modalidad diversa de escrutinio y cómputo de los votos emitidos a favor de las coaliciones, en la que los votos se distribuirán igualitariamente entre los partidos que integran la coalición y, en caso de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación, y que dicho cómputo será la base para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas.
Ahora bien, no se pasa por alto -como lo señala el accionante- que el artículo 311, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece a semejanza de los dispositivos legales del Estado de México tildados de inconstitucionales.
SÉPTIMO.-Informe del Instituto Electoral del Estado de México. Mediante oficio IEEM/SEG/1555/2014, la citada autoridad electoral estatal hizo del conocimiento de esta Suprema Corte que el proceso electoral para elegir diputados locales y miembros de los Ayuntamientos iniciará en la primera semana del mes de octubre de dos mil catorce, con la sesión que para ese efecto celebre el Consejo General de ese instituto, de conformidad con el artículo 182 del Código Electoral del Estado de México.
OCTAVO.-Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos del Código Electoral del Estado de México y la Constitución Federal. Ver votación 1
SEGUNDO.-Oportunidad. De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al de la publicación de la norma impugnada, considerando que en materia electoral todos los días son hábiles.
En las presentes acciones de inconstitucionalidad se impugna el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, el cual fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiocho de junio de dos mil catorce.
Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del domingo veintinueve de junio siguiente al lunes veintiocho de julio del mismo año.
En este orden, si los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional presentaron sus escritos, respectivamente, el veinticinco y el veintiocho de julio, es inconcuso que su presentación se realizó en forma oportuna. Ver votación 2
TERCERO.-Legitimación. De acuerdo con el inciso f) de fracción II del artículos 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y el último párrafo del artículo 62 de su ley reglamentaria,(5) los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, para lo cual deben satisfacer los siguientes requisitos:
i. Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;
ii. Que el partido político promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local, según sea el caso):
iii. Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello, y
iv. Que las leyes impugnadas sean de naturaleza electoral.
En el presente caso, la primera acción de inconstitucionalidad fue promovida en representación de Movimiento Ciudadano, el cual cuenta con registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral, según copia certificada por el secretario ejecutivo de dicho instituto (foja 659).
Asimismo, en diversa copia certificada por el citado funcionario consta que las ocho personas que suscribieron la demanda son miembros de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano (foja 660), órgano que se integra por nueve miembros y cuyos acuerdos, resoluciones y actos tienen plena validez con la aprobación y firma de la mayoría de ellos, y la cual ostenta la dirección nacional del partido político, de conformidad con sus propios estatutos (artículo 19.1).
También, de acuerdo con sus estatutos [artículo 19.2 incisos a) y p)], dicho órgano cuenta con la representación legal del partido político, y entre sus atribuciones y facultades se encuentra la de interponer acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional (fojas 616 a 617).(6)
Finalmente, la acción se endereza en contra de normas de naturaleza electoral, pues se impugna el Código Electoral del Estado de México en diversos artículos.
En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano, se hizo valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro nacional acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por la mayoría de los miembros de la Comisión Operativa Nacional, y dicho órgano cuenta con facultades para impugnar el Código Electoral del Estado de México.
La segunda acción de inconstitucionalidad fue promovida en representación del Partido Acción Nacional, el cual cuenta con registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral, según copia certificada por el secretario ejecutivo de dicho instituto (foja 692).
Asimismo, la persona que suscribe la demanda es presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido político, como consta en diversas copias certificadas expedidas por el citado funcionario que obran tanto en los autos de la acción de inconstitucionalidad 59/2014 (fojas 455 a 457) como en la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 91/2014, 92/2014 y 93/2014 (fojas 1937 a 1939), las cuales se invocan como hechos notorios de conformidad con el criterio de este Tribunal Pleno plasmado en la tesis P./J. 43/2009 de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS EN EL TRIBUNAL EN PLENO EN ESE PROCEDIMIENTO.";(7) y éste, al momento de la presentación de la demanda, ostentaba la representación política y legal del partido político conforme a sus estatutos.(8)
También, de acuerdo a los estatutos del Partido Acción Nacional (artículos 64, fracción I y 67, fracción I), el presidente de su Comité Ejecutivo Nacional tiene facultades para promover las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral que estime pertinentes en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional.(9)
Finalmente, la acción se endereza en contra de normas de naturaleza electoral, pues se impugna el Código Electoral del Estado de México en diversos artículos.
En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente y fue suscrita por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el cual cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen a dicho instituto político. Aunado a que las normas impugnadas son de naturaleza electoral, puesto que se trata de artículos que conforman el Código Electoral del Estado de México. Ver votación 3
CUARTO.-Precisión de las normas generales impugnadas. Tomando en cuenta que las partes no hicieron valer causales de improcedencia y que no se advierte de manera oficiosa la actualización de alguna, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) en relación con la fracción I del artículo 41 del mismo ordenamiento,(11) se procede a precisar en forma concreta las normas generales que son objeto de las presentes acciones de inconstitucionalidad.
En su escrito inicial, el partido Movimiento Ciudadano señala genéricamente al Código Electoral del Estado de México como norma general impugnada; sin embargo, de su análisis integral se advierte que sólo formula conceptos de invalidez en relación con algunos de sus artículos:
I. En el que identifica como su primer concepto de invalidez, impugna el artículo 16 por violación a la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. En el que identifica como su segundo concepto de invalidez, impugna el artículo 23 por una deficiente regulación contraria a la fracción VII del apartado A del artículo 2o. constitucional; y,
III. En los que identifica como su tercer y cuarto conceptos de invalidez, impugna el libro tercero del Código Electoral del Estado de México "en relación a lo dispuesto en sus artículos 83 al 167", por violación a la fracción II del artículo 35 constitucional y a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de derechos político electorales, éstos por virtud de los tres primeros párrafos del artículo 1o. y el principio de supremacía constitucional del artículo 133; sin embargo, sólo formula argumentos respecto de los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 106, 108, 113, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 129, 137, 138, 141, 145, 146, 150 y 166.
Por consiguiente, el presente estudio se hará sólo en relación con los artículos respecto de los cuales formula argumentos para demostrar su inconstitucionalidad, ya que la fracción V del artículo 61 de la ley reglamentaria de la materia(12) exige que en la demanda se señalen los conceptos de invalidez, y ante la ausencia de los mismos y de cualquier causa de pedir respecto de un precepto reclamado en una acción de inconstitucionalidad en materia electoral, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede, oficiosamente, buscar elementos que pudieran generar una condición de inconstitucionalidad; esto es, no puede llevar a cabo una proposición de argumentos como si los hubieran elaborado los promoventes, aun y cuando el artículo 71 de la misma ley(13) obligue a este Tribunal Pleno a suplir la deficiencia en la demanda al momento de dictar sentencia.
Cobra aplicación al caso concreto, la tesis P./J. 4/2013 (10a.) de rubro: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LÍMITES DE LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ."(14)
En consecuencia, se sobresee en la acción de inconstitucionalidad en relación con las disposiciones del libro tercero del Código Electoral del Estado de México respecto de las cuales no planteó argumento alguno, esto es, en relación con los siguientes artículos : 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 119, 121, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 y 167.
Por su cuenta, en el apartado relativo a las normas generales impugnadas, el Partido Acción Nacional señala los artículos 75, fracción XI, 358, fracción II y 373, fracción II, del Código Electoral del Estado de México.
Sin embargo, en sus conceptos de invalidez se aprecia que también impugna la fracción I del artículo 25, porque establece un requisito menor al que señala la fracción II del artículo 39 de la Constitución Local para la postulación de candidatos de mayoría relativas, en contravención del segundo párrafo del artículo 116 constitucional, en la parte que señala que "(l)os Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos". Por este motivo, también se examinará este último precepto a pesar de no haberse señalado en el apartado relativo. Ver votación 4
QUINTO.-Precisión metodológica. A efecto de analizar los argumentos de invalidez hechos valer por los partidos políticos promoventes del medio de control constitucional que nos ocupa, por razón de orden se estudiarán en primer lugar, de manera temática, los expresados por el partido Movimiento Ciudadano, y posteriormente los que hace valer el Partido Acción Nacional.
Establecido lo anterior, se procede a realizar el análisis de fondo de los conceptos de invalidez en los términos que se desarrollan a continuación. Ver votación 5
SEXTO.-Separación definitiva del cargo. Constitucionalidad del último párrafo del artículo 16 del Código Electoral del Estado de México.
En su primer concepto de invalidez, el partido político Movimiento Ciudadano plantea una violación al párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Federal, porque en su opinión el último párrafo del artículo 16 del Código Electoral del Estado de México permite que los ciudadanos que se separaron de un cargo público para contender en un proceso electoral, puedan reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participaron, a pesar de que el precepto constitucional marca como requisito de elegibilidad la separación definitiva del cargo noventa días antes del día de la elección.
A su juicio, lo anterior "significa colocar al contendiente en un estado jurídico de inelegibilidad por no haberse separado definitivamente del cargo público que detentaba, máxime que el derecho de ser votado se puede ejercer sin ser experto en la interpretación de las disposiciones jurídicas".
Asimismo, señala que "puede llevar al ciudadano a ostentar dos cargos públicos, uno por la vía del ejercicio y otro por la vía electa, lo que vulnera el principio de incompatibilidad, que por ética y observancia a los intereses de la división de poderes, deben asumir todos los servidores públicos del Estado, frenando todo abuso de poder que por un lado pueda perjudicar a la hacienda pública con fines de lucro personal y por otro, que lesione los anhelos del sistema democrático".
Para dar contestación a sus argumentos es necesario reproducir la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
"...
"V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.
"No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.
"Los gobernadores de los Estados y el jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
"Los secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los presidentes municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección."
El anterior precepto constitucional regula los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de diputado federal; mientras que el artículo impugnado regula la posibilidad de los ciudadanos que se hayan postulado para ocupar un cargo público de elección popular en los procesos locales, de reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participe. El artículo impugnado establece:
"Artículo 16. Los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 68(15) de la Constitución Local son elegibles para el cargo de gobernador del Estado de México.
"Los ciudadanos que reúnan los requisitos que establece el artículo 40(16) de la Constitución Local son elegibles para los cargos de diputados a la Legislatura del Estado.
"Los ciudadanos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 119(17) y que no se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 120 de la Constitución Local, son elegibles para ser miembros de los Ayuntamientos.
"Los ciudadanos que se hayan separado de un cargo público para contender en un proceso electoral, podrán reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participe."
De acuerdo con lo anterior, debe señalarse que el artículo 55 constitucional no puede fungir como parámetro de validez del artículo impugnado, ya que se trata de normas orientadas a regular órdenes jurídicos distintos y entre las mismas no existe una relación de jerarquía o dependencia alguna.
Por este motivo, la validez del artículo impugnado, sólo podría confrontarse con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que señala que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas que el mismo precepto constitucional detalla para la organización de sus propios poderes:
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ..."
Sin embargo, fuera de la prohibición para que se reúnan en una sola persona dos o más poderes, no existe otra restricción en este precepto constitucional para que los ciudadanos, que se separaron de un cargo público para contender en los procesos electorales locales, puedan reincorporarse al mismo una vez concluidos los cómputos de la elección en la que participaron. De tal manera que en esta cuestión en particular, esto es, el establecimiento de una condición de separación definitiva o no de un cargo público para que un ciudadan
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25730-b932369e/i-proceso-electoral-separacion-de-un-cargo-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERA (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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