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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2014. · Registro digital (IUS): 25736
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-07-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, Pág. 638.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 75/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 8 DE ABRIL DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y sexto del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trató de una denuncia suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados pertenecientes a diversos circuitos judiciales, en un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la vigente Ley de Amparo.(2) Esto, en virtud de que la misma fue denunciada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

TERCERO.-Pedimento ministerial. De la revisión de las constancias integradoras de la presente contradicción de tesis, no se advierte pedimento/opinión formulada por el Ministerio Público de la Federación.

CUARTO.-Puntos de contradicción. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la antinomia jurídica denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

1) Criterio sustentado del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. El Tribunal Colegiado de mérito en sesión de treinta de enero de dos mil catorce, resolvió el incidente de revisión 327/2013 de su índice, interpuesto por la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres "Noroeste", con sede en el Ejido Santa Adelaida, Matamoros, Tamaulipas, en contra de la determinación dictada en la audiencia incidental de seis de octubre de dos mil trece, en la cual se concedió la suspensión definitiva solicitada por el quejoso en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, esto, con fundamento en los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo abrogada.

El citado Tribunal Colegiado, al resolver el incidente respectivo revocó la interlocutoria recurrida y, en consecuencia, ordenó la reposición del procedimiento, al estimar en esencia, lo siguiente:

"QUINTO.-Este Tribunal Colegiado -de oficio- advierte una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, que impone revocar la interlocutoria combatida, de conformidad con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: ... IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; ...’.-En efecto, de la lectura de la resolución controvertida, se evidencia que a la autoridad responsable ahora recurrente directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres ‘Noreste’, se le tuvo por omisa en rendir su informe previo requerido en el auto de suspensión provisional, no obstante que no había transcurrido el término legal para hacerlo.-En principio, conviene citar el contenido de los artículos 31, fracción I, párrafo primero, y 138, fracción III, de la Ley de Amparo: ‘Artículo 31. Las notificaciones surtirán sus efectos conforme a las siguientes reglas: I. Las que correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas; cuando el oficio que contenga el auto o resolución que se debe notificar se envíe por correo y no se trate de la suspensión, en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente.’.-‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: ... III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.’.-De los preceptos legales transcritos se advierte, entre otras cosas, que las notificaciones que corresponden a las autoridades responsables surten sus efectos desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas; y, que dichas autoridades tienen un plazo de cuarenta y ocho horas para rendir su informe previo.-Ahora, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********, se advierte que el Juez de Distrito, en aplicación del artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, al tratarse de un asunto de naturaleza penal, en donde no ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal que se originó a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, siguió las reglas de la Ley de Amparo abrogada, concretamente el artículo 132, dando un plazo a las autoridades responsables para que rindieran su informe previo de veinticuatro horas.-El citado artículo transitorio señala, textualmente, lo siguiente: ‘Décimo. Las referencias que la presente ley realice al concepto de auto de vinculación a proceso le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.-En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este decreto.’.-Ahora bien, la interpretación del segundo párrafo del citado artículo transitorio conduce a determinar que el aspecto que debe regirse para la suspensión en materia penal, es el sustantivo, no así el adjetivo o procesal, por tanto, los términos, plazos y recursos deben sujetarse conforme a la Ley de Amparo vigente a partir de su entrada en vigor.-Lo anterior se estima así, al analizar la redacción e intención del legislador de que, en los casos donde no haya entrado en vigor el sistema acusatorio penal, en donde existe un cambio procesal en los aspectos de investigación y etapa de preinstrucción, al no referirse ya a una averiguación previa y al auto de formal prisión, sino que ahora se denomina carpeta de investigación y se alude a un auto de vinculación a proceso, en donde las facultades de investigación continúan por el propio Ministerio Público, por lo tanto, la nueva Ley de Amparo hace referencia a este modelo de procedimiento penal para efectos de la suspensión; de ahí que, en los casos donde no se ha instaurado, es la Ley de Amparo derogada la que evidentemente resulta acorde al modelo de justicia donde se habla de averiguación previa y en donde se emite un auto de formal prisión por parte del Juez Penal, razón por la que, señaló textualmente: ‘La suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este decreto.’.-Lo que nos lleva a concluir que los plazos para la tramitación del incidente de suspensión y todo aspecto procesal se debe regir por la nueva Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, pues no sería congruente que todo el juicio de amparo principal se lleve bajo la nueva Ley de Amparo y todo el incidente de suspensión se rija conforme a la Ley de Amparo derogada, pues ello no se advierte de ningún dispositivo legal, ni de la interpretación de los artículos transitorios, además de que generaría una incongruencia e inseguridad jurídica a las partes.-Así las cosas, el plazo que debió haber otorgado el Juez de Distrito a las autoridades responsables para que rindieran su informe previo, es el de cuarenta y ocho horas que establece el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo.-Por tanto, si de las constancias de autos se advierte a foja 12, la constancia de notificación del oficio A/17135/2013 dirigido al titular del Centro Federal de Readaptación Social Número Tres ‘Noreste’; de dicha constancia se desprende que, el oficio por el cual se le requirió su respectivo informe previo, fue recibido a las nueve horas con ocho minutos del día quince de octubre de dos mil trece; entonces, el término legal de cuarenta y ocho horas transcurrió de las nueve horas con ocho minutos del quince de octubre a las nueve horas con ocho minutos del diecisiete de octubre de dos mil trece y la audiencia incidental tuvo verificativo a las nueve horas con quince minutos del dieciséis de octubre del mismo año.-De ahí que, como se anticipó, la audiencia incidental se celebró sin que hubiera transcurrido el plazo legal para que rindiera informe previo la referida autoridad; de modo que el a quo debió diferir la audiencia incidental a efecto de dar oportunidad a la responsable para la rendición del informe y salvaguardar así sus derechos de defensa. ... No resulta obstáculo a lo anterior, el hecho de que en el auto de once de octubre de dos mil trece, en el que se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se haya señalado el término de veinticuatro horas para tal efecto, ya que la recurrente no estuvo en la posibilidad de impugnar dicho acuerdo a través del recurso de queja porque, como se dijo, no se le concedió el término legal a que tenía derecho.-En ese orden de ideas, se impone revocar la interlocutoria combatida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el juzgador federal, deje sin efectos la audiencia y resolución incidental, señale una nueva fecha para la audiencia incidental y tome en cuenta el informe previo que rindió la autoridad responsable, pues a nada práctico conduciría reponer para efecto de que nuevamente rinda su informe previo si éste ya obra en el incidente de suspensión."

2) Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. Por su parte, este segundo órgano de control constitucional en cita, resolvió la queja **********, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de diecisiete de abril de dos mil trece, interpuesto por el quejoso y recurrente **********, en contra del auto de nueve de abril del año retropróximo, dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el que con fundamento en los artículos 124, 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se concedió la suspensión provisional al quejoso y, no obstante lo anterior, el citado amparista interpuso el recurso de queja respectivo al inconformarse en cuanto al monto fijado como garantía.

El Tribunal Colegiado de mérito, al resolver el asunto de que se trata, declaró parcialmente fundado el recurso de queja, al tenor de las consideraciones siguientes:

"QUINTO.- ... Inconforme, el quejoso interpuso el presente recurso de queja y, en la primera parte del primer agravio, alega que el acuerdo recurrido fue emitido en contravención a lo establecido por el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, el que establece literalmente que los efectos de la suspensión dejarán de surtirse si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión el quejoso no otorga la garantía fijada; siendo que el Juez de Distrito exigió que esa garantía se exhiba en el plazo de tres días.-En una segunda parte del primer agravio, el recurrente alega que resulta excesiva la cantidad de once mil pesos fijada para que surtiera efectos la suspensión, toda vez que se trata de una persona que se dedica a cultivar el campo (como lo manifestó en su demanda de amparo), además, por el momento tiene gastos relacionados con el nacimiento de su hijo, que tendrá verificativo en próximos días.-En el segundo agravio, el quejoso argumenta que es ilegal el acuerdo recurrido, en cuanto a que sólo le expide un tanto de las copias certificadas de la suspensión provisional, siendo que solicitó dos; además, su negativa de expedir el segundo tanto no está fundada ni motivada.-Antes de dar respuesta a los agravios del quejoso, es conveniente precisar que los artículos primero, segundo y (sic) transitorio de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece: ‘Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’.-‘Segundo. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente ley.’ ... ‘Décimo. Las referencias que la presente ley realice al concepto de «auto de vinculación a proceso» le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.-En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este decreto.’.-De las transcripciones anteriores se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, entró en vigor al día siguiente de su publicación, al mismo tiempo se abrogó (sic) la Ley de Amparo anterior y se derogaron las disposiciones que se opongan a lo previsto en la nueva ley, pero tratándose de la suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en dicho medio de difusión el dieciocho de junio de dos mil ocho, seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada.-Ahora bien, la interpretación sistemática de dichos transitorios con los diversos artículos que conforman la sección tercera, denominada ‘suspensión del acto reclamado’ de la Ley de Amparo en vigor, puede llevar a entender que la primera parte, titulada ‘reglas generales’ de la sección tercera de la nueva Ley de Amparo, resulta aplicable a los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, y que únicamente la segunda parte, denominada ‘en materia penal’, serían aplicables a los casos donde no haya entrado en operación el nuevo sistema de justicia penal y, por ende, que sólo en esa parte la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada (sic).-Sin embargo, una interpretación en esos términos generaría mayor confusión sobre la identificación de las disposiciones legales que resultan aplicables, ya que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión se regiría, en un aspecto, por la primera parte, titulada ‘reglas generales’, de la nueva Ley de Amparo y, en otro, por las disposiciones de la Ley de Amparo anterior.-Por tanto, atendiendo al principio de seguridad jurídica, a juicio de este Tribunal Colegiado, se debe preferir la interpretación literal del párrafo segundo del artículo décimo transitorio, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y establecer que el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, derivado de casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, continuará rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada.-Dicha interpretación se estima congruente con el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, emitido por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en la que se estableció: ‘... 8. Asimismo, debe tenerse presente que el artículo segundo transitorio del decreto publicado el 18 de junio de 2008, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, entre otras cosas, que el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder del plazo de 8 años. En tal virtud, es necesario prever el régimen que será aplicable tratándose de la suspensión en materia penal a las jurisdicciones que aún no han adoptado el nuevo sistema, mismo que debe ser acorde al marco constitucional que rige actualmente. Por ello, se propone la inclusión de un segundo párrafo del artículo décimo transitorio en los términos siguientes: ...’.-De donde se advierte que no se incorporó distinción alguna, antes bien, la inclusión del segundo párrafo del artículo décimo transitorio, tuvo como finalidad establecer que el régimen aplicable tratándose de la suspensión en materia penal a las jurisdicciones en donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, debe ser acorde al marco constitucional que rige actualmente.-Además, se toma en consideración que el párrafo segundo del artículo décimo transitorio en comento, hace referencia a la ‘suspensión en materia penal’ como ‘institución’, esto es, se refiere a la medida cautelar en su integridad, sin hacer distinción en cuanto a procedencia, trámite, resolución y efectos de la suspensión.-Por tanto, partiendo del principio de que donde el legislador no distingue no es dable al intérprete distinguir, se llega a la conclusión de que la suspensión en materia penal, en los casos en donde no ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, debe tramitarse en su integridad conforme a la Ley de Amparo abrogada.-En el caso, el quejoso reclamó actos dictados dentro del procedimiento penal a diversas autoridades ubicadas en los Distrito Judiciales del Centro, Etla, Ocotlán de Morelos, Zaachila e Ixtlán, Oaxaca, lugares en los que no se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal oral; por tanto, el incidente de suspensión debe regirse conforme la Ley de Amparo abrogada.-Así las cosas, para fijar el monto de la garantía económica que el quejoso tiene que exhibir para que proceda la suspensión provisional de los actos reclamados, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 124 Bis de la Ley de Amparo abrogada, el cual dispone que se deberá tomar en cuenta: a) la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; b) la situación económica de éste; y, c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.-Ahora bien, en el auto recurrido el a quo no tomó en cuenta los elementos antes indicados y menos explicó de qué manera influyeron en la determinación de la cantidad de once mil pesos, que fijó por concepto de garantía que el quejoso debe exhibir; por tanto, al reasumir jurisdicción, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo en vigor, este Tribunal Colegiado advierte que dicho monto es correcto.-Es así, atendiendo a la naturaleza restrictiva de libertad de los actos reclamados, consistentes en la orden de arraigo, aprehensión, detención, localización y/o presentación, sin que se cuente con elementos que permitan conocer la modalidades y características del delito que se impute al quejoso, dado que reclama esos actos de manera genérica; además, si bien el quejoso refirió en su demanda de amparo, concretamente en el capítulo denominado ‘V. Antecedentes de hecho’, que se trata de una persona con modo honesto de vivir y de ocupación agricultor, esa información es insuficiente para conocer su situación económica, lo que lleva a presumir que es de solvencia económica mínima; y al haberse señalado once autoridades judiciales ordenadoras y diez ejecutoras, se estima que es mayor el interés que puede tener en sustraerse de la acción de la justicia; por ende, resulta justo fijar la cantidad de mil pesos por los actos reclamados de cada una de las autoridades ordenadoras, que arroja un total de once mil pesos.-Por otra parte, son fundados los agravios del recurrente, en cuanto afirma que el plazo para exhibir la garantía económica fijada para que surta efectos la suspensión provisional es de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación el acuerdo de suspensión, y no de tres como se estableció en el auto recurrido.-Es así, pues los artículos 124 Bis, 130, 136, párrafos primero y cuarto, y 139, primer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, establecen: ‘Artículo 124 Bis. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de Amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. ...’.-‘Artículo 130. En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.-En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del Juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.-El Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.’.-‘Artículo 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste. ... Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. ...’.-‘Artículo 139. El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.-El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita.’.-De la interpretación armónica de lo dispuesto en los preceptos legales se infiere que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecta la libertad personal, el Juez de amparo debe exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes; que al conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, el Juez de Distrito tomará las medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo, y que el auto que concede la suspensión surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión, pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le haya exigido para suspender el acto reclamado.-Así las cosas, es patente que la Ley de Amparo abrogada no señala el plazo en el que se debe exhibir la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional otorgada; así también, que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y que en tratándose de la suspensión definitiva, la ley establece el plazo de cinco días para que el quejoso llene los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.-Pues bien, en aplicación del segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que dispone que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro personae), y atendiendo al principio general del derecho que se refiere a que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, este Tribunal Colegiado considera que el plazo para que el quejoso exhiba la garantía a efecto de que no deje de surtir efectos la suspensión provisional concedida, es el de cinco días siguientes al de la notificación.-Por tanto, como en el acuerdo recurrido el Juez de Amparo señaló al quejoso el plazo de tres días para exhibir la garantía económica fijada, tal determinación deviene co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25736-5dc4b12d/suspension-en-el-amparo-en-materia-penal-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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