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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, NOTORIA Y EFICAZ, PARA DECRETARLO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 42/2015 · Registro digital (IUS): 25804
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-08-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , Pág. 2077.

AMPARO EN REVISIÓN 42/2015. 19 DE MARZO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. SECRETARIO: ANTONIO ACEVEDO CASTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-A efecto de resolver la litis planteada en el presente expediente, resulta necesario partir del contenido sustancial del auto impugnado y de los motivos de disenso que hace valer el recurrente.

En ese contexto, de las transcripciones anotadas se afirma, por una parte, que el Juez de Distrito, para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el juicio constitucional, sostiene, de manera esencial, que la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, se actualiza porque: (i) las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado (orden de traslado); (ii) independientemente de la "...manifestación que adujeran no desvirtuaría la negativa en cuestión y sí en cambio, retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...", así como el derecho humano de acceso a un recurso sencillo que tutelan los tratados internacionales; (iii) lo cual, no constituye una violación procesal, pues si bien el quejoso no tuvo conocimiento de los informes con la antelación establecida en el numeral 117 de la Ley de Amparo, la información sobre la negativa se da desde que rindieron los informes previos; y, (iv) no existe "la posibilidad" de que la causa de sobreseimiento "desaparezca o se desvirtúe".

Por su parte, el quejoso y ahora recurrente, en los agravios que hace valer, de manera destacada, señala: el Juez de amparo sobreseyó fuera de la audiencia, sin que le otorgara la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos para desvirtuar la negativa del acto reclamado manifestado por las responsables en sus informes con justificación, lo que actualiza una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el amparo indirecto, lo cual conlleva a reponerlo, con base en el dispositivo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Asimismo, este tribunal observa de los antecedentes de los autos enviados, los proveídos de veinticuatro, veinticinco y veintiséis de noviembre, así como dieciséis de diciembre, todos de dos mil catorce, en los que el Juez de Distrito tuvo por recibidos los informes con justificación de las autoridades responsables, en los que negaron los actos reclamados. Consecuentemente, por auto de treinta y uno de diciembre citado, el secretario encargado del despacho del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal determinó sobreseer en el juicio.

Al respecto, es pertinente establecer que el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, es legalmente permitido de conformidad con la interpretación extensiva de la norma aplicable, al señalar la procedencia del recurso de revisión cuando se da dicha hipótesis; sin embargo, para decretar si la negativa del acto reclamado, que se advierte de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, faculta jurídicamente a la autoridad de amparo para sobreseer en el juicio constitucional fuera de la audiencia, es menester partir de lo que dispone la propia norma.

"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."

"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.

"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."

"Artículo 123. Las pruebas se desahogarán en la audiencia constitucional, salvo aquéllas que a juicio del órgano jurisdiccional puedan recibirse con anterioridad o las que deban desahogarse fuera de la residencia del órgano jurisdiccional que conoce del amparo, vía exhorto, despacho, requisitoria o en cualquier otra forma legal, que podrán ser enviados y recibidos haciendo uso de la firma electrónica."

"Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."

De los preceptos transcritos, que rigen el juicio de amparo biinstancial, se observan exigencias normativas que debe atender el juzgador para la legal y eficaz validez de la sustanciación del juicio constitucional, que de no ser atendidas, en su orden cronológico, produciría perjuicios a las partes.

Se explica, de acuerdo con la normatividad transcrita, el legislador secundario estableció una serie de reglas jurídicas que dan certeza al gobernado para el ejercicio de su defensa adecuada y fundamentan el correcto control legal del procedimiento constitucional, entre otras: a) la obligación de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; b) la vista a las partes por lo menos con ocho días de anticipación a la data para la de celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que se puedan imponer de ellos y estar en aptitud jurídica y material de controvertirlos, ofrecer pruebas y exponer alegatos tendentes a desvirtuar el informe o corroborar la inconstitucionalidad que alega respecto al acto reclamado; y, c) el juzgador queda obligado a realizar en su orden los periodos que integran la audiencia constitucional en forma sucesiva uno del otro, actuación procesal que si bien se entiende dogmáticamente como una unidad jurídica, al ser concebida legalmente como una secuencia sin solución de continuidad, en ella se permite el ofrecimiento de pruebas, su desahogo, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia.

De esa forma, la autoridad está obligada a la recepción y desahogo de las pruebas que procedan en términos de ley y las partes a hacer valer, en el periodo oportuno, la facultad o el derecho que se les otorga durante el procedimiento o dentro de la celebración de cada periodo de la audiencia constitucional, en estricto respeto al principio de igualdad entre las partes, que rige el juicio de amparo.

Igualmente, cabe destacar que de la interpretación conjunta y armónica de los artículos transcritos, las pruebas documentales en el juicio de garantías deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional.

En ese orden de ideas, de una interpretación sistemática y deductiva de lo expuesto, se llega a la convicción de que ante la negativa del acto reclamado por parte de las autoridades responsables, es al demandante de amparo a quien corresponde acreditar su existencia, así como demostrar su inconstitucionalidad, lo cual puede ocurrir hasta la audiencia constitucional, porque en esa diligencia, el legislador secundario estableció una oportunidad procesal para que el impetrante de amparo pueda acreditar la existencia del acto reclamado o controvertir su constitucionalidad mediante el ofrecimiento de pruebas, aunque sean documentales, en tanto que la testimonial, pericial o inspección requieren de preparación, cuestión que por las características de la audiencia constitucional no sería posible; de ahí la importancia y trascendencia jurídica de respetar el plazo de ocho días para la vista a las partes con el informe con justificación.

En ese contexto, por regla general, cuando el Juez de Distrito omite una de las formalidades establecidas para el debido desarrollo del juicio de amparo indirecto, que implique un perjuicio o agravio a alguna de las partes, el Tribunal Colegiado está facultado para ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que se subsane la irregularidad advertida y se dicte la sentencia que proceda; en tanto que los requisitos de ley no constituyen formalismos sin sentido, sino formalidades procesales que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional y proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.

Ahora bien, el Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, en él se prevén requisitos formales o presupuestos necesarios que se deben salvar, para que las autoridades jurisdiccionales estén en posibilidad legal de analizar el fondo de los argumentos propuestos por las partes, lo cual no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso efectivo.(1)

En ese contexto, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en su arábigo 63, establece:

"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

"I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.

"No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la asamblea general, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;

"II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;

"III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;

"IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y

"V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

De ese tenor, para efectos del presente asunto, destacan las dos fracciones últimas, la IV que indica la posibilidad jurídica de sobreseer ante la inexistencia del acto reclamado y la V respecto al sobreseimiento por sobrevenir una causa de improcedencia.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es jurídicamente posible determinar el sobreseimiento fuera de la audiencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrada una causa de improcedencia;(2) la cual, refiere, debe ser notoria, manifiesta e indudable ya que al reunir las condiciones anteriores, no hay necesidad de seguir sustanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, puesto que no se cambiaría el sentido de la determinación que al respecto se obtenga, lo cual, además, establece: "...esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..."; argumento que es utilizado por la autoridad de amparo, en este asunto, para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia; sin embargo, no es aplicable.

Esto es, el sobreseimiento es una figura procesal que fue creada por el legislador a efecto de dar por concluido el proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, por falta de alguno de los elementos o requisitos constitutivos de carácter formal o presupuestos procedimentales; de manera destacada por sobrevenir una causa de improcedencia, las cuales se encuentran descritas en el precepto 61 de la Ley de Amparo; es decir, la jurisprudencia de referencia establece la posibilidad jurídica y facultad del Juez de amparo para sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional cuando advierta una causa de improcedencia manifiesta, indudable y notoria, lo que necesariamente implicará darlo por concluido, pues, ante la actualización de dichas condiciones resultaría ocioso seguir sustanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la determinación que al respecto se obtenga; proceder, dice el Máximo Tribunal Constitucional, que va íntimamente ligado a los principios de administración de justicia, consistentes en la celeridad en el proceso y la resolución de la controversia sin sustanciar un juicio estéril.

Empero, tal circunstancia no se actualiza cuando se sobresee en el juicio constitucional fuera de audiencia con base en la fracción IV del dispositivo 64 en comento, es decir, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, toda vez que de la interpretación teleológica de la norma, que apela a la finalidad que pretende alcanzar el precepto, se advierte que el legislador da la oportunidad procesal al quejoso de acreditar la existencia del acto reclamado en la audiencia constitucional, mediante la posibilidad jurídica y material de ofrecer las pruebas que considere procedentes para desvirtuar los informes rendidos.

Hecho que no puede estar supeditado a un juicio de valor ex ante que realice el Juez de amparo, como en el caso, en el que determina que ya dio vista con los informes justificados y si bien no con la temporalidad procesal o en el plazo que la ley lo obliga, el quejoso ya tuvo una información anterior cuando se le dio vista con los informes previos, por lo que a su consideración "...independientemente de la manifestación que adujeran no desvirtuaría la negativa... no existe la posibilidad de que la causa de sobreseimiento invocado desaparezca o se desvirtúe..."; determinación que, como lo expone el recurrente, es incorrecta, ya que la autoridad de amparo, al resolver como lo hizo, le impidió que hiciera valer su derecho de defensa, luego de imponerse del contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades que señaló como responsables, para de esa forma exponer lo que a su interés legal conviniera ante la negativa de aquéllas y, en todo caso, ofrecer las pruebas que estime procedentes; lo que implica una interpretación injustificada al derecho humano de acceso a la justicia en clara referencia al de defensa adecuada, ya que se priva al quejoso de probar los hechos que demuestren lo contrario o la inconstitucionalidad alegada; circunstancia que viola las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional al incurrir en una omisión que puede tener influencia decisiva en el contenido del fallo; además de que, la naturaleza y contenido de los informes previos son esencialmente diversos respecto a los justificados, por la naturaleza jurídica de la materia por la que se solicita.

Por ello, sin soslayar los requisitos de procedibilidad que el propio juicio de amparo tutela para hacer viable el estudio de las cuestiones de fondo, si bien el Juez de Distrito, en aras de cumplir con la celeridad del proceso contemplada en el artículo 17 constitucional, está facultado para sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional cuando sobrevenga una causal de improcedencia que reúna las condiciones de ser manifiesta, notoria y eficaz; en los casos en que exista la negativa del acto reclamado en el informe con justificación que rinda la o las autoridades responsables, está obligado a continuar la secuencia procesal del juicio hasta la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia condigna, a fin de dar la oportunidad constitucional de defensa al quejoso, lo cual es acorde con el dispositivo legal que establece la causa de sobreseimiento por negativa de informe.

En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el dispositivo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante lo esencialmente fundado de los agravios que expone el recurrente, procede revocar el auto recurrido y ordenar reponer el procedimiento en el amparo indirecto a partir del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, para que el Juez de Distrito espere hasta la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el numeral 124 de la Ley de Amparo y dicte la resolución que en derecho proceda; pues es inconcuso que la simple negativa en el informe con justificación no es un motivo manifiesto e indudable para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, ya que ésta puede ser desvirtuada a través de un elemento de prueba eficaz que se ofrezca en la celebración de la audiencia constitucional, lo cual no puede estar supeditado a criterio del Juez de amparo, por tratarse de una formalidad en el juicio.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los dispositivos 81, fracción I, inciso d) y 84 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca el auto sujeto a revisión.

SEGUNDO.-Se ordena al Juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********, en términos de lo establecido en la presente resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese.

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, Emma Meza Fonseca (presidenta), Guadalupe Olga Mejía Sánchez (ponente) y Miguel Ángel Aguilar López.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

_________________

1. Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325, registro digital: 2005917, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas» que dispone: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.-El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."

2. Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro digital: 184572, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.-De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25804-7d2ab1c3/sobreseimiento-fuera-de-la-audiencia-constitucional-la-negativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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