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Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2016. · Registro digital (IUS): 27592
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Pág. 230.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2016. SUSCITADA ENTRE EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. AUSENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.

III. Competencia

6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

7. En sustento a lo anterior, se invoca el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(5)

IV. Legitimación

8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue presentada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia Mexicali, Baja California, que emitieron (al resolver el amparo en revisión 22/2016) uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación prescrito en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal,(6) 226, fracción II,(7) y 227, fracción II,(8) ambos de la Ley de Amparo vigente.

V. Existencia de la contradicción

9. En principio, es menester destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

10. Por lo que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

11. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado,(9) a saber:

Primero: que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

Segundo: entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

Tercero: que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. A continuación, se explican las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

14. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá enseguida.

15. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, resolvió el amparo en revisión 22/2016, donde al pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida, resolvió confirmarla, con base en los siguientes argumentos:

a) Señaló que el resolutor de amparo actuó en forma correcta para resolver en el sentido que lo hizo, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia relativa a la existencia de litispendencia, ya que se advierte que la orden de aprehensión dictada en la causa penal ********** del índice del Juzgado Segundo de lo Penal en Ensenada Baja California, fue señalada como acto reclamado, tanto en el juicio de amparo indirecto **********, tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cuya determinación se revisa, como en el diverso ********** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California con sede en Ensenada, ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso **********; en ese sentido, concluyó que al existir dos juicios de amparo, en los que hay identidad en cuanto al quejoso, acto reclamado y autoridad responsable, se colman los requisitos que evidencian la improcedencia del juicio, derivado de la actualización de la figura jurídica de litispendencia, como correctamente se determinó en la resolución recurrida.

b) Asimismo, consideró acertado que el Juez de amparo decretara el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, al estimar actualizada también la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa de la existencia del acto reclamado, por parte de las diversas autoridades responsables, supuesto que se configura, porque de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron el acto que el quejoso les atribuye, sin que éste allegara pruebas en contrario, por lo que aun cuando se hubiere esperado a resolver en la audiencia constitucional, la determinación de sobreseimiento se verificaría, dado que de las constancias del asunto no se aprecia posibilidad jurídica de que el quejoso pudiera desvirtuar el contenido de los informes justificados de las autoridades responsables.

c) Precisó que la Ley de Amparo maneja dos hipótesis de sobreseimiento, una referente a cuando de las constancias aparece claramente que no existe el acto reclamado -situación que se actualiza en el caso concreto por la negativa del acto reclamado- y otra, en la que no se prueba su existencia en la audiencia constitucional; por tanto, si como en el caso los autos demuestran que el acto existe porque diversas autoridades lo reconocieron, respecto de aquellas que lo negaron, se pone de manifiesto que no les es atribuible ese acto reclamado, así que su inexistencia es notoria, porque la declaración de las autoridades en el informe, sobre la existencia del acto o no, es verídica y no habría motivo para dudar de ella, así que nada impide sobreseer en el juicio antes de la celebración de la audiencia, ya que no es necesario valorar en ese acto procesal los informes, si la afirmación de la autoridad sería la misma --en este caso- por ello, no puede generalizarse que la negativa de amparo de la autoridad no es una razón válida para sobreseer antes de la audiencia, en casos en que sea notoria la inexistencia del acto, por lo que válidamente puede sobreseerse antes de su celebración, sin que con ello se vulnere alguna formalidad en el juicio.

d) Por todo lo anterior, procedió a confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto y autoridades precisados en esa ejecutoria.

16. Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió los amparos en revisión 42/2015, 33/2015, 309/2014, 105/2015 y 68/2015, en los que se sostuvo específicamente lo siguiente:

17. Amparo en revisión 42/2015:

a) Precisó que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo indirecto, con base en lo dispuesto por el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, derivado de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado.

b) Indicó que el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional está legalmente permitido, de conformidad con la interpretación extensiva de la norma aplicable, al señalar la procedencia del recurso de revisión cuando se da esa hipótesis; sin embargo, para decretar el sobreseimiento en esos términos, debe atenderse a lo que disponen los artículos 117, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, que contienen reglas jurídicas que dan certeza al gobernado para el ejercicio de su defensa adecuada y fundamentan el correcto control legal del procedimiento constitucional y que son: i. La obligación de la autoridad responsable de rendir informe con justificación por escrito o medios magnéticos en el plazo de quince días; ii. Vista a las partes por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, para que puedan imponerse de ellos, y estar en aptitud jurídica y material de controvertirlos, ofrecer pruebas y exponer alegatos para desvirtuarlo o corroborar su inconstitucionalidad; y, iii. El juzgador queda obligado a realizar en su orden los periodos que integran la audiencia constitucional.

c) En ese contexto, precisó que la autoridad de amparo está obligada a la recepción y desahogo de las pruebas que procedan, mientras que las partes deben hacer valer sus derechos en cada una de las etapas de la audiencia constitucional.

d) Así, ante la negativa del acto reclamado por las autoridades responsables, el quejoso debe acreditar su existencia y su inconstitucionalidad, hasta la audiencia constitucional, de ahí la importancia de respetar el plazo de ocho días para la vista con el informe; por lo que, si el Juez de Amparo omite una de las formalidades establecidas para el debido desarrollo del amparo indirecto, que implique perjuicio o agravio para alguna de las partes, el Tribunal Colegiado está facultado para reponer el procedimiento, dado que los requisitos de ley no constituyen formalismos, sino formalidades procesales para que el Juez de Amparo cumpla con sus atribuciones y proporcione a las partes los elementos necesarios para su defensa.

e) Por otra parte, indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que es posible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando en autos esté claramente demostrada una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, características que hacen innecesario seguir sustanciando el amparo, porque no cambiaría el sentido de la determinación y esperar sólo implicaría retraso en la impartición de justicia, lo que es contrario al artículo 17 constitucional.

f) Sin embargo, indicó el Tribunal Colegiado, que esa hipótesis no se actualiza cuando se sobresee fuera de audiencia, con base en el artículo 64, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto es, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, toda vez que de una interpretación teleológica de la norma, se advierte que el legislador da la oportunidad procesal al quejoso de acreditar la existencia del acto reclamado en la audiencia constitucional, mediante el ofrecimiento de las pruebas que considere pertinentes para desvirtuar los informes, lo que no puede estar supeditado a un juicio de valor ex ante que realice el Juez de amparo, como en el caso, donde se indicó que ya no se dio vista con el informe justificado porque el quejoso ya conocía el informe previo, por lo que cualquiera que fuera su manifestación no desvirtuaría la negativa.

g) En ese sentido, adujo que, al resolver la autoridad de amparo el sobreseimiento fuera de audiencia, impidió al quejoso que hiciera valer su derecho de defensa, luego de imponerse de los informes de las responsables, para de esa forma exponer lo que a su interés legal conviniera en torno a la negativa y, en su caso, ofrecer las pruebas que estimara conducentes para demostrar lo contrario o la inconstitucionalidad alegada, lo que además viola las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio constitucional, al incurrir en una omisión que puede tener influencia en el contenido del fallo.

h) En ese sentido, concluyó que en los casos en que exista la negativa del acto reclamado en el informe con justificación de las responsables, el Juez de amparo está obligado a continuar con la secuela procesal hasta la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia condigna, para respetar la defensa del quejoso; con base en lo anterior, determinó revocar el auto recurrido y ordenar reponer el procedimiento, para el efecto de que el Juez de amparo espere hasta la celebración de la audiencia constitucional y dicte la resolución que en derecho proceda.

18. Amparo en revisión 33/2015:

a) En el amparo indirecto del que deriva el recurso de revisión, el Juez de amparo determinó sobreseer en el juicio fuera de audiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque las autoridades, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado.

b) Lo anterior, el Tribunal Colegiado, lo consideró incorrecto, porque se impidió al quejoso hacer valer sus derechos, luego de imponerse del contenido de los informes justificados, y con esto que expusiera lo que a su interés legal conviniera ante la negativa de las responsables, lo que le genera una reversión de la carga de la prueba y la obligación de ofrecer pruebas para demostrar la existencia del acto reclamado y que éste resulta inconstitucional.

c) Que la inexistencia del acto no es una causa notoria, manifiesta e indudable, que dé origen al sobreseimiento fuera de audiencia, pues dicha circunstancia sólo acontecerá cuando al dictar la sentencia correspondiente, la parte quejosa no ofrezca probanzas que se estimen conducentes para demostrar la existencia del acto reclamado, así como que éste es inconstitucional, por lo que se debe esperar hasta la audiencia constitucional, donde el amparista puede ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa lo que implica que no se puede tener la certeza que la resolución que se llegue a dictar será en idéntico sentido.

d) Por lo anterior, determinó revocar el auto recurrido y ordenar reponer el procedimiento.

19. Amparo en revisión 309/2014:

a) En este asunto el Juez de Amparo determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, al considerar actualizadas las causas de improcedencia previstas por el artículo 61, fracciones XIV y XXII, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados se consintieron tácitamente y dejó de existir el objeto material del mismo, en razón de que, al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado, esto con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

b) Al respecto el Tribunal Colegiado contendiente determinó que se violaron las reglas del procedimiento lo que conlleva a revocar la sentencia y reponer el procedimiento, porque para sobreseer fuera de audiencia, es condicionante que no exista duda de su actualización y que ningún efecto práctico tendrá continuar con dicho procedimiento, ya que las pruebas que aporte la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo y en cambio provocaría retraso en la impartición de justicia.

c) En el caso, el Tribunal Colegiado estimó que el sobreseimiento era incorrecto, porque dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, al resolver cuando le estaba corriendo el plazo de ocho días, para manifestar lo que a su derecho conviniera, respecto del informe de una autoridad que negó el acto por no estar dentro de sus funciones y con ello arrojó la carga de la prueba al quejoso para demostrar la existencia del acto, su inconstitucionalidad y su notificación, por lo que se le vedó el derecho de demostrar lo que dijo en su demanda de amparo en cuanto al acto y su notificación, al no permitirle ofrecer pruebas, lo que podría hacer en la audiencia constitucional.

d) Bajo ese contexto, determinó que en el caso no se puede afirmar que no existe duda sobre la actualización del sobreseimiento y reiteró los argumentos sostenidos, al resolver el amparo en revisión 42/2015, sobre las reglas del procedimiento de amparo, por lo que revocó la determinación del sobreseimiento y ordenó reponer el procedimiento.

20. Amparo en revisión 105/2015:

a) En el juicio de amparo indirecto se determinó sobreseer fuera de audiencia porque las autoridades responsables negaron los actos reclamados, el quejoso no aportó prueba alguna en contrario, y continuar con el juicio resultaría ocioso y en demérito de la prontitud y expeditez en la administración de justicia, por lo que se daban los supuestos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

b) Al respecto, el Tribunal Colegiado reiterando los argumentos que utilizó para resolver el amparo en revisión 42/2015, consideró incorrecto el sobreseimiento, ordenó revocar el auto recurrido y reponer el procedimiento.

21. Amparo en revisión 68/2015:

a) En este asunto, el Juez de Distrito que conoció del amparo indirecto ante la negativa de las autoridades responsables determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional el juicio.

b) La anterior determinación el Tribunal Colegiado la estimó incorrecta, porque el artículo 119 de la Ley de Amparo faculta a las partes para ofrecer pruebas hasta la audiencia constitucional, para desvirtuar la negativa de los actos reclamados; en ese sentido, se impidió al quejoso que hiciera valer su derecho de defensa, luego de imponerse de los informes de las responsables, para de esa forma exponer lo que a su interés legal conviniera en torno a la negativa y, en su caso, ofrecer las pruebas que estimara conducentes para demostrar lo contrario y que el acto resulta inconstitucional.

c) Por otra parte, advirtió que existe una incorrecta determinación de los actos reclamados, pues dejó de considerarse como tal, el que el quejoso señaló como la falta de información de la existencia de diversas indagatorias.

d) En ese contexto, consideró que se advierten violaciones a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, que trascendió al resultado del fallo, lo que impone revocar el acuerdo recurrido y reponer el procedimiento del juicio de amparo y al efecto reprodujo su criterio emitido en el amparo en revisión antes reseñado.

22. De las resoluciones anteriores derivó la tesis I.9o.P. J/18 (10a.), publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo II, agosto de 2015, página 2087, con número de registro digital: 2009840, de título y subtítulo: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, NOTORIA Y EFICAZ PARA DECRETARLO."

23. De lo anterior, se deduce que los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método. Lo anterior resulta evidente, ya que los órganos jurisdiccionales involucrados debieron decidir, en torno a la aplicación de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, para sobreseer en un juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional.

24. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que este segundo requisito queda cumplido en el presente caso, puesto que los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica, que en este caso es determinar si es jurídicamente correcto que en un juicio de amparo indirecto, ante la negativa de las autoridades responsables del acto reclamado, se decrete el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por considerar que se actualiza una causa de improcedencia indudable y manifiesta.

25. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este elemento también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe formular la siguiente interrogante: ¿Si al rendir su informe justificado, las autoridades responsables niegan la existencia del acto que se les reclama, esa circunstancia constituye una causa de improcedencia indudable y manifiesta, que permite sobreseer en el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional?

VI. Consideraciones y fundamentos

26. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria y que en lo sustancial coincide con el sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que determinó que si al rendir su informe justificado, las autoridades responsables niegan la existencia de los actos reclamados, tal circunstancia no conforma una notoria, y manifiesta causa de improcedencia, que permita decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y resolver así constituye una violación a las reglas del procedimiento de amparo.

27. Por su destacada relevancia en el sentido de la presente ejecutoria, se estima necesario traer a colación el contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, en su contenido anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establecen lo siguiente:

"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."

"Artículo 118. En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días improrrogables, y la celebración de la audiencia se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda."

"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.

"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."

"Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

"Los peritos no son r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27592-152d1e62/sobreseimiento-fuera-de-audiencia-constitucional-por-regla-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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