DIVORCIO. LA REPARTICIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS DURANTE EL MATRIMONIO, DEBE REALIZARSE, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD, CONFORME AL TIEMPO CONVIVIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 133/2015. 4 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. PONENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. SECRETARIO: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ LEYVA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Estudio del asunto (amparo principal).
I. Estricto derecho.
En primer término, es menester anunciar que el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso principal **********, se realizará con atención al principio de estricto derecho, pues su situación no se ajusta a alguno de los supuestos que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se fundó en normas generales que hayan sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, de acuerdo con la fracción I de dicho numeral.
Tampoco se trata de materias penal, agraria o laboral a que se refieren las fracciones III, IV y V, ni se advierte una violación legal de la naturaleza que refiere la fracción VI; además, no existe dato que apunte en el sentido que se pueda considerar al inconforme dentro de los sectores sociales desfavorecidos que contempla la fracción VII del propio ordenamiento.
Ahora bien, es cierto que el asunto que nos ocupa versa sobre una controversia del orden familiar, empero ello no resulta suficiente para aplicar a favor del solicitante de la protección constitucional, la suplencia que establece la fracción II del citado artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que se trata de un conflicto derivado de un procedimiento especial de divorcio incausado, en el que no se encuentran involucrados los intereses de menores o incapaces, pues lo hijos procreados por los divorciantes son todos mayores de edad y no dependen económicamente de sus padres, amén de que no se tiene noticia de que alguno sea incapaz.
En consecuencia, las alegaciones del quejoso deben observarse bajo la óptica jurídica del estricto derecho, pues los intereses que se encuentran en controversia son meramente económicos y se limitan a los dos ex cónyuges.
II. Delimitación de la materia de estudio.
Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por el quejoso principal **********, es menester delimitar la materia sobre la que versará el presente estudio, pues a ésta se referirá el resultado del presente fallo.
En ese sentido, de la lectura de la resolución reclamada se desprende que la misma resuelve en torno a dos diferentes tópicos, mismos que no fueron combatidos en su totalidad por el disidente y, por ello, deberán quedar intocados, pues en asuntos donde priva el principio de estricto derecho, como el que nos ocupa, la litis se conforma por las consideraciones de la autoridad responsable y los motivos de inconformidad expresados por el quejoso.
En ese orden, los dos temas sustanciales que fija la sentencia reclamada son los siguientes:
a) Se establece el ********** de las percepciones del quejoso a favor de ********** en concepto de pensión alimenticia.
b) Se decretó la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio celebrado entre el quejoso ********** y **********, mismo que ha quedado disuelto, en razón de que a esta última le corresponde **********, con base en la liquidación que se realice en ejecución de sentencia.
Ahora bien, de la lectura de los conceptos de violación hechos valer por **********, es posible advertir que únicamente se constriñe a combatir la segunda de dichas hipótesis, esto es, lo relativo a la repartición de bienes; en consecuencia, lo relativo al porcentaje que fijó la Sala en favor de la ahora tercero interesada por concepto de pensión alimenticia deberá quedar intocado, pues el quejoso no manifestó inconformidad al respecto, lo que era requisito para emprender su análisis, sin perjuicio de que, de ser procedente, se analice el tópico al atender el amparo adhesivo.
III. Calificación de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso principal.
La lectura de las alegaciones formuladas por el quejoso ********** permite anunciar apriorísticamente que los conceptos de violación que expresa devienen infundados, inoperantes y parcialmente fundados; por ende, son eficaces para otorgarle la protección constitucional que solicita, de acuerdo con lo que a continuación se expone.
En primer lugar se atiende el concepto de violación 1 de la reseña anotada en el considerando precedente, en que el quejoso se duele por considerar que el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México, relativo a las disposiciones que rigen la separación de bienes, fue aplicado de manera retroactiva en su perjuicio, pues dicho precepto fue publicado el seis de marzo de dos mil diez, mientras que el matrimonio celebrado entre el quejoso y su contraparte tuvo verificativo el veintitrés de julio de mil novecientos setenta, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Concepto de violación que resulta infundado.
Afirmación que encuentra sustento en lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 24/2004-PS, cuyo rubro es: "DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA.". Criterio que resulta aplicable al caso por analogía temática.
En ese orden, puede considerarse que la aplicación del artículo 4.46, párrafo segundo, del Código Civil del Estado de México, no plantea problema alguno desde la perspectiva del derecho de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, cuando la indemnización se reclama con posterioridad a la entrada en vigor del precepto, con independencia de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a esa fecha.
Lo anterior, porque el precepto en cuestión constituye una norma de liquidación del régimen económico matrimonial que se aplica de forma exclusiva a las realizadas después de su entrada en vigor, y aunque modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no afecta derechos adquiridos de quienes se casaron bajo el mismo.
En efecto, a pesar de que el régimen de separación de bienes reconoce a los cónyuges la propiedad y administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, no les confiere un derecho definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son modulados por la necesidad de atender a los fines básicos de la institución patrimonial, la cual vincula inseparablemente el interés privado con el público; en el entendido de que tampoco puede considerarse que el precepto contenga una sanción cuya imposición retroactiva prohíba nuestra Carta Magna, sino que en realidad se trata de una compensación que los juzgadores, a la luz del caso concreto, puedan considerar necesario para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen de separación de bienes.
En las relatadas condiciones, debe decirse que, contrario a lo que afirma el quejoso **********, no existe problema de aplicación retroactiva del artículo 4.46, párrafo segundo, del Código Civil del Estado de México, a pesar de que se aplique sobre bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado con antelación a la vigencia del numeral, ya que al contener dicho precepto una norma paliativa de liquidación del régimen económico matrimonial, se aplica a las liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor y no a anteriores, es decir, se atiende a la fecha en que fue disuelto el vínculo matrimonial, no así a aquella en que fue celebrado dicho acto (nupcias); de ahí que carezcan de sustento los conceptos de violación en los que se alega la aplicación retroactiva del aludido precepto.
En ese sentido, este Tribunal Colegiado de Circuito estima que los criterios invocados por el quejoso, no resultan aplicables en su beneficio, los cuales son de epígrafes: "DIVORCIO. INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL, SU APLICACIÓN ES RETROACTIVA A LOS MATRIMONIOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD." y "JURISPRUDENCIA. CASO EN QUE SU APLICACIÓN ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE NO RETROACTIVIDAD.". Además, por encima de éstos resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 78/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos epígrafe y texto son del tenor siguiente:
"DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA.-La aplicación del citado artículo, que prevé que los cónyuges pueden demandar del otro, bajo ciertas condiciones, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que el cónyuge que trabaja fuera del hogar hubiere adquirido durante el matrimonio, no plantea problema alguno desde la perspectiva de la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, cuando la misma se reclama en demandas de divorcio presentadas a partir de la entrada en vigor del mencionado precepto legal, con independencia de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a esa fecha. El artículo en cuestión constituye una norma de liquidación de un régimen económico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor y, aunque modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no afecta derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello es así porque, aunque dicho régimen reconoce a los cónyuges la propiedad y la administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus frutos y accesiones, no les confiere un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines básicos e indispensables de la institución patrimonial, la cual vincula inseparablemente el interés privado con el público. Tampoco puede considerarse una sanción cuya imposición retroactiva prohíba la Constitución, sino que se trata de una compensación que el Juez, a la luz del caso concreto, pueda considerar necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen de separación de bienes. El artículo citado responde al hecho de que, cuando un cónyuge se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con sus cargas familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar su trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, así como obtener la compensación económica que le correspondería si desarrollara su actividad en el mercado laboral; por eso la ley entiende que su actividad le puede perjudicar en una medida que parezca desproporcionada al momento de disolver el régimen de separación de bienes."(36) (Énfasis añadido por este tribunal).
Por otro lado, en los conceptos de violación reseñados en el considerando precedente con los numerales 2 y 3, el quejoso aduce que no fue equitativo ni proporcional otorgarle a la tercero interesada ********** el derecho a la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio a razón del cincuenta por ciento (50%), sustancialmente por las siguientes razones:
- Desde hacía más de diez años ********** no se dedicaba a las tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia de manera cotidiana.
- Los testigos presentados en primera instancia manifestaron que ésta abandonó el domicilio por infidelidad.
- El quejoso se ha encargado de los pagos de hipoteca, predial, agua, luz y teléfono; mientras que cada uno de los ex consortes se hacía cargo de sus actividades; por tanto, no tuvo cuidado de su familia.
- El inconforme no causó un detrimento económico a la tercero interesada, pues ésta refirió desempeñar actividades productivas para apoyar su propia economía.
- La ex cónyuge del quejoso contaba con un taller de costura, del cual vendió las máquinas de coser que tenía.
- **********, heredó un inmueble, mismo que vendió y por el cual obtuvo una ganancia de **********.
- Ambas partes padecen enfermedades de tipo crónico degenerativo, pero de la prueba pericial en medicina se corroboró que ninguno de ellos se encuentra limitado para realizar una actividad laboral.
Inconformidades que son parcialmente fundadas.
Para llegar a tal aseveración es menester citar el contenido del numeral 4.46 del Código Civil para el Estado de México, cuyo texto dispone:
"Artículo 4.46. La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después.
"Para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio, el cual no podrá ser superior al 50%, con base en los principios de equidad y proporcionalidad."
Del precepto citado se desprende, como correctamente estableció el tribunal de alzada, que cuando en el matrimonio uno de los cónyuges se haya dedicado al trabajo del hogar, administración, dirección, atención o cuidado de la familia de manera cotidiana, tendrá derecho a la repartición de los bienes que se hayan adquirido dentro de la vigencia del matrimonio, en una proporción no mayor al cincuenta por ciento.
En ese orden, de la exposición de motivos en que se apoyaron los legisladores ordinarios del Estado de México para realizar las reformas, adicionar y derogar diversas disposiciones de los códigos penal, civil y de procedimientos civiles, de entre los que destaca, la relativa al artículo 4.46 del Código Civil para el Estado de México, el cual, como se dijo en párrafos precedentes, su aplicación no trastoca el principio de irretroactividad de la ley, porque la adición de dicho numeral no vino a derogar la figura de la separación de bienes como régimen matrimonial, sino a complementarla.
Lo anterior porque la reforma y adición de ese precepto tiene como sustento la conveniencia de proteger a los cónyuges que contrajeron matrimonio bajo ese régimen y a falta de capitulaciones, debe considerarse que los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges, en partes iguales.
Ello, independientemente de que el establecimiento de capitulaciones, no puede tener por efecto que cuando alguno de los cónyuges haya realizado tareas de administración, dirección, atención del hogar o cuidado de la familia no pueda reclamar su derecho al cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Conforme a lo anterior, debe decirse que una interpretación literal y sistemática de la reforma legal de que se trata permite colegir que la intención primordial del legislador mexiquense, al adicionar el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México, en el sentido de establecer que para efectos del divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado las mencionadas tareas, tendrá derecho a los bienes adquiridos durante el matrimonio, en una proporción que no puede exceder del cincuenta por ciento.
En ese contexto, se reconoce y protege, en los casos de divorcio, los derechos patrimoniales de quienes contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, principalmente las mujeres y que, para cumplir con los fines de esa unión, realizaron tareas de administración, dirección y atención del hogar, así como cuidado de la familia y los de aquellas que, además, de desempeñar tales labores, realizan otras actividades para lograr un aporte económico al sostenimiento del hogar pues, precisamente, el legislador no efectuó distinción ni limitación en torno a las mujeres que realizan simultáneamente a las labores del hogar y cuidado de los hijos, otro trabajo diverso por el que obtienen un ingreso específico, sino que pretendió proteger los derechos patrimoniales de éstas en los casos de divorcio, cuando contrajeron matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.
Lo anterior por considerar el legislador que ambas actividades constituyen un aporte económico al sostenimiento del hogar y a la construcción del patrimonio familiar o común; por ende, determinó que tales labores generaban el derecho de las mujeres que se encontraban en esa hipótesis, a recibir hasta el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio. En ese tenor, puede considerarse que con la reforma al numeral 4.46 del Código Civil para el Estado de México, el legislador reconoce tanto a la mujer que se dedica exclusivamente al hogar, como en antaño ocurría, y a la que a la par de las labores de administración, dirección y cuidado de la familia cotidianas, realiza un trabajo remunerado, como copartícipe en la construcción del patrimonio de familia y, por ende, le concede el derecho de obtener hasta el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
En ese tenor, la parte in fine del precepto legal que se analiza refiere que la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio no podrá ser superior al cincuenta por ciento, con base en los principios de equidad y proporcionalidad; lo cual permite establecer que la labor del juzgador ante el caso concreto consiste, precisamente, en determinar, de acuerdo a los elementos aportados en autos, la medida de la participación de los cónyuges en las labores de administración, dirección, atención del hogar o cuidado de la familia, para establecer con base en los citados principios el porcentaje de los bienes que corresponde a cada uno al momento de la separación.
Así, en el caso concreto, si bien es cierto que dicha hipótesis fue justificada por **********, pues de las constancias que integran los autos del juicio ordinario familiar **********, se desprende que a través de los medios probatorios ofertados se acreditó que ésta se dedicó preponderantemente al hogar; no menos cierto es que abandonó el domicilio conyugal durante dos años y medio, lapso durante el cual dejó de hacerse cargo del cuidado de los hijos y la familia, lo que sus propios descendientes informaron a la autoridad judicial.
Además, durante los ocho años previos a la disolución del vínculo matrimonial, dejó de dedicarse al cuidado de la familia y a la atención de su cónyuge, pues para esa época los hijos que ambos habían procreado ya eran mayores de edad e independientes de sus padres, y ambos contendientes convinieron en que a pesar de residir en el mismo domicilio, y más aún, que el ahora quejoso le entregaba una cantidad de dinero a manera de pensión para solventar sus gastos personales, la tercero interesada dejó de cumplir con el rol acordado por los ex cónyuges desde el inicio de su matrimonio.
Lo anterior se desprende del cúmulo probatorio desahogado ante el juzgador de origen, pues en forma coincidente el quejoso y los testigos presentados por las partes, manifestaron que cada uno de los ex consortes realizaba sus actividades por separado.
Temporalidades que arrojan un total de diez años y medio en que ********** dejó de dedicarse preponderantemente a cumplir con el rol tácitamente acordado con su cónyuge, esto es, la atención de los hijos y la realización de las labores del hogar, las cuales sí realizó cotidianamente durante el resto del tiempo que tuvo vigencia el enlace matrimonial.
Derivado de lo anterior se estima que asiste parcialmente la razón al quejoso principal y, por ende, es procedente otorgarle el amparo para efectos en su favor, pues debe tomarse en cuenta que los contendientes permanecieron casados durante poco más de cuarenta y tres años (del veintitrés de julio de mil novecientos setenta al trece de septiembre de dos mil trece, en que quedó disuelto el vínculo), de los cuales aproximadamente treinta y tres la tercero interesada se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos que ambos procrearon, mientras el quejoso se constituyó como el sostén económico de la familia; sin embargo, durante aproximadamente diez años y medio dicha tercero interesada dejó de atender esas labores correspondientes al rol que ambos acordaron tácitamente desde el inicio de su matrimonio, primero, por haber abandonado a la familia cuando sus hijos eran aún niños, y luego porque aunque residía en el mismo domicilio con su contraparte, cada uno se hacía cargo de sus propias necesidades, amén de que los hijos de ambos para ese tiempo ya no requerían de los cuidados de su progenitora, al haber alcanzado la mayoría de edad; en la inteligencia de que a pesar de esa situación el quejoso continuó aportando a su entonces esposa algunas cantidades para solventar sus necesidades.
En esas condiciones, resulta inequitativo y poco proporcional otorgar el mayor porcentaje (50%) posible que permite el numeral 4.46 del Código Civil del Estado de México, por concepto de repartición de bienes, en favor de la ahora tercero interesada; pues ello sería acorde a una relación en la que durante todo el tiempo de su duración los consortes cumplieron con los roles acordados, conforme a lo cual uno de ellos (en general la mujer) se dedicó al cuidado de la familia (crianza de los hijos) y a la atención del hogar, lo que le impidió hacerse de un patrimonio propio; mientras el otro cónyuge cumplía con la función de ser proveedor.
Pero es el caso que, en la especie, esa repartición de actividades se interrumpió en dos ocasiones, la primera, durante un lapso de dos años y medio, en que la tercero interesada abandonó a la familia y, por ello, dejó de atender las labores que cotidianamente realizaba y, la segunda, durante los ocho años previos a la disolución del vínculo matrimonial, pues dejó de atender a su entonces esposo, ya que cada uno se hacía cargo de sus propias necesidades.
Entonces, este órgano de control constitucional considera que si bien existe un derecho a la repartición de bienes, como estimó la Sala responsable, para que dicha distribución sea equitativa y acorde a la realidad de los contendientes, debe tomarse en consideración la temporalidad en que la ex cónyuge dejó de realizar las actividades propias del hogar y cuidado de la familia; esto es, ponderar cuál es el porcentaje justo de acuerdo a las circunstancias especiales del caso concreto.
Para sustentar la anterior determinación es conveniente hacer mención de que en la audiencia principal, llevada a cabo el treinta de agosto de dos mil catorce,(37) se observa el desahogo de la prueba confesional a cargo de la ahora tercero interesada, misma que al dar respuesta a las posiciones planteadas y calificadas de legales, en lo que interesa, indicó:
"1. ¿Es cierto que usted tiene un taller de costura ubicado en el domicilio calle **********, número **********, colonia **********, Nezahualcóyotl, Estado de México? R= No.
"2. ¿Que usted siempre ha trabajado en la costura de ropa? R= No.
"...
"26. ¿Que usted sabe que su articulante siempre ha realizado trabajo remunerado para el sustento de su familia? R= Sí.
"...
"36. ¿Que usted por más de ocho años se ha dejado de encargar de la administración y dirección del inmueble que ha servido como hogar conyugal que se ubica en calle **********, número **********, colonia **********? R= No."
De forma posterior a dicha probanza, se llevó a cabo la declaración de parte a cargo de **********, quien a preguntas del defensor de su contraparte contestó de forma abierta lo siguiente:
"* ¿Si tiene tiempo libre por la mañana o realiza alguna actividad? R= No, ninguna."
Luego, el juzgador cuestionó si ésta se dedicaba al hogar, interrogante a la que respondió en sentido afirmativo.
"* ¿Tiene algún trabajo por el cual obtenga alguna ganancia? R= No, señor.
"* ¿Usted abandonó el hogar por más de dos años? R= No.
"* ¿Quién se ha hecho cargo de sus hijos? R= Yo, porque él trabajaba."
Además, fue desahogada la prueba testimonial a cargo de **********, quien dio las siguientes respuestas a las interrogantes que le fueron formuladas:
"* ¿Sabe si la señora ********** ha realizado algunos trabajos en el hogar? R= Por algún tiempo sí, pero hace unos ocho años que se separaron ellos, cada quien realiza sus funciones por separado.
"* ¿Sabe si la señora ********** ha realizado la administración y dirección del hogar? R= Vuelvo a lo mismo, algún tiempo sí, pero hace seis u ocho años que se separaron ellos, cada quien realiza sus cosas personalmente en el hogar.
"* ¿Sabe si la señora ********** atendió o atiende y estuvo al cuidado de los hijos del matrimonio? R= Pues yo a partir de que me casé, mi esposo, su hijo y su hija, eran ya mayores de edad, pero yo sé que anteriormente ella, se iba y se alejaba del matrimonio por irse con otras personas, por eso así cien por ciento dedicarse al hogar, no.
"* ¿Sabe si su presentante prepara sus alimentos? R= Sí.
"* ¿Sabe si su presentante lava su ropa o la va a lavar? R= Sí, en la lavandería o en ocasiones cuando yo llego a la lavar que lavamos regularmente los sábados, a veces yo le lavo su ropa a él."
También se cuenta con la testimonial a cargo de **********, quien a preguntas de la defensa del quejoso contestó lo siguiente:
"* ¿Sabe si la señora **********, ha realizado actividades en el hogar? R= Para ella desde que ellos se separaron, ya tiene ocho años, ella hace sus cosas, él le da cada quincena para su gasto de ella, y él sus cosas como él pueda arreglarse.
"* ¿Sabe si la señora ********** ha realizado trabajos de administración y dirección del hogar? R= Pues desde que se separaron ya no, hace ocho años.
"* ¿Sabe si la señora ********** siempre ha cuidado a sus hijos habidos en matrimonio? R= Pues ella se fue un tiempo, nos dejó a nosotros, se fue como dos años, se fue con otra persona.
"* ¿Sabe quién se hizo cargo de sus hijos mientras se fue? R= Mi papá.
"* ¿De qué se hacía cargo? R= De todo lo que necesitábamos, alimentos, de todo de todo.
"* ¿Sabe si su presentante lava su ropa? R= Sí, la manda a lavar."
Preguntas que fueron ampliadas por la defensa de la ahora tercero interesada, mismas que en lo que interesa son del tenor siguiente:
"* ¿Quién le atendió a usted en sus alimentos y en su ropa cuando era menor de edad? R= Pues al principio ella, pero cuando se fue otra persona.
"* ¿Hasta qué edad le dejó ella de atender en su ropa y sus alimentos cuando era menor de edad? R= Pues ocho años o nueve años, cuando ella se ausentó, porque se fue con otra persona, nos llevó, hubo problemas, nos regresó y ella desapareció al día siguiente, no regresó hasta después de dos años.
"* ¿Los atendió después, cuando era menor de edad, cuando regresó supuestamente? R= Sí, ella regresó después.
"* ¿Y le siguió atendiendo a usted y a sus hermanos? R= Sí."
En esa misma diligencia fue desahogada la confesional a cargo del peticionario de amparo **********, quien respondió lo siguiente a las posiciones calificadas de legales:
"1. ¿Es cierto que la pensión económica que recibe del IMSS la gasta únicamente en usted? R= No, doy el gasto de la casa y le he estado dando su gasto a ella.
"2. ¿Es cierto que la pensión económica que recibe de banca múltiple la gasta únicamente en usted? R= No, aclaro, que de esa pensión se paga hipoteca y varios préstamos que tengo yo.
"3. ¿Que usted durante su vida laboral se desempeñó como policía bancario? R= Sí.
"4. ¿Que desde que se casó hasta que se divorció de la señora **********, usted fue el único sostén económico de la familia que se formó? R= Sí.
"5. ¿Que con el producto de ese trabajo como policía bancario usted mantuvo a su familia integrada por sus hijos y esposa? R= Sí.
"7. ¿Que usted le daba como gasto todo a la señora **********, para manutención de su familia? R= Sí, hasta hace ocho años para acá, que es sólo para ella, porque estamos separados."
Luego, se recibió la declaración de parte a cargo de **********, de la cual resultó lo siguiente:
"• ¿Quién fue la persona que atendió a sus hijos en cuanto a alimentos y demás cuidados que requieren o requerían cuando éstos eran menores? R= En el ochenta y dos, cuando ella se ausentó de mis hijos, yo contraté a una señora para que ella atendiera a mis hijos, aproximadamente dos años y medio en que estuvo ella ausente."
Enseguida, para efectos de precisión, el juzgador preguntó al deponente, quién había cuidado a sus hijos desde que nacieron y después de que regresó su ex esposa, a lo cual el ahora peticionario de amparo contestó, que durante unos ocho años la señora ********** se había hecho cargo de sus hijos, hasta que un día se fue.
"• ¿Quién fue la persona que lo atendía a usted en sus alimentos, ropa y demás necesidades que una persona tiene cuando la señora **********, vivía con usted? R= Cuando ella estaba en mi casa ella hacía todo el trabajo.
"• ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en ese domicilio? R= Ese domicilio lo adquirí en dos mil tres.
"• ¿En ese tiempo vivía usted con la señora **********? R= Sí.
"• ¿Cuántos años duró su matrimonio? R= Cuarenta y cuatro años.
"• ¿Durante todo ese tiempo se dedicó usted a trabajar como policía? R= Sí.
"• ¿Durante esos cuarenta y cuatro años de matrimonio, únicamente dos años fueron los que no vivió con la señora **********? R= Si, dos años y medio y durante los últimos años vivíamos en la misma casa pero ya separados.
"• ¿Aún así le si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25903-1b058757/divorcio-la-reparticion-de-los-bienes-adquiridos-durante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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