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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE OAXACA RECLAMA EN ESA VÍA LA ABSTENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD DE EXPEDIR ACREDITACIONES A CIERTAS PERSONAS, COMO INTEGRANTES DE AQUÉL, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE AQUÉLLA, POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE ACREDITA QUE CON MOTIVO DE UNA DETERMINACIÓN POSTERIOR DICHAS PERSONAS YA NO EJERCEN LOS CARGOS RESPECTIVOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CUYA EXISTENCIA NIEGUEN LAS AUTORIDADES DEMANDADAS CUANDO ÉSTA NO QUEDE ACREDITADA EN AUTOS. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA NO INCURRIÓ EN INCUMPLIMIENTO A SUS DEBERES LEGALES POR LA OMISIÓN DE MINISTRAR AQUÉLLAS AL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, AL EXISTIR UN IMPEDIMENTO JURÍDICO Y MATERIAL PARA DECIDIR SOBRE LA IDENTIDAD DE QUIEN VÁLIDAMENTE PODÍA DESEMPEÑAR EL CARGO DE TESORERO MUNICIPAL. SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. EL QUE DICHO ÓRGANO HAYA ENTREGADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES AL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, POR CONDUCTO DE QUIEN CONSIDERÓ QUE ERA EL TESORERO MUNICIPAL LEGALMENTE DESIGNADO, NO LO CONSTITUYE EN UNA AUTORIDAD INTERMEDIA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2014. · Registro digital (IUS): 25923
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-10-23
Promovente: MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II , Pág. 2131.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2014. MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, ESTADO DE OAXACA. 26 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., CON RESERVAS, JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA. SECRETARIOS: RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA Y LUIS DE LA PEÑA PONCE DE LEÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintiséis de agosto de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Demanda. Por escrito presentado el veintidós de julio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Fortunato Manuel Mancera Martínez, ostentándose como síndico procurador del Municipio de Santa Lucía del Camino, Estado de Oaxaca, así como diversos concejales, promovieron controversia constitucional contra los actos que a continuación se indican:

"a) La determinación fáctica e inconstitucional del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para negar al tesorero municipal C. Óscar Javier Carreño Aragón (designado por el Ayuntamiento), el pago o entrega de los recursos económicos estatales y federales al Municipio que representamos, de las participaciones fiscales y aportaciones estatales y federales del ejercicio fiscal de dos mil catorce, lo anterior, sin que el Municipio que representamos haya sido notificado ni oído y vencido en juicio, y sin respeto al derecho de defensa previa al acto privativo.-b) La determinación fáctica e inconstitucional del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para retener los recursos económicos estatales y federales que le corresponden al Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito Centro, Oaxaca, sin previa audiencia de nuestra representada y sin respeto al derecho de defensa previa al acto privativo.-c) Como consecuencia de lo anterior, las órdenes o acuerdos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, como de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, consistentes en la retención de los recursos económicos estatales y federales al Municipio de las participaciones fiscales y aportaciones estatales y federales del ejercicio fiscal dos mil catorce, lo anterior, sin que el Municipio que representamos haya sido notificado ni oído y vencido en juicio, y sin respeto al derecho de defensa previa al acto privativo.-d) La determinación fáctica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, de solicitar al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, la desaparición del Ayuntamiento del Municipio de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, sin previa audiencia de nuestra representada, y sin respeto al derecho de defensa previa al acto privativo.-e) La determinación fáctica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca de solicitar al Poder Legislativo de la Entidad, la suspensión y/o revocación de mandato de los concejales siguientes: C. Fortunato Manuel Mancera Martínez, C. Maribel Catalina Díaz Olmedo, C. María De Lourdes Sierra Santos, Andrés Gabriel Velasco Jiménez, C. Sierra Rocha, C. Paulina Flores Hernández y C. Damián Wilfrido Cortes Vicente, en su carácter de síndico procurador, síndica hacendaria, regidora de Hacienda, regidor de Obras Públicas Municipales, regidor de Comercios, Mercados Restaurantes y Bares, regidora de Salud y Asistencia Social, y regidor de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, respectivamente, del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.-f) La inminente determinación de plano y sin previa audiencia de mi representada, del Poder Legislativo de la entidad para nombrar un administrador municipal, que haga las funciones del Ayuntamiento que representamos.-g) La inminente determinación del Congreso del Estado de Oaxaca para decretar de plano y sin previa audiencia, la suspensión provisional del H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, Oaxaca, sin haber sido oída y vencida previamente nuestra representada el Ayuntamiento del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.-h) La negativa del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por conducto de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para acreditar al C. Fortunato Manuel Mancera Martínez, como síndico procurador, a Maribel Catalina Díaz Olmedo, como síndica hacendaria, a María de Lourdes Sierra Santos, como regidora de Hacienda, a Armando Eduardo Calderón Jiménez, como secretario municipal, y a Óscar Javier Carreño Aragón, como tesorero municipal, todos del Municipio que representamos, así como la negativa para dar de baja o cancelar en el libro de registro de acreditaciones a los anteriores titulares de la Secretaría Municipal, Tesorería Municipal, Regiduría de Hacienda, Sindicatura de Procuración y Sindicatura Hacendaria, en relación a los cambios y reasignaciones de esas sindicaturas, regidurías, tesorería y secretaría municipal de acuerdo al acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha ocho de julio de 2014."

2. SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló que no existe tercero interesado; narró los antecedentes de los actos impugnados; y expresó los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

2.1. Que la determinación fáctica del Poder Ejecutivo demandado, de negar la entrega o de retener los recursos económicos que por concepto de participaciones fiscales y aportaciones federales de dos mil catorce le corresponden al Municipio, al tesorero Óscar Javier Carreño Aragón, así como las órdenes o acuerdos de la Secretaría General de Gobierno o de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de realizar esa retención, violan su derecho de defensa previa al acto privativo, pues se efectuaron sin que el Municipio hubiera sido notificado, ni oído y vencido en juicio.

2.2. Que tales actos contravienen las garantías de audiencia y de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que no se encuentran sustentados en un procedimiento legal que garantice la defensa del afectado, aunado a que carecen de fundamento que faculte a la autoridad para emitirlos.

2.3. Que el Poder Ejecutivo debe entregar las participaciones y aportaciones federales correspondientes a los Municipios por conducto del tesorero que faculte y designe el Ayuntamiento; sin embargo, en el caso del Municipio de Santa Lucía del Camino, no se han entregado esos recursos por conducto de Óscar Javier Carreño Aragón, a quien el Ayuntamiento, por mayoría calificada, asignó ese cargo en sesión de Cabildo de ocho de julio de dos mil catorce, lo que viola el artículo 115 de la Constitución Federal, pues se infringe la autonomía municipal, así como la libertad con que cuenta el Ayuntamiento para realizar el cambio de tesorero.

2.4. Que la Ley de Coordinación Fiscal del ámbito federal, así como su correlativa del Estado de Oaxaca establecen que las participaciones federales son inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por los Municipios, con ciertas formalidades.

2.5. Que el Poder Ejecutivo violó las disposiciones contenidas en el artículo 115, fracciones II, primer párrafo, y IV, incisos b) y c), último párrafo, de la Constitución Federal, que reconocen en la institución municipal un nivel de gobierno, investido de personalidad jurídica propia, facultado para manejar su patrimonio y administrar libremente su hacienda, y también se viola la autonomía en atención a que no debe existir autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y la toma de sus determinaciones, toda vez que el Ejecutivo Local, por conducto de la Secretaría de Finanzas, se ha negado a respetar la designación del nuevo tesorero que realizó el Ayuntamiento actor mediante mayoría calificada, y ha entregado los recursos económicos estatales y federales a un tesorero cuyo nombramiento fue revocado también por mayoría calificada del Ayuntamiento, en sesión de ocho de julio de dos mil catorce.

2.6. Que los secretarios general de Gobierno y de Finanzas del Estado de Oaxaca carecen de atribuciones para ordenar la retención de los recursos financieros del Municipio actor, correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV.

2.7. Que los Estados cuentan con amplias facultades de fiscalización, pero con ellas no pueden imponerse limitaciones o restricciones desvinculadas del control de los fines para lo que se utilizan, ni pueden imponerse sanciones que impliquen embargo, afectación o gravamen, pues con ello se violan los artículos 32, 36 y 49, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.8. Que la retención de los recursos económicos del Municipio se realiza sin sustento legal que la autorice y sin que se haya seguido un procedimiento en el que se garantice el derecho de defensa, por lo que es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como del principio de integridad de los recursos económicos municipales.

2.9. Que la negativa del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de esa Secretaría, de expedir las acreditaciones a Fortunato Manuel Mancera Martínez, como síndico procurador, Maribel Catalina Díaz Olmedo, como síndica hacendaria, María de Lourdes Sierra Santos, como regidora de Hacienda, Armando Eduardo Calderón Jiménez, como secretario municipal, y Óscar Javier Carreño Aragón, como tesorero municipal, así como la negativa de dar de baja o cancelar del libro de registro de acreditaciones a los anteriores titulares de esos cargos, vulnera la autonomía municipal y desconoce la libre determinación del Ayuntamiento, toda vez que, en términos del artículo 115 constitucional, no debe existir autoridad intermedia, por ello, el demandado se encuentra impedido para desconocer los acuerdos y determinaciones del Ayuntamiento, así como para negar las acreditaciones correspondientes de acuerdo con las reasignaciones de los cargos del Ayuntamiento que se realizaron en sesión del Ayuntamiento de ocho de julio de dos mil catorce.

2.10. Que la determinación fáctica del Poder Ejecutivo de Oaxaca, de solicitar al Congreso Local la desaparición del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino y de suspender o revocar el mandato de diversos concejales, así como la inminente determinación de plano del Poder Legislativo, de nombrar un administrador municipal y suspender provisionalmente al Ayuntamiento, violan los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, al no haberse otorgado derecho de defensa previo, además de que tales actos no se encuentran fundados y motivados de forma escrita.

3. TERCERO.-Mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil catorce,(2) el Ministro integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil catorce, ordenó formar y registrar el expediente, reservando acordar lo relativo al turno en cuanto iniciara el segundo periodo de sesiones; admitió a trámite la demanda, únicamente por lo que hace a quien se ostenta como síndico procurador, toda vez que la representación legal del Municipio recae sólo en el síndico; reconoció el carácter de demandados y ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Oaxaca; y mandó dar vista al procurador general de la República.

4. En proveído de cuatro de agosto de dos mil catorce,(3) el presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el expediente al Ministro Luis María Aguilar Morales, a quien correspondió actuar como instructor del procedimiento.

5. CUARTO.-Contestación del Ejecutivo. Por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, compareció Víctor Hugo Alejo Torres, en su carácter de consejero jurídico del Gobierno del Estado, quien dio contestación a la demanda mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el nueve de septiembre de dos mil catorce,(4) manifestando, medularmente:

5.1. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe decretar el sobreseimiento en la presente controversia ante la inexistencia del acto impugnado consistente en la retención de los recursos económicos que le corresponden al Municipio actor, toda vez que la Secretaría de Finanzas del Estado ha ministrado las participaciones y aportaciones fiscales relativas a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, a través del mecanismo autorizado por el Ayuntamiento, durante el periodo comprendido de enero a junio y de julio a agosto de dos mil catorce, por conducto del tesorero municipal Reynel Meléndez Girón, quien hasta la fecha es la persona nombrada legalmente por el Ayuntamiento de acuerdo con las formalidades establecidas en la ley.

5.2. Que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción II, de la ley de la materia, pues la presente controversia constitucional versa sobre actos de la materia electoral, ya que el Municipio actor basa su acción en el acta de sesión de Cabildo celebrada el ocho de julio de dos mil catorce, la cual se encuentra actualmente controvertida ante el Tribunal Electoral de Poder Judicial del Estado de Oaxaca; por tanto, de entrar al estudio de fondo del asunto se tendría que analizar la validez de dicha acta, con la posibilidad de que se dictaran sentencias contradictorias.

5.3. Que la litis en el presente asunto queda constreñida a determinar la correcta entrega de los recursos correspondientes al Municipio, para lo cual será necesario analizar la validez del acta de sesión de Cabildo de ocho de julio de dos mil catorce, a través de la cual integrantes del Ayuntamiento nombraron a nuevos tesorero y secretario municipales, además, modificaron la asignación de regidurías y sindicaturas.

5.4. Que de la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Estado, se advertía que la administración del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, electo para el periodo de dos mil catorce a dos mil dieciséis, transcurría ejerciendo sus facultades normalmente, hasta el once de julio de dos mil catorce, en que diversos integrantes del Ayuntamiento informaron sobre los acuerdos tomados en sesión de ocho de julio de ese año, entre ellos, el nombramiento como tesorero de Óscar Javier Carreño Aragón; sin embargo, del análisis de las constancias que exhibieron se concluyó que dicha sesión se había realizado sin cumplir con las formalidades establecidas en la ley, por lo que se determinó continuar ministrando los recursos por conducto del tesorero municipal, Reynel Meléndez Girón, nombrado válidamente en sesión de uno de enero de dos mil catorce.

5.5. Que la sesión de Cabildo de ocho de julio de dos mil catorce, se celebró sin cumplir con lo dispuesto en los artículos 46, 47, 48, 73, fracción II, y 92, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, pues no se advierte que se haya celebrado en el recinto oficial; no se inició con el quórum legal de la mitad más uno de los integrantes del ayuntamiento, pues el Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino se encuentra integrado por diez concejales, y quienes iniciaron la sesión de Cabildo fueron cinco; no fue presidida por el presidente municipal ni por persona que legalmente lo sustituyera, pues en todo caso, el facultado para tal efecto era alguno de los regidores; se llevó a cabo sin la asistencia del secretario municipal, y si bien habilitaron a una persona para tal efecto, no tomaron en cuenta que el secretario tiene voz pero no voto, y la persona que lo sustituyó fue un concejal que participó en las votaciones; no se acreditó que dicha sesión fuera una de las definidas por la ley como ordinarias, pues el motivo principal y la urgencia para llevarla a cabo fue la reinstalación de dos regidoras, lo que encuadraba en la hipótesis de sesión extraordinaria, en virtud de lo cual, se incumplió con el requisito de este tipo de sesiones de no tratar más de un asunto; no consta fehacientemente que la convocatoria a la sesión se haya notificado legalmente al presidente municipal, síndico municipal, regidor de Hacienda y secretario municipal, de acuerdo a las formalidades que mínimamente deben cumplir para todo proceso de notificación; existe un señalamiento directo, por parte de uno de los regidores, en el sentido de que fue coaccionado para firmar el acta de la sesión y de que ésta no se llevó a cabo. Además, el Ayuntamiento no tiene la facultad expresa para aprobar el cambio de titular de una sindicatura, sino únicamente respecto de las regidurías, por lo que es ilegal el cargo con el que se ostenta Fortunato Manuel Mancera Martínez.

5.6. Que lo anterior se robustece con la suspensión otorgada por José Rogelio García Martínez, síndico procurador del Municipio, en el recurso de revocación radicado bajo el expediente administrativo 01/INT/SLC/2014, a favor de Reynel Meléndez Girón, para que continúe desempeñando el cargo de tesorero hasta que aquél se resuelva.

6. QUINTO.-Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y dio vista con el escrito respectivo a la parte actora y al procurador general de la República.

7. SEXTO.-Contestación del Legislativo. Por parte del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca compareció Alejandro Avilés Álvarez, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura, quien dio contestación a la demanda mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintidós de septiembre de dos mil catorce,(5) en el que manifestó, esencialmente:

7.1. Que a la fecha no se ha presentado ante el Poder Legislativo del Estado ninguna solicitud por parte del Poder Ejecutivo relacionada con la desaparición del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, ni con la suspensión o revocación del mandato de los concejales que lo integran.

7.2. Que tampoco es cierto que el Congreso Local vaya a determinar de plano el nombramiento de un administrador municipal, ni la suspensión provisional del Ayuntamiento actor, pues tampoco existe solicitud en ese sentido.

7.3. Que fueron presentados ante el Congreso diversos escritos a través de los cuales algunos integrantes del Municipio actor solicitaron la revocación del mandato de los concejales Paulina Flores Hernández, Maribel Catalina Díaz Olmedo, Fortunato Manuel Mancera Martínez y Ángel Sierra Rocha; que fueron registradas con los números 223, 228 y 230, del índice de la Comisión Permanente de Gobernación, la cual hasta la fecha no ha emitido ningún acuerdo relativo al inicio formal del procedimiento.

7.4. Que no es cierto que el Congreso del Estado inminentemente revocará el mandato de los concejales antes señalados, toda vez que previamente deben garantizarse los derechos de audiencia y defensa en un procedimiento en el que se observen las formalidades esenciales, sin que a la fecha se haya iniciado el procedimiento correspondiente.

8. SÉPTIMO.-Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil catorce,(6) el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y dio vista con el escrito relativo a la parte actora y al procurador general de la República. Asimismo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

9. Cabe señalar que el procurador general de la República no emitió opinión en el presente asunto.

10. OCTAVO.-Audiencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el veintiuno de octubre de dos mil catorce tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(7)

11. NOVENO.-Con fundamento en los artículos 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 34, fracción XXII, y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de este Alto Tribunal, mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil quince,(8) ordenó el returno del asunto al Ministro Juan N. Silva Meza.

12. DÉCIMO.-En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de este Tribunal Constitucional, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

13. DÉCIMO PRIMERO.-Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil quince,(9) el presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicha Sala se avocara al conocimiento del presente asunto; y

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en razón de que se trata de un conflicto entre el Estado de Oaxaca, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo y el Municipio de Santa Lucía del Camino perteneciente a dicho Estado, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en tanto que únicamente se impugnan actos.

15. SEGUNDO.-Fijación de la litis. En términos de la fracción I del artículo 41 de la ley de la materia, es conveniente precisar las normas y actos objeto de la presente controversia.(10)

16. Del estudio integral de la demanda se advierte que la parte actora impugna los siguientes actos:

16.1. La omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca de entregar, por conducto del tesorero municipal, Óscar Javier Carreño Aragón, los recursos que por concepto de participaciones y aportaciones federales le corresponden al Municipio de Santa Lucía del Camino, relativas al ejercicio fiscal dos mil catorce.

16.2. La determinación fáctica del Poder Ejecutivo Estatal, así como las órdenes o acuerdos de las Secretarías General de Gobierno y de Finanzas, para retener los recursos económicos estatales y federales que le corresponden al Municipio, relativas al citado ejercicio.

16.3. La determinación fáctica del Poder Ejecutivo demandado de solicitar al Poder Legislativo Local la suspensión provisional y desaparición del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, así como el nombramiento de un administrador municipal.

16.4. La determinación fáctica del Poder Ejecutivo de Oaxaca de solicitar al Poder Legislativo de esa entidad la suspensión y/o revocación del mandato de los concejales: Fortunato Manuel Mancera Martínez, Maribel Catalina Díaz Olmedo, María de Lourdes Sierra Santos, Andrés Gabriel Velasco Jiménez, Ángel Sierra Rocha, Paulina Flores Hernández y Damián Wilfrido Cortes Vicente.

16.5. La inminente determinación del Legislativo de la entidad, de decretar la suspensión provisional del Ayuntamiento, así como de nombrar un administrador municipal.

16.6. La inminente determinación del Congreso del Estado de Oaxaca de suspender y/o revocar el mandato de los concejales antes mencionados.

16.7. La omisión del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de esa secretaría, de expedir las acreditaciones a: Fortunato Manuel Mancera Martínez, como síndico procurador, Maribel Catalina Díaz Olmedo, como síndica hacendaria, María de Lourdes Sierra Santos, como regidora de Hacienda, Armando Eduardo Calderón Jiménez, como secretario municipal, y Óscar Javier Carreño Aragón, como tesorero municipal; así como la consecuente omisión de dar de baja o cancelar del libro de registro de acreditaciones a las personas que ocupaban anteriormente dichos cargos.

17. Ahora bien, por lo que hace a los actos precisados en los incisos b), c), d), e) y f), esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que no se encuentra acreditada su existencia.

18. En efecto, por lo que hace a los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se debe decir que éste negó la determinación para retener los recursos que corresponden al Municipio. Asimismo, negó haber solicitado al Poder Legislativo de la entidad, la suspensión provisional y desaparición del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, así como el nombramiento de un administrador municipal, y también negó haberle solicitado la suspensión o revocación del mandato de los concejales a que hizo referencia el actor; negativas que no se encuentran desvirtuadas con ningún medio de prueba.

19. En relación con lo anterior, el Poder Ejecutivo adjuntó al escrito de contestación de la demanda comprobantes que amparan los siguientes pagos realizados al Municipio de Santa Lucía del Camino:(11)

19.1. Fondo Municipal de Participaciones, de la primera quincena de enero de dos mil catorce a la segunda quincena de agosto de dos mil catorce.

19.2. Fondo de Fomento Municipal, de la primera quincena de enero a la segunda quincena de agosto de dos mil catorce.

19.3. Fondo de Compensación, por los meses de noviembre y diciembre de dos mil trece, así como de enero a julio de dos mil catorce.

19.4. Fondo Municipal sobre las Ventas Finales de Gasolina y Diésel, correspondiente a diciembre de dos mil trece y de enero a julio de dos mil catorce.

19.5. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (fondo III), correspondientes a los meses de enero a agosto de dos mil catorce.

19.6. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (fondo IV), correspondiente a los meses de enero a agosto de dos mil catorce.

20. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Oaxaca, al contestar la demanda en representación del Poder Legislativo de la entidad, manifestó que a la fecha de presentación de su escrito, el Poder Ejecutivo del Estado no ha presentado ninguna solicitud relacionada con la suspensión o desaparición del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, ni la suspensión o revocación de mandato de sus concejales. De igual forma, negó que vaya a determinar de plano el nombramiento de un administrador municipal, o la suspensión provisional del Ayuntamiento, manifestando que recibió diversas solicitudes de revocación de mandato -relacionadas con los concejales Fortunato Manuel Mancera Martínez, Ángel Sierra Rocha, Maribel Catalina Díaz Olmedo y Paulina Flores Hernández-, pero que fueron formuladas por concejales del propio Municipio, solicitudes que se turnaron a la Comisión Permanente de Gobernación, que las registró con los números de expediente 223, 228 y 230, sin que a esa fecha se hubiera iniciado el procedimiento correspondiente. Para demostrar esta última afirmación, el Poder Legislativo demandado exhibió copias certificadas de los expedientes referidos.

21. Al respecto, se aprecia que todas las solicitudes de revocación de mandato fueron formuladas por integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino; asimismo, que tal como lo manifestó el Poder Legislativo demandado, no se ha emitido ningún acuerdo dentro de esos procedimientos, pues en todos los expedientes únicamente obran agregadas las solicitudes correspondientes y las pruebas aportadas por los promoventes.

22. Por tanto, ante la negativa expresa de los Poderes demandados sobre la existencia de los actos precisados anteriormente, y al no existir constancias en autos que acrediten su existencia, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de tales actos, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23. Por otra parte, son ciertos los actos impugnados precisados en los incisos 16.1. y 16.7., que consisten en: (i) la omisión de entregar los recursos que por concepto de aportaciones y participaciones federales le corresponden al Municipio de Santa Lucía del Camino, por conducto de Óscar Javier Carreño Aragón, quien fue nombrado tesorero municipal, en sesión de Cabildo de ocho de julio de dos mil catorce; así como (ii) la omisión de acreditar a Fortunato Manuel Mancera Martínez, como síndico procurador, a Maribel Catalina Díaz Olmedo, como síndica hacendaria, a María de Lourdes Sierra Santos, como regidora de Hacienda, a Armando Eduardo Calderón Jiménez, como secretario municipal, y a Óscar Javier Carreño Aragón, como tesorero municipal, así como la consecuente abstención de dar de baja o cancelar del libro de registro de acreditaciones a los anteriores titulares de dichos cargos.

24. Lo anterior se tiene por demostrado con base en las siguientes pruebas:

24.1. Obra en autos copia certificada del oficio A.S.C./25/2014,(12) presentado en la oficina del Secretario de Finanzas del Estado de Oaxaca el once de julio de dos mil catorce -con anterioridad a que se presenta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25923-ce571f3d/controversia-constitucional-cuando-un-municipio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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