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Modo: Corpus Pro

VÍA EJECUTIVA. ES IMPROCEDENTE SI SE PRETENDE LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA HIPOTECARIA, CASO EN EL CUAL DEBE INTENTARSE LA VÍA ORDINARIA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26013
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 3124.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARTURO RAMÍREZ PÉREZ Y EDGAR HUMBERTO MUÑOZ GRAJALES. DISIDENTE: JOSÉ GABRIEL CLEMENTE RODRÍGUEZ. PONENTE: ARTURO RAMÍREZ PÉREZ. SECRETARIA: NORMA LETICIA ESCAMILLA RUIZ.

Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Pleno del Cuarto Circuito en Materia Civil, correspondiente al día veintidós de septiembre de dos mil quince.

Vistos; para resolver los autos de la contradicción de tesis 01/2015, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Civil de este circuito; y,

RESULTANDO:

I. Denuncia. Mediante escrito recibido por el secretario del Pleno de Circuito en Materia Civil, el diez de febrero de dos mil quince, **********, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas **********, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver, en sesión de trece de septiembre de dos mil trece, el amparo directo 129/2013, cuyas consideraciones dieron origen a la tesis aislada IV.2o.C.5 C (10a.), de título y subtítulo: "ACCIÓN REAL HIPOTECARIA. PUEDE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 105/2014, en sesión de siete de octubre de dos mil catorce.

II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por acuerdo de doce de febrero de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito ordenó se formara y registrara el expediente relativo a la contradicción de tesis número 01/2015. Asimismo, requirió a los presidentes de los órganos colegiados copia certificada con firma electrónica de la ejecutoria emitida en cada uno de sus asuntos, además de que se le informara si los criterios materia de contradicción se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados. A la vez, ordenó informar sobre la admisión de la denuncia de contradicción vía electrónica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.

III. Integración del asunto. Por proveído de veintitrés de febrero de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito tuvo por recibidas las constancias que integran la presente contradicción de tesis. Asimismo, los Tribunales Colegiados informaron que los criterios sustentados en los amparos directos 129/2013 y 105/2014, continúan vigentes. Una vez que se tuvo por integrado el expediente de la contradicción de tesis, por auto de doce de mayo de dos mil quince se turnó el asunto al magistrado Arturo Ramírez Pérez, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente, haciéndose la entrega física del expediente el día catorce siguiente.

CONSIDERANDO:

I. Competencia. Este Pleno del Cuarto Circuito en Materia Civil es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo circuito.

II. Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por **********, quien ostenta la calidad de parte quejosa dentro del juicio de amparo directo 129/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.

III. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, así como los antecedentes y posturas emitidas son las siguientes:

Del amparo directo 129/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, se advierten los antecedentes y argumentaciones siguientes:

Demanda ejecutiva civil. **********, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas **********, demandó "acción real hipotecaria que se deriva de hipoteca en la vía ejecutiva civil" a ********** y **********, las siguientes prestaciones:

"b) ... la ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en el contrato base de la acción (anexo 2) establecida en la cláusula novena, fracción I.

"c) Con la ejecución de la garantía hipotecaria, cláusula noventa, fracción I, del contrato, se haga el pago de la suerte principal de $**********, suma que se compone de las cantidades de $**********, por concepto de capital vencido y no pagado, más la cantidad de $**********, por concepto de capital vigente, del cual se solicita su vencimiento anticipado de conformidad con la cláusula décima primera del contrato basal, y hasta la fecha de corte del estado de cuenta certificado que se acompaña a la presente demanda, respecto al contrato de crédito identificado administrativamente con el número **********. Según se desprende del certificado contable de fecha 23 (veintitrés) de agosto de 2012 (dos mil doce), el cual se agrega a la presente bajo el anexo tres."

Radicación de la demanda. La demanda fue turnada al Juez Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, quien la registró bajo el expediente **********. El Juez de la causa desechó la demanda, al advertir que el contrato base de la acción es de naturaleza mercantil al contener una operación realizada por una institución bancaria y se estimó incompetente para conocer del asunto.

Recurso de apelación. En contra de esa determinación, la parte actora promovió recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el toca **********. Por resolución de treinta de enero de dos mil trece, la Sala confirmó el auto recurrido, porque: a) La acción hipotecaria no se contempla en ninguna de las fracciones del artículo 646 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; b) Debe tramitarse en juicio ordinario conforme al artículo 638 de la citada ley adjetiva, al no contemplar la legislación vía especial; c) La competencia por materia no está sujeta a prórroga y la parte promovente estaba en la aptitud de replantear su solicitud ante el órgano jurisdiccional competente; y, d) La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 54/2011, estableció que es en los juicios ordinarios donde corresponde hacer efectiva la garantía hipotecaria.

Juicio de amparo. ********** solicitó el amparo contra la resolución señalada en el párrafo anterior. El órgano colegiado en la resolución materia de estudio resolvió conceder el amparo. Previamente, antes de arribar a esa conclusión, precisó que la litis constitucional no correspondía a una cuestión de competencia, sino de vía, luego estableció como pautas argumentativas:

Como premisas normativas para resolver en la forma en que lo hizo, consideró lo siguiente:

- Que en la contradicción de tesis 240/2012, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 42/2013 (10a.), titulada: "VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO."; se asentó que: "... para lograr el cobro del crédito garantizado con hipoteca, la institución crediticia acreedora, según la acción que desee ejercer, estará en condiciones de intentar en la vía que a cada una de ellas le corresponda, es decir, la hipotecaria, si lo que pretende es ejercer la acción real que se deriva del contrato accesorio, y la ejecutiva o la ordinaria mercantil, si lo que pretende ejercer es una acción personal derivada del contrato de crédito.". Bajo esta premisa concluyó que el banco acreedor puede hacer efectivo su derecho real mediante una acción de carácter real con garantía hipotecaria, siempre que se quiera demandar el pago de un crédito garantizado con hipoteca, pero con la intención de hacer efectivo ese gravamen, para lo cual deben utilizarse los procedimientos establecidos en la legislación adjetiva civil, toda vez que las reglas respecto de las hipotecas se encuentran reguladas por la legislación local.

- Que conforme a los artículos 646, 648, 649 y 659 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, es procedente la vía ejecutiva civil sustentada en título que traiga aparejada ejecución (entre otros, al primer testimonio de la escritura pública), siempre que contenga una obligación cierta, determinada y exigible sobre la cual podrá decretarse ejecución.

- Que de conformidad con el artículo 659 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León, así como los preceptos 2809 y 2811 del Código Civil del Estado, es requisito indispensable que el juicio que tenga por objeto el pago o lo prelación de un crédito hipotecario conste en escritura pública y que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Como presupuestos del caso concreto estableció:

- Que el título base de la acción consintió en la escritura pública número 5375 (cinco mil trescientos setenta y cinco), de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, que contiene el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria celebrado por **********, así como **********, en su carácter de fiador, avalista, deudor solidario y garante hipotecario, el cual quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número **********, volumen **********, libro **********, sección II, gravamen, Unidad Monterrey de fecha diez de noviembre de dos mil once.

De la subsunción de las anteriores premisas concluyó:

- Que al tomar en cuenta, por una parte, que el título base de la acción contenía un contrato de crédito cuyo pago se garantizó con hipoteca y se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por otra, en la demanda de origen se reclamó el pago del crédito garantizado con hipoteca, el cual se determinó exigible en los términos pactados en el contrato. Por tanto, el documento participaba de las características de título ejecutivo a que se refieren los artículos 646, 648, 649 y 659 del código procesal civil en vigor, por ende, trae aparejada ejecución y se estaba en condiciones de acceder a la vía ejecutiva civil, al tratarse de una acción de carácter real con garantía hipotecaria sobre la cual se demandó el pago del crédito que la hipoteca garantizaba, se anexó el estado de cuenta certificado con el desglose del monto del capital, intereses ordinarios y moratorios y el saldo total correspondiente, cuyo pago se reclamó con la ejecución de la garantía hipotecaria, en términos de la cláusula novena del contrato.

- Que no influía en la decisión que el contrato se trataba de un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria y la acción civil tuviese por objeto hacer, y los artículos 682, 685 y 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León prevean un trámite específico para la ejecución.

- Tampoco influía la consideración de la responsable, consistente en que era en los juicios ordinarios donde corresponde hacer efectiva la garantía hipotecaria acorde con la contradicción de tesis 54/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que emanó la jurisprudencia de rubro: "HIPOTECA. NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU EJECUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA ACCIÓN PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Lo anterior, porque el órgano colegiado estimó que del análisis de la contradicción de tesis, el Alto Tribunal del País estableció que, cuando la recuperación del crédito con garantía hipotecaria se intenta en la vía ordinaria (sea civil o mercantil), no resulta válido ordenar en sentencia definitiva que se haga efectiva la garantía, esto, en virtud de que la acción que se ejerce en ese tipo de juicios es de naturaleza personal, es decir, se demanda al titular de la obligación en tanto que la ejecución de la garantía hipotecaria es real (en donde se persigue obtener el bien mediante la demanda en contra de quien aparece como titular en el Registro Público de la Propiedad, aunque éste no sea el deudor originario) por lo que, en todo caso, en ese tipo de juicios ordinarios (donde se ejercen acciones personales) corresponde hacer efectiva la garantía en la etapa de ejecución de sentencia, con lo que se cumple con la naturaleza de la hipoteca (procedimiento de ejecución). Sin embargo, estimó que en el caso particular, la institución bancaria actora optó por ejercer una acción de carácter real con garantía hipotecaria en la vía ejecutiva civil, por tanto, no se actualizaba el supuesto en que se fundó la jurisprudencia, pues no se ejerció una acción personal sino una acción de naturaleza real garantizada a través de una hipoteca, en la vía prevista por la legislación estatal.

El criterio anterior dio origen a la tesis registrada como IV.2o.C.5 C (10a.), cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:

"Décima Época

"Registro: 2006276

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis: aislada

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas»

"Libro 5, Tomo II, abril de 2014

"Materia: civil

"Tesis: IV.2o.C.5 C (10a.)

"Página: 1413

"ACCIÓN REAL HIPOTECARIA. PUEDE EJERCERSE EN LA VÍA EJECUTIVA CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 497, de rubro: ‘VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO.’; determinó que para lograr el cobro del crédito garantizado con hipoteca, la institución crediticia acreedora, estará en condiciones de intentar la vía hipotecaria, si lo que pretende es ejercer la acción real que se deriva del contrato accesorio, utilizando los procedimientos establecidos en la legislación adjetiva civil local. Ahora bien, aun cuando la legislación procesal civil de Nuevo León, no reglamenta de manera específica el juicio hipotecario, al ser de naturaleza civil la acción hipotecaria, cuyo ejercicio se desenvuelve a través de un procedimiento de ejecución, resulta procedente su ejercicio en la vía ejecutiva civil, al disponer los artículos 646, 648, 649 y 659 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, su procedencia, con base en un título que traiga aparejada ejecución, que contenga una obligación cierta, determinada y exigible; carácter del que participa el contrato de crédito hipotecario otorgado en escritura pública e inscrita en el Registro Público de la Propiedad."

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 105/2014, asentó en el considerando respectivo los antecedentes del caso y fijó como argumentaciones lo que a continuación se sintetiza:

Primer juicio ordinario mercantil. ********** promovió juicio ordinario mercantil en contra de ********** y **********, de quienes reclamó, entre otras cosas, lo siguiente:

"a) La declaración judicial de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, de veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y tres; así como del convenio modificatorio y ampliación de garantía hipotecaria, de veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, y del convenio modificatorio y ratificación de garantía hipotecaria, del veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete.

"b) El pago de la cantidad equivalente en moneda nacional de ********** UDIS (********** punto ********** unidades de inversión), por concepto de saldo insoluto.

"c) La ejecución de la garantía hipotecaria otorgada en los documentos basales."

Trámite del juicio (primer juicio). De la demanda correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, quien la admitió y radicó con el número de expediente **********. Posteriormente, una vez concluidos los trámites procesales, dictó sentencia en la cual decretó fundada la acción pretendida por el actor, condenó a los demandados al pago de diversas prestaciones y ordenó la ejecución de la garantía hipotecaria. El fallo fue confirmado por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca **********.

Segundo juicio ordinario. ********** promovió demanda en contra de **********, de quien reclamó las prestaciones siguientes:

"a) Se decrete la ejecución preferente de la garantía real hipotecaria y con su adjudicación o el producto de su venta judicial, se aplique al pago de las prestaciones líquidas que tiene a su favor el suscrito; en el grado y orden que corresponda.

"b) Se decrete la desocupación y entrega del referido inmueble, con todas sus accesiones y mejoras y con la exoneración de cualquier responsabilidad resarcitoria a cargo del suscrito actor.

"c) Se decrete el pago de las costas-honorarios-gastos que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio."

La parte actora manifestó, en la demanda, como hechos relevantes: Primero, que obtuvo sentencia favorable en el juicio ordinario mercantil **********, y en ese juicio se previno a los entonces demandados ********** y **********, para que hicieran entrega del bien inmueble objeto de garantía hipotecaria. Segundo, que el requerimiento no se pudo materializar, ya que en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo del Cuarto Circuito, se concedió el amparo al quejoso **********, en razón de que justificó que el bien inmueble otorgado en garantía le correspondía en propiedad. Tercero, que dicha resolución fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, en cuya ejecutoria se sostuvo que en el juicio ordinario mercantil **********, sólo se dilucidó una acción personal derivada del incumplimiento del pago de un crédito por parte de ********** y **********; en cambio, la acción real derivada de la ejecución de la garantía hipotecaria debía hacerse efectiva a través de distinto juicio al mercantil, que en su caso se promoviera en contra de **********, pues éste resultaba ser tercero extraño a la contienda inicial, al comprobarse que adquirió la propiedad del bien gravado antes de que iniciara el juicio mercantil.

Trámite de la demanda (segundo juicio). De la demanda correspondió conocer al Juez Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, quien la radicó con el número de expediente **********. Después, previa prevención, el actor compareció a precisar que la vía intentada era la ordinaria civil, por lo que se admitió a trámite la demanda. Una vez concluido el procedimiento, se dictó sentencia definitiva, en la cual, entre otras cosas, se declaró procedente el juicio ordinario civil y se ordenó decretar la ejecución de la garantía hipotecaria.

Recurso de apelación (segundo juicio). En contra de dicha resolución, el demandado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el número de toca **********. Al resolver lo conducente, la Sala de oficio analizó la procedencia de la vía intentada y concluyó que el procedimiento de origen debió seguirse en la vía ejecutiva civil y no en la ordinaria, por lo cual se revocó la sentencia recurrida y decretó el sobreseimiento en el juicio. Para ello, consideró lo siguiente: a) Que aun cuando no lo hubiera controvertido en primer grado o alegado en el recurso de apelación, la vía resultaba ser un aspecto que debía ser analizado de oficio; b) Que el artículo 646 del Código de Procedimientos Civiles establece los lineamientos para el trámite de un juicio ejecutivo civil; c) Que, en la especie, el juicio ordinario mercantil materia de estudio fue instaurado con base en el primer testimonio de escritura pública que contenía un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria para adquisición concertado entre **********, como el acreedor y/o acreditante, ********** y **********, como la parte deudora y/o acreditados, así como el primer testimonio de la escritura que contenía un convenio modificatorio y ratificación de garantía hipotecaria celebrado por **********, como el acreditante y, por otro lado, ********** y **********, como los acreditados; d) Que el juicio ordinario mercantil fue instaurado en documentos que, en términos de la primera fracción del artículo 646 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, tenían aparejada ejecución, ello al tratarse del primer testimonio de las escrituras públicas expedidas por el notario ante quien se otorgaron; e) Existía condena a favor del accionante decretada mediante sentencia ejecutoriada, con lo cual se actualizó además la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible reclamable, en términos de los artículos 646, fracción I, y 648 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León; y, f) No era obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que la acción sometida a consideración no se tratara de una acción personal, sino de una real, derivada de la garantía hipotecaria constituida, pues dicha circunstancia, lejos de demostrar que la vía ordinaria era correcta, robustecía más la procedencia de la vía ejecutiva, ya que en el caso concreto se actualizaba la hipótesis contenida en los artículos 654 y 655, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.

Juicio de amparo (segundo juicio). En contra de dicha resolución, el actor ********** solicitó el amparo contra la resolución señalada en el párrafo anterior. El órgano colegiado en la resolución, materia de estudio, resolvió conceder el amparo, para ello, estableció como pautas argumentativas:

En primer lugar definió el contrato de hipoteca, tanto en la doctrina como en el Código Civil, luego asentó que: a) La hipoteca otorga un derecho preferente al acreedor a obtener el pago de la obligación incumplida con el valor de los bienes hipotecados; b) Otorga un derecho que en la doctrina se ha denominado de "persecución", que permite al acreedor hipotecario ejercer la acción hipotecaria aun en contra de personas que no se obligaron originalmente al pago, pero que adquirieron la propiedad del inmueble hipotecado; y, c) Por ser un derecho real, los efectos de la publicidad por la inscripción en el registro público le permiten oponerse de manera eficaz contra otros derechos reales, no inscritos.

Luego, asentó los criterios emanados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, la jurisprudencia 5/2002, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCULOS 68 Y 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).". Segundo, la jurisprudencia 91/2011, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: "HIPOTECA. NO ES JURÍDICAMENTE VÁLIDO ORDENAR SU EJECUCIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE RESUELVE LA ACCIÓN PERSONAL INTENTADA EN EL JUICIO ORDINARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". Tercero, la jurisprudencia 42/2013, sustentada también por la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 240/2012, de rubro: "VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA. EL ACREEDOR NO PUEDE EJERCER SIMULTÁNEAMENTE UNA ACCIÓN REAL CONTRA EL GARANTE HIPOTECARIO Y UNA PERSONAL CONTRA EL DEUDOR SOLIDARIO DEL CONTRATO."

Como premisas normativas para resolver en la forma en que lo hizo, consideró lo siguiente:

- Que los artículos 646, fracción I, 648, 654 y 655, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León establecen: Primero, la base primordial que da origen al juicio ejecutivo civil, que es conforme a lo dispuesto en el artículo 644, fracción I, la existencia de "un título que traiga aparejada ejecución", que puede ser "el primer testimonio de una escritura pública expedida por el Juez o por notario ante quien se otorgó". Segundo, la vía ejecutiva está reservada para ciertos documentos que contengan una cantidad cierta, líquida y exigible, es decir, de plazo y condiciones cumplidas y que la ley les reconozca el carácter ejecutivo.

- Los artículos 661, 662, 668, 672 y 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado regulan la posibilidad de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito contraído.

- Los artículos 654 y 655 de la legislación en comento establecen: Primero, cuando la acción ejecutiva se ejercita sobre cosa cierta y determinada o en la especie, si hecho el requerimiento de entrega el demandado no lo hace, se pondrá en secuestro judicial y si la cosa ya no existe, se embargarán bienes. Segundo, si la cosa especificada se halla en poder de un tercero, la acción ejecutiva no podrá ejercerse contra éste sino en los casos que la acción sea real.

- Los artículos 651, 652, 653 y 656 del Código de Procedimientos Civiles del Estado hacen referencia a los distintos tipos de obligaciones que deberán contenerse en los títulos para la procedencia de la vía ejecutiva, como son las obligaciones de condición suspensiva o a plazo, de hacer, de entregar cosas y recíprocas.

Como presupuestos del caso concreto estableció:

- Que de las documentales allegadas por el actor, como base de la acción ejercida, se desprendía que el juicio ordinario civil fue instaurado con base en el primer testimonio de escritura pública que contenía un contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria para adquisición, concertado entre **********, como el acreedor y/o acreditante, **********, y **********, como la parte deudora y/o los acreditados, así como el primer testimonio que contenía un convenio modificatorio y ratificación de garantía hipotecaria celebrado por **********, como el acreditante y, por otro lado, ********** y **********, como el acreditado.

De la subsunción de las anteriores premisas concluyó:

- Que no era verdad, como lo sostuvo la responsable, que la literalidad de los preceptos 646, fracción I, 648, 654 y 655, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, revelaban o ponían de manifiesto que la acción hipotecaria debía ser ejercida en la vía ejecutiva, ya que, en ninguna parte de dichos dispositivos o del resto de la legislación adjetiva del Estado de Nuevo León, se establecía de forma expresa la existencia de un juicio o procedimiento que se denominara "hipotecario", donde se pudiera ejercer el reclamo de tal prestación, pues ni aun al interpretar sistemáticamente los artículos es posible compartir tal afirmación.

- Que, por un lado, no era verdad que los créditos que obraba en los testimonios notariales exhibidos, celebrados con ********** y **********, dotaran de ejecutividad al contrato de hipoteca contenido en los propios instrumentos, en relación con el demandado (garante hipotecario) **********, en los términos previstos en la fracción I del artículo 646 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por otro lado, tampoco era cierto que el hecho de que en el juicio ordinario civil en sentencia firme se hubiera condenado a los deudores al pago de las prestaciones reclamadas, conllevara a la comprobación de la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible, como para tal efecto lo exigía el artículo 648 de la citada codificación procesal. Lo anterior, porque para la procedencia de la vía ejecutiva civil, la existencia de una deuda cierta, líquida y exigible contenida en el primer testimonio de la escritura pública (título que trae aparejada ejecución) debía ser en relación directa con la persona que se demanda a través de esa vía de privilegio; sin embargo, en el caso concreto, tal ejecutividad sólo eran vinculantes a los deudores directos ********** y ********** (demandados en el juicio ordinario mercantil) y no, respecto al garante hipotecario (**********) en cuanto al compromiso asumido en los contratos basales.

- Acorde con las premisas fijadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 5/2002, de rubro: "VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCULOS 68 Y 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", si el juicio ejecutivo civil (al igual que el mercantil) exige la existencia de un título que traiga aparejada ejecución (con deuda cierta, líquida y exigible) que puede ser el primer testimonio de una escritura pública; tal compromiso o vinculación legal obtenida de la condena decretada en sentencia ejecutoria en el juicio mercantil intentado inicialmente; debe ser en relación directa con la persona que se demanda a trav

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26013-bc8d66ad/via-ejecutiva-es-improcedente-si-se-pretende-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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