SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EFECTOS DE SU CONCESIÓN CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DICTADO POR DELITOS NO GRAVES, CUANDO EL QUEJOSO ESTÉ LIBRE, PERO SIN GOZAR DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Y ROSALÍA ISABEL MORENO RUIZ. DISIDENTE Y PONENTE: ADALBERTO MALDONADO TRENADO. SECRETARIO: LUIS ARRIOLA MORALES.
CONSIDERACIONES:
PRIMERA.-Competencia.
Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia sobre posibles contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de este Pleno de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 225 y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece.
SEGUNDA.-Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por un Magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, quien sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERA.-Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 29/2015, el diecinueve de febrero del año dos mil quince, sostuvo, en lo conducente, los argumentos siguientes:
"De las narradas circunstancias, la a quo federal, para decretar la medida cautelar solicitada por el quejoso, contra el auto de formal prisión reclamado, válidamente estableció varias hipótesis en que pudiera ubicarse el peticionario de garantías, partiendo de las mismas para establecer los efectos, pues para el caso de que el quejoso no estuviera gozando de dicho beneficio, procedía concederse la medida cautelar, para el solo efecto que de ejecutarse el acto reclamado quedara a disposición del Juzgado de Distrito, internado en el lugar que conforme a la ley corresponda, únicamente en lo que respecta a su libertad personal y a disposición del Juez del proceso para la continuación del procedimiento en la causa penal correspondiente, hasta en tanto se notificara a las responsables la sentencia que se dicte en definitiva.-La razón por la cual no es jurídicamente viable conceder la suspensión definitiva contra el auto de formal prisión, para el efecto de que el quejoso permanezca en libertad hasta que se resuelva el amparo, no es, esencialmente, que se afecte el interés social; sino que la continuación del proceso penal es de orden público, lo que implica que sólo puede suspenderse en los casos previstos por la legislación adjetiva que lo rige.(1)-También por ese motivo, es decir, porque la continuación del proceso es de orden público, existe la institución de la libertad bajo caución, que el inculpado puede solicitar tanto ante el Juez de la causa, como ante el Juez de Distrito, siempre que se reúnan los requisitos exigidos para tal efecto; que, por una parte, permite que el procedimiento judicial siga su curso y, por otra, garantiza que el incriminado no evada la acción de la justicia.-Así se desprende de los párrafos primero y séptimo del artículo 136 de la abrogada Ley de Amparo, en cuanto dispone: ‘Artículo 136.’ (inserta contenido de artículo).-Cabe agregar, que si la intención del legislador fuera que la suspensión definitiva contra el auto de formal prisión tuviera el efecto de que el quejoso quedara en libertad hasta la resolución definitiva del amparo, carecería de sentido que hubiera previsto también la posibilidad de que solicitara la libertad bajo caución ante el Juez constitucional, porque bastaría la concesión de la medida suspensional para obtenerla.-Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 1a./J. 53/2003, que aparece publicada en la página noventa y nueve del Tomo XVIII, noviembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 182754, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE.’ (inserta texto).-Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la clave 1a./J. 82/2009, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Tomo XXX, noviembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital número: 165956, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL JUEZ DEL PROCESO NO PUEDE CONCEDERLA DE OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).’ (inserta texto).-Estimar lo contrario, esto es, concederla para que no sea privado de su libertad, como pretende hacer valer el inconforme en sus motivos de agravio, se conviene con la Juez de amparo que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en tanto que la sociedad está interesada en que los probables responsables de delitos permanezcan en prisión preventiva, acorde con lo dispuesto en el numeral 19 de la Carta Magna.-Dicha determinación obedece, como correctamente lo sostuvo la Juez de Distrito en el acuerdo reclamado, a que el medio para impedir la restricción de la libertad, de la parte quejosa, es acogiéndose a la figura jurídica de libertad bajo caución, prevista en los artículos 20, apartado A, fracción I, constitucional, y 342 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, ambas disposiciones de orden público, de conformidad con el diverso 124, fracción II, de la abrogada Ley de Amparo, pues si el delito que se le atribuye permite tal beneficio, al no estar considerado como grave por el numeral aludido del código adjetivo penal estatal, obviamente puede solicitarlo; en consecuencia, resultaron acertados en este aspecto los efectos de la suspensión definitiva, y no como lo pretende el recurrente, al inconformarse de alguna manera con los efectos de la medida cautelar otorgada.-Ilustra, sobre el particular, la tesis visible en página 987, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este tribunal comparte, del Tomo XIX, febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN.’ (inserta texto).-Así como las diversas tesis en que se apoyó el recurrente, y que destaca en sus agravios, con las voces y textos siguientes: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. DEBE CONCEDERSE SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, AUN CUANDO EL QUEJOSO YA GOCE DEL BENEFICIO DE LA LIBERTAD CAUCIONAL, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.’ (inserta texto).-‘SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.’ (inserta texto).-‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SUSPENSIÓN CONTRA DEL.’ (inserta texto).-Y, finalmente, la tesis de jurisprudencia por contradicción con los siguientes datos de ubicación: Novena Época. Registro: 198729. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, mayo de 1997, materia penal, tesis 1a./J. 16/97, página 226, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.’ (inserta texto) ..."
2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 370/2014, el doce de febrero de dos mil quince, en lo conducente, consideró:
"De lo anterior se colige, que si bien es verdad, el cuarto párrafo del artículo 136 de la legislación de la materia aplicable al incidente de suspensión, dispone que el Juez de amparo deberá aplicar las medidas necesarias para el aseguramiento del quejoso a efecto de que pueda ser devuelto al Juez de la causa en caso de no concederse la protección constitucional solicitada, también lo es, que hace referencia a cuando el acto reclamado se refiera a la orden de aprehensión, detención o retención, porque, precisamente, el efecto en tratándose de delito no grave, es para que no se le prive de la libertad, pero sin que se paralice el procedimiento penal.-Sin embargo, el criterio jurisprudencial en cita prevé que cuando se reclamen actos restrictivos de la libertad, sin hacer alusión expresa a cuáles (aprehensión, retención, detención o auto de formal prisión), la autoridad de amparo dictará las medidas que estime necesarias tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la responsable en caso de que no se le concediera el amparo solicitado.-Tales como exigirle fianza o diversas obligaciones encaminadas a cerciorarse de que no se sustraerá de la acción de la justicia y que así el procedimiento penal seguirá su curso.-Pero dicha circunstancia no deriva, en que tratándose de la hipótesis de que la quejosa no se encuentre bajo la libertad provisional bajo caución, no pueda ser detenida, virtud a la ejecución del auto de formal prisión; es decir, no es jurídicamente posible acceder a que la amparista pretenda no ser privada de la libertad personal sin que hubiere garantizado su permanencia en la causa, ya sea a través de las medidas que estime necesarias emitir el Juez de amparo al conceder la suspensión definitiva, o las impuestas por el Juez de la causa; además de que los artículos aplicables al presente asunto, no prevén la hipótesis planteada en los agravios expuestos.-Dado que el mecanismo para impedir la restricción de la libertad lo constituye el beneficio de la liberación bajo caución, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, en su anterior redacción; en tanto que, la medida cautelar dentro del juicio de amparo, en términos del transcrito artículo 136, primer párrafo, sólo tiene como efecto el poner a disposición del Juez Federal a la solicitante del amparo por lo que respecta a su libertad personal.-Es decir, no se pueden equiparar los efectos de la libertad provisional bajo caución, éste como derecho constitucional de los gobernados (en los casos en que sea procedente), con los inherentes a la medida cautelar dentro del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa en que se ejerce un control de la constitucionalidad de los actos de autoridad.-En ese sentido, se insiste, los efectos de la suspensión definitiva concedida en contra de un auto de formal prisión, según ordena el artículo 136 de la legislación de amparo abrogada, sólo implican que la promovente del amparo quede a disposición de la Jueza de Distrito por lo que ve a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable, por lo que hace a la continuación del procedimiento, pero no tienen el alcance de impedir la restricción en su libertad personal, pues sobre ello, la vía correspondiente lo constituye el beneficio de la libertad provisional bajo caución.-Esto es, la libertad provisional bajo caución como derecho de la procesada, puede ser ejercido discrecionalmente por ésta, ya sea que lo peticione directamente ante el Juez responsable o ante la juzgadora de amparo siempre y cuando el Juez de lo Penal no se haya pronunciado ya sobre el tema, como lo refiere el séptimo párrafo del artículo 136, antes citado, que establece: (inserta contenido de artículo)."
3. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 148/2014, el doce de junio de dos mil catorce, en lo conducente, consideró:
"v) Los efectos de la suspensión concedida, conforme a la regla general consistente en que, cuando cualquier tipo de acto reclamado afecte la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal (entre ellos, el auto de formal prisión), serán que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente por lo que hace a ella, y a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento.-De esta forma, todo lo tocante o relativo a la ‘libertad’ del quejoso, es decisión única y exclusiva del Juez de Amparo, al encontrarse a su disposición por lo que hace a ella.-vi) Los efectos de la suspensión concedida, conforme a las reglas especiales, depende de cada caso en concreto, es decir: • Del tipo de acto que se reclame; y, • De las circunstancias del quejoso.-vii) Que como condición para que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida, tratándose de actos restrictivos de la libertad personal, el Juez debe imponer diversas medidas de aseguramiento, con el fin de devolver al quejoso a la autoridad responsable una vez que concluya el juicio de amparo. Lo que también dependerá del tipo de acto que se reclame y de las circunstancias del quejoso.-viii) La suspensión no puede impedir la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.-Pues bien, de la indicada interpretación sistemática de lo dispuesto en la anterior Ley de Amparo, en materia de la suspensión dentro de procedimientos penales, deriva que resulta incorrecta la determinación de la Juez de Distrito y, en consecuencia, que resultan fundados los agravios expuestos por el recurrente.-En efecto, en el caso a estudio no existe duda ni controversia de que cuando el acto reclamado consiste en un auto de formal prisión, resulta aplicable para efectos de la suspensión, la regla general dispuesta en el primer párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo en comento, esto es, que la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.-Además, en el caso, el auto de formal prisión reclamado también encuadra en el supuesto o regla especial identificada para el tipo de acto reclamado, consistente en ‘mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público o de auto de prisión preventiva’, prevista en el párrafo séptimo del multirreferido numeral 136, el cual expresamente no abunda sobre los efectos que se le deben dar a la suspensión.-En otras palabras, se dice que aun cuando expresamente en el citado numeral no se menciona el auto de formal prisión, ello no implica o significa que las reglas especiales de actuación ahí previstas para los actos que afecten la libertad personal, como lo es un auto de formal prisión, no sean aplicables a autos de esta naturaleza, aun cuando, como se dijo, también éste tiene por efecto restringir la libertad personal. Pues tal dispositivo legal (136), se refiere a todo tipo de actos que afecten la libertad personal y, únicamente, depende la aplicación de esas reglas especiales, de la situación o circunstancias en las que se encuentre el quejoso y si el delito es grave o no.-De ahí que si en el caso a estudio, el amparista se encuentra materialmente en libertad, sin gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, y con un auto de plazo constitucional emitido en su contra por un delito no grave, según lo dispuesto por el artículo 342 del Código de Procedimientos Penales del Estado (fraude genérico), que prevé sanción privativa de la libertad.-Resulta inconcuso y, se insiste, que a estas hipótesis le resultan aplicables, además de la señalada por la juzgadora federal -si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste-, las reglas especiales previstas en el citado artículo 136 de la Ley de Amparo, párrafo séptimo, por cuanto dispone que en los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal (como en su caso lo es un auto de formal prisión), el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso.
"Esto último, entendido en el sentido de que, si el Juez de Distrito debe dictar una serie de medidas que estime convenientes para el aseguramiento del quejoso y que permitan devolverlo a la autoridad responsable en caso de que no le sea concedido el amparo solicitado, ello se traduce necesariamente en que el impetrante está gozando materialmente de su libertad personal, como en el caso a estudio acontece y, por ende, es que también debió atenderse a esa regla, aun cuando expresamente no aluda a autos de formal prisión.-En el entendido, que bajo esas condiciones, el efecto de la medida suspensional en ese supuesto, sería para que continúe disfrutando de su libertad, esto es, para que no se ejecute el auto de formal prisión y el agraviado no sea privado de su libertad personal; claro está, siempre que cumpla con las medidas impuestas para tales efectos y se trate de delito no grave."
CUARTA.-Procedencia de la contradicción de tesis.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado jurisprudencialmente cuáles son los requisitos necesarios para la existencia de una contradicción de tesis, a saber:
a. La presencia de dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
b. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.
El criterio anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, del mes de agosto de 2010, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(2)
QUINTA.-Existencia de la contradicción de tesis.
Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito considera que existe la contradicción de criterios entre lo resuelto, por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 29/2015, y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver la revisión incidental 370/2014, por otra parte, con el criterio del Tercer Tribunal Colegiado de la referida especialidad y circuito, al resolver la revisión incidental 148/2014, pues los tres tribunales se ocuparon de la misma cuestión jurídica, tomaron en consideración elementos similares y llegaron a conclusiones distintas, con lo que están satisfechos los requisitos para que exista la contradicción de criterios.
Ahora bien, como puede corroborarse, en los asuntos que se analizan concurren los siguientes elementos comunes:
1. La existencia de revisiones incidentales del conocimiento de los órganos contendientes, en las que se abordó la interpretación del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, aplicable en aquellos casos en los que no haya entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, en asuntos en los que se resolvió la suspensión definitiva del acto reclamado, acorde con lo establecido en el transitorio décimo del decreto, mediante el cual se expidió la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
2. En los asuntos resueltos por los tribunales contendientes se analiza el caso del dictado de un auto de formal prisión, no estando el procesado privado de su libertad y sin haber solicitado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, además de tratarse de delitos no graves.
3. El tema en controversia versa sobre uno de los efectos que se le dan a la suspensión del acto reclamado, en específico, en determinar si se debe conceder la suspensión para que no se prive de la libertad al quejoso, o bien, no se le debe dar ese efecto y permitir que lo priven de la libertad.
En estos términos se da la contradicción de tesis, pues los Tribunales Colegiados de Circuito examinan un mismo problema jurídico y, no obstante ello, sostienen criterios discrepantes.
SEXTA.-Aclaraciones.
Cabe señalar que el hecho de que los criterios de los tribunales contendientes no hayan sido expuestos formalmente como tesis, no es obstáculo para que este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito se ocupe de la contradicción de tesis denunciada, pues a fin de que se determine su existencia, basta que diversos Tribunales Colegiados de Circuito adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
Tampoco lo es la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no hayan integrado jurisprudencia, toda vez que la normatividad establecida para dirimir una contradicción de tesis no exige dicho requisito, tal como se indica en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el dispositivo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 225 y 226 de la Ley de Amparo.
Corolario a lo previo, se estima que el sistema de denuncia de contradicción de tesis entre las establecidas por los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, tiene por objeto que el Pleno correspondiente, a través de la sustentación de un criterio que tenga carácter jurisprudencial y, por ende, obligatorio, supere la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de criterios divergentes sobre un mismo problema o punto de derecho, máxime cuando respecto del problema o punto de derecho dichos tribunales actúen como órganos terminales.
Por tanto, de estimarse que la denuncia resulta improcedente sólo porque los criterios en contradicción no tienen la categoría de jurisprudencia, no se cumpliría con el objeto o propósito que inspiró tanto al Constituyente como al legislador ordinario, al establecer la denuncia de contradicción de tesis como un sistema de integración de jurisprudencia, tendente a superar la inseguridad jurídica derivada de la sustentación de criterios diferentes sobre un mismo problema jurídico, provenientes de órganos jurisdiccionales que deciden con carácter terminal sobre el punto de derecho en conflicto.
En consecuencia, al resolver los Tribunales Colegiados de Circuito los asuntos sometidos a su potestad como órganos terminales, lógicamente pueden sustentar criterios discrepantes sobre un mismo punto de derecho, por lo que, de estimarse improcedente la denuncia de contradicción de tesis derivada de lo establecido por éstos al resolver los asuntos de su competencia, so pretexto de que los criterios divergentes no constituyen jurisprudencia, se llegaría al extremo de hacer nugatoria la intención del Constituyente al establecer a los Plenos de Circuito como aquellos órganos encargados de homogeneizar los criterios sustentados por los tribunales de su circuito, permitiendo con ello que subsista la inseguridad jurídica provocada por la aplicación de criterios divergentes, en el mismo circuito.
SÉPTIMA.-Consideraciones preliminares.
Argumentos expuestos por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 29/2015, entre sus consideraciones, destacó:
1. Que al proveer respecto de la suspensión del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es necesario que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos en los que está interesada la sociedad.
2. Que para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendentes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza, establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio a fin de que se le puedan hacer la citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado.
3. Que debe tomarse en cuenta que, atento lo preceptuado por el artículo 138 de la anterior Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal, que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado.
4. Que el artículo 138 de la ley de la materia establece que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.
5. Que la razón que tuvo el legislador para crear tal disposición fue que la suspensión no debía servir co
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26043-a826dfb1/suspension-definitiva-efectos-de-su-concesion-contra-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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