EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE PORMENORIZAR LOS DOCUMENTOS CON QUE SE CORRE TRASLADO AL DEMANDADO, ES INSUFICIENTE PARA DECLARAR SU INVALIDEZ (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS MIGUEL GARCÍA TREVIÑO, JAIME ARTURO GARZÓN OROZCO, EDUARDO TORRES CARRILLO Y OLGA ILIANA SALDAÑA DURÁN. DISIDENTES: JUAN PABLO HERNÁNDEZ GARZA Y ROGELIO CEPEDA TREVIÑO. PONENTE: EDUARDO TORRES CARRILLO. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ESCOBEDO YÁÑEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Decimonoveno Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el entonces Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, órgano que sustentó, por mayoría de votos, un criterio en los amparos en revisión **********, ********** y **********, que consideró contradictorio con el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión **********.
TERCERO.-Posturas de los criterios contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el amparo en revisión **********, resolvió:
"En ese contexto, y como lo alega el recurrente, es ilegal el emplazamiento al juicio de instancia efectuado el veintiocho de septiembre de dos mil cinco; toda vez que quien lo realizó no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 67 y 535, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas.
"En efecto, el artículo 67, fracciones I, III y IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en lo conducente, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 67.’ (transcribe)
"Del precepto transcrito se advierte:
"- Que, por regla general, el emplazamiento debe entenderse directamente con el interesado.
"- Que, el emplazamiento también puede entenderse con persona distinta al interesado, siempre que éste se realice en su domicilio, previo citatorio y se entienda con sus parientes o domésticos, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa.
"- Que, en todo caso, del emplazamiento debe levantarse razón circunstanciada.
"- Que dicha cédula de notificación debe entregarse a los parientes o domésticos o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, junto con las copias de traslado y, en todo caso, contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído de que deba notificarse.
"Por su parte, el artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, en lo conducente, dispone:
"‘Artículo 535.’ (transcribe)
"Del numeral transcrito se advierte:
"- Que en la diligencia de entrega y emplazamiento al demandado, del auto que admite la demanda en vía hipotecaria, se debe entregar, un ejemplar de la cédula hipotecaria.
"- Que se debe intimar al deudor demandado para que exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario.
"- Que hecha la entrega de la cédula hipotecaria al deudor, directamente o por conducto de la persona con quien se entienda la diligencia, se le correrá traslado con la demanda, emplazándolo para que dentro del término de diez días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que tuviere.
"Asimismo, del resto del marco normativo invocado, se advierte la finalidad de que en toda diligencia de notificación se levante razón circunstanciada, pues ésta genera mayor certidumbre acerca de que la notificación se desarrolló observando los requisitos previstos en la ley y, en consecuencia, cumple su objetivo, hacer del conocimiento directo de su destinatario, el acto de autoridad que debe cumplir, para estar en condiciones de dar respuesta oportuna en defensa de sus intereses, quedando constancia en el acta circunstanciada correspondiente, a través de la firma de los que en ella intervinieron, de su presencia al momento de su diligenciación; también se advierten los requisitos que se deben observar en el emplazamiento en los juicios que se tramiten en la vía hipotecaria.
"En la especie, la diligencia de emplazamiento cuestionada, visible a foja ochenta y tres, es del tenor siguiente: (transcribe) (foja 82 del juicio de amparo indirecto).
"Como se ve, en el acta que se levantó durante la diligencia cuestionada, si bien la actuaria responsable asentó que la entendió con la cónyuge del quejoso de nombre **********, a quien le notificó el contenido del auto de veintitrés de junio de dos mil cinco, inserto en la cédula que dejó en su poder, y que firmó de recibido.
"Sin embargo, la ilegalidad de dicho emplazamiento deriva de que la actuaria judicial no hizo constar, de manera específica en el acta que levantó, los documentos que entregó al demandado para que este tuviera la información necesaria a fin de producir su defensa.
"Lo anterior es así, porque del escrito inicial de demanda se aprecia que el instituto actor, a través de su apoderado legal, anexó a dicho libelo, lo siguiente:
"...
"Por tanto, el hecho de que el diligenciario judicial no haya especificado la clase de documentos que entregó, o por lo menos el número de fojas que los contenían evidencia que su proceder se apartó de las directrices contenidas en los artículos 67 y 535 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, porque existe una pluralidad de documentos que el accionante anexó a su escrito de demanda, sin que el funcionario público haya especificado qué tipo de documentos se le entregaron al demandado en la diligencia de emplazamiento, lo cual es necesario en casos como el presente.
"No demerita la anterior consideración, la circunstancia de que el fedatario público haya expresado que dejaba copias simples de la demanda inicial y documentos debidamente sellados y rubricados por el secretario de Acuerdos del juzgado, a fin tener certidumbre jurídica de que efectivamente se entregaron las documentales referidas al demandado y que tuvo la información necesaria para producir su defensa.
"El anterior criterio se sostiene en la interpretación armónica de los artículos 67 y 248 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, de la que se obtiene que el traslado que debe correrse al demandado, conlleva la obligación de que se dejen en poder del propio enjuiciado, o en su defecto, de la persona con quien se entiende el emplazamiento, todos los documentos que se integran a la demanda, incluidos los concernientes a la personalidad del promovente, los que revelen la causa jurídica de la que deriva el reclamo o fundatorio de la acción, así como los que funjan como prueba del incumplimiento de una obligación atribuible al demandado, en su caso; asimismo, aquellos en los que se fije el quántum de la obligación insoluta o del saldo reclamado y en general, todos los que el actor acompañe a la demanda.
"La finalidad del traslado, entonces, es que el demandado esté en posibilidad de conocer el contenido de cada uno de los documentos presentados por su contrario y estar posibilitado para formular posibles objeciones sobre ellos y, sobre todo, edificar sus excepciones, cumpliéndose de este modo el derecho fundamental de defensa.
"Así las cosas, no supera la prueba de constitucionalidad el hecho de que el actuario responsable haya generalizado y no pormenorizado los documentos, integrantes de la demanda, pues el órgano jurisdiccional, ante esa omisión, no puede constatar que se hayan entregado todos y cada uno de ellos; en contrapartida, examinar si el enjuiciado estará en condiciones efectivas de ejercer su derecho de defensa y, sobre todo, de resolver sobre bases jurídicamente firmes, por cuanto la posible omisión de entregar al demandado alguno de los documentos integrantes del libelo inicial del juicio, implica, en esa misma medida, que se le impida oponer alguna excepción que pudiera cambiar sustancialmente el sentido de la sentencia.
"Por otro lado, si bien el artículo 67, fracción IV, del ordenamiento adjetivo civil del estado, se acota a señalar ‘entregándole copia de la demanda y demás documentos’, y que ‘La cédula contendrá la mención del juicio de que se trate y la inserción del laudo o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias de traslado’; sin indicar que deba pormenorizarse qué documentos componen al traslado, lo cierto es que tal exigencia surge a partir de la necesidad de que el órgano jurisdiccional constante que el actuario entregó todos, y completos, los documentos componentes del libelo, pues asumir una postura contraria, llevaría a aceptar que aunque no se haga tal entrega en los términos anotados, el juzgador permanezca indiferente ante una omisión que impacta en forma contundente en el acto procesal más importante del debido proceso.
"Es más, la razón asentada por el notificador que practica un emplazamiento en la tesitura de que ‘entregó copia de la demanda y documentos anexos al mismo’ (sic), carece de una base sólida, ya que los actuarios, por las funciones que desempeñan, no tienen contacto primigenio con la recepción de las demandas y los documentos que se anexan a ellas; por lo que al desahogar los emplazamientos, lo único que pueden fedatar es que entregan precisamente los documentos que llevan consigo para correr traslado, sin poder abarcar en ese acto de fe pública si son o no todos los que se acompañaron a la demanda; de ahí que ese espacio de incertidumbre sólo puede ser colmado mediante la pormenorización respecto del tipo de documentos que entrega, pues sólo así, el juzgador estará en condiciones de establecer si el emplazamiento se llevó a cabo conforme a la ley y de acuerdo al derecho humano de debido proceso y defensa efectiva.
"Por tanto, en este caso, al no haber detallado el actuario, o cuando menos señalado el tipo de documento que entregó a la persona con la que entendió el emplazamiento reclamado, dicho acto no aprueba el escrutinio constitucional.
"Cabe aclarar que lo anterior no implica un rigorismo excesivo y tampoco una formalidad extralógica, sino, por el contrario, tiene su fundamento en la propia interpretación sistemática de la ley, antes bien, no se trata de que el actuario inserte en el acta relativa, el contenido de los documentos que entrega, sino únicamente su identificación genérica, esto es, que señale que entrega determinado número de documentos públicos, documentos fundatorios de la acción, los relativos a la personalidad, y demás que se acompañen, de tal suerte que el juzgador pueda darse cuenta de si faltó de entregar alguno o no, ya que, se reitera, no puede quedar indiferente ante una omisión del actuario de correr traslado de manera completa.
"Lo anterior, máxime si se considera que el artículo 248 citado indica exactamente cuáles documentos deben acompañarse a la demanda, por lo que en esta tesitura bastará que el funcionario notificador los mencione especificando, respecto de cada uno, el tipo de documentos que entrega.
"Por tanto, esta exigencia no complica en modo alguno la función de los actuario, ya que no se requiere más que la mención de cada uno de los documentos de los que corre traslado.
"De ahí que, como se indicó, la diligencia de emplazamiento no cumple a cabalidad con los requisitos previstos en el artículo 67, fracciones I, III y IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, así como del diverso 535 del mismo ordenamiento legal.
"En ese sentido, es ilegal el emplazamiento realizado al quejoso, en el juicio especial hipotecario **********, en tanto que se transgrede en su perjuicio la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.
"Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 74/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.’ (transcribe)."
Similar criterio sostuvo, al resolver los juicios de amparo en revisión ********** y **********.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, en el amparo en revisión **********, en lo que interesa, resolvió:
"Inicialmente, conviene reiterar que el emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda el derecho fundamental de audiencia, por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplir estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, pues sólo mediante el conocimiento de la demanda, los hechos y las pruebas en que se funda, el enjuiciado queda vinculado al juicio y puede estar en condiciones de producir su contestación, ofrecer pruebas, objetar las de la contraria e interponer medios de impugnación, etcétera.
"Por ello, inicialmente las formalidades establecidas en la ley para la realización del emplazamiento, deben analizarse en función del fin para el cual están destinadas, a saber: el conocimiento del demandado acerca de la demanda entablada en su contra, del plazo concedido para producir su contestación y el Juez ante quien debe hacerlo.
"Sin embargo, respecto de la interpretación de las leyes procesales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia de rubro: ‘TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO.’, sostuvo, entre otras cosas, que la tutela judicial efectiva consagrada como derecho humano en los artículos 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza a los gobernados el acceso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos con antelación al conflicto, sin más condiciones que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución.
"De lo anterior se sigue, en lo que para efectos de esta ejecutoria interesa, que los requisitos formales de los actos jurídicos, pese a su importancia para la debida sustanciación del proceso, pueden llegar a constituir o transformarse en formalismos sin sentido cuando se erigen en rituales u obstáculos insalvables para su continuación y conclusión.
"En efecto, el formalismo, como fenómeno jurídico, consiste en la aplicación o interpretación de los requisitos procesales (especialmente los formales) de modo que, aunque se consiga la finalidad que se pretende, se entiende que han sido incumplidos, con la consiguiente ineficacia de la actividad procesal realizada sin atender ese requisito, por no efectuarse conforme a la literalidad de la norma o por considerar, como consecuencia de una interpretación de aquélla, que resultaba exigible un requisito determinado que, por sí, deviene inadecuado, insalvable o irracional.
"Luego, conforme al principio de interpretación más favorable o de favorecimiento de la acción (pro actione), los órganos jurisdiccionales están obligados a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho de acceso a la justicia, al evitar la imposición de formulismos contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la sustanciación y conclusión del proceso.
"En otras palabras, los juzgadores deben realizar la interpretación más eficaz, a fin de garantizar el acceso a la justicia, esto es, atender a la esencia de la norma, sin obstáculo o dilaciones innecesarias, formalismos o interpretaciones no razonables, que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo.
"Bajo ese contexto, conviene destacar que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas regula el emplazamiento en general y, en particular, para el juicio hipotecario, en los artículos 67 y 535 que, en lo conducente, disponen lo siguiente:
"‘Artículo 67.’ (se copia)
"‘Artículo 535.’ (se transcribe)
"Como se ve, el legislador local instituyó, para la realización del emplazamiento, una serie de requisitos, con la finalidad de asegurar que el enjuiciado tenga conocimiento oportuno de la demanda entablada en su contra y esté en posibilidad de producir su defensa.
"Sin embargo, tal como lo arguye la recurrente entre las formalidades del emplazamiento, no se encuentra expresamente prevista la relativa a que el actuario encargado de llevar a cabo la diligencia debe ‘detallar’ o describir los documentos que entregue a la parte demandada.
"En efecto, aun y cuando la fracción IV del artículo 67 de la legislación invocada establece que el diligenciario hará entrega de la copia de la demanda y ‘demás documentos’, así como del auto o proveído que deba notificarse, lo cierto es que de ello no se desprende necesariamente la obligación de ‘detallar’ los documentos objeto del traslado, pues la finalidad que con tal descripción se persigue, puede válidamente abstenerse (sic) a través de otro medio, consistente en que el funcionario judicial encargado de la diligencia, haga constar que entregó al demandado copia cotejada de los documentos anexados a la demanda.
"Es cierto que del deber jurídico del actuario, de levantar acta circunstanciada en la que haga constar en forma pormenorizada las circunstancias en que se desarrolló la diligencia, junto con la obligación de correr traslado con la demanda y documentos anexados a éste, así como el objetivo esencial que persigue el emplazamiento consistente en hacer del conocimiento de una persona la existencia de un juicio entablado en su contra para que esté en aptitud de preparar y efectuar su defensa, se desprende la necesidad de que exista certeza de que, al momento de realizar su llamamiento al juicio, le sean entregadas a la demandada copias de los documentos exhibidos con la demanda, ya sea para acreditar la personalidad del promovente, como base de la acción intentada o aquellos ofrecidos como prueba de las circunstancias en las que la actora sustenta su pretensión.
"Sin embargo, ello no puede llevar a considerar que al levantar el acta de la diligencia de emplazamiento, para lograr ese propósito, el actuario invariablemente debe proceder a describir detalladamente los documentos con los que en copia corre traslado al demandado, pues, por un lado, no existe disposición legal alguna en la ley adjetiva civil local que así lo exija expresamente; y, por otro, tal objetivo se cumple cuando el notificador, en ejercicio de la fe pública de la que legalmente se encuentra investido para el desempeño de su función (como en el caso sucedió), hace constar que corre traslado con copias simples debidamente foliadas, selladas y cotejadas de tales documentos.
"Lo anterior pues, al dar fe de esa circunstancia, implica que previo a la diligencia, se realizó la comparación de las copias de traslado con sus originales para verificar que aquéllas corresponden en cuanto a cantidad y contenido a éstos, es decir, que son una reproducción fiel y exacta los unos de los otros, incluso para garantizar que ello se realizó se procede a asentar algunos signos como son el foliado y sellado de las copias.
"Luego, no es exacto que la ausencia de la descripción de los documentos con los que en copia se corre traslado al demandado, al momento de su emplazamiento, genera invariablemente incertidumbre sobre si efectivamente se entregó copia de todos y cada uno de los documentos anexados a la demanda, toda vez que, como fue señalado, existen casos en los que el notificador da fe de que entrega al enjuiciado copias debidamente cotejadas, foliadas y selladas de aquellos documentos, lo que significa que, al realizar la diligencia se cercioró de que las copias que entrega, contienen los signos de que el legajo de copias con las que se correría traslado a la enjuiciada se integró debidamente con cada uno de los documentos agregados a la demanda, pues fueron confrontados y, como signo de que ello efectivamente se realizó, fueron sellados y foliados.
"Además, aquella actividad de cotejo de los documentos exhibidos con la demanda, realizada previamente, según lo demuestra la práctica judicial, en las instalaciones del juzgado del conocimiento y teniendo a la vista las actuaciones originales del expediente, resulta más adecuada para dar certeza de que se entrega copia completa, fiel y exacta de aquellos documentos, ante la dificultad que implicaría que, al momento de la diligencia, el actuario pueda cerciorarse de tal circunstancia, pues para ello tendría que llevar consigo el expediente original y luego de haber realizado prácticamente toda la diligencia, efectuar aquel cotejo y descripción, con todos los inconvenientes que para ello pueden existir en esas condiciones.
"Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia que las copias de los documento anexados a la demanda, con las que se corre traslado a la parte demandada al emplazarla, no son simples fotostáticas, ni su cantidad y contenido se determina por el solo hecho de que se trata de las agregadas por la actora al tanto de la demanda que se entrega al enjuiciado, pues, como fue señalado, previo a la diligencia, son cotejadas, selladas y foliadas para constatar que corresponden a sus originales.
"Por tanto, en criterio de este órgano colegiado, el diligenciario que practica el emplazamiento de la parte demandada en un juicio civil local (hipotecario en el caso), no se encuentra obligado indefectiblemente a ‘detallar’ o describir los documentos que entrega a la enjuiciada, pues aun cuando en el acta respectiva deben obrar datos fehacientes que permitan demostrar que el demandado tuvo conocimiento íntegro de los documentos que recibe, lo cierto es que tal exigencia se cumple al momento en que el notificador entrega copias de la demanda y documentos anexos, debidamente cotejadas, selladas y foliadas, con lo cual, podrá estimarse que el emplazamiento, en cuanto a ese tópico, se practicó de manera legal.
"Con lo anterior, quedan desvirtuadas las consideraciones que sustentan la concesión del amparo en la sentencia recurrida, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo, se impone proceder al estudio de los conceptos de violación que hacen valer los quejosos y que el Juez de Distrito se abstuvo de estudiar."
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito.
Como una cuestión previa, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 124/2008-PS, estableció que si la finalidad última de la contradicción de tesis era resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, podía afirmarse que para que exista una contradicción de tesis, resulta necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
La jurisprudencia es la siguiente:
"Novena Época
"Registro digital: 165077
"Instancia: Primera Sala
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXXI, marzo de 2010
"Materia: común
"Tesis: 1a./J. 22/2010
"Página: 122
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
Igualmente, conviene mencionar que no es indispensable que los criterios sustentados por los tribunales contendientes constituyan jurisprudencia, pues basta solamente que adopten criterios discrepantes, al resolver un asunto en particular.
Es de utilidad en torno al tema, la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Registro digital: 189998
"Instancia: Pleno
"Tesis: jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XIII, abril de 2001
"Materia: común
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
Precisado lo anterior, debe decirse que, en la especie, sí existe contradicción de tesis.
En efecto, el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito analizaron un mismo punto jurídico, derivado de una cuestión fáctica similar, puesto que en cada asunto se examinaron emplazamientos acaecidos dentro de procedimientos sumarios en el Estado de Tamaulipas, en los que se interpretó el artículo 67, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas; sin embargo, los órganos colegiados arribaron a conclusiones disímiles.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, decidió modificar la sentencia impugnada, sobreseer en el juicio y amparar al quejoso.
En el caso, la litis constitucional en el amparo indirecto de donde emanó el recurso, versó en el reclamo de un emplazamiento verificado en un juicio hipotecario, seguido en la vía sumaria, en el que, en primera instancia, el Juez de Distrito estimó que no hubo vulneración de derechos fundamentales, pues en el proceso de origen se colmaron los requisitos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26056-cc0eb532/emplazamiento-la-omision-del-actuario-de-pormenorizar-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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