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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO AL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. DEBE CORRERSE TRASLADO A LA DEMANDADA CON LAS PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑARON, ENTRE ELLAS, EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. · Registro digital (IUS): 29127
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1310.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO, ALFREDO SÁNCHEZ CASTELÁN, CLEMENTE GERARDO OCHOA CANTÚ E ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. DISIDENTES: EZEQUIEL NERI OSORIO Y JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA. PONENTE: JOSÉ LUIS VÁZQUEZ CAMACHO. SECRETARIO: ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de tesis en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los artículos 1, 3, 4 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Séptimo Circuito, sobre un tópico que, por su naturaleza, corresponde a la materia civil.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece:

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

De conformidad con el anterior dispositivo legal, las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226 de la Ley de Amparo, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes o alguno de sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

Luego, si en el caso la denuncia de contradicción la formuló el Magistrado Isidro Pedro Alcántara Valdés, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, es dable concluir que tiene legitimación para denunciarla.

TERCERO.—Requisitos para determinar la existencia de una contradicción. Corresponde ahora determinar cuáles son los requisitos necesarios para estimar si existe contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito.

En ese sentido, cabe decir que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada, para lo que al caso interesa, a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "criterios discrepantes", entendiéndose por "criterio", las argumentaciones lógico-jurídicas adoptadas por el juzgador para justificar su decisión en una controversia.

Ahora bien, el concepto "discrepante", ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada, es decir, la unificación de criterios; de manera que la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por ende, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

Derivado de lo así expuesto, es dable sostener que si lo que se busca con las contradicciones de tesis es unificar criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese.

2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Pautas estas últimas que constituyen un método efectivo para detectar diferencias de criterios interpretativos, más allá de las particularidades de cada caso concreto.

Son aplicables al caso, las jurisprudencias 1a./J. 22/2010(1) y 1a./J. 23/2010(2) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

CUARTO.—Criterios contendientes. Al tenor de las anteriores directrices, se procede al análisis de las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se estiman opositores, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual es menester tener presentes los siguientes antecedentes y consideraciones esenciales que las sustentan.

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad.

Amparo en revisión **********.

a) El Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, emitió sentencia el catorce de octubre de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por **********, en el sentido de conceder el amparo solicitado respecto de los actos reclamados al Titular y Actuario del Juzgado ********** de Primera Instancia del Distrito Judicial de **********, Veracruz, y secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de **********, Veracruz, consistente en la diligencia de emplazamiento realizada el diecinueve de abril de dos mil doce, practicada vía exhorto, en el juicio especial hipotecario ********** del juzgado civil referido en primer término.

b) Inconforme con la anterior determinación, el tercero interesado **********, por conducto de su autorizado **********, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en donde se admitió a trámite y se radicó bajo el número **********.

c) Mediante sentencia emitida en sesión de diecisiete de abril de dos mil quince, el indicado Tribunal Colegiado determinó no sobreseer en el juicio de amparo indirecto; confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, esgrimiendo, para lo que al caso interesa, los argumentos que enseguida se transcriben:

"QUINTO ... En otro aspecto, resulta ineficaz lo vertido por el recurrente, en cuanto a que la diligencia de emplazamiento fue realizada conforme a derecho atento a lo establecido por los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, los cuales no hacen alusión a que se tenga que entregar copia del documento base, pues sólo refieren a las copias de la demanda, mismas con las que se procedió a correrle traslado al demandado, por conducto de la persona con quien se entendió la diligencia, además de que también fijó en lugar visible la copia simple de la demanda con sus documentos anexos.

"Para evidenciar lo ineficaz de tales planteamientos, debe traerse a colación lo dispuesto por los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, los cuales establecen lo siguiente:

"‘Artículo 76. La primera notificación se hará personalmente al interesado o interesados, por el Juez, secretario, actuario, conserje o persona designada, y no encontrándose al que deba ser notificado o si está cerrada la casa, después de cerciorarse el notificador de que ahí vive, se le dejará instructivo, en el que se harán constar el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar, la fecha y la hora en que se deja y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes. La notificación se entenderá con la persona que se halle en la casa, y si se negare a intervenir o está cerrada esta última, con el vecino más inmediato o con el gendarme de punto.’

"‘Artículo 451-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el Juez si encuentra que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos anteriores, la admitirá y mandará inscribirla en el Registro Público de la Propiedad, fijarla en lugar visible de la finca y que se corra traslado al deudor con copia de la misma, emplazándole, para que dentro del término de cinco días ocurra a contestarla y en su caso a oponer las excepciones, que no podrán ser otras que: I. Las procesales previstas en este código; II. Las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo; III. Falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción; IV. Nulidad del contrato; V. Pago o compensación; VI. Remisión o quita; VII. Pacto de espera o de no cobrar; VIII. Novación de contrato; y IX. Las demás que autoricen las leyes. Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII sólo se admitirán cuando se funden en prueba documental; respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad, sólo se admitirán si se exhibe con la contestación de ésta, o de las cédulas del emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral.—El Juez bajo su más estricta responsabilidad, revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autorizan, o aquellas en que sea necesario exhibir documento y el mismo no se acompañe, salvo los casos a que se refieren los artículos 62 y 65 de este código.—Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia del juicio.’

"De los anteriores preceptos legales se puede apreciar, en lo que interesa, que efectivamente en ellos no se hace alusión de manera textual a que deba dejarse copia del documento base de la acción, pues sólo se concretan a mencionar, el primero de ellos, a que ‘En los casos de emplazamiento, se dejarán también las copias simples correspondientes...’; en tanto que el segundo sólo establece que: ‘Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo... fijarla en lugar visible de la finca y que se corra traslado al deudor con copia de la misma,...’; sin embargo, de una interpretación sistemática de esas propias disposiciones, se puede concluir que en tratándose del emplazamiento dentro de un juicio especial hipotecario, no sólo es la copia simple de la demanda con lo que se le tiene que correr traslado a la parte emplazada, sino también del documento base de la acción que se acompaña a la misma, en este caso, la (sic) instrumento público en que conste dicha hipoteca, pues sólo de esa manera, la parte demandada estará en posibilidad de oponer las defensas y excepciones que estime pertinentes con relación a tal documento, y que son a las que se refiere en el propio numeral 451-C, antes citado. Luego, contrario a lo que aduce el organismo recurrente, en el emplazamiento en el juicio hipotecario, sí se debe dejar al demandado copia del documento base de la acción, porque dicha acción hipotecaria se funda necesariamente en una prueba documental, como lo es el instrumento respectivo y del que debe tener conocimiento la parte demandada al momento en que se le realiza su emplazamiento, de no ser así, se le estaría dejando en estado de indefensión, pues se le estaría violando su derecho de oponer excepciones en contra del mismo.

"En ese sentido, basta observar el contenido de la diligencia de emplazamiento en la parte que interesa, para apreciar que el secretario de Acuerdos encargado de practicar la misma, en cumplimiento a lo ordenado por dichos numerales, señaló lo siguiente:

"‘DILIGENCIA. En **********, siendo las doce horas con diez minutos del día diecinueve de abril del dos mil doce, constituido el C.P.D.D. **********, secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de **********, Veracruz, con las formalidades de ley en el domicilio señalado para notificar y emplazar a **********, sito en calle **********, por lo que bien cerciorado de que efectivamente es el domicilio correcto por así indicármelo la nomenclatura correspondiente el número de la casa y por así confirmármelo el dicho de **********, a quien encuentro presente en el domicilio citado, haciéndole saber el lugar de mi procedencia y el motivo de mi presencia, por lo que enterada se identifica con su credencial de elector con fotografía con número de folio ********** misma que coincide con sus características físicas y personales; acto seguido la inquiero para que me informe si en este domicilio de igual forma vive y se encuentra ********** y al respecto me manifiesta que el buscado efectivamente vive en este domicilio, pero que en estos momentos no se encuentra, en esa virtud por medio de instructivo de notificación y con fundamento en lo establecido por el artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, procedo a notificarle a **********, por conducto de **********, el auto de fecha doce de marzo del año dos mil doce, dictado por el Juez ********** de Primera Instancia de **********, Veracruz, relativo al expediente ********** juicio especial hipotecario promovido por el Licenciado **********, en su carácter de apoderado legal de ********** en contra de **********; así mismo con las copias simples de la demanda que se anexan procedo a correr traslado al demandado **********, por conducto de **********, emplazándolo a fin de que dentro del término de cinco días por escrito y ante el Juzgado ********** de Primera Instancia de **********, Veracruz, dé contestación a la misma y oponga las excepciones a que se refiere el numeral 451-C del ordenamiento antes invocado... así mismo procedo a fijar en un lugar visible de la finca hipotecada en la que se actúa, un tanto de la copia simple de la demanda con sus documentos base de la acción, por lo que enterada ********** dice que queda debidamente notificada de lo anterior y que recibe de conformidad los instructivos de notificación que le entrego manifestándome que estos documentos se los entregará al interesado en cuanto regrese, certificando el suscrito que se negó a firmar de recibido por no considerarlo necesario, con lo que se da por terminada la presente diligencia. DOY FE.’

"Ahora bien, de esta última transcripción se viene en conocimiento que el secretario de Acuerdos encargado de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento, se concretó a expresar: ‘...con las copias simples de la demanda que se anexan procedo a correr traslado al demandado... por lo que enterada ********** dice que queda debidamente notificada de lo anterior y que recibe de conformidad los instructivos de notificación que le entrego’; de donde se puede apreciar que, efectivamente, dicho funcionario judicial omitió hacer referencia que a la persona con quien entendió dicha diligencia, le hacía entrega de los documentos que se acompañaban a la demanda, o sea, los documentos base de la acción, pues respecto de estos últimos no hizo mención alguna, pues sólo se concretó a hacerle entrega de la copia de la demanda y de los instructivos de notificación.

"A mayor abundamiento, cabe señalar que de los artículos 451-B y 451-C,(3) primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desprenden los documentos que se deben acompañar al escrito de demanda, en tratándose del juicio especial hipotecario, y con los cuales debe correrse traslado a la parte demandada; siendo que, como ya se mencionó, de la diligencia de emplazamiento no se advierte que se hubiese hecho entrega de los mismos, a la persona con quien se entendió dicha diligencia.

"No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito, la circunstancia de que de esa propia diligencia se puede apreciar que el fedatario judicial también asentó lo siguiente: ‘... asimismo procedo a fijar en un lugar visible de la finca en la que se actúa, un tanto de la copia simple de la demanda con sus documentos base de la acción,...’; empero, tal situación no conlleva estimar que con tal proceder quede subsanada la omisión en que incurrió dicho funcionario judicial, atento a que la fijación de la demanda y demás documentos que se debe realizar en la finca, constituye un aspecto diferente a las formalidades que se deben de seguir para la diligencia del emplazamiento del demandado, según se aprecia del contenido del artículo 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

"En esas condiciones, debe concluirse que, contrariamente a lo sustentado por el recurrente, la diligencia de emplazamiento practicada al demandado, hoy quejoso, resulta violatoria de los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y con ello de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, desde el momento mismo en que se omitió correrle traslado con los documentos base que se acompañaron a la demanda.

"Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 74/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.—El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental.’(4)

"En consecuencia, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, procedió a confirmar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo solicitado."

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad.

Amparo en revisión **********.

a) El Juez Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, emitió sentencia que se terminó de engrosar el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto número **********, promovido por **********, a través de su apoderada legal, en el sentido de conceder el amparo solicitado respecto de los actos reclamados al titular y oficial administrativo del Juzgado ********** de Primera Instancia de **********, Veracruz, consistentes en el ilegal emplazamiento en el juicio especial hipotecario **********, y todo lo actuado.

b) Inconforme con la anterior determinación, la tercera interesada **********, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, a través de su apoderada, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; en donde se admitió a trámite y se radicó bajo el número **********.

c) Mediante sentencia emitida en sesión de quince de marzo de dos mil dieciocho, el indicado Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y negó el amparo solicitado, esgrimiendo, para lo que al caso interesa, los argumentos que enseguida se transcriben:

"4. SEXTO. Estudio de los motivos de agravio. Son fundados los agravios expuestos, suficientes para revocar la sentencia sujeta a revisión.

"5. Como preámbulo debemos decir que este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que sustentó por mayoría de votos en el amparo en revisión número **********, el cual fue sesionado el dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, en el que se estableció que para el emplazamiento en los juicios hipotecarios debía correrse traslado, además de la demanda, con copia de la escritura del contrato de crédito con garantía hipotecaria, criterio que es abandonado en el asunto de que se trata.

"6. Los agravios expuestos por el recurrente consistieron esencialmente en lo siguiente:

"a) Que al juzgador le bastó aplicar el principio de suplencia de la queja, para llegar a la conclusión sobre la irregularidad del emplazamiento, y que tal pronunciamiento resulta incongruente con las actuaciones judiciales que obran en autos, ya que el fedatario judicial que llevó a cabo el emplazamiento cumplió con las formalidades establecidas en los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ya que lo hizo de manera personal, se cercioró que el domicilio donde se constituyó era el del demandado; que al no encontrarse con el mismo, dio lectura al auto del ocho de febrero de dos mil diez, indicando la persona que lo atendió, quien se identificó como cuñada de la quejosa, que procedió a correrle traslado con la copia de la demanda y demás anexos debidamente sellados y cotejados, además de indicarle el plazo de cinco días para acudir al juzgado a contestar la demanda; que la persona con quien se entendió la diligencia recibió la documentación que le entregó y que le firmó de recibido para debida constancia comprometiéndose a entregar a la parte demandada.

"b) Que el Juez de Distrito consideró que el actuario no especificó cuáles eran los anexos con los que corrió traslado en el llamamiento a juicio, lo cual resulta una decisión incorrecta de la interpretación de los artículos 76 y 451-C del código adjetivo local, pues de la lectura de los mismos se advierte que en ningún momento hace alusión que sea con copia del documento base de la acción, pues sólo indican copia de la demanda; luego entonces, no había razón jurídica que justificara la interpretación extensiva de tales numerales, esto es, que fue indebido considerar la especificación del actuario de cuáles eran los documentos con los que se corrió traslado, y que la norma no distinguió que al momento del emplazamiento tuviera que especificar que se entregaban los documentos base de la acción, y que las copias a que hace alusión el artículo 76 se refieren sin duda, a todos los documentos que constituyen el presupuesto necesario para la admisión de demanda, incluyendo obviamente los que son base de la acción.

"c) De una interpretación sistemática de los artículos antes mencionados, se deduce que no sólo debe correrse traslado con la copia de la demanda, sino también con el documento base de la acción, y que una cosa es hacer entrega de los documentos base de la acción y otra distinta que tenga que especificarse qué tipos de documentos base se entregan, que el Juez de Distrito realizó un análisis inadecuado de los numerales citados, pues el hecho de que el fedatario público en el acto de la diligencia haya manifestado ‘...procede a correrle traslado con la copia de la demanda y demás anexos debidamente sellados y cotejados...’, lo cual para que (sic) el quejoso no es suficiente, ni de peso para desestimar que no se agregaron los documentos base de la acción, ya que al hacer mención que deja copia de la demanda, así como de los anexos debidamente sellados y cotejados, sin duda alguna, cumplió con lo previsto por los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, los cuales refieren que para el caso de emplazamiento se entregarán las copias correspondientes, correr traslado con la copia de la misma y que dentro de los anexos de la demanda se agregaron todos los documentos considerados como presupuestos para la admisión de la demanda, incluyendo los documentos base de la acción, certeza a que se llega desde el momento en que son sellados y cotejados por el fedatario judicial, sin los cuales el actuario no podría llevar el emplazamiento, y que la demanda misma no pudo haber sido admitida de no ser acompañada con los documentos base, como son: el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, así como el poder de los apoderados, elemento de prueba que demuestra la existencia base de la acción.

"d) Que es relevante la circunstancia de saber distinguir entre la entrega de documento de traslado con el hecho de especificar ¿Qué documentos se entregan con el traslado?, último supuesto del que no hacen referencia los artículos 76 y 451-C del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y que en ese sentido, el actuario hizo alusión a todos los documentos que se acompañan de la demanda, incluyendo los documentos base de la acción, aun cuando no haya especificado qué tipo de documentos se entregan por no ser un requisito establecido en la ley; que no se analizó el expediente en donde obra la escritura pública número ********** que contiene el poder para pleitos y cobranzas a favor de ********** y **********, luego entonces, aun cuando en el instructivo se haya asentado el nombre de **********, ello era totalmente válido al ser representante legal de la institución bancaria que refiere el juzgador, que también aparece en la parte final del instructivo el juzgado que ordenó realizar la diligencia de emplazamiento, por lo que el Juez de Di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29127-96256ca3/emplazamiento-al-juicio-especial-hipotecario-debe-correrse-traslado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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