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VALOR AGREGADO. LA TASA DEL 0% PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO PARA LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN, ES INAPLICABLE PARA LA DE LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 252/2015. · Registro digital (IUS): 26060
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-12-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo II , Pág. 1158.

AMPARO DIRECTO 252/2015. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS NAVA GARNICA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Estudio de los conceptos de violación. En principio y por cuestión de método, se aborda el estudio de los conceptos de violación reseñados en los números 15 y 16, incisos a), b) y c), en los cuales la quejosa controvierte aspectos relacionados con la constitucionalidad del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y del numeral 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Previo a la calificación de dichos conceptos de violación, se precisa que la impugnación constitucional de leyes en el juicio de amparo directo debe tener como presupuesto indispensable, que éstas se hayan aplicado en el procedimiento o en la sentencia reclamada, puesto que así se prevé en el último párrafo del artículo 170 y segundo párrafo de la fracción IV del diverso numeral 175, ambos de la Ley de Amparo.

En efecto, de la interpretación sistemática de los aludidos preceptos se obtiene que sólo es posible impugnar la constitucionalidad de una disposición de carácter general en amparo directo, cuando ésta es aplicada en el procedimiento que culmina con la sentencia definitiva, laudo o resolución en contra del cual se promueve el juicio constitucional, o en la propia sentencia reclamada, según lo ilustra la tesis aislada P. CXXXIII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 203, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. PARA QUE EN AMPARO DIRECTO PUEDAN OPERAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS, SE REQUIERE QUE LOS PRECEPTOS SE HAYAN APLICADO EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE CON ELLA CULMINÓ."

La Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 53/2005, sostuvo el criterio referente a que cuando el juicio de amparo directo derive de un juicio de nulidad, en el que se controvierta un acto o resolución en que se hubiesen aplicado las normas generales controvertidas en los conceptos de violación, y no se actualice el supuesto de suplencia de la queja previsto en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo (abrogada), para que proceda el estudio de su constitucionalidad es necesario que se satisfagan ciertos requisitos, dentro de los que se encuentra el relativo a que se haya aplicado la norma controvertida en el acto impugnado, circunstancia que acredita que el análisis de la constitucionalidad de una ley también puede abordarse en amparo directo, cuando la norma tildada de inconstitucional se haya aplicado en la resolución impugnada de origen.

El criterio jurisprudencial de que se ha dado noticia, se encuentra publicado en la página 478, Tomo XXI, mayo de 2005, del citado medio de difusión y Época, con el rubro: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA)."

De acuerdo con tales premisas, el análisis de la constitucionalidad de una ley en amparo directo, tiene como presupuesto indispensable que la norma tildada de inconstitucional se haya aplicado en el procedimiento, en la sentencia reclamada, o bien, en la resolución impugnada en el juicio de nulidad.

En el caso, dicho extremo se colma, pues en el juicio de donde emana la sentencia reclamada se impugnó la negativa a la devolución de saldo a favor, en cuya tramitación se ejercieron las facultades de comprobación mediante una visita domiciliaria, con fundamento en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación; asimismo, la improcedencia de la solicitud se basó en la aplicación del precepto 2o.-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Dado que se hicieron valer conceptos de anulación en torno a la legalidad de la visita domiciliaria y a la interpretación de la norma que prevé la tasa del impuesto al valor agregado, en la sentencia reclamada se entiende que la Sala responsable aplicara lo dispuesto en ambos dispositivos, tildados de inconstitucionales en este juicio de amparo.

Por tanto, las normas indicadas fueron aplicadas, tanto en el acto administrativo que constituye el acto impugnado en el juicio anulatorio de origen, como en la sentencia aquí reclamada.

Precisado lo anterior, en el argumento identificado con el número 15 la quejosa aduce que el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación viola el principio de seguridad jurídica, en parte, porque no regula el procedimiento para el ejercicio de las facultades de comprobación, por lo que, tratándose de la visita domiciliaria, se deja a la autoridad fiscalizadora la posibilidad de aplicar arbitrariamente lo previsto en el diverso numeral 46 de ese ordenamiento y, en otra, ya que no prevé la nulidad de todo lo actuado como sanción al exceso del plazo de noventa días para concluir el ejercicio de las facultades de comprobación.

Ambos argumentos son infundados.

A manera de preámbulo, se precisa que la seguridad jurídica, garantizada por vía de principio en los preceptos constitucionales 14 y 16, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.

En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse", respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad.

Trasladada esa prerrogativa de los gobernados a la materia tributaria, debe entenderse en el sentido de que la ley fiscal ha de contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, y para que sobre el particular la autoridad no incurra en arbitrariedades.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.), visible en la página 437, Libro XVI, Tomo 1, enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en ‘saber a qué atenerse’ respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, mas no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de ‘seguridad a través del derecho’."

Así, el parámetro para decidir si una disposición en materia tributaria es acorde con el derecho a la seguridad jurídica consiste, básicamente, en que la norma no permita que la autoridad actúe arbitrariamente.

En el caso, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil diez, dispone:

"Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.

"Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.

"Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.

"Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.

"Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.

"Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el reglamento de este código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

"Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.

"No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.

"Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este código.

"El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos.

"Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este código.

"El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.

"Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya transcurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución.

"El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización.

"Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.

"La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.

"La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.

"El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer los casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo, para efectuar la devolución."

El dispositivo anterior regula la figura y el procedimiento de devolución de contribuciones, mediante reglas específicas, según sea el caso, así como los plazos, formas y términos del procedimiento ordinario y de otros que podrían denominarse subprocedimientos.

El precepto contiene, en parte, el derecho de los contribuyentes a solicitar la devolución de contribuciones; en otra, en cuanto a las autoridades hacendarias, previene su deber de devolver las cantidades pagadas indebidamente y las procedentes, en términos de las leyes fiscales, así como sus atribuciones de verificación para requerir información, datos y documentos, de estimarlo necesario, ante la instancia del contribuyente y, en lo que interesa al caso, las facultades de comprobación correspondientes.

En términos del párrafo sexto del precepto en análisis, una vez que la solicitud de devolución ha llegado a las autoridades competentes, existe la posibilidad de que, para efecto de verificar la procedencia de la devolución, se requieran al contribuyente: a) datos; b) informes; o, c) documentos adicionales, necesarios y relacionados con la solicitud de devolución.

En este supuesto, la función administrativa consiste en desahogar un procedimiento de simple verificación o revisión de los datos contenidos en la solicitud de devolución o declaración, así como en el requerimiento de mayores datos, informes e, incluso, documentos relacionados con la propia devolución, con el propósito de revisar su procedencia.

En este procedimiento de verificación, la procedencia de la solicitud de devolución tiene que ajustarse a los plazos y términos que dispone el referido párrafo sexto (limitándose a dos requerimientos).

Los párrafos noveno, décimo, décimo primero y décimo octavo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, prevén un procedimiento de verificación de datos, comprobación o inspección, para el caso de que las autoridades fiscales no estén conformes con la solicitud del contribuyente, siendo entonces necesario abrir un procedimiento de comprobación o fiscalización.

Las facultades de comprobación se ejercen mediante un procedimiento distinto al de la mera verificación formal de la devolución de contribuciones, teniendo como fin la revisión o fiscalización de las obligaciones tributarias del solicitante; pero, exclusivamente vinculadas con la solicitud del contribuyente.

Aquí el legislador confiere atribuciones a la autoridad hacendaria para investigar y comprobar la situación tributaria del contribuyente solicitante de la devolución de impuestos, así como el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, a propósito de lo cual la autoridad fiscal competente despliega su facultad de imperio a través de la comprobación de las citadas obligaciones.

El propósito es revisar las disposiciones fiscales relacionadas con el hecho imponible, la base del gravamen, el cálculo del gravamen, la procedencia de las deducciones o del acreditamiento de los impuestos trasladados, si es el caso de impuestos indirectos; mientras que los sujetos a revisar son el contribuyente solicitante y, secundariamente, los terceros relacionados con él, a los que podrá requerírseles la información necesaria.

Otra característica de las facultades de comprobación, es que las autoridades fiscales actúan oficiosamente, lo que podrán realizar conforme a los mecanismos previstos en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, verbigracia, visitas domiciliarias o revisiones de gabinete, pero respetando las formas y términos del procedimiento dispuesto en el artículo 22 del mismo ordenamiento.

Por tanto, conforme al análisis que se hizo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que el ejercicio de las facultades de comprobación contenidas en los párrafos noveno, décimo, décimo primero y décimo octavo, brinda a los contribuyentes la certeza y claridad de las formas, plazos y efectos.

Es así, en razón de que los contribuyentes saben que las autoridades fiscales podrán revisar de nueva cuenta la procedencia de la solicitud de devolución, a pesar de estar referida a la misma contribución y al mismo periodo, a través de las facultades de comprobación, lo que les otorga conocimiento cierto también de los procedimientos respectivos y de los plazos otorgados para entregar los datos, informes y documentos que se les requieran, así como los plazos y formas para que la autoridad ejercite sus facultades de comprobación, y los requerimientos que haga a terceros relacionados con los contribuyentes que soliciten devolución de impuestos.

Luego, la sola circunstancia de que las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, desplieguen su imperio para fiscalizar y revisar las obligaciones tributarias de los contribuyentes, como en el caso sería la tasa del impuesto al valor agregado aplicada en el acreditamiento por el sujeto del impuesto, no viola el principio de seguridad jurídica, habida cuenta que el contribuyente que solicita la devolución del impuesto al valor agregado tiene la certeza, desde el momento en que insta la actuación de las autoridades mediante su solicitud, de que ésta podrá ser revisada otra vez a fin de verificar que, efectivamente, el acreditamiento se ajustó a las disposiciones de la ley fiscal relativa.

Esto es, la facultad y el procedimiento de comprobación se conocen, con certidumbre, por el contribuyente que solicita la devolución de contribuciones. Luego, es patente que el cuestionado numeral no infringe el principio de seguridad jurídica plasmado en el artículo 16 constitucional.

Lo anterior no cambia, porque la quejosa asegure que el precepto permite que la autoridad fiscalizadora aplique, como le parezca, el procedimiento de visita domiciliaria, pues su planteamiento parte de una premisa errónea, a saber: que la norma en análisis permite que la autoridad, arbitrariamente y en cualquier momento, pueda realizar una visita domiciliaria sin sujetarse a los requisitos previstos en el Código Fiscal de la Federación para ese tipo de procedimientos de verificación, lo que es incorrecto pues, como previamente se desarrolló, el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales está sujeto al procedimiento contenido en los párrafos noveno, décimo, décimo primero y décimo octavo del numeral cuestionado.

De manera que este precepto sólo fija las facultades atribuidas al fisco, lo que podrá realizar conforme lo prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, teniendo en cuenta las formas y términos del procedimiento dispuesto en el artículo 22 del mismo ordenamiento, por lo que no puede considerarse que contravenga lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

Al respecto, se acota que la forma particular en que se desarrolló el procedimiento administrativo, en el caso concreto, no puede considerarse un parámetro para declarar inconstitucional una de las normas que lo rigen, en virtud de que fue la actuación de la autoridad demandada y no el contenido del precepto, lo que motivó la inconformidad de la actora quien, por cierto, en este juicio alega que aquélla realizó un indebido ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, lo que se examinará en esta ejecutoria.

Tampoco le asiste razón jurídica a la quejosa, en relación con el segundo argumento, en el que aduce que se vulnera el principio de seguridad jurídica, porque no prevé las consecuencias en el ejercicio extemporáneo de la conclusión de las facultades de comprobación; es decir, no impone una sanción para cuando la autoridad no concluye su revisión en el plazo de noventa días.

Dicho principio no debe ser interpretado en el sentido de que una norma que no imponga alguna sanción a la autoridad, por no realizar determinado acto en un plazo, contraviene la seguridad jurídica, ya que para salvaguardarla basta con que la ley contenga los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado, así como las facultades y obligaciones de las autoridades para evitar que éstas incurran en arbitrariedades.

Luego, dado que el citado principio, previamente definido, no comprende de manera alguna el que la ley deba contemplar alguna sanción al actuar de la autoridad, no es estrictamente necesario, como afirma la quejosa, que se prevea una sanción cuando no se cumpla con el plazo, por lo que la circunstancia de que en la práctica no llegara a cumplirse, es un tema de legalidad de la resolución que no afecta la constitucionalidad del artículo.

Además, como se verá en esta ejecutoria, el ejercicio de la facultad de comprobación consistente en la visita domiciliaria, se rige por lo dispuesto en los artículos 41 a 46-A del Código Fiscal de la Federación, en los que se prevén, entre otras providencias, las consecuencias de no concluir la verificación dentro de los plazos legales.

No se ignora que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener la jurisprudencia P./J. 4/2010, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 5, de rubro: "ACTA DE IRREGULARIDADES DE MERCANCÍAS DE DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN. EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA, AL NO ESTABLECER UN PLAZO PARA QUE LA AUTORIDAD LA ELABORE Y NOTIFIQUE, VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.", determinó que el procedimiento que se realizaba al amparo del artículo 152 de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26060-81be3077/valor-agregado-la-tasa-del-0-prevista-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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