PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 444, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. PROCEDE DEJAR DE APLICAR ESA MEDIDA CUANDO LA PARTE DEUDORA SE PONE AL CORRIENTE EN EL PAGO Y QUEDA REVELADA SU DISPOSICIÓN A SEGUIR CUMPLIENDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 28/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 21 DE JUNIO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA MAGISTRADA HORTENCIA MARÍA EMILIA MOLINA DE LA PUENTE Y DE LOS MAGISTRADOS ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO Y ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. PONENTE: MAGISTRADO ABRAHAM S. MARCOS VALDÉS. SECRETARIA: ALEJANDRA FLORES RAMOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia:
5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Norte es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, y 227 de la Ley de Amparo, y 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados pertenecientes al Cuarto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, y el tema de fondo corresponde a la Materia Civil, en la que se encuentra especializado este Pleno Regional.
SEGUNDO.—Legitimación:
6. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Magistrada integrante de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, autoridad responsable en los diversos juicios de amparo directo que motivaron la contradicción de criterios.
TERCERO.—Posturas de los Tribunales de Circuito:
I. Posición del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 165/2021:
7. Dicho Tribunal Colegiado conoció de la sentencia dictada en un juicio de pérdida de patria potestad, que absolvió a la parte demandada al inaplicar la fracción VII del artículo 444 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que prevé la pérdida de la patria potestad por incumplimiento parcial o total en el pago de la pensión alimenticia decretada en sentencia por más de noventa días, decisión que la autoridad responsable (Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León) tomó una vez que realizó un control de constitucionalidad ex officio del citado precepto y consideró que era contrario a los artículos 4o. y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a su parecer la privación de la patria potestad constituía una sanción excesiva y desproporcional.
8. Al respecto el tribunal constitucional estableció que, contrariamente a lo determinado por la Sala responsable, la disposición del Código Civil para el citado Estado no conculcaba los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4o. y 22 de la Constitución Federal, ya que no preveía una sanción civil excesiva o desproporcionada, al tener por efecto la privación de la titularidad de derechos derivados de la patria potestad en perjuicio de uno de los progenitores, ni conllevaba el riesgo de afectar el interés superior del menor, como lo sostenía la Sala responsable, pues la gravedad de la medida resultaba directamente proporcional a la importancia de la satisfacción de las necesidades de subsistencia y desarrollo de las niñas y los niños, cuyos derechos alimentarios constituían el pilar de su protección; de ahí que no fuera benéfico debilitar o menguar las previsiones para su exigencia y debida garantía, máxime que la privación de la patria potestad no conllevaba indefectiblemente a impedir las convivencias con la menor de edad ya que constituían un derecho de este último, tal como ya lo había establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
9. En este tenor, consideró incorrecto dejar de aplicar el precepto en mención, dado que el hecho de que el demandado, en su carácter de deudor alimentario, se hubiera puesto al corriente en el pago de la pensión alimenticia, no subsanaba la omisión injustificada de los deberes alimentarios en que incurrió por un periodo de más de noventa días, ya que el incumplimiento de la obligación alimenticia no podía quedar a la potestad del deudor, toda vez que por la finalidad de subsistencia que se perseguía con la figura de los alimentos éstos debían otorgarse de forma proporcional, continua y sucesivamente, y esa inconsistencia incidía de manera directa en perjuicio del bienestar de quienes tienen el carácter de acreedores alimentarios.
10. Añadió que la omisión injustificada de los deberes alimentarios por más de noventa días, así hubiese ocurrido en el pasado, generaba una afectación en el menor que no quedaba enteramente subsanada con pagos posteriores, por lo que la consecuencia de tal omisión debía ser la pérdida de la patria potestad.
11. Señaló que, sostener lo contrario equivaldría a permitir que quedara al arbitrio de la parte deudora proporcionar alimentos por las cantidades y en los tiempos que estimara necesarios y que bastara una demostración de buena voluntad posterior para borrar de golpe una actitud irresponsable cuya sanción previó el legislador, justamente para proteger con más fuerza la institución de la familia y la salvaguarda de las niñas y los niños.
12. Apoyó su determinación en lo que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer del amparo directo en revisión 2994/2015, que constituyó el quinto precedente de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.), de rubro: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD."
13. Las razones medulares motivo de la concesión, fueron las siguientes:
"... Ahora bien, como se adelantó, este Tribunal Colegiado no comparte la determinación de la Sala responsable en el sentido de que no se colman los elementos necesarios para decretar dicha sanción relativa a la pérdida de la patria potestad.
"Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado el parámetro que se debe tomar en cuenta para determinar si se actualiza la pérdida de la patria potestad ante el incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria, como en el caso concreto aconteció; asimismo, ha establecido que aun cuando se hubiera pagado la cantidad adeudada, con ello no queda subsanada dicha omisión injustificada de los deberes alimentarios.
"En ese sentido, asiste razón a la quejosa al señalar que la autoridad responsable inobservó el criterio emitido por el máximo Tribunal del país, apoyándose en una causal de la pérdida de la patria potestad distinta a la que aquí se analiza, esto es, el abandono del hogar, cuando en el caso concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre la actualización de la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de la obligación de proporcionar alimentos por un término mayor a noventa días, que es la que en el caso concreto acontece.
"En la ejecutoria pronunciada en el amparo directo en revisión 2994/2015, que constituye el quinto precedente de la jurisprudencia 1a./J. 42/2016 (10a.) localizable en la página 288, libro 34, septiembre de 2016, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS DENTRO DE LAS RELACIONES PATERNO-FILIALES SURGE DE LA PATRIA POTESTAD.’, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó que cualquier interpretación del artículo 440, fracción V, del Código Civil del Estado de Querétaro, para ser acorde a la Constitución y al interés superior del niño, debe tomar en consideración los siguientes elementos:
"a) En primer lugar, que para determinar si es procedente condenar a uno de los padres a la pérdida de la patria potestad por incumplimiento total o parcial de las obligaciones alimentarias por tres meses, es indispensable acreditar que previo al supuesto incumplimiento existía una pensión previamente fijada, ya sea judicial provisional o definitiva, o bien, convenida por las partes.
"b) En segundo lugar, que el incumplimiento a que hace referencia dicho precepto debe interpretarse como un ‘incumplimiento injustificado’. De tal suerte que sólo ante la ausencia de razones debidamente acreditadas que justifiquen el incumplimiento podrá decretarse la pérdida de la patria potestad. Ello, en el entendido de que la obligación alimentaria se actualiza día con día, dada la necesidad de los alimentos para el pleno desarrollo físico del menor, por lo que debe cumplirse de momento a momento, en forma continua e interrumpida. Por tanto, si el obligado alimentario de manera injustificada deja de subvencionar las necesidades alimenticias y dicha conducta omisiva se prolonga en el tiempo, sin lugar a duda tal omisión va en detrimento de quien esté sujeto a la patria potestad.
"Así, al resolver el amparo directo en revisión 1236/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el interés superior del niño impone una tutela reforzada de los derechos del menor.
"Enfatizó que entre éstos se encuentra precisamente el derecho a recibir alimentos y la correlativa obligación de determinados sujetos de satisfacerlo. Consideró que cuando se construye jurisprudencialmente una excepción a la regla establecida por el legislador –consistente en que el abandono de los deberes alimentarios por dos meses conlleva la pérdida de la patria potestad– se incumple con los deberes de garantía reforzada de los derechos de los menores que se derivan del principio constitucional del interés superior del niño y contraviene el contenido del derecho constitucional a recibir alimentos.
"Consideró que dicha garantía de tutela reforzada se viola, porque para los menores resulta una medida más protectora de sus intereses una causal de pérdida de patria potestad donde simplemente se exija el incumplimiento injustificado de los deberes alimentarios por determinado tiempo –tal cual lo prevé el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México que se analizó en dicha ejecutoria– que una que se encuentre supeditada a la valoración sobre el comportamiento actual del progenitor en cuestión, dependiendo de si éste ha mostrado voluntad de cumplir con su obligación o si ha realizado ciertos pagos posteriores.
"Determinó la referida Primera Sala que en primer lugar, debía tenerse presente que la obligación alimentaria se actualiza día con día, dada la necesidad de los alimentos para el pleno desarrollo físico del menor, por lo que debe cumplirse de momento a momento, en forma continua e ininterrumpida. Por lo tanto, si el obligado alimentario de manera injustificada deja de subvencionar las necesidades alimenticias y dicha conducta omisiva se prolonga en el tiempo, sin lugar a dudas tal omisión va en detrimento de quien esté sujeto a la patria potestad.
"Por lo que consideró que en el caso sujeto a revisión en dicha ejecutoria, era incorrecto lo resuelto por el Tribunal Colegiado en el sentido de que la omisión en el cumplimiento de deberes alimentarios en el pasado no causa afectación al menor en el presente si existen actuaciones que reflejan que el padre está cumpliendo con los alimentos y ha mostrado interés en el menor. Pues lo cierto era que, si bien probablemente alguien se hizo cargo de las necesidades del niño o niña durante el incumplimiento del progenitor, ello de ninguna manera derivaba en que la omisión paterna sea inocua o carente de consecuencias negativas.
"Señaló que si bien se reconoce que ambos elementos –que el padre estuviera realizando pagos y que mostrara interés en el menor– reflejaban la ‘ausencia de abdicación total e injustificada de los deberes alimentarios’, esa Primera Sala ha establecido de manera firme que el cumplimiento de la obligación alimentaria no puede quedar a la potestad del deudor, toda vez que por la finalidad de subsistencia que se persigue con la figura de los alimentos, éstos deben otorgarse en forma proporcional, continua y sucesivamente, pues ello incide de manera directa sobre el bienestar o perjuicio de los acreedores alimentarios.(2)
"Tan era así que, incluso, ese órgano jurisdiccional ha estimado que el cumplimiento parcial o insuficiente puede dar lugar a que se actualice la causa de la pérdida de la patria potestad, al considerar que dicha conducta es contraria al objetivo de prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos inmersos en dicha figura.(3) Por lo que determinó que si consideramos que el cumplimiento parcial o insuficiente sin justificación puede actualizar la pérdida de la patria potestad, por mayoría de razón el incumplimiento total sostenido en el tiempo sin justificación alguna, reconocido por el propio tribunal en el caso concreto, debiera tener idéntico resultado.
"Es por ello que consideró que la conducta omisiva prevista en el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México –que se analizó en dicha ejecutoria– sí generaba una afectación en el menor, aun cuando el progenitor posteriormente cumpla con el pago de alimentos y muestre interés en el niño, pues sostener lo contrario equivaldría a permitir que quede al arbitrio del deudor proporcionar alimentos por las cantidades y en los tiempos que estime necesarios y que baste una demostración de buena voluntad posterior para borrar de golpe una actitud irresponsable cuya sanción previó el legislador justamente para proteger con más fuerza la institución de la familia y la salvaguarda de los niños.
"Refirió que en ese asunto, tampoco coincidía con lo aseverado por el Tribunal Colegiado en el sentido de que bastaba la existencia de algunas actuaciones que reflejaran la intención del progenitor de no desatender totalmente los deberes inherentes a la patria potestad para concluir que la sanción civil prevista en el artículo 4.224 lejos de beneficiar al menor, le perjudicaría.
"Precisó que no desconocía que la pérdida de la patria potestad constituye una medida grave, que implica la privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia de los menores, la facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación, conservación, asistencia, formación y demás relativos a aspectos no patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, la gravedad de la medida es directamente proporcional a la importancia de la satisfacción de las necesidades de subsistencia y desarrollo de los niños, cuyos derechos alimentarios constituyen el pilar de su protección. De ahí que no haya nada beneficioso en debilitar o menguar las previsiones para su exigencia y debida garantía. Consideró la referida Primera Sala del Máximo Tribunal del país, que tampoco asistía la razón al Tribunal Colegiado cuando propuso realizar una interpretación conforme del artículo 4.224, fracción II, del Código Civil del Estado de México de acuerdo con lo señalado en el artículo 4o. de la Constitución Federal y con el derecho del menor a no ser separado de sus padres consagrado en el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por un lado, porque su propuesta no era la medida más protectora del interés superior del menor pues supeditaba la pérdida de la patria potestad a la valoración sobre el comportamiento actual del progenitor y, por el otro lado, suponía que la pérdida de la patria potestad conlleva necesariamente la separación del menor de su padre, lo cual era falso.
"Lo anterior, porque la pérdida de la patria potestad no conlleva indefectiblemente impedir que el menor ejerza el derecho de convivencia con su progenitor (como en este caso lo razonó el juez de primera instancia), en tanto que ese derecho no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos, y además no todas las causales de pérdida de la patria potestad tienen un componente a partir del cual deba limitarse el contacto paterno-filial. Precisó que el interés superior del menor implica propiciar las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, que en la mayoría de los casos implica la convivencia con ambos progenitores, independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre aquél.
"De ahí que sea el juez de lo familiar el que deba atender a la racionalidad de la causal que originó la pérdida de la patria potestad para determinar si la convivencia pudiera importar algún riesgo para la seguridad o desarrollo adecuado del menor. A lo cual resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 97/2009, de rubro: ‘PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES.’(4)
"En esta lógica, estableció que ni el interés superior del menor ni su derecho a no ser separado de sus padres podían servir como justificación para introducir una excepción a la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de los deberes alimentarios sin causa justificada, pues la medida no necesariamente implicará que el niño deje de tener contacto con sus progenitores.
"Dichas consideraciones, en la parte que interesan, son del tenor literal siguiente:
"‘...
"‘VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
"‘1. Materia de análisis constitucional. Esta Primera Sala advierte que el estudio del presente recurso debe circunscribirse a los agravios de la recurrente encaminados a cuestionar la interpretación hecha por el Tribunal Colegiado del artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México, no así aquellos dirigidos a impugnar la valoración del caudal probatorio, lo que entraña una cuestión de mera legalidad. Lo anterior se propone analizar a partir de la siguiente pregunta:
"‘A la luz del interés superior del menor, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México relativo a las causales de pérdida de la patria potestad, ¿la omisión injustificada en el cumplimiento de deberes alimentarios en el pasado queda subsanada si el progenitor obligado ha realizado ciertos pagos y muestra interés de aportar determinada cantidad para satisfacer las necesidades del descendiente?
"‘2. Será la respuesta a esta interrogante la que permitirá establecer si la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado fue acorde a la Constitución y a la naturaleza y finalidad del precepto normativo en cuestión. Para ello, debe señalarse que en el presente asunto, al estar involucrados los derechos de un menor de edad, procede la suplencia de la queja. Lo anterior de conformidad con la tesis jurisprudencial, de rubro: «MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.»
"‘3. Ahora bien, la reforma constitucional de doce de octubre de dos mil once estableció expresamente el interés superior de la niñez como principio constitucional:
"‘«Artículo 4o. ...
"‘«En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.(5)
"‘«Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.(6)
"‘«El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.»
"‘4. Al respecto, esta Suprema Corte ha enfatizado en varios precedentes la importancia de este principio en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con los derechos del niño.(7) Se ha señalado que el interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o funciones normativas:(8) (i) como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. "‘5. En ese sentido, el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas «reforzadas» o «agravadas». La idea que subyace a este mandato es que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño.
"‘6. La obligación de los Estados de proteger los derechos de los niños a través de medidas reforzadas puede encontrarse en distintos instrumentos internacionales. Así, en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924 se avanzó la idea de que el niño merece una «protección especial»; en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño se establece que éste requiere «protección y cuidado especiales»; y en el artículo 19 de la Convención Americana se señala que todo niño debe recibir «las medidas de protección que su condición de menor requieren.»
"‘7. En efecto, el interés superior del niño es un principio que tiene que interpretarse en conexión con los deberes constitucionales que el propio artículo 4o. impone a los ascendientes, tutores y custodios de los menores. Si la Constitución otorga a los menores el «derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación», debe entenderse que los sujetos obligados en primera instancia a satisfacer ese derecho son precisamente aquellas personas que tienen la relación con los menores descrita por el artículo 4o. constitucional. En esta línea, cualquier interpretación de disposiciones legales o infralegales que estén relacionadas con medidas tendientes al aseguramiento de los derechos de los menores debe procurar no reducir los correlativos deberes constitucionales al rango de meras recomendaciones.
"‘8. Así, esta Suprema Corte ha sostenido que la patria potestad es una garantía institucional que encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución Federal.(9) En este sentido, la patria potestad implica «una correlación de derechos y deberes generada por la relación afectiva existente entre padres e hijos, que se enfocan a la salvaguarda de las necesidades del niño, para su formación y desarrollo integral.»(10) Se ha establecido, asimismo, que la patria potestad tiene un indudable carácter de función tutelar,(11) establecida en beneficio de los hijos y, por ello, cuando la conducta de los padres ponga o pueda poner en peligro la integridad o formación del menor, cabe privar o suspender a aquéllos del ejercicio de la patria potestad de conformidad a lo que establezcan las leyes en la materia.(12)
"‘9. Teniendo en cuenta los deberes reforzados que impone el interés superior del niño y el carácter de función tutelar de la patria potestad hacia los derechos de los menores, debe determinarse si la recurrente tiene razón al afirmar que fue incorrecta la interpretación del artículo 4o. de la Constitución Federal y del interés superior del menor realizada por el Tribunal Colegiado cuando estimó que el incumplimiento generado en tiempo pasado, haya ocasionado en la actualidad consecuencias graves al menor y existen datos de que el padre está cumpliendo con los alimentos, entonces no debe conducir a la pérdida de la patria potestad.
"‘10. Para ello, es necesario recordar en primer término cuál es el contenido y finalidad del artículo 4.224, fracción II, del Código Civil para el Estado de México.
"‘«Artículo 4.224. La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes casos:
"‘«II. Cuando por las costumbres depravadas de los que ejerzan la patria potestad, malos tratos, violencia familiar o abandono de sus deberes alimentarios o de guarda o custodia por más de dos meses y por ello se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores aun cuando esos hechos no constituyan delito; Quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, podrá recuperar la misma, cuando compruebe que ha cumplido con ésta por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma; ...»
"‘11. De lo transcrito se desprende que el legislador del Estado de México establece que el progenitor o ascendiente en segundo grado que abandone sus deberes alimentarios por más de dos meses, y por ello comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores a su cargo, perderá la patria potestad que detenta, misma que podrá recuperar si comprueba que ha cumplido con su obligación alimentaria por más de un año y, en su caso, otorgue garantía anual sobre la misma.
"‘12. En el amparo directo en revisión 12/2010, esta Primera Sala se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la porción normativa de la fracción II del artículo 4.224 del Código Civil del Estado de México que condiciona la pérdida de la patria potestad a que además del incumplimiento de las obligaciones alimentarias por más de dos meses se cumpla con el requisito de que «se comprometa la salud, la seguridad o la moralidad de los menores aun cuando esos hechos no constituyan delito». Ello al estimar que la exigencia de tal requisito hace prácticamente imposible que se actualice el supuesto de la pérdida de la patria potestad, ya que ante el incumplimiento del titular, es muy frecuente que alguien más se haga cargo de satisfacer las necesidades del menor. Así, este órgano jurisdiccional determinó que la porción normativa es inconstitucional pues de considerarla válida el deber alimentario se vería reducido a meras recomendaciones desprovistas de consecuencias jurídicas y el precepto no cumpliría la función para la que fue establecido.(13)
"‘13. Asimismo, en dicho precedente se sostuvo que, a fin de actualizarse la hipótesis normativa de pérdida de la patria potestad, el abandono de los deberes alimentarios debía carecer de «causa justificada», pues de existir alguna razón que validara el incumplimiento, entonces la medida sería violatoria del interés superior del menor.
"‘14. En un sentido similar, el caso que nos ocupa involucra la inclusión hermenéutica de un elemento más al valorar el incumplimiento de los deberes alimentarios por más de dos meses para actualizar la pérdida de la patria potestad. Sin embargo, en el presente asunto no se trata de exigir un requisito adicional, sino de la construcción jurisprudencial de una excepción a la regla.
"‘15. En efecto, mediante una pretendida interpretación conforme, el Tribunal Colegiado estableció esencialmente que la omisión en el cumplimiento de deberes alimenticios en el pasado, si no está ocasionando en la actualidad consecuencias graves al menor ni se está poniendo en riesgo su integridad o formación, entonces no debe implicar la pérdida de la patria potestad cuando existen datos de que el padre está cumpliendo con los alimentos y tiene interés en aportar determinada cantidad para satisfacer las necesidades del descendiente. Lo anterior con la justificación de que, con el cumplimiento e interés actual demostrados por el progenitor, la medida lejos de beneficiar al menor, lo perjudicaría.
"‘16. Esta Primera Sala estima que resultan esencialmente fundados los agravios esgrimidos por la recurrente en el sentido de que la interpretación propuesta por el Tribunal Colegiado es contraria al interés superior del niño y a los deberes constitucionales a cargo de los ascendientes, tutores y custodios establecidos en el artículo 4o. de la Constitución Federal.
"‘17. Como se señaló anteriormente, el interés superior del niño impone una tutela reforzada de los derechos del menor. Entre éstos se encuentra precisamente el derecho a recibir alimentos y la correlativa obligación de determinados sujetos de satisfacerlo. En esta línea, cuando el Tribunal Colegiado construye jurisprudencialmente una excepción a la regla establecida por el legislador –consistente en que el abandono de los deberes alimentarios por dos meses conlleva la pérdida de la patria potestad– incumple con los deberes de garantía reforzada de los derechos de los menores que se derivan del principio constitucional del interés superior del niño y contraviene el contenido del derecho constitucional a recibir alimentos.
"‘18. En efecto, la garantía de tutela reforzada se viola porque para los menores resulta una medida más protectora de sus intereses una causal de pérdida de patria potestad donde simplemente se exija el incumplimiento injustificado de los deberes alimentarios por determinado tiempo –tal cual lo prevé el artículo 4.224 del Código Civil para el Estado de México– que una que se encuentre supeditada a la valoración sobre el comportamiento actual del progenitor en cuestión, dependiendo de si éste ha mostrado voluntad de cumplir con su obligación o si ha realizado ciertos pagos posteriores.
"‘19. En primer lugar, debe tenerse presente que la obligación alimentaria se actualiza día con día, dada la necesidad de los alimentos para el pleno desarrollo físico del menor, por lo que debe cumplirse de momento a momento, en forma continua e interrumpida. Por lo tanto, si el obligado alimentario de manera injustificada deja de subvencionar las necesidades alimenticias y dicha conducta omisiva se prolonga en el tiempo, sin lugar a dudas tal omisión va en detrimento de quien esté sujeto a la patria potestad. Por ende, es incorrecto lo aseverado por el Tribunal Colegiado en el sentido de que la omisión en el cumplimiento de deberes alimentarios en el pasado no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31716-15008483/perdida-de-la-patria-potestad-por-incumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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