TRABAJADORES DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. AL SER GARANTES DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO FEDERAL AL QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS, ASÍ COMO DE LA PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS, TIENEN LA CALIDAD DE CONFIANZA.
AMPARO DIRECTO 642/2015. 8 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIO: RAÚL SANTIAGO LOYOLA ORDÓÑEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-El estudio de los conceptos de violación reproducidos en el considerando que antecede conduce a determinar lo siguiente:
En su primer y segundo conceptos de violación se expresa que la responsable determinó que era procedente absolver al demandado del pago de prestaciones e indemnizaciones, señalando simplemente que la actora no había acreditado su acción, sin analizar pormenorizadamente la prueba que ofreció, consistente en la testimonial, expresando únicamente que el testigo ********** había sido parcial, lo que no es verdad, y respecto a la testigo **********, la autoridad sólo hace una narrativa de lo que declaró, pero jamás establece o califica, menos otorga el valor probatorio que realmente le corresponde, sin embargo, lo que inadvierte es que ambos testigos son contestes, idóneos, les constaron los hechos que refirieron y con su testimonio se acreditó plenamente el despido del cual fue objeto.
Por otra parte, afirma que la Sala le otorgó un exagerado valor probatorio a las pruebas ofrecidas por los demandados, especialmente a las pruebas documentales consistentes en los expedientes personales de los actores, de los cuales se advirtió que ostentaba el cargo de técnico penitenciario, constancia de hechos de seis de marzo, veinticinco de marzo, dieciséis de febrero y dos de marzo, todas de dos mil nueve, manifestando la responsable en su incorrecto razonamiento que había quedado demostrado que la actora tenía un nombramiento de confianza, pero, esa circunstancia no implica que realmente desempeñara un puesto de confianza, porque las actividades que desarrollaba no eran de las contempladas en los artículos 4o. y 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, máxime que nunca desempeñó funciones de dirección, con poder de decisión en el ejercicio de mando a nivel de directores de área, subdirector y jefe de departamento, menos tenía funciones de inspección, vigilancia o fiscalización, no manejaba valores, ni realizaba auditorías; en tal virtud, la Sala no estudió adecuadamente si las demandadas acreditaron con medio de prueba idónea que era empleada de confianza.
En su tercer motivo de disenso se aduce que la responsable no valoró correctamente las pruebas consistentes en la presuncional e instrumental de actuaciones; respecto de la primera, consiste en las deducciones o inferencias que derivan de los hechos conocidos, y que permiten averiguar o evidenciar la verdad sobre los hechos desconocidos o aún no comprobados, teniendo por presuntivamente ciertos los hechos que pretendió probar, entre otras cuestiones, el despido injustificado del cual fue objeto, lo cual se acreditó con su prueba testimonial; por cuanto hace a la instrumental de actuaciones, que consiste en el cúmulo de documentales y constancias que integran el expediente laboral, como lo son los contratos exhibidos, así como las copias simples de la normatividad aplicable, que no fueron objetadas por las demandadas, y que la Sala no les otorgó valor probatorio; asimismo, con su prueba testimonial acreditó plenamente el despido injustificado, lo cual, en su conjunto, deberá llevar a concluir que acreditó plenamente su acción, máxime que no existe prueba en contrario por parte de la demandada para acreditar que era empleada de confianza.
A lo largo de sus argumentos, se afirma que el laudo no está fundado, mucho menos motivado, contraviniendo el contenido de los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma, que el laudo es incongruente, inobservando el numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia.
Los conceptos de violación que han sido sintetizados en párrafos anteriores son infundados, los cuales serán analizados en su conjunto, tal como lo establece el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente.
En el laudo reclamado de treinta de enero de dos mil quince, la responsable para absolver a los demandados de lo que les fue reclamado por la parte actora, consideró que se habían desempeñado como empleados de confianza, enfatizó que conforme a lo estatuido en el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedaban excluidos de los beneficios consagrados en la normatividad burocrática en atención a que se desempeñaron como personal de vigilancia en un establecimiento penitenciario; de autos, específicamente de las fojas 466 y 467, quedó acreditado que ocuparon el puesto de técnico penitenciario, categoría considerada como de confianza, bajo la clave **********, cuyas funciones se encuentran descritas en el manual específico de operación, que consistían en atender las necesidades de prevención y readaptación social, es decir, a la seguridad pública; en tal virtud, aun cuando el puesto que ocupaban no se encontraba incluido en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello no era suficiente para determinar que sus funciones no tuvieran la naturaleza de confianza, máxime que conforme al Sistema de Seguridad Pública Federal se les catalogaba como de confianza.
Determinación que se considera correcta.
De los antecedentes que conforman el expediente laboral **********, se advierte que ********** y **********, demandaron de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal, Subsecretaría del Sistema Penitenciario y Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo y, como consecuencia de ello, la reinstalación en el puesto de técnico penitenciario, así como el pago de prestaciones accesorias.
Señaló la actora que ingresó a laborar para los demandados el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, con el nombramiento de técnico penitenciario, con un horario de las ocho a las quince horas de lunes a viernes, y con un salario de $ ********** (**********) (fojas 1 a 5).
Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil nueve, la responsable tuvo como demandados a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y al director ejecutivo de Prevención y Readaptación Social (foja 11).
Por escritos de veintidós de junio de dos mil nueve, los demandados contestaron la demanda instaurada en su contra, y negaron que los actores tuvieran acción y derecho para hacer valer sus reclamos, porque los empleados se desempeñaron como empleados de confianza, desempeñándose como técnicos penitenciarios, y en el caso de la actora, estaba adscrita al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, con código de puesto **********; en tal virtud ésta laboraba para el Sistema Penitenciario Mexicano, por lo que era personal de confianza y, por ende, se encontraba excluida del régimen establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 8o. del citado ordenamiento legal; opusieron como excepciones y defensas las que estimaron pertinentes (fojas 15 a 31 y 383 a 397, respectivamente).
Seguida la secuela procesal en todas y cada una de sus etapas, y desahogadas las pruebas que así lo ameritaron, el treinta de enero de dos mil quince, la responsable dictó el laudo que ahora se combate, en el cual después de fijar la litis, y establecer que a los actores les correspondía acreditar la existencia del vínculo laboral con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y a la Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social, soportar el resto de la carga probatoria, determinó absolver a los demandados de lo que reclamaron los actores (foja 840 vuelta).
De conformidad a como la Sala estableció la litis, correspondía a la demandada Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social, acreditar que la actora tenía el carácter de empleada de confianza al haberse excepcionado en tal sentido, aunado al hecho de que es quien cuenta con más y mejores elementos para poder acreditar fehacientemente las labores que realizaba el trabajador.
La demandada Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social, para acreditar que la actora se desempeñó como empleada de confianza en el puesto de técnico penitenciario ofreció, entre otras, las siguientes pruebas:
1. Confesional a cargo de **********, desahogada el ocho de septiembre de dos mil diez.
(sic) 3. Documental pública, consistente en la copia certificada del expediente personal, laboral y administrativo de **********.
4. Copias certificadas de las actas circunstanciadas de seis y veinticinco de marzo, dieciséis y dos de marzo, todas de dos mil nueve.
5. Copias certificadas tanto del Manual de Funciones del técnico penitenciario, desahogadas por su propia y especial naturaleza en audiencia de ocho de abril de dos mil diez.
6. Copias certificadas consistentes en la Planilla de Personal de la Dirección General de Administración de Personal, Catálogo de Puestos de la Oficialía Mayor, Dirección General de Administración de Personal referente a la Unidad Administrativa denominada Dirección General de Prevención y Readaptación Social, desahogadas por su propia y especial naturaleza en audiencia de ocho de abril de dos mil diez.
7 y 8. Presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, desahogadas por su propia y especial naturaleza.
De la confesional a cargo de la actora, respondió positivamente las posiciones 1, 2, 5, 13, 15 y 21, sin embargo, las que revisten capital importancia son las números 2 y 5, las cuales versaron sobre lo siguiente:
"...II. Que usted sabe que su alta de nuevo ingreso fue con el puesto de técnico penitenciario ... V. Que usted realizaba funciones de apoyo técnico-administrativo y/o técnico operativo en las actividades de fiscalización y administración en las unidades adscritas a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario..." (foja 773).
De las copias certificadas del expediente personal de la actora **********, se desprende lo siguiente:
De la constancia de retenciones por salarios y conceptos asimilados para 2001, se advierte que se encontraba adscrita a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (foja 162).
De la cédula básica de información de personal, la propia actora reconoce que el puesto que ostentaba era el de "técnico penitenciario", código de puesto ********** (foja 159).
Solicitud de justificación "personal de confianza", en el apartado de "observaciones", se asentó "comisionada a penitenciaría del D.F. del 10 al 14 de noviembre de 2008" (foja 145).
De la "constancia de comisión", se desprende que del tres al siete de noviembre de dos mil ocho, estuvo comisionada al Centro de Readaptación Social Varonil "Santa Martha Acatitla" (foja 142).
En la constancia de "solicitud de justificación de personal de confianza", se advierte que del seis al diez de octubre de dos mil ocho, la actora fue comisionada al Centro Femenil de Readaptación Social "Tepepan" (foja 135).
Del oficio número **********, se informa que la actora **********, queda adscrita a la Subdirección de Prevención Social (foja 37).
En la propuesta visible en la foja 21, se constata que la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, solicita al director operativo de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, se sirva tramitar la propuesta en favor de **********, en el puesto de técnico penitenciario, como empleada de confianza, adscrita a la Dirección Técnica y de Readaptación Social.
Debido al cúmulo de constancias que integran el expediente personal de la quejosa, no se hace una relación de cada una, pero cabe agregar que después de analizar las referidas constancias, en todas se hace mención a que se desempeñó como "técnico penitenciario", adscrita a la Dirección Técnica y de Readaptación Social, incluso en diversos documentos suscritos por la operaria, ella misma asienta el puesto, clave y su adscripción.
De los medios de convicción reseñados, se aprecia que el titular demandado demostró plenamente que la actora se desempeñó a su servicio como "técnico penitenciario", lo que se robustece aún más con la prueba confesional a cargo de la propia trabajadora, la cual fue desahogada en audiencia de ocho de septiembre de dos mil diez, en la cual reconoció que ingresó a laborar en la entonces Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y que se desempeñó como técnico penitenciario, además de que tenía funciones de fiscalización y administración.
Por lo que dichos medios de convicción, apreciados en conciencia, en términos del artículo 137 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(1) permiten advertir que la demandada cumplió con la carga probatoria que le correspondía, esto es, acreditó que la trabajadora tenía la calidad de confianza.
Sin que sea obstáculo a lo antes considerado el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2006, cuyo rubro es: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL."
Lo anterior es así, en consideración a que dicho criterio encuentra su fuente en el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(2) el cual atiende a la naturaleza de las funciones para determinar el tipo de nombramiento; sin embargo, en el presente caso no resulta aplicable en virtud de que existe confesión expresa por parte de la actora en el sentido de que éste realizaba funciones inherentes a un trabajador de confianza, como lo era la de fiscalización y administración (supervisión).
Ello, aunado a que la quejosa laboraba como técnico penitenciario, adscrita a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, teniendo como última adscripción de labores el Centro Femenil de Readaptación Social, Santa Martha Acatitla, cuyos trabajadores realizan una función de seguridad pública, en términos del reglamento que regula las actividades de dichos centros, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la legislación burocrática,(3) ya que como se precisó, la calidad de confianza no se encuentra limitada únicamente por las categorías y funciones que prevé el citado artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino por la calidad o funciones que en su caso prevé la ley o reglamento que da origen al órgano que formalice su creación.
En esas condiciones, debe señalarse que la demandada Dirección Ejecutiva de Prevención y Readaptación Social, es una institución encargada de albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, ya sea por reclusión preventiva, tratándose de procesos penales o prisión punitiva de sentenciados para el cumplimiento de las penas, a través de la ejecución impuesta en las sentencias judiciales y cuyo propósito, en el derecho penal contemporáneo y el derecho penitenciario, es la reinserción social del individuo privado de su libertad, atendiendo en todo momento a los principios de defensa, seguridad jurídica, legalidad, vida digna y ética social, con respeto absoluto a sus derechos fundamentales.
De igual forma, esa encomienda se realiza a través del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; asimismo, dicho sistema penitenciario está integrado, entre otros, por los Centros de Readaptación Social.
Cabe precisar que los Centros de Readaptación Social son las instituciones públicas de seguridad, en ambos niveles de gobierno, destinadas al internamiento de los reos que se encuentren privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada de autoridad competente y a partir del perfil de peligrosidad del sujeto infractor.
Encuentra su origen más cercano en la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cuatro de abril de dos mil catorce.
Bajo esa óptica, la figura del técnico penitenciario se encuentra en la referida normatividad, en el capítulo VI, intitulado "Del técnico penitenciario"; en dicho numeral (sic) se establece lo siguiente:
"Artículo 122. En los Centros de Reclusión existirá la figura de los técnicos penitenciarios, que tendrán, de conformidad con el reglamento y los manuales correspondientes, la función de aplicar en conjunto con las demás autoridades de los Centros de Reclusión y de la Subsecretaría el tratamiento para llevar a cabo la reinserción social de los internos. Este personal formará parte del Servicio Profesional Penitenciario."
De lo anterior, se hace notar que la disposición señala que los "técnicos penitenciarios" forman parte del Servicio Profesional Penitenciario; el cual encuentra su fundamento en el título sexto, capítulo I, denominado "Del servicio profesional penitenciario. Disposiciones generales", el cual, en sus artículos del 110 al 112, establece lo siguiente:
"Artículo 110. La subsecretaría será la responsable de organizar el servicio profesional penitenciario a fin de garantizar el ingreso, ascenso, formación y evaluación del desempeño del personal del sistema penitenciario. Para ello, la subsecretaría establecerá las normas y los procedimientos que regirán el funcionamiento del servicio profesional, así como los derechos y las obligaciones de las personas que ocupen los cargos y puestos del servicio."
"Artículo 111. El desarrollo penitenciario es el conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprende la carrera del sistema penitenciario del Distrito Federal, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes del sistema penitenciario del Distrito Federal y tiene por objeto garantizar y asegurar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; así como fortalecer la vocación y sentido de pertenencia."
"Artículo 112. Para efectos de este título, los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a los servidores públicos integrantes de las instituciones policiales se aplicarán en lo que no se oponga a la presente ley a los servidores públicos integrantes del sistema penitenciario.
"El personal técnico en seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"De conformidad con el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al personal técnico en seguridad le corresponde el régimen de los empleados de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, y a las que la Administración Pública del Distrito Federal otorga a sus trabajadores de confianza."
En esos términos, el correcto funcionamiento del Sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal, tiene su regulación en el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de febrero de mil novecientos noventa, tal como se establece en su artículo 1o., que a la letra dice:
"Artículo 1o. Las disposiciones contenidas en este reglamento, regulan el sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal, y su aplicación corresponde al Departamento del Distrito Federal, a través de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal."
El diverso numeral 4,(4) señala que en el Sistema de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, se establecerán programas técnicos interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación y la recreación que faciliten al interno sentenciado, su readaptación a la vida.
En distinto orden de ideas, el artículo 50 de esa normatividad, establece que el Consejo de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, se integrará por el propio director, además de un especialista en criminología, quien será secretario del mismo, un médico especializado en psiquiatría, un licenciado en derecho, uno en trabajo social, uno en psicología, uno en pedagogía, un sociólogo especializado en prevención de la delincuencia, un experto en seguridad y un representante designado por la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación.
En el capítulo VIII, denominado "Del personal de las instituciones de reclusión", el artículo 120 señala:
"Artículo 120. Los reclusorios contarán con el personal directivo, técnico administrativo, de seguridad, custodia y demás que se requiera para su adecuado funcionamiento."
El diverso 121 dispone:
"Artículo 121. Al frente de cada uno de los reclusos habrá un director que para la administración del establecimiento y para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de los subdirectores de Apoyo Administrativo, Técnico y Jurídico, de los jefes de los Departamentos de Observación y Clasificación de Talleres, de Educación, Cultura y Recreación, de Servicios Médicos y de Seguridad y Custodia.
"En el caso de las instituciones abiertas y en el de los reclusorios destinados al cumplimiento de arrestos y estará a lo dispuesto por el Manual de Organización y Funcionamiento."
Y el numeral 128 preceptúa:
"Artículo 128. De conformidad con el artículo 8o. de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, el personal de seguridad y custodia de los reclusorios se asimilará al régimen de los empleados de confianza, y con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y a las que el Departamento del Distrito Federal otorga a sus trabajadores de confianza."
El diverso 130 dice:
"Artículo 130. Sin juicio (sic) de sus responsabilidades y funciones técnicas, todo el personal que labore en un reclusorio quedará subordinado administrativamente al director del mismo, aunque su adscripción sea distinta."
Por otra parte, la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, en su artículo 112, señala que los derechos y obligaciones establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativos a los servidores públicos integrantes de las instituciones policiales, se aplicarán en lo que no se oponga a la presente ley a los servidores públicos integrantes del sistema penitenciario.
En esa directriz, el numeral 73 dispone lo siguiente:
"Artículo 73. Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.
"Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza."
En tal virtud y conforme a lo que ha quedado transcrito anteriormente, se advierte que el personal adscrito a los Centros de Prevención y Readaptación Social, si bien se encuentran subordinados al director general de cada centro, a aquéllos se les confiere la calidad de confianza, en atención a que realizan una función eminentemente de seguridad pública, siendo garantes de la seguridad y vigilancia del centro al que se encuentran adscritos, en el ámbito de sus respectivas funciones.
En esa tesitura, se concluye que la trabajadora tiene la calidad de confianza, la cual fue acreditada con las pruebas aportadas por la demandada, máxime que así lo reconoció el actor al absolver posiciones en las que expresó que realizaba funciones inherentes a un trabajador de confianza, en el entendido de que dicha parte al haber laborado en un Centro de Readaptación Social, cumplía una función eminentemente de seguridad pública, en tanto que tenía información relativa al mismo, como su funcionamiento, dispositivos de seguridad, ubicación de la población, consignas en eventos especiales, lo cual reviste una función de gran trascendencia para la seguridad de la institución y nacional, tal como se estableció en el reglamento precisado con antelación.
No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito, que las actividades propias que realiza la trabajadora no pueden quedar comprendidas dentro de lo preceptuado en el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sin que en el caso resulte necesario en virtud de que dichas funciones de confianza son otorgadas de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la legislación burocrática, esto es, por la disposición legal que formaliza la creación del puesto del tercero perjudicado.
Es de citarse la tesis aislada I.6o.T.472 L, sustentada por este Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, junio de 2011, Novena Época, visible en la página 1606, cuyos rubro y texto a la letra dicen:
"-De la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 36/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10, de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.’, se advierte que, conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para determinar la calidad de confianza de los trabajadores al servicio del Estado, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desarrollan; sin embargo, existen casos de excepción a esta regla, como lo serían, aquellos en los que existe confesión expresa por parte de los actores en el sentido de que realizaban funciones inherentes a un trabajador de confianza o bien, cuando del contenido de dispositivos secundarios y atendiendo a la naturaleza del servicio que presta el Estado se advierte la calidad de confianza de los trabajadores. Con base en lo anterior, se parte del hecho de que los Centros Federales de Readaptación Social son las instituciones públicas de máxima seguridad destinadas por el Gobierno Federal al internamiento con fines de readaptación social de los reos que se encuentren privados de su libertad por resolución judicial ejecutoriada de autoridad federal competente, por lo que, de una interpretación sistemática de los artículos 27, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente hasta el 30 de noviembre de 2000; 1o., 2o., 3o., 6o., 8o. y demás relativos de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como de los artículos 1, 2, 7, 88, 89, 94, 96, 101, 102, 103 y 104 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que el personal adscrito a los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, si bien se encuentran subordinados al director general de cada centro, a aquéllos se les confiere la calidad de confianza, en virtud de que realizan una función eminentemente de seguridad pública, siendo garantes de la seguridad y vigilancia del centro federal al que se encuentran adscritos, en el ámbito de sus respectivas funciones; además, por disposición reglamentaria, deben prestar sus servicios en cualquier centro federal, en atención a las necesidades de prevención y readaptación social; requiriéndose adicionalmente, que aprueben diversas evaluaciones periódicas de control de confianza, así como cursos de capacitación, adiestramiento y actualización."
Además, contrario a lo sostenido, la responsable sí cumplió con los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, pues del análisis del fallo reclamado se advierte que en dicha resolución, precisamente a partir del considerando sexto se contienen los preceptos legales que consideró aplicables al caso, pero también se encuentran insertas las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir un laudo de condena, además de los criterios de jurisprudencia que estimó actualizados a la controversia planteada, de lo que resultó adecuación entre ambos tópicos.
Lo que es acorde con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004-PS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, visible en la página 162, que a la letra dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26091-dba6d2e4/trabajadores-de-los-centros-federales-de-readaptacion-social · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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