AMPARO DIRECTO. NO CONSTITUYE UN FORMALISMO O RIGORISMO JURÍDICO EXIGIR AL QUEJOSO QUE SEÑALE EXPRESAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EL PERJUICIO LO CAUSA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE PRONUNCIARSE SOBRE DETERMINADO PLANTEAMIENTO (INTERPRETACIÓN DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 268/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA, EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 27 DE ABRIL DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de diferente circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila.
TERCERO.-Antecedentes. A efecto de resolver el presente asunto, se estima necesario precisar brevemente la historia procesal y las consideraciones relevantes de los asuntos que dieron origen a las tesis que se estiman contradictorias.
I. Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila al dictar resolución en el cuaderno auxiliar **********.(4)
1. El nueve de octubre de dos mil ocho, **********, en su carácter de apoderado general de ********** y **********, demandó en la vía sumaria civil, a diversas personas morales, reclamando prestaciones relacionadas con un bien inmueble propiedad de la actora.
2. De dicho asunto conoció el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien, mediante auto de nueve de octubre de dos mil ocho registró la demanda bajo el número de expediente ********** y ordenó emplazar a las personas morales demandadas.
3. Posteriormente, el administrador de una de las personas morales demandadas **********, solicitó se decretara la caducidad de la instancia, al advertir que la última actuación que agitó el juicio fue un escrito de desistimiento acordado en proveído de seis de mayo de dos mil once, y hasta el auto de once de octubre de dos mil doce, transcurrió más de un año, sin que ninguna de las partes hayan agitado el curso del procedimiento.
4. En acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil doce el Juez Sexto mencionado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 850, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, decretó la caducidad de la instancia y consideró:
"... que al decretarse la caducidad de la instancia condenó a la parte actora al pago de costas, en términos del artículo 145 del Código de Procedimiento Civiles del Estado, y con base en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: ‘COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’"
5. Inconforme con esa determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual se admitió por el referido Juez mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil doce.
6. Seguidos los trámites de ley, y previa regularización del procedimiento el treinta de noviembre del citado año, el propio Juez Sexto de lo Civil resolvió el recurso de revocación planteado, declarándolo improcedente.
7. Las actoras ********** y **********, por conducto de su apoderado legal promovieron juicio de amparo directo, señalando como acto reclamado la resolución de treinta de noviembre de dos mil doce, señalada anteriormente, el que fue turnado al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que lo registró bajo el número de amparo directo **********.
8. Dicho órgano, por acuerdo de catorce de abril de dos mil quince ordenó remitir el asunto al Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, el cual se registró con el número de expediente auxiliar **********, y en el cual el catorce de julio de dos mil quince se dictó sentencia en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la persona moral quejosa, con base -en lo que interesa- en las siguientes consideraciones:
"III. Condena a costas.
"Las quejosas aducen que no existe disposición legal alguna en el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chihuahua, para condenar al pago de costas como consecuencia inmediata de la declaración de caducidad, según se advierte de los artículos 850 al 855 de esa legislación, y si bien el artículo 145, inciso c), de dicho ordenamiento legal establece que siempre serán condenados a costas: ‘El que fuere condenado en los juicios ejecutivos, hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable’; lo cierto es que el juicio de origen es un interdicto de suspensión de obra nueva promovido con fundamento en el artículo 19 del citado código.
"Añade que es inconstitucional que se le haya condenado al pago de costas con base en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: ‘COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, porque ese criterio deriva de una legislación diferente, la cual se encuentra redactada de forma distinta que la del Estado de Chihuahua.
"Por lo que, dice, la jurisprudencia no es aplicable, ni por las razones que informa la misma, tampoco porque sea temática, ya que se resuelve la condena a costas, cuando exista caducidad de la instancia, con base en un artículo de otra legislación diferente a la de Chihuahua.
"Agrega que no puede considerarse legal la condena bajo el argumento que adopta la tesis -de aplicar analógicamente el artículo relativo a la condena en costas cuando el actor desista de la acción- pues insiste, ningún disposición del código procesal, prevé tal condena cuando se decrete la caducidad de la instancia, tal como acontece con el Código de Comercio, por lo que la condena de referencia, transgrede el artículo 14 constitucional, ya que la autoridad no puede ir más allá de lo que expresamente señala la norma, además, de una interpretación jurídica del Código de Procedimiento Civiles de Chihuahua, se advierte que no fue la intención del legislador el condenar al pago de costas a la actora, pues si esa hubiere sido la intención, lo habría plasmado expresamente en la ley.
"El concepto de violación planteado es esencialmente fundado, atendiendo a la causa de pedir, dado que se reproduce un agravio planteado en revocación que no fue respondido por la autoridad responsable. (énfasis añadido)
"En efecto, en el recurso de revocación manifestaron:
"‘TERCERO: Violación por la falta de aplicación del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, e indebida interpretación y aplicación de la tesis de jurisprudencia en que funda la resolución.
"‘Su señoría aplicó indebidamente una jurisprudencia que interpreta la legislación del Estado de Nuevo León, y específicamente a la luz del Artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles de ese Estado, que valga decir en nuestro Estado de Chihuahua no existe una disposición similar si tan siquiera parecida, para condenar a mi representada en el pago de costas como consecuencia inmediata de la declaración de caducidad.
"‘La tesis referida es la siguiente:
"‘«COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).» (se transcribe texto).
"‘En efecto, según se aprecia de la tesis aplicada por su señoría, se hace alusión al artículo 90 de otra entidad, que señalada que «... en toda sentencia definitiva o interlocutoria dictada en asuntos de carácter contencioso, se hará forzosamente condenación en costas, determinando cuál de las partes debe pagar a la parte contraria las costas que se le hayan causado en el juicio». En el Estado de Chihuahua no existe precepto legal que disponga que en la sentencia definitiva o interlocutoria se haga forzosamente condena en costas, ya que el precepto legal más parecido al que se refiere la jurisprudencia de mérito, es el siguiente:
"‘«Artículo 95.» (se transcribe texto).
"‘Como puede apreciarse, la jurisprudencia aducida por su señoría no es aplicable en este caso, primeramente porque dicha tesis se concreta a resolver la condena en costas por virtud de la caducidad a la luz de un artículo previsto en otra legislación muy diferente al similar de esta entidad, por lo que la inaplicabilidad en este caso es manifiesta.
"‘Por otra parte, la condena en costas a que se refiere esta tesis, presupone aparte de un artículo expreso de la legislación de otra entidad federativa, que se haya dado la caducidad, y en este caso no fue así, por lo que aun en el supuesto caso sin conceder que existiera caducidad, en el capítulo respectivo de la legislación adjetiva de nuestro Estado no existe la condena en costas forzosa por virtud de la caducidad, por lo que la resolución hoy impugnada es violatoria a los preceptos legales referidos, por lo que se deberá revocar tal determinación ...’
"Como se ve, las aquí quejosas, en su recurso de revocación se quejaron de la falta de aplicación del artículo 95 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chihuahua, así como de la indebida interpretación y aplicación de la jurisprudencia citada por el Juez responsable, argumentando que (énfasis añadido):
"‘• La jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: «COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).» no es aplicable ya que interpreta el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, mientras que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, no existe una disposición similar ni tan siquiera parecida, para condenarlas al pago de costas como consecuencia inmediata de la declaración de caducidad, pues el precepto más parecido es el artículo 95 (mismo que transcribe para evidenciar su dicho).’
"Por su parte en la resolución reclamada el Juez responsable consideró que al decretarse la caducidad de la instancia condenó a la parte actora al pago de costas, en términos del artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y con base en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: ‘COSTAS. PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECRETA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’
"Sin embargo, no atendió el argumento planteado por el quejoso, y que ahora reproduce, consistente esencialmente en que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua no existe una disposición que establezca que deba condenarse al pago de costas como consecuencia inmediata de la declaración de caducidad, sin que en el caso lo sea el artículo 95 de ese ordenamiento legal; y que por ello no sea aplicable la jurisprudencia citada por el Juez responsable. (énfasis añadido)
"Por lo tanto, aun cuando el quejoso no señale expresamente la omisión en que incurrió el Juez responsable -de analizar sus agravios-, con base en la causa de pedir, debe entenderse que su intención no puede ser otra más que la de ver atendida su excepción o defensa, que se le escuche, que se le brinde el acceso a la justicia y por consecuencia, que se le otorgue una respuesta congruente con lo pedido. Es así, porque la carga de referir expresamente la omisión de estudio como agravio o lesión, constituye un formalismo o rigorismo jurídico que conlleva materialmente a la denegación de justicia, pues dificulta su acceso, cuando más bien se debe, sin romper el principio de igualdad y equilibrio procesal, maximizar el ingreso a la justicia, a través de un medio de defensa completo, eficiente, ágil y sencillo. (énfasis añadido)
"Es aplicable la tesis (X Región) 4o. 4 K (10a.) sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito que dice:
"‘APELACIÓN. SE CUMPLE CON EL DERECHO A LA JUSTICIA COMPLETA, CUANDO SE EXAMINAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE EL QUEJOSO BÁSICAMENTE REPRODUCE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN DICHO RECURSO, NO OBSTANTE QUE NO SEÑALE, EXPRESAMENTE, LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL TRIBUNAL DE ALZADA, DE ANALIZARLOS. El derecho a la justicia completa, garantizado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cumple cuando se examinan los conceptos de violación en los que el impetrante básicamente reproduce los agravios expresados en el recurso de apelación, sin que hayan sido respondidos. Lo anterior, porque no obstante que el quejoso no señale expresamente la omisión en que incurrió el tribunal de alzada -de analizar sus agravios-, con base en la causa de pedir, debe entenderse que su intención no puede ser otra más que la de ver atendida su excepción o defensa, que se le escuche, que se le brinde el acceso a la justicia y por consecuencia, que se le otorgue una respuesta congruente con lo pedido. Es así, porque la carga de referir expresamente la omisión de estudio como agravio o lesión, constituye un formalismo o rigorismo jurídico que conlleva materialmente a la denegación de justicia, pues dificulta su acceso, cuando más bien se debe, sin romper el principio de igualdad y equilibrio procesal, maximizar el ingreso a la justicia, a través de un medio de defensa completo, eficiente, ágil y sencillo.’(5)
"IV. Efectos de la sentencia.
"Bajo la perspectiva expuesta, al advertirse que la resolución reclamada es violatoria de los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales en perjuicio de la quejosa, por las razones antes destacadas, procede conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que deje insubsistente dicho fallo y dicte otro en el que:
"1. Reitere las consideraciones que no fueron materia de amparo.
"2. Al resolver sobre las costas, analice el argumento planteado por el quejoso en torno a que:
"En el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua no existe una disposición que establezca que deba condenarse al pago de costas como consecuencia inmediata de la declaración de caducidad, sin que en el caso lo sea el artículo 95 de ese ordenamiento legal; y que, por ello, no sea aplicable la jurisprudencia citada por el Juez responsable.
"3. Hecho lo anterior, resuelva conforme a derecho corresponda ..."
II. El entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito), al resolver el juicio de amparo directo **********.(6)
1. **********, por conducto de su representante, demandó del Ayuntamiento Constitucional de Tezoyuca y/o Municipio de Tezoyuca, Estado de México, el pago tres meses por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias; derivado del despido injustificado.
2. El Ayuntamiento demandado contestó la demanda negando que el actor tuviera derecho a demandar las prestaciones que se contienen, argumentando que en ningún momento fue rescindida la relación laboral, y -en lo que interesa- opuso como excepción la siguiente:
"La de falta de acción del actor **********, en virtud de que el mismo, en ningún momento acredita tener relación laboral con la administración **********, como se desprende del cuerpo de la demanda, ya que en ningún momento acredita, con documento alguno, que la administración ********** les haya expedido a su favor algún contrato; identificación alguna por el término de la administración de referencia; tampoco presenta recibo de pago alguno que le haya expedido la administración ya referida, por concepto de sus servicios subordinados, refiriéndose únicamente a la administración **********, por lo que carece de la acción legal para demandar las prestaciones que se contienen en la presente demanda, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 89, fracción III, de la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios y que le fue debidamente notificado, conforme a derecho, dentro del término legal, la terminación de la relación laboral, como lo contempla el artículo 94 de la ley en cita y que la actora confiesa plenamente haber recibido y dado por notificada de la causa de su terminación laboral, por lo que carece de acción legal en contra de la administración ********** del H. Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de México. ..."
3. El doce de agosto de dos mil cuatro, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento emitió el laudo correspondiente en el que determinó condenar al Ayuntamiento demandado al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias a favor de la parte actora.
4. El Ayuntamiento Constitucional de Tezoyuca por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo contra el laudo de doce de agosto de dos mil cuatro, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral número **********, promovido por **********, en contra del Ayuntamiento quejoso.
5. De la demanda de amparo, tocó conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, cuyo presidente la admitió por auto del catorce de octubre de dos mil cuatro, bajo el expediente ********** y por resolución correspondiente a la sesión de once de marzo de dos mil cinco dictó sentencia en la que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, -en lo que interesa- por las consideraciones torales siguientes:
"SEXTO. En seguida se aborda el estudio de los argumentos expresados a manera de conceptos de violación, lo cual se hará con apego al principio de estricto derecho que rige en el juicio de garantías, tratándose de asuntos como el presente en donde la quejosa tiene el carácter de parte patronal en la relación laboral de donde deriva el conflicto de trabajo materia del juicio natural.
"Como único argumento de ataque, el apoderado de la quejosa afirma que el laudo reclamado es ilegal, en virtud de que si bien es cierto al establecerse la litis, la autoridad responsable manifestó que correspondía a la demandada la carga probatoria acerca de la contratación por tiempo determinado del actor, también es verdad que existe disposición expresa en la ley, en el sentido de que cuando el patrón notifica al trabajador las causas de su separación laboral dentro del término de cinco días no debe considerarse como un despido injustificado, y concluye diciendo que esas condiciones sí se cumplieron en el caso.
"Como complemento de lo anterior, el quejoso asegura que fue incorrecta la forma en que se valoraron la confesional expresa del actor, contenida en el numeral 5.8. de la demanda laboral, así como la documental consistente en la notificación del vencimiento del nombramiento del actor, por causa de terminación de la relación laboral, pues a su decir, la ley burocrática local, dispone que para no considerarse como un despido injustificado, debe notificarse al trabajador dentro del término de cinco días las causas de su despido, sin que implique que en el mismo documento debe acreditarlo, sino que será materia de prueba de ambas partes.
"Los conceptos de violación antes resumidos, resultan jurídicamente inoperantes para los fines perseguidos por la parte quejosa, pues del análisis de las constancias que integran el expediente laboral, en particular del escrito de contestación a la demanda, se aprecia que el ahora quejoso se excepcionó ante la autoridad responsable en los mismos términos y por las propias razones que expone ahora a manera de conceptos de violación, sin que la autoridad responsable haya tomado en consideración esos alegatos al establecer la litis planteada; y tampoco existe concepto de inconformidad sobre tal incongruencia por omisión, lo cual constituye la verdadera afectación en perjuicio del quejoso. (énfasis añadido)
"En efecto, este Tribunal Colegiado de Circuito advierte y concluye que el quejoso al formular su concepto de violación, se limitó a reiterar en vía de conceptos de violación las manifestaciones formuladas en una de las excepciones opuestas en el escrito de contestación a la demanda, pues únicamente insiste en sus argumentos; sin embargo, es el caso de que, esa argumentación de defensa no se tomó expresamente en cuenta por la autoridad responsable al establecer la litis planteada y por ende, tampoco fue considerada en la emisión del laudo, causándose una afectación al hoy quejoso por incongruencia, ya que se soslayaron sus argumentos de defensa; no obstante, como se dijo antes, el quejoso omitió combatir esa incongruencia del laudo, por lo que resultan inoperantes sus conceptos de violación, pues este Tribunal Colegiado de Circuito está impedido de analizar los argumentos que planteó en el juicio natural cuando la autoridad responsable soslayó su estudio. (énfasis añadido)
"Para corroborar tal aserto, es preciso transcribir la excepción opuesta en el escrito de contestación a la demanda que contiene dichos argumentos:
"‘La de falta de acción del actor **********, en virtud de que el mismo, en ningún momento acredita tener relación laboral con la administración **********, como se desprende del cuerpo de la demanda, ya que en ningún momento acredita, con documento alguno, que la administración ********** les haya expedido a su favor algún contrato; identificación alguna por el término de la administración de referencia; tampoco presenta recibo de pago alguno que le haya expedido la administración ya referida, por concepto de sus servicios subordinados, refiriéndose únicamente a la administración **********, por lo que carece de la acción legal para demandar las prestaciones que se contienen en la presente demanda, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 89, fracción III, de la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios y que le fue debidamente notificado, conforme a derecho, dentro del término legal, la terminación de la relación laboral como lo contempla el artículo 94 de la ley en cita y que la actora confiesa plenamente haber recibido y dado por notificada de la causa de su terminación laboral, por lo que carece de acción legal en contra de la administración ********** del H. Ayuntamiento de Tezoyuca, Estado de México. ...’
"Ahora bien, respecto de aquella excepción, como se anticipó, la autoridad responsable ni siquiera se ocupó, ya que de la lectura del laudo reclamado es patente su omisión de hacer pronunciamiento sobre esos argumentos; no obstante, en ninguno de los conceptos de violación, la parte quejosa se inconformó en contra de esa incongruencia, por lo que resultan inoperantes, pues la verdadera afectación en el caso concreto, se actualizó con la tan señalada omisión de estudio en el laudo. (énfasis añadido)
"De esta manera, es claro que los conceptos de violación en estudio, son inoperantes, en virtud de que los conceptos de violación, constituyen una repetición de los argumentos expresados en el escrito de contestación a manera de excepción, sin que ésta haya sido tomada en cuenta en el dictado del laudo; y dicha incongruencia, no fue combatida en la presente vía; más aún tampoco combate en sus conceptos de violación los argumentos en que se apoyó el laudo reclamado, en esencia, consistentes en que el Ayuntamiento quejoso le correspondió la carga probatoria para acreditar que la contratación del actor fue por tiempo y obra determinados, y que el vencimiento del término o conclusión de la obra determinante de la contratación, fue al término de la administración **********, conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y 35, 36, 37, 39, 40 y 794 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria, así como la tesis, cuyo rubro es: ‘OBRA DETERMINADA, CONTRATO DE; DEBE ESTIPULARSE EXPRESAMENTE SU DURACIÓN.’; y que dicho Ayuntamiento no acreditó esas circunstancias con las pruebas que ofreció; pues si bien es cierto que expresó un argumento en el sentido de que la ley burocrática local dispone que para no considerarse un despido injustificado debe notificarse al trabajador dentro del término de cinco días las causas de su despido, sin que implique que en el mismo documento debe acreditarlo, sino que será materia de prueba de ambas partes, también es verdad que ello no controvierte en lo sustancial las causas que tuvo la autoridad responsable para negar eficacia probatoria a las pruebas ofrecidas por tal Ayuntamiento.
"En las relatadas condiciones, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. ..."
Del anterior asunto surgió el criterio:
"Registro: 177344
"Novena Época
"Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXII, septiembre de 2005
"Materia común
"Tesis: II.T.27 K
"Página: 1431
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN IDÉNTICOS ARGUMENTOS A LOS PLANTEADOS AL OPONER UNA EXCEPCIÓN EN EL JUICIO DE ORIGEN SOBRE LA CUAL LA RESPONSABLE NO SE PRONUNCIÓ.-Si de las constancias de autos se advierte que en el escrito de contestación de demanda el quejoso hizo valer una excepción en los mismos términos y por las propias razones expuestas como conceptos de violación en el amparo directo, sin que la autoridad responsable al establecer la litis se hubiere pronunciado en torno a ella, y el agraviado se limita a reiterar la citada excepción, es evidente que sus argumentos devienen inoperantes, porque lo que verdaderamente le causa perjuicio es la referida omisión; de ahí que no sea dable su estudio, porque de acuerdo con la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo no es factible analizar los argumentos planteados en el juicio de origen cuando la autoridad responsable soslayó su estudio."
III. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver el juicio de amparo directo **********.(7)
1. ********** demandó la nulidad del dictamen de jubilación de treinta de abril de dos mil cuatro, y -en lo que interesa- hizo valer como motivo de anulación el siguiente:
"... Por otra parte tenemos que también se me deduce del salario base ... diversas cuotas del ISSSTELEÓN al 50% ... para obtener el salario de cotización neto, haciendo una incorrecta apreciación del artículo 51, fracción I, de la Ley de Seguridad de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, ya que dicho numeral se refiere a situaciones cuando el servidor público sufre un riesgo de trabajo y no en el caso concreto del suscrito que se trata de una jubilación y no de una incapacidad o riesgo de trabajo, permitiéndome transcribir para tal efecto el numeral de referencia, además de que la actuación del ISSSTELEÓN se encuentra en franca contradicción con lo dispuesto en el artículo 20 que es la que se debe tomar en cuenta para los efectos de jubilación ..."
2. Correspondió conocer del asunto a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, quien dio contestación a dicho argumento de la siguiente forma:
"... se tiene que el instituto actuó conforme a derecho al aplicar al caso concreto lo estipulado por el artículo 51, fracción I, primer párrafo y sexto transitorio de la multicitada ley del instituto de seguridad ... (se reproducen); ... es fácil apreciar que la autoridad demandada aplica en forma armónica los dispositivos antes transcritos, lo cual es jurídicamente válido, pues por una parte se tiene que mientras que en el artículo sexto se impone la obligación de considerar como base para otorgar la pensión por jubilación al salario de cotización neto, también se advierte que en el artículo 51, fracción I, primer párrafo, se establece cómo calcular dicho salario, en ese orden de ideas, resulta necesario que en el caso particular se aplique en forma simultánea dichos artículos antes citados, ello a fin de cumplir con el requisito de fundamentación ...
"Bajo esas premisas, es de señalarse que en el caso concreto no resulta aplicable el artículo 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para (sic) los Trabajadores del Estado de Nuevo León, a que alude el accionante, el cual a la letra dice: (reproduce).
"Lo anterior es así, puesto que dicho artículo alude a la figura de base de cotización, mismo que resulta totalmente diverso al concepto de salario de cotización neto ... además, tal como se ha sustentado en el presente fallo, en materia de pensiones por jubilación se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26323-2b0459f0/amparo-directo-no-constituye-un-formalismo-o-rigorismo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- VIOLACIONES PROCESALES. AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTAD (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, NO REVISTE INTERÉS EXCEPCIONAL CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN CRITERIOS EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE J (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AMPARO INDIRECTO. PROCEDE, POR EXCEPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, CONTRA RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.- (109)
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. (2a./J. 63/98 )
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR [TESIS HISTÓRICA]. (49 (H))
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. (P./J. 68/2000 )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis