SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CUANDO ADVIERTA QUE NO LE COMPETE CONOCER DE UN ASUNTO, DEBE SOBRESEER EN EL JUICIO Y NO DECLINAR SU COMPETENCIA A UN DIVERSO ÓRGANO JURISDICCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA, GONZALO EOLO DURÁN MOLINA Y ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO. PONENTE: GONZALO EOLO DURÁN MOLINA. SECRETARIA: MARÍA DEL PILAR DIEZ HIDALGO CASANOVAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil quince, en razón de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito que integran este Vigesimoséptimo Circuito, sostenidas en "asuntos de su competencia", con fundamento, además, en lo dispuesto en el capítulo III del título cuarto de la Ley de Amparo.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su carácter de parte actora en los respectivos conflictos competenciales antes mencionados, de los cuales emanaron los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el primer párrafo de la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Federal,(1) y el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(2)
TERCERO.-Posturas contendientes. Para una mejor exposición de los criterios contendientes, a continuación se sintetizan los principales puntos determinados en cada una de las ejecutorias de las que derivaron, y se transcriben las consideraciones en que se fundaron.
A. Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el conflicto competencial 3/2015.
El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito resolvió, sustancialmente, lo siguiente:
1) Es inexistente el conflicto competencial.
2) La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de facultades para declinar competencia a distinto órgano jurisdiccional; y, de conformidad con el artículo 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es improcedente el juicio contencioso administrativo cuando no le competa conocer del asunto a dicho tribunal.
3) Las controversias derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, de conformidad con la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. XLII/2015 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, página 1183 y en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 21 de agosto de 2015 a las 10:10 horas, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.)].", derivada de la sentencia de trece de mayo de dos mil quince, dictada en el amparo indirecto en revisión 4729/2014; así como con base en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, en materia de energía eléctrica. Y el órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer de un asunto de naturaleza comercial es a elección de las partes, esto es, existe jurisdicción concurrente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 104 de la Constitución Federal.
4) Deben devolverse los autos a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que resuelva lo que en derecho corresponda, en la inteligencia que debe abstenerse de declinar competencia a diverso órgano jurisdiccional.
Lo anterior, de conformidad con las consideraciones que se transcriben a continuación:
"SEGUNDO.-Inexistencia del conflicto competencial.-Los integrantes de este Tribunal Colegiado consideran que, en el caso particular, no es jurídicamente factible tener como existente un conflicto competencial entre las posturas contendientes de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ambos con sede en esta ciudad, por dos razones, la primera, consistente en que la Sala Regional del Caribe, conforme a su marco legal, carece de facultades para declinar competencia a distinto órgano jurisdiccional; y, la segunda, relativa a que el órgano jurisdiccional a quien corresponda conocer de un asunto de naturaleza comercial, como el presente (acorde a la nueva reflexión que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014), es a elección de las partes, siendo esto, lo que se conoce como jurisdicción concurrente.-Para arribar a esa conclusión, es menester realizar un resumen de las consideraciones en que cada una de las autoridades contendientes se basó para declararse legalmente incompetente; posteriormente, algunos apuntes relativos a la competencia; seguido de los presupuestos necesarios para que se actualice un conflicto competencial; y, finalmente, se explicaran las razones antes apuntadas: a) Consideraciones de las autoridades contendientes para declararse legalmente incompetentes.-La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esencialmente, consideró que no es legalmente competente para conocer de la demanda, por lo siguiente: (i) Que el asunto se entabló con el objeto de declarar la nulidad de los avisos-recibos expedidos por la Comisión Federal de Electricidad Zona Cancún; (ii) Que derivado de la reforma constitucional en materia de energía publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, se estableció el concepto de empresa productiva del Estado y que éste sólo conservaría como actividades estratégicas -en cuanto al servicio público de energía eléctrica- la transmisión y distribución de la misma; (iii) Que la Comisión Federal de Electricidad, a partir del catorce de octubre de dos mil catorce, se convertía en una empresa productiva del Estado, cuyas actividades de generación y comercialización de energía eléctrica se prestarían en un régimen de libre competencia, los cuales consideró de naturaleza mercantil; (iv) Que la vía idónea de impugnación de dichos actos es el juicio ordinario mercantil del que debe conocer el Juzgado de Distrito que corresponda en razón del domicilio de la parte actora, ello, con fundamento en el artículo 53-Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; (v) Que aplicó, por analogía, la tesis 2a. CIX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES RELACIONADAS CON ÉSTE SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.’; (vi) Que no obstante de que algunos de los actos impugnados (avisos-recibos de enero de dos mil once a septiembre de dos mil catorce) corresponden a periodos anteriores al cambio en la naturaleza jurídica de la comisión demandada (catorce de octubre de dos mil catorce), en virtud de la existencia de actos diversos de periodos posteriores (avisos-recibos de octubre a diciembre de dos mil catorce y de enero a marzo de dos mil quince), no se puede dividir la continencia de la causa del medio de impugnación planteado.-En tanto que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, consideró que carecía de competencia legal, toda vez que: (i) No se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 53-Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por impugnarse avisos recibos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad; (ii) De conformidad con la tesis 2a. CVI/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, los actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público y se entienden como actos del Estado, por prestar un servicio relacionado con un área estratégica del mismo, por lo que, al haberse emitido por un órgano descentralizado de la administración pública federal, procede en su contra el recurso de revisión previsto en los artículos 1o. y 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o bien, el juicio de nulidad conforme al artículo 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; (iii) No se trata de una controversia suscitada entre particulares, pues los contratos de servicio de energía eléctrica son aprobados por entes públicos, por ende, procede el juicio de nulidad; (iv) Si bien el artículo 1 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad define a dicho ente como una empresa productiva del Estado, cumple con las características propias de un organismo descentralizado; y, (v) La facturación, cobro y atención a los usuarios finales del suministro de energía eléctrica sigue siendo un área estratégica del Estado, aunado a que el artículo 2 de la ley precitada prevé como actividad de la industria eléctrica la comercialización, la cual, se encuentra catalogada como de interés público.-b) Nociones generales del tópico de competencia.-El término ‘competencia’ (que deriva de los aforismas latinos competens entis, que significan conveniente, aptitud o apto), en sentido jurídico amplio, alude a la idoneidad atribuida a un órgano del Estado, para conocer o llevar a cabo determinados actos jurídicos.-En la doctrina, ha sido identificada como la medida o el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales.-Sin embargo, en términos procesales, significa la facultad que tiene un Juez o tribunal de conocer un negocio o litigio dado con exclusión de cualquier otro.-La competencia tiene como presupuesto el principio de pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el órgano jurisdiccional que debe conocer de tal o cual controversia, se reitera, con preferencia o exclusión de los demás. Por ello, se ha señalado que si la jurisdicción es el ‘poder-deber’ de administrar justicia, la ‘competencia’ fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal atribución fundamental.-Sobre el particular, resulta ilustrativo el dividir el análisis del concepto ‘competencia’, desde dos puntos de vista: El subjetivo y el objetivo. Tocante al primero de ellos (subjetivo), la competencia es el deber y el derecho que tiene el Juez de administrar justicia en un proceso específico. Por lo que respecta al segundo (objetivo), la competencia es la enunciación de las reglas dadas para atribuir a los distintos Jueces el conocimiento de determinados casos.-Así, es factible advertir que la ‘competencia’, se erige como un ‘presupuesto procesal’, esto es, como una condición que debe existir, a fin de que pueda emitirse un pronunciamiento de fondo (sentencia), en torno a una pretensión. Dicho en otras palabras, es un requisito necesario exigido por ley que debe darse -ya sea en el sujeto, en el objeto o en el procedimiento, según el caso-, a fin de que pueda ser válido un proceso.-Consecuentemente, es tal la importancia de dicha figura que nuestra Constitución Federal hace referencia expresa a la misma en los artículos 94, párrafo sexto, y 106 constitucionales, los cuales, textualmente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 94.’ (transcribe texto).-‘Artículo 106.’ (transcribe texto).-Como se advierte de los citados preceptos, la figura procesal de la ‘competencia’, se encuentra elevada a rango constitucional, en virtud de que para efectos de garantizar un real y efectivo acceso a la justicia a los gobernados, el conocimiento de un negocio o litigio no puede quedar sujeto a la voluntad de los propios particulares, o bien, al error que un funcionario público pueda cometer al admitir su competencia para conocer del caso. Luego, si las cuestiones de competencia de los órganos jurisdiccionales están elevadas a normas de rango constitucional, las mismas deben estar perfectamente reglamentadas por la ley de la materia -independientemente de que constituyan presupuestos procesales de orden público-; de ahí que surja el concepto de ‘criterios para la fijación de competencia’.-Por su parte, el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece lo siguiente: ‘Artículo 21.’ (transcribe texto). ‘VI.’ (transcribe texto).-El punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispone: (transcribe texto).-De la lectura a lo anterior, se obtiene que corresponde al Poder Judicial de la Federación dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o los del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal, así como los que surjan entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito, lo que, de suyo, implica que las cuestiones de competencia entre autoridades judiciales son el reflejo de sus atributos de jurisdicción e imperio; de modo que sólo puede ejercer la facultad decisoria a que alude el artículo 106 constitucional, cuando le es sometido a su consideración un punto concreto de jurisdicción del que los tribunales contendientes se declararon legalmente incompetentes, pero sobre el que podrían tener jurisdicción por razón de materia, territorio, grado y cuantía.-Cabe señalar que, tradicionalmente, se ha sustentado la existencia de los siguientes criterios para fijar o delimitar la competencia: territorio, materia, grado y cuantía.- • Competencia por razón de territorio. Significa el conocimiento de una causa o litigio por parte de un Juez que ejerce jurisdicción en el ámbito de una circunscripción geográfica determinada (usualmente denominada circuito, distrito, departamento o partida). Esto es, el ámbito espacial dentro del cual, el Juez válidamente puede ejercer su función jurisdiccional.- • Competencia por razón de materia. Este factor se determina por la naturaleza de la pretensión procesal y por las disposiciones legales que la regulan, esto es, como criterio de especialización que toma en cuenta la naturaleza del derecho subjetivo hecho valer con la demanda y que constituyen la pretensión y norma aplicable al caso concreto. Asimismo, este criterio de competencia legal es improrrogable, por lo que en caso de que un Juez conozca de determinado asunto, del cual es legalmente incompetente por razón de la materia, lo actuado será nulo.- • Competencia por razón de grado. Este criterio competencial se relaciona con el número de instancias o fases decisorias de fondo existentes en un proceso ordinario. Esto es, normalmente el ejercicio de la función jurisdiccional no se agota con una sola cognición, es decir, con el conocimiento del litigio, por parte de un solo juzgador, sino que se establece en las leyes ordinarias la posibilidad de una instancia o fase posterior. A cada cognición/instancia del litigio desahogada en sede judicial, se denomina grado o instancia.- • Competencia por razón de cuantía. El criterio de la cuantía (también conocido como del valor o del monto) toma en cuenta el quántum o la cantidad en la que se puede estimar el valor del litigio.- • No se soslaya la existencia de otros criterios diversos para la fijación de competencia a favor de un órgano jurisdiccional, tales como: • Atracción: Consiste en la acumulación que debe realizarse de los juicios singulares que se sigan contra una persona.- • Conexidad: Se presenta cuando dos o más litigios distintos sometidos a procesos diferentes se vinculan por provenir de la misma causa o relación jurídica sustantiva.- • Prevención: Es un criterio complementario y subsidiario para determinar la competencia, pues se suele recurrir a él cuando varios Jueces son competentes para conocer del mismo asunto, entonces, se afirma que será competente el que haya prevenido en la causa, es decir, el Juez que haya conocido primero.- • Turno: Orden o modo de distribución interno de las demandas o las consignaciones que ingresan cuando en un lugar determinado existen dos o más juzgadores con la misma competencia.-Como la competencia es un presupuesto de validez del proceso, el propio juzgador tiene el deber de verificar en cada litigio que se le plantee, si tiene o no competencia para conocer del mismo.-c) Generalidades del conflicto competencial.-Al respecto, cabe decir que por conflicto competencial se entiende a la contienda suscitada entre dos Jueces, tribunales o autoridades, respecto al conocimiento y decisión de un negocio, judicial o administrativo.-Por tanto, los conflictos de competencia, o también llamados ‘cuestiones competenciales’, son aquellas controversias que se suscitan entre dos órganos jurisdiccionales, que deciden conocer o dejar de conocer un determinado litigio. Por lo general, surgen entre órganos jurisdiccionales del mismo fuero y casi siempre están en pugna los criterios de territorialidad, materia y grado, los cuales ya han sido previamente definidos.-Entonces, como se precisó con antelación, los conflictos competenciales tienen su fundamento en el artículo 106 constitucional, en el cual, se otorga al Poder Judicial de la Federación la facultad legal de dirimir todas aquellas controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los diversos órganos jurisdiccionales del país.-Al respecto, es necesario distinguir la existencia de dos tradicionales controversias competenciales: • Conflicto de competencia positivo. El cual se presenta cuando dos juzgadores estiman ser legalmente competentes para conocer del mismo asunto.- • Conflicto de competencia negativo. Mismo que se actualiza cuando dos órganos jurisdiccionales se declaran legalmente incompetentes para conocer de una controversia.-Luego, el objeto de la decisión en un conflicto competencial, lógicamente será la determinación -atendiendo a la naturaleza y particularidades del conflicto- de la autoridad jurisdiccional que deba resolver las cuestiones controvertidas a través del procedimiento correspondiente, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento relativo.-De esta forma, a fin de que se considere legalmente planteado un conflicto competencial y pueda ser dirimido en términos del artículo 106 constitucional, es necesario que la negativa de las autoridades contendientes para conocer de un asunto, emitida de manera expresa -no tácita- en ejercicio de su autonomía y de su potestad, se refiera, exclusivamente, a un punto concreto jurisdiccional, es decir, que se trate de una cuestión de grado, territorio o materia para conocer de un asunto. Usualmente, cuando dicha cuestión de competencias se plantea entre dos juzgadores que tengan a un mismo superior jerárquico, será dicho tribunal el competente para resolverlo.-Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto siguientes: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA.’ (se transcribe tesis)(3).-d) Razones por las cuales se considera la inexistencia del conflicto competencial.-Primera. La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a su marco legal, carece de facultades para declinar competencia a distinto órgano jurisdiccional.-En efecto, en los procedimientos sustanciados ante las Salas Fiscales, el tema de la competencia se encuentra contemplado como una causa de improcedencia en el artículo 8o., fracción II, de
a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(4) por cuanto dicho numeral dispone que es improcedente el juicio, cuando no le competa conocer del asunto a dicho tribunal.-Ahora, para definir qué tipo de competencia es a la que se refiere el precepto citado en el párrafo precedente, es menester atender a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,(5) dado que ahí se contemplan las hipótesis de competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que al efecto, son por razón de materia.-De la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos antes referidos, se arriba a la convicción de que en el juicio contencioso administrativo, la Sala Fiscal carece de facultades para remitir los autos a distinto órgano jurisdiccional por razón de la materia, ya que en este último supuesto, como quedó visto, el legislador lo consideró como un caso de improcedencia del juicio, al contemplarlo así en el numeral 8o., fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-En consecuencia, como primer razón para considerar que resulta inexistente el conflicto competencial de trato, se reduce a que conforme a los ordenamientos legales que rigen el procedimiento contencioso administrativo, específicamente, a lo dispuesto en el artículo 8, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en correlación con el diverso 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala Regional del Caribe, no tiene potestad jurídica para declinar competencia a distinto órgano jurisdiccional.-No es óbice a la permanencia de lo anterior, el que la Sala Peninsular, bajo el amparo de lo dispuesto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declinara competencia a diversa autoridad.-Es así, en la medida de que la declaratoria de improcedencia del juicio de nulidad, por carecer de competencia para conocerlo, no implica denegar el acceso a la justicia, puesto que ese derecho humano no implica desconocer los presupuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo que estableció el legislador secundario.-A manera de ejemplo, cabe citar la resolución de trece de mayo de dos mil quince, dictada en el amparo directo en revisión 4729/2014, donde la ponente Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en un caso en el que se desechó por improcedente la demanda de nulidad en un juicio contencioso administrativo y se negó el amparo contra la determinación que confirmó ese desechamiento, determinó que ello no limita el acceso a la plena jurisdicción, ni constituye una actuación arbitraria, toda vez que el derecho a la jurisdicción no puede interpretarse en el sentido de que necesariamente se tenga que estimar procedente el juicio contencioso administrativo de manera irrestricta, puesto que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que sujeta la procedencia del juicio contencioso administrativo a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal.-Por tanto, el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, ello siempre que satisfaga los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias.-Lo anterior se desprende de la siguiente transcripción de la ejecutoria en comento: ‘En principio, debe señalarse que el artículo 17 de la Constitución Federal prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, la que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la controversia y, en su caso, se ejecute esa decisión.-Esto es, el derecho a la jurisdicción, debe entenderse como aquel que permite a los justiciables someter a la consideración de un órgano jurisdiccional sus demandas, esto es, la prerrogativa de todos los ciudadanos para poder llevar ante un tribunal una exigencia para que éste resuelva lo procedente respecto al conflicto suscitado, resolviendo de manera pronta, gratuita e imparcial.-Es aplicable, en la especie, la siguiente tesis: «GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.» (se transcriben tesis y precedentes).-Ahora bien, el artículo reclamado es del siguiente tenor: «Artículo 14.» (transcribe texto).-El precepto transcrito prevé las diversas hipótesis, actos y resoluciones de carácter fiscal y administrativo, que serán consideradas como resoluciones definitivas. Ello, para el efecto de la procedencia del juicio contencioso administrativo, del cual conocerán las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; de ahí que la función esencial del citado precepto sea instrumental, es decir, que constituye una norma de carácter procesal.-Pues bien, del contraste entre el dispositivo en mención, a la luz del referido derecho, se advierte que no asiste razón a la recurrente, al estimar que se limite su acceso a la plena jurisdicción, o bien, que constituya una actuación arbitraria por parte del legislador, toda vez que el derecho a la jurisdicción no puede interpretarse en el sentido que pretende la recurrente, esto es, que necesariamente se tenga que estimar procedente el juicio contencioso administrativo de manera irrestricta, puesto que, como quedó precisado, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no prevé limitantes respecto del acceso a la jurisdicción, sino que sujeta la procedencia del juicio contencioso administrativo a diversas condicionantes, sin que éstas priven de los derechos consagrados en la Constitución Federal.-En el caso, el derecho a la jurisdicción se cumple en la medida que el gobernado puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, ello siempre que satisfaga los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias.-De ahí que lo previsto en el artículo impugnado tampoco constituya una actuación arbitraria por parte del legislador, pues lo cierto es que la reserva contenida en el artículo 17 constitucional, al disponer que la impartición de justicia debe darse en los «plazos y términos que fijen las leyes», debe interpretarse en el sentido de que es al legislador a quien corresponde el establecer los plazos y términos para el ejercicio de los derechos.-Esto es, únicamente a él le corresponde tal función (determinar los plazos y términos en la ley); por tanto, si la intención del legislador, al emitir el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue limitar la procedencia del juicio contencioso administrativo a determinadas hipótesis, tal situación, por sí sola, de ninguna manera puede estimarse violatoria de los principios previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que el legislador únicamente está ejerciendo la facultad que le fue conferida constitucionalmente.-En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto, no implica que no existan una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como, en la especie, lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.-Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el porqué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional.-Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26387-e41de278/sala-regional-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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