EMPLAZAMIENTO INDEBIDO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA EN SU CONTRA SON QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJE INSUBSISTENTE DICHA DILIGENCIA, ASÍ COMO TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO DE ORIGEN, Y RESUELVA CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN LO QUE CORRESPONDA RESPECTO A UN NUEVO EMPLAZAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE MAYO DE 2016. PONENTE: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. ENCARGADA DEL ENGROSE: FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ. SECRETARIA: PATRICIA ÁVILA JASSO.
IV. Competencia
Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para resolver la contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues la controversia que se plantea es entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
V. Legitimación
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por uno de los tribunales contendientes.
VI. Existencia de la contradicción de tesis
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, publicada en la página 122, marzo de 2010, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.", estableció que existe contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados, cuando se cumplen las condiciones siguientes:
a) Que los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa utilizando el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de cualquier canon o método.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, exista algún razonamiento en el que la diferente interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
La jurisprudencia citada es de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
El primer requisito precisado con el inciso a): Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial, a juicio de este Pleno se satisface, pues los tribunales contendientes resolvieron cuestiones litigiosas en las que hicieron uso de su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada en relación con los efectos de la protección constitucional, en un juicio de amparo indirecto, en el que el acto reclamado es el emplazamiento a juicio, lo que se advierte de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción de tesis.
Es importante destacar que, en los casos concretos de los que deriva la contradicción de tesis, se analizaron diligencias de emplazamiento y se determinó que eran irregulares, lo que implica que el acto reclamado fue el indebido emplazamiento y no la falta de emplazamiento.
En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RC. 34/2015, promovido por la quejosa y recurrente **********, en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil catorce, autorizada el treinta y uno de ese mes y año, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que concedió la protección constitucional a la quejosa.
Como antecedentes del recurso de revisión citado, se destaca que el juicio de amparo indirecto del que deriva se promovió por **********, en el que señaló, como acto reclamado, todo el juicio ordinario civil promovido por ********** y ********** en su contra, seguido ante el Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Federal, bajo el expediente **********, así como el toca de apelación **********, del índice de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y la falta o indebido emplazamiento dentro del expediente tramitado ante el juzgado de origen.
El Juez Federal concedió el amparo a la quejosa, en esencia, porque consideró que la diligencia de emplazamiento a la enjuiciada no reunía los requisitos previstos en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues el actuario responsable fue omiso en buscar al representante de la persona moral demandada.
Asimismo, la autoridad federal indicó que, considerando que con la instauración del juicio de amparo la quejosa tuvo conocimiento de los datos de identificación del juicio y de la autoridad ante quien se radicó, el amparo se concedía en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Sexto de lo Civil del Distrito Federal dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen a partir del emplazamiento de la demandada (quejosa), en el entendido de que no debía reponer la diligencia de emplazamiento, sino que debía considerar que a partir de que se le notificara personalmente la ejecutoria de amparo, le corrían los quince días que establece la ley que rige el acto (artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), al tratarse de un juicio ordinario civil, a efecto de que acudiera al juicio de origen a contestar la demanda.
En contra de dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, que se radicó ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el toca **********, y por ejecutoria de once de marzo de dos mil quince, por unanimidad de votos, dicho tribunal modificó el fallo recurrido y concedió la protección constitucional a la quejosa, en lo conducente, con base en los siguientes razonamientos:
• Son fundados los agravios planteados por la parte quejosa.
• Del examen de la demanda de garantías se observa que la quejosa reclamó todo lo actuado en el juicio de origen por su falta de emplazamiento.
• En consecuencia, si en el fallo recurrido se consideró que la diligencia de emplazamiento de que se trata no se llevó a cabo de acuerdo con las formalidades de la ley de la materia, motivo por el que se consideró inconstitucional, es incuestionable, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que los efectos del fallo protector consisten en restituir a la peticionaria en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, lo que implica dejar sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen, incluyendo la diligencia de emplazamiento, a fin de que esa actuación se practique nuevamente.
• Ahora bien, la circunstancia de que con motivo del juicio de garantías, la quejosa haya tenido sin duda conocimiento de los datos de identificación del juicio de origen y de la autoridad ante la cual se tramita, no puede llevar a entender que ese conocimiento sustituya la diligencia formal de emplazamiento que debe practicar el Juez responsable, pues lo contrario equivale a convertir al juicio de amparo, que es un medio creado para reparar la violación de garantías, en una forma para sustituir los deberes de las autoridades responsables.
• En ese sentido, es pertinente hacer notar que de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal son las notificaciones formales las que sirven de base para estimar que los interesados han sido enterados de las resoluciones judiciales, por lo que considerar que el conocimiento del juicio de origen que tuvo la quejosa con motivo de la tramitación del juicio de amparo suple la diligencia de emplazamiento a juicio y constituye el punto de partida para computar el plazo para la contestación de la demanda, implica virtualmente cambiar el sistema de notificaciones prescrito en aquel ordenamiento, siendo que éste no contiene ninguna disposición en el sentido de que el conocimiento de hecho surta los mismos efectos o pueda servir de base para tener por efectuada una diligencia de emplazamiento.
• Además, al fijar el a quo, en esas condiciones, el momento a partir del cual comenzaría a correr el término con que la quejosa contaba para contestar la demanda en el juicio de origen, perdió de vista que el objeto del juicio constitucional, es el de proteger las garantías de los quejosos, y no el de sustituirse en los deberes de las autoridades responsables; de ahí que los agravios resulten fundados.
En esas condiciones, modificó la sentencia impugnada y concedió la protección constitucional para que la Sala responsable "... deje sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen y ordene al Juez de primer grado reponer el procedimiento a efecto de que se emplace legalmente a la quejosa ..."
Asimismo, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RC. 188/2015-IV, interpuesto por la quejosa y recurrente **********, en contra de la sentencia de uno de junio de dos mil quince, dictada en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que concedió la protección constitucional a la quejosa.
Como antecedentes del recurso de revisión citado, debe destacarse que el juicio de amparo indirecto del que deriva se promovió por **********, en el que señaló como acto reclamado el indebido emplazamiento que se le practicó en el juicio especial hipotecario seguido por **********, en su contra, registrado bajo el expediente **********, ante el Juzgado Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, así como todo lo actuado en dicho procedimiento.
El Juez Federal concedió el amparo, en esencia, porque consideró que la diligencia de emplazamiento no cumplía con los requisitos previstos en la ley, pues de su lectura se advertía que el fedatario judicial, al no encontrar a la buscada en la primera ocasión, debió dejarle citatorio para estar en aptitud legal de realizar la diligencia, en términos del artículo 1.177 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México -pues el emplazamiento se había verificado en dicha entidad-, por lo que, al no haberlo hecho, la diligencia era irregular.
Precisado lo anterior, la autoridad federal indicó que la quejosa tuvo conocimiento de los datos y del juzgado del que derivaba el juicio natural con la instauración del juicio constitucional, por lo que el amparo se concedía en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el efecto de que a partir de que se le notificara a la quejosa personalmente dicha ejecutoria, le corrieran los quince días que establece la ley que rige el acto y que en el caso es el artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al tratarse de un juicio especial hipotecario, a efecto de que acudiera al juicio de origen a contestar la demanda.
En contra de dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, que se radicó en el Octavo Tribunal Colegiado, bajo el toca 188/2015-IV, y en ejecutoria de dos de septiembre de dos mil quince, por unanimidad de votos, dicho tribunal modificó la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional a la quejosa, en lo conducente, con base en los siguientes razonamientos:
• Es fundado el argumento relativo a que los efectos de la concesión de amparo debieron ser en el sentido de restituir las cosas en el estado que guardaban antes de su ilegal emplazamiento, sin crear situaciones jurídicas concretas que necesariamente son competencia de la autoridad responsable, ya que corresponde a la tercero interesada gestionar nuevamente el emplazamiento, con apego a la ley común, en que se respeten las formalidades del procedimiento, porque aunque esa postura pueda ser congruente a los principios de economía procesal y buena fe, el razonamiento del Juez de Distrito, en el sentido de que la quejosa tuvo conocimiento de manera completa y exacta de la existencia del juicio hipotecario y de los demás datos del expediente y del juzgado que instruyó el asunto, a consecuencia de la promoción del juicio de amparo; lo cierto es que la notificación personal de la ejecutoria que le concede el amparo, no puede hacer las veces de su emplazamiento al juicio hipotecario de origen, pues ello supondría que el Juez de Distrito se sustituyera en las funciones de la autoridad responsable, supuesto que la Ley de Amparo no prevé.
• En consecuencia, lo procedente es modificar los efectos de la sentencia recurrida, para que el Juez responsable deje insubsistente el emplazamiento a la quejosa en el juicio especial hipotecario 1168/2013 (sic), seguido en su contra, así como las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia definitiva y su ejecución; y con plenitud de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito conoció del recurso de revisión RC. 233/2014, interpuesto por la tercero interesada y recurrente **********, en contra de la sentencia de dieciséis de julio de dos mil catorce, autorizada el treinta y uno del mismo mes y año, en el juicio de amparo indirecto **********, por el Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que concedió la protección constitucional al quejoso **********.
Debe destacarse que el juicio de amparo indirecto del que derivó el recurso de revisión, se promovió por **********, en el que se señalaron como actos reclamados diversos proveídos dictados por el Juez Sexto Civil del Distrito Federal.
El Juez Federal concedió el amparo al quejoso, en esencia, porque consideró que en su contra se cometió una violación manifiesta de la ley que lo dejó sin defensa, en virtud de que el emplazamiento -que deriva de un juicio ordinario mercantil- no se había llevado a cabo con las formalidades de la ley, porque el actuario al buscar al demandado y no encontrarlo debió dejar citatorio para que lo esperara en la casa designada a hora fija del día siguiente; que en el acta respectiva el actuario omitió requerir la presencia del demandado, pues sólo asentó que no lo encontró y en el acta correspondiente el actuario asentó que la persona con quien entendió la diligencia no firmó de recibido y omitió exponer si se requirió su firma.
En contra de dicha resolución, la tercero interesada interpuso recurso de revisión, que se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado, bajo el toca RC. 233/2014, y en ejecutoria de treinta de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos, ese tribunal modificó la resolución recurrida y concedió la protección constitucional al quejoso, en lo conducente, con base en los siguientes razonamientos:
• En cuanto a los efectos del amparo, cabía señalar que el quejoso perdió la calidad de tercero extraño al juicio por equiparación, porque tuvo conocimiento de manera completa y exacta de la existencia del juicio y de los datos del expediente y del juzgado, aun cuando no compareció.
• Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ese Alto Tribunal ha reiterado, en diversos asuntos, que el quejoso, cuando es parte de una controversia judicial, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación cuando conoce la existencia y los datos de identificación del juicio al que pretende ser llamado, con independencia de que no haya comparecido, porque en el caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, para ejercer su garantía de audiencia.
• Lo anterior deriva de la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro XXIII, Tomo I, agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de título y subtítulo: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)."
• Que el conocimiento del juicio es determinante para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demostración del conocimiento del juicio despoja al promovente del carácter de tercero extraño equiparado.
• Que ese órgano colegiado ha sostenido el criterio que si con motivo de un juicio de amparo promovido contra un emplazamiento al procedimiento de origen se deriva la nulidad de todo lo actuado, la parte inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural y pierde la calidad de tercero extraño al juicio por equiparación, para lo cual invocó el criterio I.3o.C.65 K (10a.), que ese mismo órgano pronunció en la QC. 155/2013, resuelta en sesión de nueve de enero de dos mil catorce, por unanimidad de votos, de título y subtítulo: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. PIERDE ESTE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE ACUDE POR SEGUNDA VEZ A PROMOVER JUICIO DE AMPARO CONTRA UN ILEGAL EMPLAZAMIENTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de mayo de 2015 a las 9:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo III, mayo de 2015, página 2395.
• Que el juicio de amparo indirecto planteado por un tercero extraño por equiparación, en contra del emplazamiento, además de considerarse un juicio constitucional (extraordinario, en oposición a ordinario), también puede ser visto como un procedimiento extraordinario de nulidad de actuaciones, que tiene el mismo efecto del incidente ordinario, como medio de defensa que tiene por finalidad demostrar que quedó en estado de indefensión.
• Que el emplazamiento se puede impugnar a través de un incidente, con base en la normatividad procesal ordinaria, o si ya se dictó sentencia de fondo, a través del juicio de amparo indirecto, con base en la Ley de Amparo, y de resultar fundado el planteamiento, la consecuencia es la misma: considerar nula dicha diligencia, consecuentemente, dejar insubsistentes las actuaciones que le siguieron y respetar el debido proceso.
• Que en ambos casos es manifiesto que quien insta la nulidad, a partir de ese evento se hace conocedor de todos los detalles del juicio, esto es, del Juez que conoce del juicio, número de expediente, nombre de quien promueve en su contra y de que existe una demanda en la que figura como parte demandada, por lo que desde ese momento no hay obstáculo material ni jurídico para acceder a la totalidad de las actuaciones; en el caso de la nulidad ordinaria, porque tendrá acceso directo al expediente, dado su carácter de parte, y en el caso del juicio de amparo, debido a que el Juez responsable, junto con su informe justificado, acompañará copia certificada del propio expediente, que se podrá consultar sin obstáculo alguno, lo que supone una verdadera imposición de autos.
• Que la consecuencia de declarar la nulidad (en forma ordinaria o extraordinaria), se ha traducido en ordenar la realización de un nuevo emplazamiento, a partir del cual, correrá el plazo legal establecido en favor del enjuiciado para contestar la demanda.
• Que tal práctica judicial desatiende al hecho cierto y exacto de que quien promueve el amparo en la vía indirecta para impugnar la diligencia de emplazamiento tiene conocimiento de los datos del juicio, y a través del informe justificado de todo lo actuado en el juicio, por lo que es contrario a los principios de economía procesal y buena fe, ordenar un nuevo emplazamiento, puesto que su efecto del mismo se encuentra satisfecho desde el momento en que tiene conocimiento de que se instauró un juicio en su contra y la manera en que se hizo, lo que en el caso está plena e indudablemente satisfecho al tener conocimiento del juicio.
• Bajo esa óptica, el enjuiciado tuvo mayor tiempo que una persona que fue emplazada de manera correcta para elaborar su contestación de demanda, es decir, para preparar su defensa, a partir de que tuvo conocimiento del juicio.
• Con base en esas consideraciones, el efecto de la protección no debe consistir en ordenar la reposición del procedimiento para que se realice un nuevo emplazamiento, sino establecer expresamente que con base en el conocimiento pleno del juicio natural, la notificación personal de la sentencia de amparo que causó estado o, en su caso, la del recurso de revisión (como en el caso), será el evento a partir del cual, transcurrirá para el enjuiciado (quejoso), el plazo legal correspondiente para contestar la demanda.
• Que ese criterio pondera adecuadamente los derechos de las partes, hace prevalecer los principios de economía procesal y buena fe, es respetuoso de los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y torna útil, más allá de lo habitual, la sentencia dictada en el amparo o en su revisión.
Derivado del recurso de revisión que ha quedado citado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito emitió la tesis jurisprudencial I.3o.C.95 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes trece de noviembre de dos mil quince a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, página 3658, de título, subtítulo y texto:
"TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO. EFECTOS DEL AMPARO. COMO EL QUEJOSO YA TIENE CONOCIMIENTO DE LOS DATOS DEL JUICIO, NO SE DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE REALICE NUEVO EMPLAZAMIENTO, SINO QUE A PARTIR DE QUE SE NOTIFICA PERSONALMENTE LA EJECUTORIA DE AMPARO, CORRE EL PLAZO PREVISTO POR LA LEY QUE RIGE AL JUICIO, PARA CONTESTAR LA DEMANDA. El tercero extraño a juicio por equiparación, es formalmente parte demandada que no tuvo conocimiento material del juicio instaurado en su contra, en violación a la garantía de audiencia que marca el artículo 14 constitucional y, por extensión, vulnera el derecho humano de debido proceso al hacer nugatoria su oportunidad de contestar la demanda y rendir pruebas. Entonces, la procedencia del juicio de amparo indirecto se sujeta a la manifestación de la fecha en que se tuvo conocimiento del juicio, con independencia de que se encuentre concluido. Con motivo del informe justificado, el quejoso conoce el número de expediente y la autoridad judicial que lo tramita. Así, al demostrar la privación de su derecho de contradicción, el efecto de la protección no debe consistir en ordenar la reposición del procedimiento para que se realice nuevo emplazamiento, sino establecer expresamente que con base en el conocimiento pleno del juicio natural, la notificación personal de la sentencia de amparo que causó estado o, en su caso, la del recurso de revisión, será el evento a partir del cual transcurrirá para el enjuiciado (parte quejosa), el plazo legal correspondiente para contestar la demanda, porque la acción constitucional no es meramente declarativa, sino que busca reponer al agraviado en el uso y goce del derecho violado; esto es, que se beneficie del privilegio de confrontar al actor mediante la contestación de la demanda y las pruebas que la apoyen. Este criterio pondera adecuadamente los derechos de las partes, hace prevalecer los principios de economía procesal y buena fe, es respetuoso de los derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal se torna útil y más allá de lo habitual, porque el efecto del conocimiento ya se concretó; sin que pueda volver a ignorar la existencia del juicio, ni requerir un nuevo emplazamiento formal, que no aporta un mayor beneficio."
Esto último se invoca como hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito lo hizo del conocimiento del Pleno de Circuito en la contradicción de tesis 17/2015, que se resuelve en esta misma fecha.
El segundo requisito precisado con el inciso b): Punto de relación y diferendo de criterios interpretativos, a juicio de este Pleno se satisface, ya que los Tribunales Colegiados que participan en la contradicción de tesis, se pronunciaron sobre el tema: "Si uno de los efectos de la sentencia que concede la protección constitucional en un juicio de amparo indirecto contra el indebido emplazamiento a juicio es que se ordene a la autoridad responsable que deje insubsistente la diligencia de emplazamiento, así como todo lo actuado y resuelva con plenitud de jurisdicción, o bien, que a partir de la notificación de la ejecutoria de amparo, transcurra el término a la enjuiciada para comparecer al juicio de origen."
En este apartado debe aclararse que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión RC. 34/2015, resuelto en sesión de once de marzo de dos mil quince, determinó que el efecto de la protección constitucional, era el siguiente: "En esas condiciones, se impone modificar la sentencia impugnada y conceder la protección constitucional solicitada para que la Sala responsable, que es la que pronunció la sentencia de segundo grado, que sustituyó a la de primera instancia, deje sin efectos todo lo actuado en el juicio de origen y ordene al Juez de primer grado reponer el procedimiento, a efecto de que se emplace legalmente a la quejosa ..."
Es decir, originalmente ese Tribunal Colegiado determinó que uno de los efectos de la protección constitucional, en el caso que se analiza, era, en esencia, que se verificara el emplazamiento a la quejosa en el juicio de origen; sin embargo, posteriormente, en el toca RC. 188/2015, resuelto en sesión de dos de septiembre de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito modificó su criterio, en cuanto a los efectos del amparo, en los siguientes términos: "Se concede a la quejosa **********, el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, deje insubsistente el emplazamiento a la quejosa en el juicio especial hipotecario **********, seguido en su contra por **********, así como las actuaciones subsecuentes, incluyendo la sentencia definitiva y su ejecución, y con plenitud de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda."
De lo anterior, es dable concluir que el criterio contendiente que debe tomarse en cuenta para fijar la discrepancia en la presente contradicción de tesis, es el que atendió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión RC. 188/2015, por ser de fecha posterior al emitido en el RC. 34/2015, lo que implica una modificación posterior a su criterio original, en cuanto al efecto preciso de la protección constitucional en el caso que se analiza.
Así, en cuanto al tema respecto del cual, los Tribunales Colegiados contendientes emitieron criterios diferentes, se concretó en los términos que a continuación se precisan:
En los recursos de revisión RC. 34/2015 y RC. 188/2015, el Octavo Tribunal Colegiado, no consideró que la notificación personal de la ejecutoria que concede la protección constitucional a la parte quejosa, en un juicio de amparo indirecto promovido contra el indebido emplazamiento a juicio, puede hacer las veces del emplazamiento de la enjuiciada (parte quejosa), sino que de acuerdo al criterio que debe prevalecer, establecido en el RC. 188/2015 citado, el efecto debe ser para que se ordene a la autoridad responsable que deje insubsistente la diligencia de emplazamiento, así como todo lo actuado en el juicio de origen, y resuelva con plenitud de jurisdicción.
Por otra parte, en el recurso de revisión RC. 233/2014, el Tercer Tribunal Colegiado consideró que en un juicio de amparo indirecto promovido contra el indebido emplazamiento a juicio, el efecto de la concesión de la protección constitucional, no debe consistir en ordenar la reposición del procedimiento para que se realice nuevo emplazamiento, sino que, a partir de la notificación personal de la ejecutoria de amparo, transcurre el plazo legal que rige el juicio, respecto de la enjuiciada (parte quejosa), para contestar la demanda.
Luego, fueron distintos los criterios que emi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26403-26c7655e/emplazamiento-indebido-los-efectos-de-la-sentencia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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