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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN. EL DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE SI BIEN SOBRESEE EN EL JUICIO POR EL PRIMERO, TAMBIÉN CONCEDE EL AMPARO VINCULÁNDOLOS EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, DADA SU DOBLE PERSONALIDAD INDISOLUBLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 110/2015. · Registro digital (IUS): 26475
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-08-12
Promovente: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Pág. 2416.

AMPARO EN REVISIÓN 110/2015. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. 19 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ VEGA LUNA.

Xalapa, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión pública ordinaria de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos para resolver los autos del recurso de revisión de trabajo 110/2015, interpuesto por el **********, contra la sentencia autorizada de **********, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********** de su índice; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, **********, por propio derecho, acudió ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión por violación de los artículos 1o., 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalaron como autoridades responsables al Congreso del Estado de Veracruz, gobernador del Estado de Veracruz, secretario de Gobierno del Estado, director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, director de la Gaceta Oficial del Estado y Rectoría de la Universidad Veracruzana, todas con sede en esta ciudad; asimismo, señalaron como actos reclamados los siguientes:

"...4. Ley reclamada: Se reclaman como inconstitucionales los artículos de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que se agrupan por incisos y, a continuación, se desglosan:

"a) Artículos 1 y 6; b) Artículos 3, fracciones IV, VIII y XIV, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 18, 20, 22, segundo párrafo, 75, fracción XI, 95, fracción III, 98, primer párrafo, 103, 105, 109, 110, 112, fracción I; c) Transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo segundo, décimo cuarto... y d) Artículos 19, 25, 35, 36; e) La abrogación de los artículos 72 y 73 de la Ley Número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz; porque son contrarios al principio de progresividad de los derechos sociales (sic) que prevén los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1 del Protocolo de San Salvador y 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ya que transgreden y violentan los derechos humanos del pensionista, su seguridad social y las garantías de legalidad y seguridad social y las garantías de legalidad y seguridad jurídica con la que se tutela, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cada uno de los actos unilaterales de las autoridades en citas (sic) como responsables de los siguientes actos de inconstitucionalidad que habrá (sic) de señalarse en los conceptos de violación o los que de esta petición de amparo y protección de la Justicia Federal, se desprendan.

"I. Del Congreso del Estado de Veracruz, compuesto en términos de los artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, se reclama su participación en el dictamen, aprobación, votación y expedición de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta del Estado con fecha veintiuno de julio del año en curso.

"II. Se reclama del gobernador del Estado, la promulgación, publicación, expedición y entrada en vigor de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta del Estado con fecha veintiuno de julio del año en curso.

"III. Se demanda del secretario de Gobierno el refrendo al decreto mediante el cual se promulga, ordena la publicación y expedición de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta del Estado con fecha veintiuno de julio del año en curso.

"IV. Del director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, la ejecución material de los actos tendientes a la aplicación de la ley impugnada como inconstitucional.

"V. Del director de la Gaceta del Estado, se reclama la publicación en la Gaceta del Estado, con fecha veintiuno de julio del año en curso de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

"VI. De la Universidad Veracruzana, la ejecución material de los actos tendientes a la aplicación de la ley impugnada como inconstitucional.

"Actos todos ellos que en su conjunto se materializan en la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que transgreden los derechos que se tutelan tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las diversas convenciones en materia de derechos humanos de los que es parte México y en particular en el Protocolo de San Salvador y el Pacto de San José de Costa Rica..." (fojas 2 y 3 del juicio del amparo indirecto)

SEGUNDO.-El titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien por razón de turno le correspondió conocer del asunto, en auto de **********, admitió a trámite la demanda de amparo, y quedó registrada bajo el expediente **********, y una vez que realizó los demás trámites procesales de rigor, celebró la audiencia constitucional el ********** dictó sentencia el **********, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, por los actos reclamados a las autoridades responsables secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, director general del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y Rectoría de la Universidad Veracruzana, todos con sede en esta ciudad; y directora de la Gaceta Oficial del Estado, en Emiliano Zapata, Veracruz, por los motivos expuestos en los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, respecto de los artículos 1, 3, fracciones IV y VIII; 4, 6, 7, 12, 13, 18, 20, 22, segundo párrafo; 25, 35, 36, 73, 74, 75, fracción XI, 77, 95, fracción III; 98, primer párrafo; 101, 103, 105, 109, 110, 112, fracción I; segundo, tercero, cuarto, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto transitorios, todos de la Ley (sic) 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; así como la abrogación de los artículos 72 y 73 de la Ley (sic) 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, por las razones expuestas en el considerando noveno de esta sentencia.

"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley (sic) 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contra las autoridades y por los actos precisados en el considerando tercero de esta resolución, por las razones y motivos indicados en el décimo considerando de este fallo.

"Notifíquese..." (Foja 208 vuelta y siguiente del juicio de amparo indirecto)

TERCERO.-Inconforme con la sentencia anterior, **********, interpuso recurso de revisión, que fue admitido por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil quince, lo que originó la formación del amparo en revisión de trabajo 110/2015.

Mediante proveído de treinta y uno de marzo de dos mil quince y en cumplimiento al Acuerdo General 6/2015 de veintitrés de marzo de dos mil quince del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó su aplazamiento, por subsistir el problema de inconstitucionalidad de los artículos 16, 19, 32 y 59 de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz; posteriormente, mediante auto de veintinueve de septiembre del año en cita, en acatamiento al diverso Acuerdo General Número 15/2015, de veintiuno de septiembre de dos mil quince, emitido por el Pleno del Más Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre siguiente, se levantó el aplazamiento del asunto.

Finalmente, por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil quince y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Amparo vigente, se ordenó el turno de los autos al Magistrado Jorge Sebastián Martínez García, a efecto de que formulara el proyecto de resolución respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer en facultad delegada del presente recurso de revisión, conforme a los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos primero, fracción VII, segundo, fracción VII, punto 1, y tercero, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013 que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del año en cita, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número de la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 49/2014, de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de noviembre siguiente, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado; ya que se trata de una sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, territorio en que este órgano colegiado ejerce su jurisdicción; todo ello en relación, además, con el punto cuarto, fracción I, inciso B) del diverso Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues subsiste en este recurso la constitucionalidad de diversas disposiciones generales impugnadas, establecidas en un ordenamiento local, como lo es la Ley del Instituto de Pensiones del Estado.

Asimismo, se es competente para resolver el presente recurso de revisión por cuestión de la materia, pues el acto reclamado es de carácter laboral (no administrativo), ya que en la especie se está en presencia de la impugnación de un acto de naturaleza laboral, pues subyacen aspectos tales como la jubilación, pensiones por vejez, invalidez y muerte, surgidos como consecuencia del establecimiento de una relación obrero-patronal que lesiona una prerrogativa tutelada por la Constitución Política del país; es decir, el acto aquí reclamado tiene per se, su origen en uno de naturaleza laboral; además, la parte quejosa en el juicio de amparo tiene el carácter de trabajador en activo.

Apoya lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 31/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 949, Tomo XXXI, marzo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO.-De los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, se trata de la materia de trabajo cuando el acto afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando trabajadores en activo reclaman la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en relación con la modificación al régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, lo que torna competentes a los órganos especializados en materia de trabajo para conocer los asuntos en que se controvierta ese tema."

SEGUNDO.-El recurso que se examina se sustenta en lo dispuesto por los artículos 80 y 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor; amén de que fue interpuesto en tiempo en los términos del artículo 86 del cuerpo legal invocado, puesto que la sentencia impugnada se notificó a la parte recurrente el nueve de febrero de dos mil quince y el escrito de expresión de agravios se presentó el doce siguiente; esto es, al tercer día hábil del término legal de diez días con que contaba para hacerlo; previo descuento del catorce, quince, veintiuno y veintidós de febrero, por haber sido sábados y domingos, atento a lo dispuesto en el artículo 19 de la preinvocada legislación, tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

TERCERO.-Este tribunal no transcribirá los considerandos torales que sustentan la sentencia recurrida ni los agravios pues, por una parte, no existe disposición legal que obligue a que formalmente obren en la sentencia, inclusive el artículo 74 de la Ley de Amparo vigente, nada dispone al respecto, aunque sí impone el deber de que se resuelvan las cuestiones efectivamente planteadas, y por otra parte, se han entregado junto con esta resolución, copias certificadas respectivas a los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, según sesión extraordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis.

Cobra aplicación al caso, la tesis XVII.1o.C.T.30 K que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2115, Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.-El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.-De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

CUARTO.-En primer término, debe establecerse que el ********** se encuentra legitimado para recurrir la sentencia que se combate, pues a pesar de que se sobreseyó en el juicio de amparo respecto del acto que se le reclamó, el Juez de Distrito también concedió el amparo solicitado al declarar, en el caso particular, la inconstitucionalidad de los artículos 3, fracción XIV, 16, 19, 95, fracción II; tercero, quinto, octavo y noveno transitorios de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, vinculando así, como consecuencia de tal declaratoria, a las autoridades responsables encargadas de operar la ley de prescindir de la aplicación presente y futura de tales dispositivos normativos en la esfera jurídica de la parte quejosa y sus eventuales beneficiarios.

Cabe recordar que el quejoso señaló en su demanda de amparo, entre otras autoridades, al **********; y aun cuando el Juez de Distrito estimó que en el caso debía sobreseerse en el juicio de amparo indirecto ante la inexistencia del acto que se le reclamó, de conformidad con el artículo 63, facción IV, de la Ley de Amparo, también determinó que la concesión de amparo debía estar a cargo de "las autoridades responsables encargadas de operar la ley".

En esa medida, resulta necesario precisar el contenido de los artículos 75, 82, fracciones I y XVII y 87, fracciones I y V, de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a saber:

"Artículo 75. El Instituto de Pensiones del Estado tendrá las siguientes funciones:

"I. Otorgar y administrar los diversos servicios a su cargo;

"II. Vigilar la concentración de las cuotas, aportaciones y demás ingresos del instituto;

"III. Satisfacer las prestaciones a su cargo;

"IV. Otorgar jubilaciones y pensiones;

"V. Invertir los fondos de acuerdo con las disposiciones de esta ley;

"VI. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los convenios y contratos que requiera su operación y funcionamiento, previo acuerdo del consejo directivo;

"VII. Adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines;

"VIII. Promocionar programas de vivienda;

"IX. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas;

"X. Expedir los reglamentos para el debido cumplimiento de sus funciones y de su organización interna;

"XI. Ordenar, en los términos previstos por el artículo 31, la práctica de verificaciones, visitas domiciliarias a entidades sujetas al régimen del instituto o comprobación del cumplimiento de obligaciones en términos de esta ley, a cargo del patrón, con sujeción a las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado; y

"XII. Las demás que le confieran esta ley y sus reglamentos."

"Artículo 82. Corresponde al consejo directivo:

"I. Cumplir y hacer cumplir esta ley y sus disposiciones reglamentarias;

"...

"XVII. Autorizar, negar, modificar, suspender o cancelar el otorgamiento de una pensión en cualquiera de las modalidades previstas por esta ley; y

"..."

"Artículo 87. El director general del instituto será nombrado por el gobernador del Estado y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

"I. Representar al instituto y ejecutar los acuerdos del consejo directivo;

"...

"V. Representar al instituto en toda cuestión judicial, extrajudicial y administrativa, con facultad para designar apoderados;

"..."

De conformidad con los artículos transcritos, se observa que entre las facultades del ********** se encuentra la de cumplir y hacer cumplir la ley que se estudia, así como autorizar, negar, modificar, suspender o cancelar el otorgamiento de una pensión; en tanto que el ********** de ese ente es el encargado de representar al instituto y ejecutar los acuerdos del consejo directivo, así como representarlo en toda cuestión judicial.

Por tanto, el ********** es una de las autoridades encargadas de operar dicha ley y es claro que está legitimado para impugnar los efectos de la concesión del amparo, donde se observa su calidad de autoridad ejecutora; ello al margen de que si en el caso se formularon inconformidades en tal sentido, pues la legitimación de la autoridad responsable de que se trata, no está condicionada al contenido de los agravios, porque no puede generarse una barrera que impida el acceso a un recurso a partir del contenido de sus inconformidades, ya que, en su caso, será al analizar el fondo del asunto cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos e, incluso, si alguno de ellos los puede hacer valer en su calidad de autoridad ejecutora en el amparo contra disposiciones generales; lo que se sostiene, pues técnicamente no es correcto calificar la procedencia de un recurso a partir del análisis de los agravios que se formulan, porque implicaría involucrar el tema de procedencia del propio recurso con la cuestión de legitimación realizando el estudio del fondo de los agravios del recurso, lo que no es lógico ni jurídico.

Por tanto, como la calidad del **********, así como su representación se reúnen en la misma persona, no puede escindirse su legitimación pues, como se señaló previamente, el ********** de tal instituto es el encargado de ejecutar los acuerdos del propio consejo y de representar, además, como su **********, al propio ente de seguridad social en toda cuestión judicial. En tales condiciones, aun ante el sobreseimiento decretado por el Juez de amparo respecto del acto reclamado al **********, subsiste su calidad de autoridad ejecutora de ese ente.

Por su idea jurídica, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, materia común, página 1243, «y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas», de título, subtítulo y texto:

"REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO CUANDO CONTROVIERTA EL EFECTO DADO AL FALLO PROTECTOR QUE LA VINCULA. Las autoridades responsables señaladas como ejecutoras en el amparo contra leyes, por regla general, carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal contra una norma de carácter general y, en consecuencia, contra su acto de aplicación, ya que tal determinación no les causa perjuicio alguno, al no haberse estudiado la constitucionalidad del acto que les fue atribuido. Sin embargo, esta regla general no es aplicable al caso en que, habiéndose otorgado el amparo contra la ley reclamada y su acto de aplicación, la autoridad responsable ejecutora no controvierta los motivos y fundamentos por los que se declaró la inconstitucionalidad de dicha ley, sino el efecto dado al fallo protector que le ocasiona un perjuicio, lo cual la legitima para acudir a la revisión."

Así como, por analogía, la diversa tesis 1a. CCCLXXXII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, materia común, página 730 «y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas», de título, subtítulo y texto:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS. Todo recurso contra una decisión judicial exige la concurrencia de cinco presupuestos: legitimación, personería, interés, plazo y forma. En cuanto a la legitimación para recurrir, basta que la misma aparezca en el proceso o derive de la situación invocada, lo que se presenta cuando, en términos de los artículos 5o., 81, fracción II, y 88 de la Ley de Amparo, el agraviado es parte en el juicio y, con motivo de la sentencia de amparo, ha sufrido una afectación en su esfera jurídica, pues es a partir de lo anterior que surge su derecho para pedir la revisión del fallo que estima lesivo de sus intereses, a fin de que se modifique o se revoque. En ese tenor, cuando el recurrente es el tercero interesado en el juicio de amparo y la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito le causa una afectación directa a su esfera jurídica, goza de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción II, de la Ley de Amparo, esto al margen de los planteamientos que exprese en vía de agravios, pues no puede generarse una barrera que impida el acceso a un recurso a partir del contenido de sus inconformidades; además, no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que permita calificar ex ante los agravios para desconocer la legitimación del tercero interesado en el recurso de revisión cuando se concede el amparo a la quejosa, antes bien, éste tiene el reconocimiento pleno como parte en el juicio relativo. En esas circunstancias, si bien el derecho a formular planteamientos sobre la inconstitucionalidad de leyes se origina con la aplicación del precepto en perjuicio de quien promueve el juicio de amparo y la omisión de examinar tales planteamientos sólo perjudica a quien los hace valer (quejoso), ello no implica desconocer la legitimación del tercero interesado para impugnar la sentencia de amparo directo ya que, en su caso, será al analizar la procedencia del recurso o el fondo del asunto, cuando se examine la eficacia o ineficacia de sus planteamientos."

Cobra aplicación al caso, la tesis VII.2o.T.53 L (10a.) emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito, de título, subtítulo y texto siguientes:

" Cuando en un amparo indirecto el Juez de Distrito concede la protección de la Justicia Federal a la parte trabajadora para que se le devuelva el excedente de cuotas de aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado que indebidamente se le descontó y sostiene expresamente que tal concesión debe estar a cargo del consejo directivo de ese ente, la autoridad responsable está legitimada para recurrir esa sentencia mediante el recurso de revisión, interpuesto tanto por su director como por el presidente del consejo directivo, atendiendo a su doble carácter, dada la vinculación expresa o implícita que surge de la propia norma. Así, si bien es cierto que en términos del artículo 82, fracciones I y XVII, de la Ley Número 287 de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la aplicación de los preceptos legales de esa ley, relacionados con el cumplimiento de la misma ley y los reglamentos que de ella emanen, así como autorizar, negar, modificar, suspender o cancelar el otorgamiento de una pensión en cualquiera de las modalidades previstas por la ley son facultades del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones, lo cual evidencia la vinculación expresa de ese órgano, respecto de los efectos de una sentencia amparadora mediante la cual se impugnó la constitucionalidad de algunas disposiciones generales de esa ley o sus actos de aplicación; también lo es que su cumplimiento puede trascender a otras autoridades que no fueron señaladas como responsables o habiéndolo sido se haya decretado el sobreseimiento. Ello, pues en algunos casos, requerirá de información que esté en poder de otras, o bien, que estén constreñidas a realizar algún acto en cumplimiento, por lo que existe vinculación implícita hacia las autoridades obligadas al cumplimiento del amparo, tal como ocurre con el director del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, pues tiene una doble personalidad indisoluble, ya que además de director, de forma concurrente es el representante del consejo directivo del citado instituto, en su calidad de presidente de este último; entonces, en su primer carácter está legitimado para actuar en defensa de los intereses del ente que representa en toda cuestión judicial, extrajudicial y administrativa, de conformidad con las fracciones I y V del artículo 87 de la citada ley. En esa medida, si de acuerdo con los diversos numerales 31, 75 y 82 de dicha legislación, el instituto que representa el director es una de las autoridades encargadas de operar dicha ley, es claro que está legitimado para impugnar los efectos de la concesión de amparo, donde se observa su calidad de autoridad ejecutora. Por tanto, aun cuando la parte quejosa haya señalado al director y Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, a uno u a otro o a ambos, como autoridades autónomas e imputado actos diversos e independientes, lo cierto es que al reunirse ambas representaciones en la misma persona, no puede escindirse su legitimación, pues como se señaló previamente, el director de tal instituto es el encargado de ejecutar los acuerdos del propio consejo y de representarlo además, como su presidente, en toda cuestión judicial. En resumen, ante la vinculación expresa decretada en la concesión de amparo únicamente respecto del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, no podría válidamente en el caso tenérs

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26475-a41cd1f6/recurso-de-revision-el-director-general-y-presidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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