I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. UN MUNICIPIO CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR UN OFICIO EN EL QUE SE ORDENA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN REALIZAR DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES AL GOBIERNO DE UN ESTADO, CON MOTIVO DEL ADEUDO DE UN MUNICIPIO DE ESTE ÚLTIMO (OFICIO 351-A-DGPA-E-1-a-263 DEL DIRECTOR DE ENLACE Y ADMINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES Y CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO). II. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA COMPENSACIÓN DE ADEUDOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL RESULTA APLICABLE SI UN AYUNTAMIENTO NO CUBRE DIRECTAMENTE LAS CUOTAS DERIVADAS DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE UN ACUERDO SUSCRITO EN TÉRMINOS DE DICHO NUMERAL, SIN QUE DEBA SEGUIRSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN REFERIDO EN EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (OFICIO 351-A-DGPA-E-1-a-263 DEL DIRECTOR DE ENLACE Y ADMINISTRACIÓN DE PARTICIPACIONES Y CONVENIOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 115/2013. MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ. 9 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ EL DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de diciembre de dos mil trece, Francisco Arango Graña, síndico único del Municipio de Tuxpan, Veracruz, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:
1) Autoridades demandadas:
a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
b. Tesorería de la Federación.
2) Actos cuya invalidez se demanda:
a. La actual e inminente orden de descuento de participaciones federales, que puede realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, derivada del oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263, de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, signado por el director de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Dirección General Adjunta de Participaciones Federales y Dirección de Enlaces y Administración de Participaciones y Convenios (sic), y dirigido a la titular de la Tesorería de la Federación, mediante el cual se ordena, de manera infundada y sin derecho alguno, realizar el descuento de participaciones federales a varias entidades, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a quien se le exige el adeudo de $2'452,325.92 (dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 92/100 M.N.).
b. Los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, que puedan derivarse de dicha orden.
SEGUNDO.-Antecedentes. En lo que interesa, el Municipio actor señaló los siguientes:
El treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Municipio de Tuxpan firmaron un convenio con la finalidad de que se prestaran los servicios de seguridad social a los trabajadores del Municipio. En la cláusula decimocuarta del mismo se señala que en el caso de que el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, no cubra directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas correspondientes, el Gobierno del Estado de Veracruz, como obligado solidario, acepta realizar dicho pago con cargo a las participaciones federales que le correspondan. Asimismo, la parte actora aceptó que se realicen los descuentos a las participaciones federales que le corresponden por dichas omisiones.
Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha fincado diversos créditos al Municipio por supuestos incumplimientos a las obligaciones de seguridad social, sin que éstos tengan los fundamentos y la motivación suficiente, por lo que fueron impugnados en las vías administrativas y judiciales procedentes.
La actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social, al girar oficio para retener participaciones federales por el monto de $2'452,325.92 (dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 92/100 M.N.) es a todas luces ilegal, ya que a la fecha únicamente ha quedado firme un crédito fiscal por el importe de $36'662,978.90 (treinta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 90/100 M.N.). El oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263 no tiene sustento alguno, en virtud de que existen diversos créditos combatidos mediante juicios contenciosos administrativos, que siguen en trámite y se encuentran todos radicados en la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en Xalapa, Veracruz.
En el mismo sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social revocó el procedimiento administrativo de ejecución por dichos créditos, haciendo imposible la ejecución de los mismos, dada su naturaleza de crédito fiscal.
Ante la probable situación de que existan juicios desfavorables a los intereses del Municipio y a pesar de estar legalmente revocado el procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales, se tiene el temor fundado de que exista orden de retención de participaciones federales por parte del director general Adjunto de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la Dirección General de Participaciones y Aportaciones Federales de la Dirección de Enlace y Administración de Participaciones y Aportaciones Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la orden del titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a supuestos adeudos del Municipio de Tuxpan por concepto de cuotas obrero patronales al instituto.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. El promovente estima que la orden para el efecto de retener las participaciones federales del Municipio de Tuxpan vulnera su libre administración hacendaria, ya que se omitieron los requisitos previos y no se siguieron los procedimientos legales necesarios para la afectación de las participaciones federales.
Esto es así, pues de la cláusula decimoquinta del convenio de regularización de la afiliación de los trabajadores del Ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Veracruz, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede retener y enterar al instituto, en vía de compensación, las participaciones correspondientes al Ayuntamiento, o en su caso al Gobierno del Estado, ello debe apegarse a la legislación aplicable, a saber, de conformidad con los artículos 24 del Código Fiscal de la Federación, 233 y 287 de la Ley del Seguro Social y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Ahora bien, el artículo 24 del Código Fiscal de la Federación señala la posibilidad de que los adeudos entre entidades sean compensados; los artículos 233 y 287 de la Ley del Seguro Social prevén que los adeudos de cuotas obrero patronales y/o capitales constitutivos se carguen a las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio con apego a las disposiciones legales aplicables y que tendrán naturaleza de crédito fiscal; mientras que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prevé el procedimiento y los requisitos a seguir para la afectación de participaciones al Municipio.
Conforme al referido precepto los Municipios pueden afectar sus participaciones cumpliendo las siguientes condiciones: a) que cuente con la autorización previa de la Legislatura Local; b) que las obligaciones sean inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios; c) que se cuente con la garantía solidaria del Estado; d) que se tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos; y, e) que se publique periódicamente la información de los registros de las deudas del Municipio.
Adicionalmente, conforme al reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, las afectaciones a las participaciones de un Estado o Municipio deben cumplir los siguientes requisitos: a) que sean obligaciones directas o contingentes, contraídas en apego a las leyes aplicables; b) que se indique qué tipo de obligación es la contraída; c) que haya sido aprobada previamente por la Legislatura la facultad de contraer y registrar obligaciones; d) que se acredite la publicación, local o nacional, de la información fiscal y financiera del solicitante; e) que se agregue en el registro mencionado un ejemplar original del instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; y, f) que se agregue copia certificada de que la obligación se encuentra inscrita en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado.
Así, la parte actora considera que la autoridad demandada no acató el convenio celebrado entre el Municipio de Tuxpan y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no se observaron los lineamientos dispuestos por la Ley de Coordinación Fiscal y por el reglamento del artículo 9o. de dicho ordenamiento.
Por otro lado, si bien en el convenio mencionado se aceptó que se realice el cobro vía compensación de las obligaciones de seguridad social de las participaciones federales, ello no excluye que la afectación de dichas participaciones deba hacerse con apego a las disposiciones aplicables y, en tal sentido, previo a la solicitud de pago de los adeudos y a la afectación de las participaciones federales, la autoridad debió seguir el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos fiscales, previsto en el Código Fiscal de la Federación, en razón de que en el convenio aludido se señala como fundamento el artículo 287 de la Ley del Seguro Social, donde se indica que los adeudos de las obligaciones de seguridad social tendrán la naturaleza de créditos fiscales y, por tanto, el procedimiento para su cobro debe ser el que determinen las leyes fiscales.
Asimismo, considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revisó la existencia de los créditos fiscales, el estado procesal en que se encuentran o la firmeza del procedimiento administrativo de ejecución, en aras de requerir el pago de los supuestos incumplimientos de las obligaciones.
CUARTO.-Artículos constitucionales que se aducen violados. Se señala como infringido el artículo 115, fracción IV, inciso b), así como el último párrafo del mismo artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.-Trámite. Por auto de veintitrés de diciembre de dos mil trece, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al segundo periodo del dos mil trece, formó y registró el expediente y ordenó que, una vez iniciado el primer periodo de sesiones del año dos mil catorce, se enviaran los autos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se proveyera lo relativo al turno del asunto.
En el mismo acuerdo, el Ministro integrante de la Comisión de Receso requirió al actor la aclaración de su escrito de demanda, respecto a si las órdenes de descuento que impugna en esta controversia constitucional, se refieren a los mismos créditos fiscales que son materia de la controversia constitucional 108/2013 o de la controversia constitucional 112/2012, esto en razón de que advirtió que los juicios de nulidad que mencionó el Municipio actor son esencialmente los mismos a los que se hace referencia en la controversia constitucional 108/2013, donde se impugna el mismo acto y se hace referencia a los mismos antecedentes sobre los juicios de nulidad y créditos fiscales.
El treinta de diciembre de dos mil trece, el síndico único del Municipio de Tuxpan desahogó la prevención realizada manifestando que los créditos fiscales son distintos a los que dieron lugar a las órdenes de descuento impugnadas en las controversias constitucionales 108/2013 y 112/2012.
En consecuencia, por acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, también integrantes de la Comisión de Receso correspondiente al segundo periodo de dos mil trece, admitieron a trámite la demanda, tuvieron por designados autorizados y señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; consideraron con el carácter de demandado, al Poder Ejecutivo Federal y no así al secretario de Hacienda y Crédito Público y al tesorero de la Federación, al tratarse de órganos subordinados a éste; tuvieron como terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y dieron vista al procurador General de la República.
Por otro lado, solicitaron al Poder Ejecutivo Federal el envío de una copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados y requirieron a las Salas Regionales del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que informaran sobre el estado procesal de los juicios contencioso administrativos indicados en la demanda y remitieran copia certificada de las sentencias que se hubiesen dictado, apercibiéndolos que de no hacerlo se les aplicaría la multa correspondiente.
Por auto de dos de enero de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que el asunto fuera turnado, lo que correspondió, al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea de conformidad con el artículo en el artículo 24 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por conexidad con la controversia constitucional 108/2013.
SEXTO.-Contestación de la autoridad demandada. El seis de febrero de dos mil catorce, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal presentó contestación a la demanda interpuesta por el Municipio de Tuxpan, en la que sostuvo:
1) Que el acto impugnado es inexistente en razón de que el oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263 no ordena la retención de las participaciones del Municipio sino del Gobierno del Estado.
Al respecto, explica que, de conformidad con el régimen de coordinación fiscal, la Federación puede retener participaciones federales a los Estados en dos supuestos: a) porque éstos hayan comprometido las participaciones federales que le corresponden o, b) porque los Municipios hayan comprometido sus participaciones y la Federación las retenga a través del pago único de participaciones que se hace al Estado correspondiente. En este caso, considera que se trata del primer supuesto ya que se retuvieron las participaciones del Estado por su carácter de obligado solidario como lo establece la cláusula decimocuarta del convenio de regularización de la afiliación al Seguro Social de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha realizado acto tendente a retener participaciones del Municipio de Tuxpan.
2) Que el Municipio actor carece de interés legítimo, en virtud de que la orden de retención versa sobre participaciones federales del Estado de Veracruz y no del Municipio de Tuxpan, por lo que estima evidente que dicho acto no afecta en modo alguno el ámbito de atribuciones del promovente.
En este sentido, manifiesta que no se puede determinar la afectación concreta que resiente el actor, aunado a que no aporta argumento o prueba alguna que demuestre en qué forma le causa perjuicio el acto, en los términos exigidos por la jurisprudencia de esta Suprema Corte.
Resalta que en la controversia constitucional 112/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó en el asunto por falta de interés jurídico del actor, al no recaer la compensación en su esquema de actuación y derechos sino en la del Estado de Veracruz.
3) Que no se vulnera la libre administración hacendaria del Municipio actor prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, ya que en materia de compensaciones no resultan aplicables los procedimientos previstos en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y el reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Al respecto, estima necesario hacer una distinción entre las retenciones de participaciones federales a las que se refiere el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las compensaciones de estos recursos conforme al párrafo sexto del mismo precepto.(1)
En términos de lo previsto en el artículo 9o., párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que corresponden a las entidades y Municipios por regla general son inembargables. Únicamente pueden retenerse las participaciones para el pago de las obligaciones contraídas por éstos con la autorización de las Legislaturas Locales, siempre y cuando, se inscriban en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor de la Federación y de las Instituciones de Crédito que operen en el territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.(2)
Por su parte, el sexto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que no serán necesarios los requisitos establecidos en el párrafo primero del mismo precepto, en las compensaciones de participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la ley así lo autorice.
Además, en la regla 2 de las reglas de operación para el proceso de las solicitudes de afectación y compensación de las participaciones federales, se define "afectación" como el descuento que se efectúa con cargo a las participaciones federales, derivado del incumplimiento de pago de la obligación contraída por el deudor e inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios; y a la "compensación" como el descuento que se efectúa con cargo a las participaciones federales como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, así como por incumplimiento de pago de créditos fiscales federales, cuando exista un convenio o acuerdo específico entre las partes interesadas.
Ahora bien, en la cláusula decimocuarta del convenio de regularización se observa que tanto el Ayuntamiento de Tuxpan como el Gobierno del Estado de Veracruz, en su carácter de obligado solidario, aceptaron que las cuotas no cubiertas directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social en los plazos respectivos, serían pagadas con cargo a las participaciones federales correspondientes a la referida entidad federativa. De ello se deduce el acuerdo de voluntades de realizar el pago de las cuotas patronales no cubiertas en los plazos legales con cargo a sus participaciones federales.
Por otra parte, en cuanto a la forma o vía conforme a la cual esas participaciones federales serían descontadas, en la cláusula decimoquinta del citado convenio, se pactó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendría y enteraría al Instituto Mexicano del Seguro Social el monto de participaciones federales para cubrir el importe de los créditos fiscales, mediante compensación conforme a los artículos 24 del Código Fiscal de la Federación, 233 y 287 de la Ley del Seguro Social y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
Es por tal circunstancia, que no se omitieron los procedimientos legales existentes para la afectación de las participaciones federales, pues la afectación vía compensación no debe sujetarse a los requisitos de las retenciones de participaciones federales contenidos en el artículo 9o., párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo, no existe transgresión a la libre administración de la hacienda municipal de la parte actora, toda vez que la afectación de participaciones federales vía compensación se realizó al Gobierno del Estado de Veracruz, y no al Municipio de Tuxpan.
4) La retención de participaciones por concepto de compensación no violenta el procedimiento administrativo de ejecución para los créditos fiscales en detrimento del Municipio actor.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la encargada de realizar el procedimiento al que alude la actora, sino que es la encargada de afectar las participaciones federales de un Municipio o entidad federativa cuando así lo solicite el Instituto Mexicano del Seguro Social por obligaciones que contraigan con la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.
Cabe resaltar que, en el presente asunto, se impugna la orden de descuento de participaciones federales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por ser éste el ordenamiento legal que regula las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas y a los Municipios. Sin embargo, esta regulación no se extiende a la reglamentación de los créditos fiscales que determina y ejecuta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de órgano fiscal autónomo, los cuales se encuentran regulados en la Ley del Seguro Social y en el Código Fiscal de la Federación, y los cuales pueden ser impugnados por las vías administrativas correspondientes y no así en la presente controversia constitucional, por tratarse de una cuestión de mera legalidad que no trasciende en una invasión de esferas competenciales.
Por todas las consideraciones vertidas, resulta infundado el concepto de invalidez planteado.
SÉPTIMO.-Manifestaciones de los terceros interesados.
1) El Instituto Mexicano del Seguro Social formuló las siguientes manifestaciones:
Se actualiza la causa de sobreseimiento consistente en la falta de interés legítimo del Municipio actor, en virtud de que el acto controvertido no implica una afectación a su esfera de derechos.
Del contenido del oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263 combatido se advierte la falta de interés legítimo del actor, dado que la retención de participaciones que ordena no recae en su esfera de derechos, sino absolutamente en la del Gobierno del Estado de Veracruz, por ser obligado solidario, de conformidad con la cláusula decimocuarta del convenio de regularización de la afiliación al seguro social de los trabajadores, al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz. En todo caso, el perjuicio que pudiera resentir, derivaría del descuento de las participaciones federales que en su momento pudiera realizar el Gobierno de Veracruz al Municipio de Tuxpan.
Al respecto, considera que sirven de apoyo las jurisprudencias «P./J. 83/2001 y P./J. 112/2001», siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE."
También señala que un criterio similar al descrito fue sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 112/2012, donde determinó sobreseer al no existir un principio de afectación.
De igual manera, estima que se actualiza la causa de sobreseimiento consistente en la inexistencia del acto reclamado, toda vez que el Municipio actor no acredita ni exhibe una resolución emitida por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en la que se ordene la retención de sus participaciones federales, para cubrir el importe de los adeudos que tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, del oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263 sólo se advierte la retención de participaciones al Gobierno del Estado de Veracruz.
En lo que respecta a los conceptos de invalidez, considera que es infundado el argumento del Municipio actor respecto a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revisó la existencia, el estado procesal o la firmeza del procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales que el Instituto Mexicano del Seguro Social intenta cobrar, pues, por un lado, los diversos medios de defensa promovidos por el Municipio actor fueron resueltos con resultados desfavorables para sus intereses y quedaron firmes. Por otro lado, conforme a la cláusula decimosexta del convenio, la afectación de las participaciones federales no requiere del procedimiento administrativo de ejecución, sino que se exhiba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las cédulas de liquidación notificadas y no pagadas.
Por lo que, ante la falta de pago y en cumplimiento de las cláusulas decimocuarta y decimoquinta del convenio, el titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social sometió a consideración del jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la solicitud de retención de las participaciones federales del Estado de Veracruz por $2'648,179.31 (dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y nueve pesos 31/100 M.N.). Con motivo de lo anterior, el director de enlace y administración de Convenios de la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263, solicitó a la Tesorería de la Federación el importe de $2'452,325.92 (dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos veinticinco pesos 92/100 M.N.) por concepto de cuotas obrero patronales que adeuda al Instituto Mexicano de Seguro Social. En consecuencia, el veintinueve de noviembre de dos mil trece, la Tesorería de la Federación efectuó transferencia electrónica al Instituto Mexicano del Seguro Social por dicha cantidad.
2) Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz expuso las siguientes manifestaciones:
De las cláusulas decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y vigésima del Convenio de Regularización de la Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz, se desprende esencialmente lo siguiente: a) las cuotas que resulten a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social se pagarán por mes vencido en el lugar que designe dicho instituto y comunique por escrito, mismas que serán cubiertas por el Ayuntamiento con las primas de financiamiento establecidas en la ley; b) el Gobierno Federal contribuirá conforme le corresponda de acuerdo a la ley; c) si el Ayuntamiento no cubre las cuotas, el Gobierno del Estado, como obligado solidario, acepta realizar el pago con cargo a sus participaciones federales, aceptando el Ayuntamiento a su vez el descuento de sus participaciones el monto cubierto a su nombre; d) la secretaría acepta retener y enterar al Instituto, en vía de compensación, sin necesidad de mayor trámite que la exhibición del instituto de la copia de la liquidación notificada y no pagada a la secretaría; y, e) las partes aceptan que toda controversia generada con motivo de la interpretación y aplicación del convenio se resolverá de común acuerdo.
Del oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263 se observa la omisión de las formalidades pactadas en el convenio, ya que no menciona que se haya hecho la exhibición de la liquidación notificada y no pagada, tampoco se aprecia la fase de conciliación o común acuerdo a la que las partes se sometieron para la interpretación y aplicación del convenio.
Asimismo, la autoridad oficiante se excede en sus facultades al no observar los procedimientos necesarios para el cobro vía compensación, establecidos en las Reglas de Operación para el Proceso de Solicitudes de Afectación y Compensación de Participaciones Federales.
La segunda de las Reglas de Operación para el Proceso de Solicitudes de Afectación y Compensación de Participaciones Federales, en su fracción III, indica que "compensación" es el descuento que se efectúa con cargo a las participaciones federales como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, así como incumplimiento de pago de créditos fiscales federales, cuando exista un convenio o acuerdo específico entre las partes interesadas o cuando la Ley de Coordinación Fiscal así lo autorice.
Asimismo, la sexta de las reglas aludidas, señala el procedimiento que deberán observar las solicitudes derivadas de la aplicación de procedimientos de compensación. De esta manera, en su fracción II, se establece que se destine copia a la entidad federativa de la notificación al deudor de los montos de los créditos pendientes de pago; en la fracción IV, se señala que una vez notificado el acuerdo deberá transcurrir un mes; en la fracción VII, se menciona que deberán adjuntarse los documentos que acrediten el requerimiento de pago del deudor y de la firmeza de los mismos.
OCTAVO.-Audiencia. Agotado el trámite respectivo, se celebró la audiencia y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.-Avocamiento. Previo dictamen, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta se avocará al conocimiento del asunto, y devolver los autos a la ponencia, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el punto segundo, fracción I, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre un Municipio y la Federación en la que se impugnan actos y por no requerirse la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Nación.
SEGUNDO.-Certeza de los actos. En la demanda se señalaron como impugnados los siguientes actos:
1) La actual e inminente orden de descuento de participaciones federales, que puede realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Tesorería de la Federación, derivada del oficio 351-A-DGPA-E-1-a-263, de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, signado por el director de la Unidad de Coordinación con Entidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26629-465f1e4b/i-controversia-constitucional-un-municipio-cuenta-con-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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