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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CONURBADOS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIR LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVOS A PROYECTOS QUE AFECTEN ALGUNA DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DE AQUÉLLOS, EN TANTO SE ENCUENTRAN JURÍDICAMENTE OBLIGADOS A COORDINARSE. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. ANTE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO POR ESTA ÚLTIMA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. LA OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN A COSTA DEL PROMOVENTE DE LA OBRA O ACTIVIDAD DE UN EXTRACTO DEL PROYECTO RESPECTIVO EN UN PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUE SE TRATE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE IMPOSIBILITA LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2010. · Registro digital (IUS): 23454
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Pág. 669.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2010. MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de noviembre de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito recibido el siete de diciembre de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Enrique López de León quien se ostentó como representante legal del Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:

1. Autoridades demandadas:

a) La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

b) La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

c) El Municipio de Jalacingo, Veracruz de Ignacio de la Llave.

d) El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e) La Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2.Actos cuya invalidez se demanda:

a) La omisión absoluta consistente en la falta de cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, particularmente de su artículo 28, fracción I, en relación directa con el artículo 25 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, y la correlativa Ley Estatal de Protección Ambiental en su artículo 2, fracción V, así como la omisión de los principios rectores de dicha normatividad y la de notificar o emplazar al Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, a cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización de cualquier proyecto de construcción de micro hidroeléctricas de sus diferentes obras y/o actividades que involucre el proyecto, así como las de deforestación de vegetación forestal en el Municipio de Jalacingo, concretamente el Río Chivo y Río Jalacingo que es donde nace la cuenca hidrológica del Río Bobos, y que sea autorizada por las autoridades señaladas como demandadas, porque debe estimarse que son omisiones de tracto sucesivo no sólo para el Municipio de Tlapacoyan, sino para todos los que viven al margen de la cuenca hidrológica, ya que producen daños a la salud pública ocasionados por problemas de falta de abasto de agua y que pueden originar impactos ambientales significativos, y causan o pueden causar desequilibrios ecológicos, que rebasan los límites y condiciones establecidas en la ley y se vulnera la esfera de atribuciones de los Municipios al desconocer las prerrogativas que les otorga el artículo 115 de la Constitución General, en particular, de los síndicos respectivos de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre vigente en el Estado de Veracruz.

b) La omisión de publicar un extracto del proyecto de la obra o actividad en un diario o en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa y de justificarse en el expediente relativo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que se presentó la manifestación de impacto ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para que con ello los promoventes dieran cumplimiento a lo que como interesados estimaban necesario opinar y promover dentro del expediente administrativo, tal como lo establece el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental en su artículo 40.

c) La omisión y falta de cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, al ser una cuenca hidrológica la que resulta afectada, pues es de interés público su protección para los Municipios que están establecidos en su margen en mérito de lo establecido en el artículo 10, fracción I, de la Ley de Aguas del Estado que establece que es de interés público la prestación del suministro de agua, que en este caso otorga el Municipio a la población de Tlapacoyan mediante concesión; de igual forma, lo establecido en el artículo 7 bis, fracción I, que declara de interés público la cuenca y sus acuíferos.

d) La omisión de cumplir la Constitución General de la República en su artículo 115, al considerar como autoridad intermedia a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al Gobierno del Estado de Veracruz, a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, así como al Municipio de Jalacingo, que perjudican a los demás Ayuntamientos con las obras a realizar en el Río Jalacingo y Chivo, que río abajo conforman la cuenca del Río Bobos, en una flagrante violación a los principios de uso de utilidad pública.

e) La omisión de respetar el ordenamiento legal de la cuenca del Río Bobos, debidamente publicado en la Gaceta del Estado de Veracruz de fecha tres de junio de dos mil cuatro, que contiene el Programa de Ordenamiento Regional que Regula y Reglamenta el Desarrollo de la Región denominada Cuenca Río Bobos, así como el Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de los Ríos Bobos y Solteros, publicada en fecha doce de marzo de dos mil ocho, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz y sus correspondientes criterios ecológicos, en franca contravención de lo establecido en el artículo 15, fracciones I y IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

f) La omisión de considerar que cualquier obra o proyecto de deforestación o construcción a realizar en el Río Jalacingo y Río Chivo afectan geográficamente la cuenca hidrológica a la que dan origen, por la desecación que originarían con el supuesto gasto ecológico de diez por ciento que dejarían sobre el cauce de los ríos mencionados, producida por la derivación de las aguas de los ríos mediante un túnel. Dicho espacio geográfico que no tendrá agua por quedar entubada, originará afectaciones incuantificables en especies de peces y fauna que viven en dichos ríos o de ellos y flora propia, ocasionando un desequilibrio ecológico, de acuerdo con el proyecto que explicaron representantes de las empresas "Proyecto PH1, S.R.L. de C.V." y de la empresa "Proyecto PH3, S.R.L. de C.V."

SEGUNDO. Antecedentes. En el capítulo respectivo de su demanda, el Municipio actor señala, en síntesis, los siguientes:

1. La resolución de autorización o autorizaciones de construcción de micro hidroeléctricas que se reclaman son violatorias de la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 16 constitucional, ya que no cumplen con los requisitos para considerarse válidas y legales.

Dichas resoluciones no constan por escrito ni son del conocimiento del actor, y suponiendo sin conceder que existieran, son violatorias de las garantías de seguridad jurídica y omisas legislativamente, ya que es inconstitucional que si los efectos de una obra van más allá de los límites de su ubicación, por ser un río que da origen a una cuenca hidrológica, no se deba notificar a los usuarios que se encuentren río abajo. De igual forma, cualquier acto administrativo en dicho sentido, carece de fundamentación y motivación por lo que no reúne los requisitos para que válidamente sea eficaz.

Se tiene conocimiento de las autorizaciones de instalar micro hidroeléctricas, en virtud de que ciertas personas, ostentándose como empleados de las empresas que promueven dichos proyectos, buscaron a los integrantes del Ayuntamiento, manifestado que ya tenían autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. El acto reclamado es violatorio del artículo 16 constitucional, pues se emitió contraviniendo el mandato de fundamentación y motivación, así como las disposiciones legales aplicables, ya que se emitió una autorización sin previamente notificar al Municipio actor ni a los órganos del gobierno estatal la resolución por escrito, fundada y motivada.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió los que enseguida se sintetizan:

1. Las omisiones reclamadas son violatorias de los artículos 4o. y 115 constitucionales, pues se omitió notificar al Municipio actor y a todos los que viven a márgenes de la cuenca del Río Bobos, que es continuidad de los Ríos Chivo y Jalacingo, del procedimiento administrativo para obtener resolución sobre las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción de micro hidroeléctricas.

2. Al otorgar una autorización en tales circunstancias, la autoridad administrativa pasa por alto la legalidad de sus actos constituyéndose en una autoridad intermedia prohibida por la ley.

3. La solicitud en cuestión debió ser admitida como una solicitud en modalidad de impacto regional de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y no en modalidad particular como han manifestado los supuestos representantes de las empresas constructoras, lo que debió conocerse con un emplazamiento en forma al Municipio actor.

4. Se omitió observar el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

CUARTO. Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 4o., párrafo cuarto, 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil diez, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 89/2010 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.(1)

En proveído de catorce de diciembre de dos mil diez, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, teniendo como demandados al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a quienes emplazó al juicio, sin reconocer tal carácter al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al director general de Impacto y Riesgo Ambiental de dicha secretaría, ni a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en virtud de que son autoridades subordinadas de los Poderes Ejecutivos Federal y Local, respectivamente.(2)

Tampoco se le reconoció el carácter de demandado al Municipio de Jalacingo, pues en términos del artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia constitucional no es procedente respecto de conflictos entre Municipios del mismo Estado, por lo que se tuvo al citado Municipio con el carácter de tercero interesado, al igual que a los diversos Municipios de Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael y Nautla, todos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a quienes se ordenó emplazar.

De igual manera se ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el escrito respectivo, sustancialmente señaló:

1. Que se niega el único hecho contenido en el capítulo de antecedentes de la demanda, pues por cuanto hace al Poder Ejecutivo Local, en ningún momento ha emitido resoluciones ni autorizaciones para la construcción de micro hidroeléctricas en el Río Jalacingo, máxime que la materia de energía eléctrica así como la de aguas nacionales son competencia federal, de conformidad con los artículos 27, quinto y sexto párrafos y 73, fracciones X y XVII, de la Constitución General.

Asimismo, la protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico es una materia concurrente, de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución General, y en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la autoridad estatal sólo está facultada para emitir opiniones, y en su caso, dictámenes de impacto ambiental, lo que de ninguna manera constituyen los permisos o autorizaciones que refiere el Municipio actor.

2. En relación con la omisión de notificar a los Ayuntamientos usuarios de la aguas en donde se pretenden establecer las micro hidroeléctricas, se precisa que al Poder Ejecutivo Local sólo le corresponde emitir opiniones de carácter técnico en relación al posible impacto ambiental que podría representar una obra como la referida.

3. La autoridad que ha considerado autorizar la construcción de las micro hidroeléctricas no requiere la opinión previa de otros Municipios, aun cuando el cauce del río atraviese su territorio, pues de existir impacto al ambiente, el que lo resentiría es el Municipio en el que se instalen las micro hidroeléctricas, por lo que se estima que no existe afectación al principio de legalidad, a las garantías de audiencia y de fundamentación y motivación, máxime si respecto de dicho Municipio la autoridad federal correspondiente publicó las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos en cuestión, mediante las cuales se pone a disposición del público la documentación inherente a ellos, a fin de que cualquier persona pudiera solicitar una consulta pública, lo que no hizo valer el actor.

4. Los actos impugnados cumplen con el principio de legalidad, en su aspecto de fundamentación y motivación, ya que por lo que se refiere a la autoridad federal, se ajustaron a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; y, por lo que se refiere al Poder Ejecutivo Local, la entonces Coordinación de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente emitió diversas opiniones que le fueron solicitadas por la dependencia federal, cuyos argumentos se encuentran sustentados en la Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental y en el Decreto del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que Regula y Reglamenta el Desarrollo de la Región Denominada "Cuenca del Río Bobos".

5. Respecto del concepto de invalidez consistente en que la omisión de notificar el procedimiento administrativo para obtener resolución sobre las manifestaciones de impacto ambiental para la construcción de micro hidroeléctricas vulnera el principio de legalidad, al considerar que tales actos le atribuyen a la autoridad el carácter de intermedia, se considera que es infundado, ya que ni el Poder Ejecutivo Federal ni el Poder Ejecutivo Local se han constituido en autoridades intermedias, pues no se ha producido ninguno de los supuestos en que puede darse dicha figura, además de que dichas autoridades han actuado atendiendo tanto al marco constitucional como al legal, de acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas.

6. En relación con el argumento consistente en que la solicitud formulada por las empresas relacionadas con las micro hidroeléctricas debió haberse admitido como una solicitud de impacto regional de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y no en modalidad particular, se señala que no le asiste la razón al Municipio actor, pues dicho precepto se refiere a la facultad que tiene la Federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que las entidades federativas con la participación, en su caso, de los Municipios, asuman las facultades que ahí se expresan, pero tal facultad de ninguna manera refiere lo que el Municipio actor plantea respecto a la admisión y trámite de la solicitud en cuestión.

Además, las solicitudes de manifestación de impacto ambiental que refiere la actora fueron publicadas en la separata número DGIRA/030/09 de la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de conformidad con los artículos 34, fracción I, de la ley general aludida y 37 de su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, lo que además de dar a conocer la solicitud públicamente, hace posible que cualquier ciudadano pueda solicitar a la referida dependencia federal poner a disposición del público en la entidad federativa que corresponda la manifestación de impacto ambiental, o para que cualquier persona de la comunidad de que se trate pueda solicitar que se lleve a cabo una consulta pública respecto de proyectos sometidos a su consideración, supuesto que en el caso que nos ocupa, aconteció, pero de manera extemporánea.

7. Atendiendo a la distribución de competencias establecida en el artículo 4 de la ley general referida, el Ejecutivo Local emitió el Decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que Regula y Reglamenta el Desarrollo de la Región Denominada Cuenca del Río Bobos, cuyo objeto es alentar un desarrollo congruente con sus políticas ambientales que permita la permanencia de sus recursos naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites que provoque deterioro y pueda conducir a la destrucción de la zona. Asimismo, se expidió el Programa de Ordenamiento Ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, Veracruz.

8. De conformidad con las facultades que le competen al Estado de Veracruz en función de la concurrencia establecida en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución General, la entonces Coordinación General de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente estatal, en atención a las peticiones que le formuló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y con el objeto de poder emitir las resoluciones respecto de las solicitudes de manifestación de impacto ambiental formuladas por las empresas Proyecto H1, S. de R.L. de C.V. y Proyecto H3, S. de R.L. de C.V, emitió sus opiniones contenidas en los oficios número CGMA/SRNySA/OE/404/2009 y CGMA/SRNySA/OE/454/2009, mismas que de ninguna manera constituyen permisos ni autorizaciones de construcción, como tampoco lo son los dictámenes de factibilidad ambiental contenidos en los oficios CGMA/SRNySA/OE/034/2010 y CGMA/SRNySA/OE/286/2010, relativos a los proyectos "Mini Central Hidroeléctrica Ocampo" y el hidrológico denominado "Ocampo-Cuetzalin", emitidos por el coordinador general del Medio Ambiente, en los que puso especial énfasis en que, por tratarse de proyectos de generación hidroeléctrica, era necesaria su evaluación en materia de impacto ambiental a nivel federal.

SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, manifestó lo siguiente:

Respecto de las causas de improcedencia y sobreseimiento:

1. El Municipio actor carece de interés legítimo, pues no se actualiza un principio de afectación en agravio de su esfera competencial.

2. Debe sobreseerse el presente juicio, de conformidad con los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor, previamente a la interposición de la demanda, debió agotar los medios legales de defensa previstos por la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para combatir los actos administrativos que impugna, por lo que al no cumplir con dicho principio de definitividad y no existiendo una violación directa al artículo 16 constitucional, la controversia constitucional resulta improcedente.

3. El Municipio actor no acredita que las autorizaciones que combate violen su esfera de competencia, sino que sólo hace valer cuestiones que no quedan comprendidas en dicha esfera, pues ni con la emisión de las autorizaciones de impacto ambiental, las resoluciones, dictámenes y título de concesión, ni mediante las leyes generales y federales que regulan la materia, se le asigna un derecho como el que aduce en el sentido de que se le notifiquen personalmente los actos en cuestión, por lo que se concluye que los únicos actos existentes y atribuibles a las dependencias del Ejecutivo Federal bajo ninguna circunstancia inciden ni afectan derecho alguno del Municipio actor.

4. Al ser competencia federal la administración y custodia de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes ningún derecho le asiste al Municipio actor para controvertir las autorizaciones emitidas para la realización de los proyectos de mini centrales hidroeléctricas, pues los actos que impugna no lesionan las concesiones otorgadas a su favor. Además, la existencia de las obras hidroeléctricas reclamadas no le causan ningún perjuicio porque las mismas se traducen en la utilización de las aguas nacionales para la generación de energía eléctrica sin un uso consuntivo, es decir, que las aguas utilizadas para tales obras no disminuyen o se afectan en su calidad y cantidad con el proceso, por lo que la presunta afectación a la que alude el Municipio actor no resulta cierta, y no lo acredita en forma alguna.

5. Es improcedente la controversia constitucional, ya que el acto que se impugna fue consentido tácitamente por la actora y, por ende, es extemporánea su demanda. Lo anterior, debido a que existiendo un procedimiento en materia de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente mediante el cual se da oportunidad a los interesados para manifestarse en relación con el proyecto sujeto a evaluación e incluso para que sea abierto a consulta pública dentro de los plazos establecidos, el Municipio de Tlapacoyan no compareció en ningún momento a solicitar la apertura del procedimiento de consulta pública, situación que corrobora el consentimiento tácito de los procesos evaluatorios.

6. Es improcedente el presente juicio en contra de las omisiones que se reclaman, ya que estas son inexistentes. Contrario a lo señalado por el Municipio, la autoridad federal puso a disposición del público en general la documentación relacionada con los proyectos evaluados; valoró todos los ordenamientos aplicables al caso -incluyendo la Ley de Aguas Nacionales- para emitir las autorizaciones; emitió los actos impugnados con base en las facultades que le otorgan la Constitución General de la República, las leyes federales y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y se ajustó al "Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que Regula y Reglamenta el Desarrollo de la Región denominada Cuenca del Río Bobos" y al "Programa de Ordenamiento Ecológico Cuencas de los Ríos Bobos y Solteros, Veracruz".

Respecto de las razones y fundamentos que sustentan la validez de los actos existentes:

1. De los artículos 27 y 73, fracción XVII, de la Constitución General de la República se desprende que el Ejecutivo Federal puede otorgar concesiones de acuerdo con las reglas y condiciones establecidas por las leyes correspondientes sobre las aguas nacionales, dentro de las que se encuentran aquellas correspondientes a los ríos y sus afluentes directos o indirectos, así como sus cauces, lechos o riveras y corrientes interiores en la extensión que fije la ley; y, que corresponde al Congreso de la Unión expedir leyes sobre el uso, aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y en materia de protección al medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, facultad de la que deriva la expedición de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Ley de Aguas Nacionales se desprende que la autoridad en dicha materia se ejerce por conducto del Ejecutivo Federal, por lo que exclusivamente a este le corresponde autorizar la explotación de las aguas nacionales, así como su uso o aprovechamiento a los particulares mediante concesiones.

Por su parte, respecto de la materia del equilibrio ecológico y protección al ambiente, de los artículos 27, párrafos primero y tercero, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución General, deriva la facultad en ejercicio de la cual el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que en varios de sus preceptos establece la competencia del Ejecutivo Federal para llevar a cabo los procesos de evaluación ambiental de las obras y actividades que en la propia ley se definen, entre otras, las correspondientes a la industria eléctrica.

2. De las constancias que obran en los expedientes abiertos con motivo de las solicitudes de impacto ambiental respecto de los proyectos en cuestión, se advierte que se siguieron todas las formalidades que al respecto exige la ley general de la materia, destacando que de la misma no se deriva señalamiento alguno que obligue a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo una notificación del proyecto en cuestión, tal como lo estima el Municipio actor, además de que este nunca acudió a solicitar la consulta pública en términos de lo señalado por la ley, respecto del procedimiento de evaluación de los proyectos.

Adicionalmente, debe destacarse que las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes a los proyectos en cuestión fueron debidamente publicadas en la Gaceta Ecológica, poniendo a disposición del público en general la documentación relacionada con los mismos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, y 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 21 y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, pese a lo cual, el Municipio actor en ningún momento procedió a solicitar la consulta pública o manifestar lo que estimara conveniente en los tiempos y formas establecidos por la ley, resultando infundados los argumentos hechos valer por el mismo en el sentido de que se ha omitido la notificación de los proyectos en cuestión.

3. Respecto de la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones controvertidas, alegadas como consecuencia de la conducta omisiva, se indica que los oficios S.G.P.A./DGIRA.DG.1838.10 y S.G.P.A./DGIRA.DG.1900.10, ambos de veinticinco de marzo de dos mil diez, emitidos por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en los que se emite la autorización condicionada respecto de los proyectos cuestionados) fueron emitidos con fundamento en el artículo 27, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de que de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se desprende que la Federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta, por conducto del director general de Impacto y Riesgo Ambiental, tiene la facultad de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental que sean presentadas por los sectores público, social y privado, cuando lleven a cabo obras y actividades en zonas de jurisdicción federal.

Además, en el capítulo de considerandos, la autoridad realiza la evaluación del proyecto tomando en consideración todas las leyes aplicables, así como las opiniones de las unidades administrativas consultadas, la descripción del sistema ambiental, y el señalamiento de la problemática detectada en el área de influencia del proyecto, así como la identificación y la evaluación de los impactos ambientales.

Con lo anterior, queda evidenciado que la autoridad competente estableció las circunstancias especiales, razones particulares y las causas inmediatas que se tomaron en consideración para su emisión, además de que se citaron con precisión las disposiciones legales aplicables al caso concreto y se determinó con claridad la adecuación entre dichos motivos y las normas en que se apoyó la resolución, con lo cual se demuestra la debida fundamentación y motivación de los actos impugnados y lo infundado de los argumentos del Municipio actor.

4. Son infundados los argumentos señalados por el Municipio actor consistentes en que al ser concesionario de aguas nacionales, con la instalación de las mini centrales se verán afectados sus derechos, ya que el Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua está facultado para administrar las aguas nacionales y sus bienes inherentes.

Así, de los diversos medios de prueba ofrecidos (los títulos de concesión; los dictámenes emitidos por el Organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua mediante los cuales se dictaminó procedente la solicitud para los proyectos de mini centrales hidroeléctricas PH1 y PH3 para la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales del Río Jalacingo, construcción de obras necesarias y concesión de zona federal; los oficios por los cuales el mismo organismo resolvió la autorización de nueva concesión para aprovechamiento de aguas nacionales y el permiso de obras a las empresas Proyecto H1, S. de R.L. de C.V. y Proyecto H3, S. de R.L. de C.V.; y, el Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas superficiales en diversas cuencas hidrológicas, incluyendo la del Río Nautla), se desprende la inexistencia de la supuesta afectación al Municipio actor.

5. Las únicas autorizaciones otorgadas por parte de las dependencias del Ejecutivo Federal no generan limitaciones a los volúmenes de agua a que tiene derecho el Municipio actor como usuario de la parte baja de la cuenca ni genera daños ambientales por el desarrollo de los proyectos, ya que se trata de obras cuyo objeto es generar energía eléctrica tomando como punto base para su desarrollo la energía del agua durante su corriente.

Como puede observarse en las resoluciones emitidas por el Organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua y en las autorizaciones de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23454-0f0ebaf0/controversia-constitucional-los-municipios-conurbados-cuentan-con-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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