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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. UN MUNICIPIO CUENTA CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR UN OFICIO EN EL QUE SE COMUNICA AL GOBIERNO DEL ESTADO RESPECTIVO EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS, MEDIANTE CONVENIO, CON PARTICIPACIONES FEDERALES (OFICIO 310703679200/O.C./1597/2013 DEL DELEGADO REGIONAL DE VERACRUZ NORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL). II. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA COMPENSACIÓN DE ADEUDOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL RESULTA APLICABLE SI UN AYUNTAMIENTO NO CUBRE DIRECTAMENTE LAS CUOTAS DERIVADAS DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS MEDIANTE UN ACUERDO SUSCRITO EN TÉRMINOS DE DICHO NUMERAL, SIN QUE DEBA SEGUIRSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN REFERIDO EN EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (OFICIO 310703679200/O.C./1597/2013 DEL DELEGADO REGIONAL DE VERACRUZ NORTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2013. · Registro digital (IUS): 26628
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-09-02
Promovente: MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 562.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2013. MUNICIPIO DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ. 9 DE MARZO DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de marzo de dos mil dieciséis.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el doce de noviembre de dos mil trece, Francisco Arango Graña, síndico único del Municipio de Tuxpan, Veracruz, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en contra de las autoridades y actos que a continuación se indican:

1) Autoridades demandadas:

a. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b. Tesorería de la Federación.

2) Actos cuya invalidez se demanda:

a. La actual e inminente orden que puede emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección de Enlace y Administración de Participaciones y Convenios, por vía de la Dirección General de Participaciones y Aportaciones Federales, materializado por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y signado por su director general adjunto (sic), que de manera infundada y sin derecho alguno, solicite se cubra el importe de supuestos adeudos del Municipio de Tuxpan con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

b. Los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos, que puedan derivarse de dicha orden.

SEGUNDO.-Antecedentes. En la demanda se narran, en síntesis, los siguientes:

El treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Municipio de Tuxpan, firmaron un convenio con la finalidad de que se prestaran los servicios de seguridad social a los trabajadores del Municipio. En la cláusula decimocuarta, se señala que en el caso de que el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, no cubra directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas correspondientes, el Gobierno del Estado de Veracruz, como obligado solidario, acepta realizar dicho pago con cargo a las participaciones federales que le correspondan; mientras que el Municipio acepta que se realicen los descuentos a las participaciones federales que le corresponden por dichas omisiones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social ha fincado diversos créditos al Municipio por supuestos incumplimientos a las obligaciones de seguridad social, sin que éstos tengan los fundamentos y la motivación suficiente, por lo que fueron impugnados en las vías administrativas y judiciales procedentes.

Derivado de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social revocó el procedimiento administrativo de ejecución por dichos créditos, haciendo imposible la ejecución de los mismos, dada su naturaleza de crédito fiscal.

Ante la probable situación de que existan juicios desfavorables a los intereses del Municipio y a pesar de estar legalmente revocado el procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales, se tiene el temor fundado de que exista orden de retención de participaciones federales por parte del director general adjunto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Dirección General de Participaciones y Aportaciones Federales de la Dirección de Enlace y Administración de Participaciones y Aportaciones Federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la orden del titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto a supuestos adeudos del Municipio de Tuxpan, por concepto de cuotas obrero patronales al instituto.

TERCERO.-Conceptos de invalidez. El promovente estima que la orden para el efecto de retener las participaciones federales del Municipio de Tuxpan vulnera su libre administración hacendaria, ya que se omitieron los requisitos previos y no se siguieron los procedimientos legales necesarios para la afectación de las participaciones federales.

Esto es así, pues de la cláusula decimoquinta del Convenio de Regularización de la Afiliación de los Trabajadores del Ayuntamiento de Tuxpan con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que, si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede retener y enterar al instituto, en vía de compensación, las participaciones correspondientes al Ayuntamiento o, en su caso, al Gobierno del Estado, ello debe apegarse a la legislación aplicable, a saber, de conformidad con los artículos 24 del Código Fiscal de la Federación, 233 y 287 de la Ley del Seguro Social y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Ahora bien, el artículo 24 del Código Fiscal de la Federación señala la posibilidad de que los adeudos entre entidades sean compensados; los artículos 233 y 287 de la Ley del Seguro Social prevén que los adeudos de cuotas obrero patronales y/o capitales constitutivos se carguen a las participaciones federales a que tiene derecho el Municipio con apego a las disposiciones legales aplicables, y que tendrán naturaleza de crédito fiscal; mientras que el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal prevé el procedimiento y los requisitos a seguir para la afectación de participaciones al Municipio.

Conforme al referido precepto, los Municipios pueden afectar sus participaciones cumpliendo las siguientes condiciones: a) que se cuente con la autorización previa de la Legislatura Local; b) que las obligaciones sean inscritas en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios; c) que se cuente con la garantía solidaria del Estado; d) que se tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos; y, e) que se publique periódicamente la información de los registros de las deudas del Municipio.

Adicionalmente, conforme al Reglamento del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, las afectaciones a las participaciones de un Estado o Municipio deben cumplir los siguientes requisitos: a) que sean obligaciones directas o contingentes, contraídas en apego a las leyes aplicables; b) que se indique qué tipo de obligación es la contraída; c) que haya sido aprobada previamente por la Legislatura la facultad de contraer y registrar obligaciones; d) que se acredite la publicación, local o nacional, de la información fiscal y financiera del solicitante; e) que se agregue en el registro mencionado un ejemplar original del instrumento jurídico en el que conste la obligación directa o contingente; y, f) que se agregue copia certificada de que la obligación se encuentra inscrita en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

Así, la parte actora considera que la autoridad demandada no acató el convenio celebrado entre el Municipio de Tuxpan y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que no se observaron los lineamientos dispuestos por la Ley de Coordinación Fiscal y por el reglamento del artículo 9o. de dicho ordenamiento.

Por otro lado, si bien en el convenio mencionado se aceptó que se realice el cobro vía compensación de las obligaciones de seguridad social de las participaciones federales, ello no excluye que la afectación de dichas participaciones deba hacerse con apego a las disposiciones aplicables y, en tal sentido, previo a la solicitud de pago de los adeudos y a la afectación de las participaciones federales, la autoridad debió seguir el Procedimiento Administrativo de Ejecución para el cobro de los créditos fiscales, previsto en el Código Fiscal de la Federación, en razón de que en el convenio aludido se señala como fundamento el artículo 287 de la Ley del Seguro Social, donde se indica que los adeudos de las obligaciones de seguridad social tendrán la naturaleza de créditos fiscales y, por tanto, el procedimiento para su cobro debe ser el que determinen las leyes fiscales.

Asimismo, considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no revisó la existencia de los créditos fiscales, el estado procesal en que se encuentran o la firmeza del procedimiento administrativo de ejecución, en aras de requerir el pago de los supuestos incumplimientos de las obligaciones.

CUARTO.-Artículos constitucionales que se aducen violados. Se señala como infringido el artículo 115, fracción IV, inciso b), así como el último párrafo del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.-Trámite. Por auto de doce de noviembre de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente y ordenó que el asunto se turnara conforme a la certificación respectiva, correspondiendo el turno al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En auto de catorce de noviembre de dos mil trece, el Ministro instructor advirtió que el Municipio actor ha interpuesto diversas controversias constitucionales relacionadas con adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social: la controversia 112/2012, que está pendiente de resolución, y la controversia 105/2013, que fue desechada. Asimismo, apreció que en el escrito de demanda, el promovente precisó que los créditos fiscales a que se refiere la orden de retención han sido impugnados por las vías administrativas y judiciales correspondientes, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social inició el procedimiento administrativo de ejecución por dichos créditos, pero fue revocado administrativamente por el propio instituto. En razón de lo anterior, el Ministro instructor previno al promovente para el efecto de que aclarara lo siguiente: a) cuáles son los medios de impugnación que se promovieron contra los créditos fiscales a que se refiere la orden de retención y cuál es el sentido de las resoluciones emitidas, acompañando, en su caso, la documentación correspondiente; y, b) cuáles son esos créditos fiscales y si quedaron firmes en virtud de los referidos medios de impugnación. Por otra parte, solicitó al promovente la exhibición de una copia del Convenio de Regularización de la Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz.

El veintiséis de noviembre de dos mil trece, el síndico único del Municipio de Tuxpan, presentó oficio donde señaló que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, se notificó al Municipio el oficio 310703679200/O.C./1597/2013, de siete de noviembre de dos mil trece, mediante el cual, el delegado regional de Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, da a conocer al secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado que el instituto procedería a cobrar el adeudo de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.), mediante la retención de las participaciones federales que recibe el Municipio, aclarando que dicha situación aún no acontecía.

Por otra parte, manifestó que continúan en litigio cobros dentro del periodo anual de dos mil tres a dos mil doce, salvo los comprendidos dentro del periodo del primero de octubre de dos mil tres al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, mediante juicios contenciosos administrativos radicados en la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en Xalapa, Veracruz, que corresponden a un total de $36'662,978.30 (treinta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 30/100 M.N.). Asimismo, el promovente exhibió copia del convenio solicitado.

En consecuencia, en auto de dos de diciembre de dos mil trece, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal -no así al secretario de Hacienda y Crédito Público ni al tesorero de la Federación, al tratarse de órganos subordinados a éste-; llamó como terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, y dio vista al procurador general de la República.

Por otro lado, solicitó al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que enviara copia certificada de los actos impugnados, y requirió a las Salas Regionales del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que informaran sobre el estado procesal de los juicios contencioso administrativos indicados en la aclaración de demanda y remitieran copia certificada de las sentencias que se hubiesen dictado, apercibiéndolas que de no hacerlo se les aplicaría la multa correspondiente.

SEXTO.-Contestación de la autoridad demandada. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal presentó contestación a la demanda promovida por el Municipio de Tuxpan, en la que señaló:

1) Que es inexistente el acto impugnado, pues el actor pretende que se declare la invalidez de una inminente orden que pudiera emitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para retenerle sus participaciones federales, que tanto de la demanda como del desahogo de la prevención, se advierte que aún no existe. Dicha secretaría no ha recibido solicitud alguna por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para retener las participaciones del actor o del Gobierno de Veracruz, como obligado solidario.

Ante tales hechos, estima que se impugna un acto hipotético, no real, en consecuencia, no susceptible de estudio en una controversia constitucional. Al respecto, considera aplicables las jurisprudencias siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SI LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES COMBATIDAS PRETENDEN ACREDITARSE CON ACTOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS."

Por otro lado, advierte que la actora impugna "... todos los efectos directos e indirectos, mediatos e inmediatos que puedan derivarse de una eventual orden de retención de participaciones federales para pago de adeudo ...", por lo que coloca a la autoridad demandada en estado de indefensión, al no poder desvirtuar ni combatir actos genéricos o imprecisos e imposibilita que la Suprema Corte esté en posibilidades de pronunciarse sobre su constitucionalidad. Así lo ha sostenido la Suprema Corte en el criterio jurisprudencial: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."

Además, la actora se encontraba obligada a probar la existencia del acto, de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que, al no hacerlo, se concluye que el acto no existe.

Por último, el nueve de diciembre de dos mil trece, el Municipio actor tuvo conocimiento que se retendrían las participaciones del Gobierno de Veracruz, al notificársele el oficio 31039200/1598/2013, por lo que en caso de que la secretaría emita dicha orden, no sería en contra del Municipio, lo cual evidencia la inexistencia de acto alguno en su contra.

2) El actor carece de interés legítimo, pues no resiente una afectación en sus atribuciones, ni un principio de afectación en su esfera competencial.

En el caso, si bien no existe el acto impugnado, lo cierto es que de materializarse alguna retención de las participaciones, ésta afectaría al Gobierno de Veracruz, y no al actor. Esto en razón de que mediante el oficio 31039200/1598/2013, de siete de noviembre de dos mil trece, la Delegación Regional Veracruz Norte, solicitó a la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, que interviniera ante la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que solicitara la retención de participaciones federales del Estado de Veracruz, por la cantidad de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.), en virtud de los adeudos del Municipio de Tuxpan con el instituto. Así, el Municipio tuvo conocimiento de que no serían retenidas sus participaciones federales desde el nueve de diciembre de dos mil trece en que fue notificado de dicho oficio.

Lo anterior tiene sustento en la controversia constitucional 112/2012, donde el Municipio de Tuxpan impugnó una supuesta retención de sus participaciones federales y la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió sobreseer. De acuerdo con dicho criterio, el Municipio resentiría la afectación en el momento en que el Estado de Veracruz, le descuente el monto cubierto a su nombre y no con el aviso de retenciones al Gobierno de Veracruz.

3) En cuanto al fondo, el accionante parte de una premisa falsa, pues: i) la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no pretende retener las participaciones al Municipio de Tuxpan; ii) la retención se haría al Gobierno de Veracruz; iii) la actora pretende reconocer en su demanda y aclaración la suerte principal de un crédito fiscal firme por un total de $36'662,978.90 (treinta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 90/100 M.N.), sin tomar en cuenta las actualizaciones y recargos generados hasta el diecisiete de noviembre de dos mil trece. Además, no tiene sustento alguno el argumento de que los adeudos se están combatiendo mediante juicios contenciosos administrativos, pues se trata de créditos fiscales distintos.

4) No se vulnera la libre administración hacendaria del Municipio, contenida en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, ya que en materia de compensaciones, no resultan aplicables los procedimientos previstos en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y su reglamento.

Al respecto, estima necesario hacer una distinción entre las retenciones de participaciones federales a las que se refiere el primer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, y las compensaciones de estos recursos, conforme al párrafo sexto del mismo precepto.(1)

En términos de lo previsto por el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales que corresponden a las entidades y Municipios, únicamente se pueden retener para el pago de obligaciones contraídas por las referidas entidades y Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en el territorio nacional.

Por su parte, el sexto párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal establece que no serán necesarios los requisitos establecidos en el párrafo primero del mismo precepto en las compensaciones de participaciones federales e incentivos de las entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la ley así lo autorice.

Además, en la regla 2 de las Reglas de Operación para el Proceso de las Solicitudes de Afectación y Compensación de las Participaciones Federales, se define "afectación", como el descuento que se efectúa con cargo a las participaciones federales, derivado del incumplimiento de pago de la obligación contraída por el deudor e inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios; y a la "compensación", como el descuento que se efectúa con cargo a las participaciones federales como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones, así como por incumplimiento de pago de créditos fiscales federales, cuando exista un convenio o acuerdo específico entre las partes interesadas.

Ahora bien, en la cláusula decimocuarta del convenio de regularización se observa que tanto el Ayuntamiento de Tuxpan como el Gobierno del Estado de Veracruz, en su carácter de obligado solidario, aceptaron que las cuotas no cubiertas directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social en los plazos respectivos, serían pagadas con cargo a las participaciones federales correspondientes a la referida entidad federativa. De ello se deduce el acuerdo de voluntades de realizar el pago de las cuotas patronales no cubiertas en los plazos legales con cargo a sus participaciones federales.

Por otra parte, en cuanto a la forma o vía conforme a la cual, esas participaciones federales serían descontadas, en la cláusula decimoquinta del citado convenio se pactó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendría y enteraría al Instituto Mexicano del Seguro Social el monto de participaciones federales para cubrir el importe de los créditos fiscales mediante compensación, conforme a los artículos 24 del Código Fiscal de la Federación, 233 y 287 de la Ley del Seguro Social y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

Es por tal circunstancia que no se omitieron los procedimientos legales existentes para la afectación de las participaciones federales, pues la afectación vía compensación, no debe sujetarse a los requisitos de las retenciones de participaciones federales contenidos en el artículo 9o., párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, el oficio 31039200/1598/2013, emitido por el delegado regional de Veracruz Norte, no transgrede la libre administración de la hacienda municipal de la parte actora, toda vez que la afectación de participaciones federales vía compensación, se realizó al Gobierno del Estado de Veracruz y no al Municipio de Tuxpan.

5) La retención de participaciones por concepto de compensación no violenta el procedimiento administrativo de ejecución para los créditos fiscales en detrimento del Municipio actor.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la encargada de realizar el procedimiento al que alude la actora, sino que es la encargada de afectar las participaciones federales de un Municipio o entidad federativa cuando así lo solicite el Instituto Mexicano del Seguro Social por obligaciones que contraigan con la Federación, en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal.

Cabe resaltar que, en el presente asunto, se impugna la orden de descuento de participaciones federales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, por ser éste el ordenamiento legal que regula las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas y a los Municipios. Sin embargo, esta regulación no se extiende a la reglamentación de los créditos fiscales que determina y ejecuta el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su calidad de órgano fiscal autónomo, los cuales se encuentran regulados en la Ley del Seguro Social y en el Código Fiscal de la Federación, y los cuales pueden ser impugnados por las vías administrativas correspondientes, y no así, en la presente controversia constitucional, por tratarse de una cuestión de mera legalidad que no trasciende en una invasión de esferas competenciales.

Por otro lado, es incorrecto que el procedimiento administrativo de ejecución de los créditos fiscales haya sido revocado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que ello no guarda relación alguna con la pretendida retención de participaciones al Gobierno de Veracruz por la cantidad de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.), al derivar éstas de distintos créditos fiscales ajenos a la materia de la litis. El Municipio actor sólo hace referencia a distintos juicios para crear confusión.

SÉPTIMO.-Manifestaciones de los terceros interesados.

1) El Instituto Mexicano del Seguro Social formuló las siguientes manifestaciones:

El Municipio carece de interés legítimo, en virtud de que el acto controvertido no implica una afectación a su esfera de derechos, lo cual se advierte en el oficio 310703679200/O.C./1598/2013, de siete de noviembre de dos mil trece, suscrito por la Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde solicita a la Unidad de Fiscalización y Cobranza del propio organismo su intervención ante la Unidad de Coordinación Hacendaria con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que solicite la retención de participaciones del Gobierno de Veracruz, dado que la retención de participaciones que ordena, no recae en su esfera de derechos, sino, absolutamente, en la del Estado de Veracruz, por ser obligado solidario, de conformidad con la cláusula decimocuarta del Convenio de Regularización de la Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz. En todo caso, el perjuicio que pudiera resentir, derivaría del descuento de las participaciones federales que en su momento pudiera realizar el Gobierno de Veracruz al Municipio.

Al respecto, señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo un criterio similar, al resolver la controversia constitucional 112/2012, donde determinó sobreseer, al no existir un principio de afectación.

De igual manera, estima que se actualiza la causa de sobreseimiento, consistente en la inexistencia del acto reclamado, toda vez que el Municipio actor no acredita ni exhibe una resolución emitida por parte del Gobierno del Estado de Veracruz en la que se ordene la retención de sus participaciones federales, para cubrir el importe de los adeudos que tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En lo que respecta a los conceptos de invalidez, el Instituto Mexicano del Seguro Social considera señalar que, contrariamente a lo aducido por el Municipio actor, los créditos fiscales no han sido revocados por el propio instituto, sino que se sobreseyeron los recursos de revocación interpuestos por el Municipio para que las partes se atuvieran al juicio fiscal promovido, toda vez que el Municipio impugnó las cédulas de liquidación y multas a través del juicio fiscal 232/12-13-01-1, radicado en la Primera Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se encontraba sub júdice al momento de la interposición de los recursos de revocación. El juicio se resolvió en el sentido de reconocer la validez de las resoluciones impugnadas.

También resulta infundado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no haya seguido el procedimiento legal para afectar sus participaciones, ya que, conforme a la cláusula decimosexta del convenio, su afectación no requiere del procedimiento administrativo de ejecución, sino sólo que se exhiba a dicha secretaría la cédula de liquidación notificada y no pagada, por lo que, ante la falta de pago y en cumplimiento de las cláusulas decimotercera, decimocuarta y decimosexta del convenio, el siete de noviembre de dos mil trece, el delegado regional de Veracruz emitió el oficio 310703679200/O.C./1597/2013, mediante el que informa a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz los adeudos del Municipio de Tuxpan derivados del incumplimiento en el pago de las aportaciones de seguridad social y que ascienden a la cantidad de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.).

Con motivo de lo anterior, al no haberse revocado la cédula de liquidación donde se determinan los créditos fiscales, debe reconocerse la validez del oficio controvertido.

De igual modo, es infundado el argumento del Municipio actor relativo a que a la fecha sólo ha quedado firme un crédito fiscal por el importe de $36'662,978.90 (treinta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 90/100 M.N.), y no por el monto de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.) que se pretenden retener, pues lo cierto es que el monto principal de los créditos del periodo comprendido entre el primero de octubre de dos mil tres y el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco es de $36'662,978.90 (treinta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 90/100 M.N.) y su actualización al diecisiete de noviembre de dos mil trece, y con recargos es el monto de $86'917,989.01 (ochenta y seis millones novecientos diecisiete mil novecientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N.).

Por cuanto hace a la afirmación de que existen diversos créditos que se han combatido mediante juicios contenciosos administrativos, se señala que el Municipio actor intenta confundir, toda vez que los créditos por los que solicitó la suspensión son distintos a los que se pretenden cobrar por el instituto. Los primeros corresponden a periodos de los años dos mil once, dos mil doce y dos mil trece, y dos de los periodos dos mil cinco y dos mil seis; y los últimos corresponden a periodos del dos mil cuatro y dos mil cinco.

En este sentido, desvirtuados los argumentos del actor, lo procedente es reconocer la validez del oficio 310703679200/O.C./1597/2013, de siete de noviembre de dos mil trece.

2) Por su parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz expuso las siguientes manifestaciones:

De las cláusulas decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y vigésima del Convenio de Regularización de la Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Veracruz, se desprende, esencialmente, lo siguiente: a) las cuotas que resulten a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social se pagarán por mes vencido en el lugar que designe dicho instituto y comunique por escrito, mismas que serán cubiertas por el Ayuntamiento con las primas de financiamiento establecidas en la ley; b) el Gobierno Federal contribuirá conforme le corresponda de acuerdo a la ley; c) si el Ayuntamiento no cubre las cuotas, el Gobierno del Estado, como obligado solidario, acepta realizar el pago con cargo a sus participaciones fed

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26628-b6a8e3c0/i-controversia-constitucional-un-municipio-cuenta-con-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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