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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INEXISTENCIA DEL ACTO POR TRATARSE DE UNO POSTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL AL NO HABER PARTICIPADO EN LOS ACTOS CONTROVERTIDOS (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ). IV. PARTICIPACIONES FEDERALES. LA RETENCIÓN DE LAS DESTINADAS AL MUNICIPIO ACTOR POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL ES VÁLIDA PARA COMPENSAR EL PAGO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DE LAS CUOTAS QUE AQUÉL SE COMPROMETIÓ A PAGAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL MEDIANTE EL CONVENIO RESPECTIVO (DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 260/2017. · Registro digital (IUS): 28707
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-07
Promovente: MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo IV, Pág. 3175.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 260/2017. MUNICIPIO DE NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, ESTADO DE VERACRUZ. 22 DE MARZO 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eusebio Ruiz Ruiz, en su carácter de síndico del Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (por conducto de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y la Tesorería de la Federación) y del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación), solicitando la invalidez de lo siguiente:

"Se demanda la invalidez de la omisión, por parte de las entidades demandadas, de transferir efectivamente, de forma completa, las participaciones federales a que tiene derecho mi representado, en términos de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales aplicables, específicamente, de participaciones federales, el monto de $2'172,715.83 (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos quince pesos 83/100 M.N.), del total de $6'602,186.51 (seis millones seiscientos dos mil ciento ochenta y seis pesos 51/100 M.N.), por agosto de 2017, cantidad que ya fue retenida el 7 de septiembre de 2017.

"La retención de participaciones federales de septiembre de 2017 (pagaderos el 6 de octubre de 2017) y hasta diciembre de 2018, dado que descontarán las entidades demandadas mensualmente la cantidad de $2'200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.); de lo cual nos enteramos mediante el oficio número SSE/1827/2017, de 21 de agosto de 2017, suscrito por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, entregado el 4 de septiembre de 2017.

"A esta cantidad, se demanda, también, el pago de intereses por mora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal."

SEGUNDO.—En lo que interesa, los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. Conforme al oficio SSE/1919/2017, de seis de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, se retuvieron $2'172,715.83 (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos quince pesos 83/100 M.N.), bajo el rubro "Convenio SHCP-ISSSTE", de los $6'602,186.51 (seis millones seiscientos dos mil ciento ochenta y seis pesos 51/100 M.N.) que le correspondían, por concepto de participaciones federales de agosto de dos mil diecisiete.

2. Mediante oficio SSE/1827/2017, de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el referido subsecretario informó la retención de $2'172,715.83 (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos quince pesos 83/100 M.N.) de las participaciones federales que corresponden al Municipio en septiembre de dicho año y que, en los meses subsecuentes, hasta diciembre de dos mil dieciocho, se descontarían mensualmente $2'200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) bajo el rubro: "Convenio SHCP-IMSS-ISSSTE."

En relación con ello, el Municipio actor manifestó que no existe obligación, crédito firme o adeudo alguno con dichas entidades públicas.

TERCERO.—En su único concepto de invalidez, argumentó, en síntesis, lo siguiente:

1. El actuar de las demandadas viola el marco jurídico federal y estatal, al omitir transferir, efectivamente, los recursos que le corresponden por concepto de participaciones federales, sin existir obligación, crédito fiscal o adeudo alguno con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

2. Resultan ilegales las retenciones, pues dejan al Municipio en un estado de insolvencia e indefensión, reduciendo injustificadamente sus ingresos e imposibilitándolo para cumplir con los servicios públicos que tiene encomendados, así como para hacer frente a sus obligaciones.

CUARTO.—Los preceptos constitucionales que el actor considera violados son los artículos 1o., 14, 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional, a la que correspondió el número 260/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Eduardo Medina Mora I.

Mediante proveído de veintiséis de septiembre siguiente, el Ministro Alberto Pérez Dayán, en suplencia del Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivos Federal y del Estado de Veracruz (no así a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Finanzas y Planeación Estatal, por tratarse de órganos internos o subordinados a aquéllos) a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y dio vista a la Procuraduría General de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—El Poder Ejecutivo Federal, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:

a) Causa de improcedencia

Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, por inexistencia del acto impugnado, dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió al Gobierno del Estado de Veracruz los recursos correspondientes, por concepto de participaciones federales de agosto y septiembre de dos mil diecisiete, conforme al artículo 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior se corrobora con las cuentas por liquidar certificadas obtenidas del Sistema de Administración Financiera Federal, de las que se advierte que, en agosto y septiembre de dos mil diecisiete, se transfirieron los recursos referidos.

Además, conforme a las constancias de compensación de participaciones, en dichos meses, no se advierte que se hayan descontado recursos por participaciones federales al Estado de Veracruz, con motivo de adeudos del Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Aunado a que, en agosto y septiembre de dos mil diecisiete, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tampoco solicitó a la Tesorería de la Federación realizar compensación alguna en razón de adeudos del Municipio actor.

b) Refutación del concepto de invalidez

El Ejecutivo Federal no vulnera los principios de legalidad y autonomía hacendaria municipal, toda vez que entregó de manera íntegra las participaciones federales correspondientes al Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, sin retención o compensación alguna en los meses de agosto y septiembre de dos mil diecisiete, por concepto de adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

SÉPTIMO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, al contestar la demanda, manifestó lo siguiente:

a) Causa de improcedencia

Se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, ambos de la ley reglamentaria de la materia, dado que la demanda de controversia constitucional se presentó fuera del plazo previsto.

Esto, pues, no obstante que el Municipio actor pretende justificar la oportunidad de su acción, aduciendo supuestas omisiones de pago, lo cierto es que impugna actos positivos consistentes en las compensaciones, disminuciones o descuentos efectuados por el Gobierno del Estado de Veracruz a sus participaciones federales.

Y dichas compensaciones, disminuciones o descuentos tienen su origen en el Convenio de Regularización de Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, en el que se pactó que, en caso de que el Ayuntamiento no cubra directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas correspondientes en los plazos legales, el Gobierno del Estado acepta realizar el pago con cargo a sus participaciones federales y, a su vez, el Ayuntamiento acepta que el monto en cuestión se descuente de los recursos que le corresponden por dicho concepto.

Así también, los actos impugnados obedecen a las solicitudes formuladas por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Tesorería de la Federación en dos mil trece, consistentes en que, de las participaciones federales del Estado de Veracruz, realizara el pago de las cuotas obrero patronales y accesorios adeudadas por parte del Municipio al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sucede que las compensaciones que debía repetir el Gobierno del Estado contra las participaciones federales del Municipio se encontraban interrumpidas, en virtud de la suspensión concedida en el juicio de amparo indirecto 1148/2016 del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido por el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.

Pero, en lo que interesa, el actor debió tener conocimiento de las retenciones referidas desde dos mil trece o, en su defecto, a través de los informes justificados rendidos en dicho juicio (notificados el ocho de diciembre de dos mil dieciséis).

En ese sentido, en tanto impugna actos positivos consistentes en las compensaciones, disminuciones o descuentos efectuados por el Gobierno del Estado de Veracruz a sus participaciones federales de agosto y septiembre de dos mil diecisiete; toda vez que tuvo conocimiento de aquéllos en dos mil trece o, al menos, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis; en su opinión, la presentación de la demanda resulta extemporánea.

b) Refutación del concepto de invalidez

Las compensaciones que se realizaron a las participaciones federales que corresponden al Municipio actor son válidas, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, el Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de dicha entidad y el Convenio de Regularización de Afiliación al Seguro Social de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.

En efecto, de las disposiciones legales y convenio referidos, se advierte que: a) son procedentes las compensaciones entre las participaciones federales de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista un acuerdo entre las partes interesadas; b) las participaciones federales serán cubiertas a los Municipios sin condicionamiento alguno, salvo que se otorguen en garantía de pago de obligaciones contraídas por los Municipios a favor de, entre otros, el Estado; y, c) El Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río pactó que, en caso de que no cubriera directamente al Instituto las cuotas correspondientes en los plazos legales, el Gobierno del Estado realizaría el pago con cargo a sus participaciones federales y, a su vez, el Ayuntamiento acepta que el monto en cuestión se descontara de los recursos que le corresponden por dicho concepto.

Así, toda vez que, de las participaciones federales del Estado de Veracruz, se realizó el pago del adeudo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por concepto de cuotas obrero patronales y accesorios del Municipio actor, en términos del convenio referido, las compensaciones se encuentran autorizadas por ley y por acuerdo, sin que se configure ninguna violación a la libre administración hacendaria.

OCTAVO.—La Procuraduría General de la República no emitió opinión en el presente asunto.

NOVENO.—Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO.—En atención al dictamen formulado por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente medio de control constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, incisos b) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal; 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 37, párrafo primero, del Reglamento Interior de este Alto Tribunal y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, toda vez que se trata de una controversia constitucional suscitada entre el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y los Poderes Ejecutivos Federal y del Estado de Veracruz, sobre la constitucionalidad de diversos actos, sin cuestionar una norma de carácter general.

SEGUNDO.—Previamente a analizar los aspectos procesales de oportunidad y legitimación, conviene fijar con precisión los actos objeto de la controversia, de conformidad con el artículo 41, fracción I,(1) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la tesis P./J. 98/2009, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

En primer lugar, de manera destacada, el Municipio actor refiere impugnar la omisión, por parte de los Poderes Ejecutivos Federal y Local, de transferirle, de forma íntegra, las participaciones federales que le correspondían en agosto de dos mil diecisiete; en segundo lugar, controvierte la orden de retenciones que se efectuarían de septiembre de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho; en ambos supuestos, con el pago de los intereses generados por su entrega extemporánea.

En este orden de ideas, debe precisar que, no obstante que el primer acto se plantea con una naturaleza omisiva, de la lectura integral de la demanda se advierte que el actor, a la fecha de presentación de la demanda, tenía conocimiento del oficio SSE/1919/2017,(3) de seis de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, de manera expresa, indicó el concepto y la cantidad que le fue deducida de las participaciones federales que le correspondían en agosto de dicho año.

También, conviene tener presente que, con el oficio SSE/1827/2017,(4) de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, la referida dependencia estatal, indicó al actor que "le serán retenidos el próximo mes de septiembre del año en curso $2'172,715.83 (sic) y $2'200,000.00 pesos mensualmente de octubre de 2017 a diciembre de 2018 de sus Participaciones Federales".

Asimismo, debe decirse que a la fecha de la presentación de la demanda, la deducción aplicada en septiembre de dicho año no se había realizado, por lo que, al tratarse de un acto posterior al ejercicio de la acción constitucional, es inconcuso que la sentencia que se dicte no puede ocuparse de ella, salvo que, una vez realizada, se hubiera ampliado la demanda; lo que, en el presente caso, no aconteció.

En consecuencia, se tienen como actos impugnados:

1. La deducción de $2'172,715.83 (dos millones ciento setenta y dos mil setecientos quince pesos 83/100 M.N.) aplicada en agosto de dos mil diecisiete a las participaciones del Municipio actor, hecha de su conocimiento mediante oficio SSE/1919/2017.

2. La orden de deducción de $2'200,000.00 (dos millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de tales recursos de septiembre de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SSE/1827/2017.

En ambos casos, con el pago de los intereses generados por su entrega extemporánea.

TERCERO.—A continuación, procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

En el caso, como se precisó, el Municipio actor impugna la deducción aplicada en agosto de dos mil diecisiete y la orden de deducción de septiembre de dicho año a diciembre de dos mil dieciocho, por lo que debe aplicarse el plazo previsto en el artículo 21, fracción I,(5) de la ley reglamentaria de la materia, esto es, de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

Así, en su escrito de demanda, el Municipio actor refiere haber tenido conocimiento de la deducción aplicada en agosto de dos mil diecisiete, el siete de septiembre de dicho año (lo que coincide con la fecha de entrega prevista en el calendario de entrega de participaciones federales a los Municipios del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad federativa el siete de marzo de dicho año);(6) en consecuencia, el plazo para su impugnación transcurrió del viernes ocho de septiembre al martes treinta y uno de octubre del referido año.

Por su parte, por lo que hace a la orden la orden de deducción de septiembre de dos mil diecisiete a diciembre de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento con motivo del oficio SSE/1827/2017,(7) notificado el cinco de septiembre de dicho año (como hizo constar Octaviano Villalobos Ambrosio, quien lo tuvo por recibido); en ese sentido, el plazo para controvertirla transcurrió del miércoles seis de septiembre al viernes veintisiete de octubre de dicho año.

Lo anterior, descontando de ambos plazos los días nueve, diez, catorce a diecisiete, diecinueve a veinticuatro y treinta de septiembre, así como uno, siete, ocho, doce a quince, veintiuno y veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil diecisiete, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, incisos a), b), i), j), m) y n), del Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia y de descanso para su personal, así como las determinaciones tomadas por el Tribunal Pleno en sus sesiones privadas de ocho de mayo, catorce de agosto, diecinueve y veintiuno de septiembre de dicho año.

Luego, si la demanda se presentó el lunes dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, según el sello estampado por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal (foja nueve vuelta del expediente principal), entonces, debe considerarse que, respecto a las aludidas retenciones, fue promovida oportunamente.

Por lo anterior, resulta infundada la causal de improcedencia que invoca el Poder Ejecutivo Local, consistente en que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia.

En efecto, dicha autoridad refiere que las deducciones controvertidas tienen su origen, por un lado, en el Convenio de Regularización de Afiliación al Seguro Social suscrito por el Municipio actor el treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho y, por otro, en los oficios 351-A-DGPA-E-1-a-174, de veintidós de julio de dos mil trece; 351-A-DGPA-E-1-a-206, de veintiuno de agosto de dos mil trece; y 351-A-DGPA-E-1-a-316, de veinte de diciembre de dos mil trece, mediante los cuales el director general adjunto de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Tesorería de la Federación que, de las participaciones federales correspondientes al Estado de Veracruz, se pagara al Instituto Mexicano del Seguro Social los adeudos que, por concepto de cuotas obrero patronales y accesorios, debía el citado Municipio; por ello, el Poder Ejecutivo Local estima que, en dicho año (dos mil trece), el Municipio debió tener conocimiento de los actos impugnados.

De no ser así, señala que el Municipio actor promovió juicio de amparo indirecto en contra del oficio SSE/1371/2016, de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz le descontó, de las participaciones federales de agosto de dos mil dieciséis, la cantidad de $1'979,167.00 (un millón novecientos setenta y nueve mil ciento sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).

De dicho medio de control constitucional correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, radicándolo con el número 1148/2016, en el cual, mediante proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, se concedió la medida cautelar solicitada para el efecto de que las autoridades responsables no retuvieran las participaciones federales.

Seguidos los trámites de ley, el treinta de junio de dos mil diecisiete se sobreseyó en el juicio y, en proveído de nueve de agosto siguiente, se declaró que la resolución había causado ejecutoria.

Así, en la lógica de la demandada estatal, durante la tramitación del juicio de amparo, específicamente, con la notificación practicada al entonces Municipio quejoso de los informes justificados rendidos por el secretario, el subsecretario de Egresos y el tesorero, todos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, debió tener conocimiento de los actos ahora impugnados, en los cuales se hizo referencia al adeudo suscitado en dos mil trece.

Es decir, en opinión del Gobierno del Estado, el Municipio actor era sabedor de las deducciones aquí controvertidas desde el dos mil trece o, en su defecto, el ocho de diciembre de dos mil dieciséis, en que se le notificaron los informes justificados rendidos en el juicio de amparo indirecto 1148/2016.

No se comparte tal opinión, porque, si bien es cierto que, el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz acompañó copia certificada de las constancias que acreditan su dicho, también lo es que las documentales son referentes a la retención efectuada en agosto de dos mil dieciséis, con motivo del oficio 351-A-DGPA-414, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, como veremos más adelante, las deducciones aquí controvertidas, según su contestación de demanda, tuvieron origen en los diversos oficios 351-A-DGPA-E-1-a-174, 351-A-DGPA-E-1-a-206 y 351-A-DGPA-E-1-a-316; por lo que se trata de adeudos que, aunque puedan tener como base el mismo Convenio de Regularización de Afiliaciones al Seguro Social, son distintos en su origen, de ahí que no puede tomarse como fechas de conocimiento las pretendidas por el Ejecutivo Local.

CUARTO.—A continuación, se estudiará la legitimación de quien promueve la controversia constitucional.

Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, ambos de la ley reglamentaria de la materia disponen:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

Conforme a tales preceptos, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional en representación del Municipio actor, Eusebio Ruiz Ruiz, ostentándose como síndico y acompañando copia simple de la copia certificada de la constancia de mayoría de síndico único(8) expedida el nueve de julio de dos mil trece, por el Instituto Electoral Veracruzano, en el que consta que fue electo con tal carácter para integrar el Ayuntamiento por el periodo 2014-2017, así como de la relación de ediles(9) publicada en la Gaceta Oficial del Estado el tres de enero de dos mil catorce, tomo CLXXXIX, número extraordinario 006.

Por su parte, el artículo 37, fracción I, de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre, Veracruz, establece:

"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:

"I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigio (sic) en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo."

Conforme a tal precepto, son atribuciones del síndico procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuera parte; por tanto, el promovente se encuentra legitimado para representar al Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río.

Asimismo, el Municipio es uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal para intervenir en una controversia constitucional, por lo que debe concluirse que cuenta con la legitimación necesaria para promoverla.

QUINTO.—Acto seguido se procederá al análisis de la legitimación de las autoridades demandadas, atendiendo a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda, en caso de resultar fundada.

Son autoridades demandadas:

1. El Poder Ejecutivo Federal; y,

2. El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia prevé:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales: ...

"II. Como demandado, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto de la controversia."

1. Misha Leonel Granados Fernández suscribe la contestación de la demanda, en representación del Poder Ejecutivo Federal, ostentándose como consejero jurídico, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento(10) expedido a su favor el nueve de junio de dos mil diecisiete por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, los artículos 11, párrafo tercero, de la ley reglamentaria de la materia y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen:

"Artículo 11. ... El presidente de los Estados Unidos Mexicanos será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente, y considerando para tales efectos las competencias establecidas en la ley. El acreditamiento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan."

"Artículo 43. A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los asuntos siguientes:

"...

"X. Representar al presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas."

De los preceptos transcritos, se desprende que el Ejecutivo Federal será representado en las controversias constitucionales por el consejero jurídico del Gobierno, conforme lo determine el propio presidente; por lo que, al acreditar el cargo con que se ostenta y estar facultado, en términos de las normas que lo rigen, puede comparecer por la referida autoridad demandada.

No obstante lo anterior, es fundada, suplida en su deficiencia, en términos del artículo 40(11) de la ley reglamentaria de la materia, la causa de improcedencia planteada a modo de inexistencia en su contestación de demanda, pero relacionada con el presupuesto procesal en estudio.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28707-e74c1969/i-controversia-constitucional-inexistencia-del-acto-por-tratarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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