Corpus
Modo: Corpus Pro

RENUNCIA, FINIQUITO O CONSTANCIA DE NO ADEUDO. LA OBJECIÓN EN CUANTO A QUE EL ESCRITO QUE LA CONTIENE FUE ALTERADO POR SUPUESTAMENTE PERTENECER LA FIRMA A OTRO DOCUMENTO, NO SE ACREDITA PORQUE LA PRUEBA PERICIAL RELATIVA CONCLUYA QUE AQUÉL FUE RECORTADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 174/2016. · Registro digital (IUS): 26647
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-09-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Pág. 2493.

AMPARO DIRECTO 174/2016. 26 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERARDO TORRES GARCÍA. SECRETARIA: CONSUELO ALEJANDRA MORALES LORENZINI.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación son, por una parte, fundados pero inoperantes, en otra, infundados y, en el resto inoperantes, sin que este tribunal advierta motivo de queja que suplir a favor de la trabajadora, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

Previo a su estudio, es conveniente narrar los antecedentes más importantes que informan el asunto.

Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil once, ********** demandó a ********** de ********** y/o **********, de ********** y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en **********, número **********, colonia ********** de esta ciudad, el pago de indemnización constitucional y otras prestaciones, en virtud del despido injustificado del que se dijo fue objeto el veinte de octubre de dos mil once. (fojas 1 a 5)

Por su parte, las demandadas dieron contestación a la demanda, aduciendo, en lo medular, que la actora no había sido despedida, sino que había renunciado a su puesto de trabajo. (25 a 32)

En audiencia de veinticuatro de abril de dos mil doce, la parte actora desistió de la demanda en contra de **********. (foja 34)

Ante la objeción de la actora, en audiencia de desahogo de pruebas de dos de octubre de dos mil doce, tuvo verificativo la ratificación sobre los mencionados documentos, manifestando lo siguiente:

"Por lo que se pone a la vista al ratificante carta renuncia finiquito y contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 10 de abril de 2009, por lo que al requerirle sobre la autenticidad de contenido y firma al ratificante, manifiesta: ‘No reconozco el contenido para empezar al señor ********** yo no lo conozco, no le he visto y es mentira lo que dice aquí no nos daban tiempo de comer a veces porque había mucho trabajo, dice que yo nunca fui incapacitada me caí me fracturé el cuello estuve incapacitada, también dice que recibí dinero por vacaciones, aguinaldo y renuncia, y no, no recibí nada no renuncié, no reconozco la firma, no es mía, la que está al calce y la de costado sí la reconozco sí es mía la firma porque esta hoja era tamaño oficio, era la última de mi contrato y tenía poquitas letras aquí abajo y un sello, la huella sí la reconozco’, y por lo que hace al contrato individual de trabajo manifiesta: ‘No reconozco el contenido y la firma sí la reconozco y también reconozco la huella.’"

Por otro lado, la actora promovió diversa demanda laboral en la que ejercitó la acción de nulidad del escrito de renuncia, bajo el argumento toral de que el mismo contenía renuncia de derechos. (fojas 163 a 172)

Ante tal situación, se promovió el incidente de acumulación, mismo que fue declarado procedente en interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil trece, por lo que se ordenó la acumulación del juicio ********** al expediente **********. (fojas 277 a 281)

Una vez que las partes ofrecieron las pruebas de su parte, entre ellas, las periciales grafoscópicas y caligráficas, la Junta responsable emitió el laudo de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que absolvió a la demandada del pago de las prestaciones reclamadas en ambos juicios, con base en la renuncia exhibida por la demandada, a la cual otorgó valor probatorio pleno. (fojas 398 a 418)

Ahora, en contra de dichas determinaciones la quejosa aduce que fue indebido que se le otorgara valor probatorio pleno a la renuncia de veinte de octubre de dos mil once, porque al ofrecer la prueba en materia de caligrafía y grafoscopia, solicitó que se determinara, entre otras cuestiones, lo siguiente:

"3. Que diga el perito si la hoja que fue utilizada y llenada cuenta con algún signo de haber sido mutilada, alterada, modificada.

"4. Que diga el perito si la firma que se encuentra en la parte superior derecha y la huella que se encuentra plasmada se encuentra similar a las firmas y huellas que aparecen a fojas 43, 44, 45 y 46 (relativas a las firmas y huellas del contrato de trabajo ofrecido como pruebas de los demandados).

"5. Que diga el perito si el bolígrafo con el cual se encuentra firmada la documental a fojas (sic) 42 es similar al utilizado a fojas 43 a 46.

"6. Que diga el perito si el documento a fojas (sic) 42 se acomodara de su parte inferior al mismo nivel de los documentos de (sic) 43 a 46 coincide la firma plasmada en el mismo con relación a las plasmadas en el documento de la 43 a la 46 (sic).

"7. Que diga el perito si la firma plasmada al margen derecho del documento a fojas (sic) 42 se encuentra plasmada con el mismo color, intensidad, tamaño, con las firmas que obran en los documentos de la 43 a la 46 fojas (sic) del expediente laboral."

Bajo ese orden, refiere que al ser la pericial una prueba colegiada, solicitó a la Junta que el perito de la demandada diera contestación a dichas interrogantes, empero, en acuerdo de dos de abril de dos mil trece, la Junta negó su petición en el sentido de que el dictamen ya se había rendido de acuerdo al interrogatorio exhibido, lo cual resulta ilegal.

Lo anterior es fundado pero inoperante; se explica:

Los artículos 823 y 825 de la Ley Federal del Trabajo, respectivamente, disponen:

"Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes."

"Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes:

"I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el artículo anterior;

"II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendir su dictamen;

"III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II, del artículo que antecede, la Junta señalará nueva fecha, y dictará las medidas necesarias para que comparezca el perito;

"IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen convenientes; y

"V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero."

De lo anterior se evidencia que la prueba pericial en materia de trabajo debe ser colegiada, puesto que se integra, ya sea únicamente por los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, cuando coincidan sus opiniones sobre la cuestión en la que verse o con la del tercero en discordia en caso de existir discrepancia entre aquéllos y que, tratándose de dos probanzas periciales, que versan sobre la misma materia, como es el caso, debe designarse a fin de que contesten los interrogatorios a la luz de los cuales se van a emitir los dictámenes; un perito por la parte actora y otro por la parte demandada, respectivamente pues, de no ser así, no tendría sentido la exigencia que establece el numeral 823 que quedó transcrito, de exhibir el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes, ni se integraría la prueba pericial en forma colegiada.

Ahora, en el caso concreto, es verdad que en la audiencia de dos de octubre de dos mil doce, la parte demandada formuló, entre otros, los cuestionamientos precisados con anterioridad, en tanto que el dictamen de la parte demandada no atendió a los mismos, pues únicamente concluyó:

"Único. Con el estudio realizado y mostrado anteriormente, a la firma dubitable que se encuentran (sic) en el documento base de la acción el cual corresponde a carta renuncia finiquito de fecha 20 de octubre de 2011 a foja 42 de estos autos y cuya firma se encuentra al calce del mismo, cotejada con las firmas indubitables señaladas anteriormente al inicio del presente dictamen; puedo observar características constitutivas y estructurales coincidentes en la firma dubitable con la indubitable, como lo son trazos, rasgos, base de escritura, dimensión, características generales y velocidad; mismos que me permiten concluir que la firma estampada en la carta de renuncia finiquito de veinte de octubre de dos mil once a foja 42, sí corresponde por su ejecución al mismo puño y letras de la C. **********."

Es decir, de la lectura del dictamen pericial rendido por la parte demandada, se advierte que se limitó a analizar la autenticidad de la firma estampada en la carta renuncia finiquito de veinte de octubre de dos mil once, sin atender a ningún otro cuestionamiento.

Sin embargo, lo inoperante del motivo de disenso resulta porque aun cuando fue indebido el proceder de la autoridad responsable al impedirle a la parte actora formular los cuestionamientos que estimara necesarios para dilucidar la autenticidad del documento cuestionado, lo cierto es que a ningún fin práctico conduciría conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el perito respondiera a dichas preguntas, pues prevalece la determinación de los expertos designados por ambas partes, en el sentido de que la firma estampada en la renuncia de veinte de octubre de dos mil once corresponde al puño y letra de la trabajadora.

En efecto, la actora pretende que en cuanto al aludido escrito de renuncia se dilucide lo siguiente:

A) Que el papel que la contiene no fue recortado o mutilado.

B) Que las firmas que se encuentran en la parte superior derecha y la huella, son similares a las contenidas en el contrato individual de trabajo.

C) Que si la firma plasmada al margen derecho se encuentra plasmada con el mismo color, intensidad y tamaño con el contrato individual de trabajo.

D) Si el bolígrafo con el cual se encuentra firmada la renuncia es similar al utilizado en el referido contrato.

De lo anterior se advierte que la actora pretende demeritar el valor de la carta renuncia de veinte de octubre de dos mil once, porque la hoja que la contiene era la última del contrato de trabajo que firmó con la demandada, es decir, que la renuncia fue recortada de un diverso documento tamaño oficio.

Sin embargo, dicha circunstancia no demerita el valor probatorio pleno otorgado a la renuncia de mérito.

En efecto, si se toman por ciertas las inconsistencias de la forma del papel en que fue redactada la renuncia presentada por la patronal con el objeto de acreditar su excepción, ello no es suficiente para justificar que hubo alteración del texto que aparece en el documento y, en consecuencia, para restarle eficacia probatoria.

Ello es así, en tanto que la definición de "alterar", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es la siguiente:

"(Del lat. Alterare, de alter, otro.) tr. Cambiar la esencia o forma de una cosa. U.t.c. prnl. 2. Perturbar, trastornar, inquietar. U.t.c. prnl. 3. Enojar, excitar. U.t.c. prnl. 4. Estropear, dañar, descomponer. U.t.c. prnl."

Conforme a la anterior transcripción, el verbo alterar significa cambiar la esencia o forma de una cosa; luego, el hecho de que en su momento, se hubiera establecido que el papel en el que aparece la renuncia de la actora, se encuentre recortado o que el tamaño del documento no corresponde a uno tamaño oficio, no significa que se hubiera alterado el contenido de lo plasmado en el documento, cuya firma, según ambos peritos fue puesta del puño y letra de la actora, siendo por ende irrelevantes aquellas circunstancias relacionadas con la forma y tamaño del papel, pues el requisito fundamental para manifestar el consentimiento es, precisamente, la firma del actor.

De ahí que no obstante que el perito del demandado no hubiera contestado las interrogantes relacionadas con la forma del papel en el que consta la firma del actor, de cualquier manera de haberlo hecho y de que, incluso, llegara a estimar que sí está mutilado, ello sería insuficiente para restarle validez al documento que contiene su renuncia, al contener la firma de éste.

Similar criterio sostuvo este tribunal en la tesis XVII.1o.C.T.26 L (10a.), consultable en la página 2070, Libro XVIII, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, marzo de 2013, que aplicada en lo conducente, dice:

"RENUNCIA. LA OBJECIÓN EN CUANTO A QUE EL ESCRITO QUE LA CONTIENE FUE ALTERADO POR SUPUESTAMENTE PERTENECER LA FIRMA A OTRO DOCUMENTO, NO SE ACREDITA PORQUE LA PRUEBA PERICIAL RELATIVA CONCLUYA QUE AQUÉL FUE RECORTADO.-De conformidad con el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, si el trabajador exteriorizó su voluntad de renunciar a sus labores y lo reconoció mediante la ratificación de la firma del ocurso respectivo, se le reputa como su autor y la suscripción hace plena fe de su formulación. En ese orden, a él corresponde justificar que la documental fue alterada y/o recortada, por supuestamente haber pertenecido a otra, sin que sea suficiente que en el peritaje correspondiente se concluya que el escrito fue recortado, en virtud de que, por un lado, no existe disposición legal que obligue a observar determinada formalidad en el tipo, forma y tamaño del papel a usar para la elaboración de la renuncia y, por otro, porque aquella circunstancia no significa que pertenezca a otro documento ni tampoco que haya sido alterado. Por tanto, lo que debió acreditarse es que la firma del actor se estampó en diferente tiempo, es decir, con anterioridad al texto relativo a la renuncia, ya que es lo que podría demostrar, en su caso, que el escrito fue manipulado o confeccionado a partir de esa firma, o bien, que ésta se plasmó sin que estuviera lo concerniente al texto de dicha renuncia."

Pero, además, se advierte que la valoración otorgada por la responsable sobre el documento aportado por la patronal para desvirtuar el despido injustificado alegado por la actora y justificar su excepción de renuncia, es correcta.

En efecto, de la interpretación sistemática de los artículos 821, 822, 823, 825, 826, 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que tratándose de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al fijar la existencia de los hechos sujetos a controversia, tienen plenitud de jurisdicción en cuanto a la apreciación y valoración de los dictámenes periciales y los laudos que emitan deben revelar un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado en dichos dictámenes, a efecto de reconocerles la confiabilidad y credibilidad que merezcan al respecto y que les permitan sostener una afirmación indudable sobre los hechos probados con la pericial.

Por ello, ante la libertad de que aquéllas gozan en la apreciación de las pruebas, el control de constitucionalidad que verse sobre la estimación y valoración de la prueba pericial, no atenderá a los aspectos técnicos en que se sustentan los dictámenes periciales, sino a las razones y fundamentos expuestos por las Juntas para brindar eficacia o desestimar una determinada opinión técnica, esto es, a verificar que éstas hayan efectuado una apreciación de los dictámenes a verdad sabida y buena fe guardada; que se haya realizado una valoración a conciencia de los hechos y conclusiones en que se sustenten los dictámenes; que en el laudo se expresen los motivos y fundamentos que llevaron a otorgar valor probatorio a un determinado dictamen pericial y a desestimar los restantes, así como verificar que los hechos, fundamentos y motivos que se consideraron para conceder o negar eficacia a un dictamen pericial y arribar a la valoración jurídica del hecho que con dicho dictamen se pretende demostrar, se sustenten conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica propias del razonamiento del juzgador.

Lo anterior, porque los tribunales de amparo no pueden sustituirse en la apreciación que realicen las Juntas respecto de la citada prueba, ni imponer sin más su criterio valorativo al de éstas a partir de una estimación del contenido técnico de los dictámenes, porque se atentaría contra la facultad de libre apreciación de las pruebas que la ley otorgó a las Juntas.

En el caso, se obtiene que la Junta responsable otorgó valor probatorio a los dictámenes de las partes, al haber sido coincidentes en la parte fundamental para el que fueron propuestos por las partes, que era verificar si la firma que calza el documento fue puesta del puño y letra de la actora; de ahí que fue correcta tal valoración porque, en efecto, los profesionistas en la materia, en sus respectivas conclusiones, señalaron que la firma que contiene el documento cuestionado fue puesta por **********; de ahí que si en términos del artículo 840, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, la responsable adujo en el laudo reclamado que la pericial acreditaba precisamente el hecho controvertido, es evidente que es correcta tal determinación.

En ese sentido, este Tribunal Colegiado de Circuito estima intrascendente el hecho de que el perito de la parte demandada no hubiera establecido lo referente a que si el bolígrafo con el cual se encuentra firmada la renuncia es similar al contrato individual (sic) de trabajo o si contiene la misma intensidad, puesto que, ante ello, prevalece la conclusión de los peritos en el sentido de que la firma plasmada en la renuncia corresponde al puño y letra de la actora.

Dicho en otras palabras, si la objeción toral de la quejosa radica en que el escrito renuncia no puede tenerse por válido puesto que el mismo corresponde a la última hoja del contrato individual de trabajo que firmó que, incluso, estaba en hoja oficio, en tanto que, como se vio, ello resulta intrascendente para otorgarle valor probatorio pleno a la renuncia, es inconcuso que tampoco impacta el hecho de acreditar si tales documentos fueron elaborados con el mismo bolígrafo, pues lo relevante es la demostración de que la actora externó la voluntad de dar por terminada la relación laboral a través de la firma que plasmó en dicho documento y que se tuvo por cierta.

Por otro lado, la quejosa aduce que el perito de su parte concluyó que las firmas del contrato y del escrito de renuncia sí son similares y que estaban escritas con color azul, sin embargo, omitió dar contestación a diversas interrogantes, tales como si la hoja que fue utilizada fue mutilada, alterada o modificada, limitándose a referir que la misma no cuenta con borrones, tachones o enmendaduras, sin que tampoco refiera si ambos documentos están firmados con el mismo color e intensidad de tintas.

Los reseñados argumentos son inoperantes,

Ello es así, porque el quejoso insiste en la falta de pronunciamiento sobre los cuestionamientos realizados a la carta renuncia de veinte de octubre de dos mil once y que previamente han sido desestimadas, esto es, que no trasciende el hecho de que el papel que la contiene hubiera sido mutilado o recortado o que la tinta de dicho escrito sea de igual intensidad a la del contrato individual de trabajo, puesto que, ante ello, prevalece la voluntad de la actora de dar por terminada la relación de trabajo, ante la conclusión de los peritos en el sentido de que la firma plasmada en dicho documento corresponde al puño y letra de la trabajadora.

Cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, emitida por este Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1154, Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS.-Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos."

Por otro lado, estima que es indebida la valoración de la renuncia ya que en los escritos de demanda, refirió las condiciones de trabajo en las que se desempeñó, tales como la antigüedad generada desde el diecinueve de enero de dos mil nueve, el puesto de mesera, propinas equivalentes a $250.00, doscientos cincuenta pesos diarios, salario de $107.36, ciento siete pesos con treinta y seis centavos, y un horario de 10:00, diez de la mañana, a 20:00, veinte horas, seis días a la semana, precisando ser despedida el veinte de octubre de dos mil once.

Mientras que la demandada controvirtió la antigüedad, el salario y horario de la actora; asimismo, refirió que la misma había renunciado a su empleo.

En ese orden, la quejosa estima que es ilógico que en la renuncia reconozca condiciones de trabajo que nunca precisó en su escrito de demanda, máxime que objetó dicho documento, en el sentido de que si bien reconocía la firma, la misma formaba parte del contrato de trabajo, razón por la que estima que de ninguna manera pudo aceptar que daba por terminada la relación laboral con la demandada.

Lo anterior es infundado.

Ello es así, porque con independencia de lo expuesto en la demanda y contestación, respecto de las condiciones de trabajo o las manifestaciones que haya realizado u omitido hacer la demandada al momento de oponer la excepción de renuncia en la contestación de demanda, resultan intrascendentes, pues lo importante son los hechos que se desprenden del escrito de renuncia ofrecido como prueba, la cual adquirió valor probatorio pleno.

En efecto, en la jurisprudencia número 2a./J. 2/2002, que deriva de la contradicción de tesis 93/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, Tomo XV, enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, se sostuvo lo siguiente:

* De los artículos 797, 798, 801 y 802 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que la renuncia por escrito del trabajador, como documento privado, debe ser perfeccionado con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera; y su valor probatorio depende en gran medida de la autenticidad que pueda atribuírsele según el resultado de las objeciones y pruebas que al efecto hubiesen rendido las partes.

* Si un documento privado no es reconocido expresa o tácitamente, ni su autenticidad está perfeccionada con otra prueba, carece de valor probatorio pleno; por el contrario, si es perfeccionado, será susceptible de hacer prueba plena, según el caso.

* Cuando la renuncia del trabajador es hecha por escrito, no es necesario que el patrón señale en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el trabajador la presentó, pues en ese caso los datos que puedan exigirse, constarán en el documento, o su omisión deberá ser motivo de estudio al analizar su valor probatorio.

* Además, de conformidad con lo previsto por el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiéndose como tal, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe; de donde se sigue que si el patrón demandado en un juicio laboral manifiesta que el actor renunció a su trabajo en determinada fecha y para acreditar su dicho ofrece el documento privado respectivo, tal medio de convicción debe ser valorado conforme a las reglas de la prueba documental y en relación con el resto del material probatorio, sin que obste el que la parte demandada no haya precisado las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, dado que ello forma parte del documento a valorar.

En conclusión, es inexacto que la omisión por parte del patrón de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, cuando ésta consta por escrito, afecte las defensas del actor o lo deje en estado de indefensión.

Ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Tomo VI, Materia Laboral, Primera Parte-SCJN (Primera Sección-Relaciones laborales ordinarias Subsección 2-Adjetivo) página 866, de rubro y texto siguientes:

"RENUNCIA DEL TRABAJADOR. PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO, CUANDO CONSTA POR ESCRITO, NO ES NECESARIO QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA EL PATRÓN PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE FUE PRESENTADA, SIN PERJUICIO DE QUE EL DOCUMENTO SE PERFECCIONE SI ES CUESTIONADO.-Al tenor de lo dispuesto por los artículos 797, 798, 801 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados para tener valor probatorio pleno, deben ser perfeccionados con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. Así, cuando el patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador renunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece como prueba el escrito en que consta dicha renuncia, por ser éste un documento privado, al valorarlo debe tenerse en cuenta si fue o no objetado y, en su caso, perfeccionado, para efectos de determinar su alcance probatorio, aunque el patrón no haya precisado en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, pues si esta consta por escrito, los datos que puedan exigirse, constarán en el documento, o su omisión será motivo de estudio al analizar su valor probatorio, ya que las circunstancias relativas a cómo, cuándo y dónde renunció, son propias del escrito cuestionado y la procedencia de la excepción opuesta por el patrón dependerá de la valoración que se haga del referido documento. Lo anterior deriva de que la litis queda debidamente fijada al precisar el patrón que el trabajador renunció a su empleo, correspondiéndole al primero demostrar los hechos en que funda su defensa y al segundo, en su caso, desvirtuar las pruebas que aquél presente, como sucedería si el escrito de renuncia fuera cuestionado."

En ese tenor, por igualdad de razones, no trasciende el hecho de que, en la especie, se hubieran controvertido las condiciones de trabajo expresadas por la actora en su escrito de demanda, puesto que lo que prevalece es el contenido del escrito de renuncia, esto es, la voluntad de la trabajadora de dar por terminada la relación de trabajo que la unía con la demandada.

En otras palabras, lo eficaz de la renuncia no depende de las manifestaciones de las partes en los escritos de demanda y contestación, referentes a las condiciones de trabajo, pues es inconcuso que si se acredita la terminación del vínculo laboral, es innecesario atender a dichos aspectos, al no ser un requisito de validez para la eficacia de dicho documento pues, en todo caso, ello será materia de controversia en el juicio, pero independiente al escrito de renuncia.

Por último, es inatendible el motivo de disenso en el cual la quejosa aduce que debe atenderse a que en el escrito de demanda se imputó el despido a **********, quien por dicho de la patronal no desempeña actos de dirección o administración, en tanto que de la prueba confesional, a criterio del quejoso, se advierte que al dar contestación a la posición número uno, reconoció ser gerente de la fuente de trabajo.

Sin embargo, lo inatendible resulta puesto que, aun de analizarse dicho motivo de inconformidad, prevalece la determinación de la Junta en el sentido de que la demandada demostró la excepción de renuncia, es decir, queda firme lo referente a la inexistencia del despido y, por ello, que lo alegado por la quejosa no pueda variar dicha determinación.

En mérito de lo expuesto y sin que este Tribunal Colegiado de Circuito advierta ningún motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Magistrada María del Carmen Cordero Martínez, Magistrado Manuel Armando Juárez Morales y Magistrado Gerardo Torres García, siendo ponente el último de los nombrados, con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 110, fracción XI, 113, fracción I, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26647-43f1c1d7/renuncia-finiquito-o-constancia-de-no-adeudo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.