I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A LA SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO). II. SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO DE MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE VERACRUZ. LA OMISIÓN DEL ÓRGANO FACULTADO PARA RESOLVER RESPECTO DE LA SOLICITUD RELATIVA INCIDE EN LA ESFERA MUNICIPAL DE ATRIBUCIONES (OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A LA SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ SOBRE LA OMISIÓN DE PROVEER RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE REVOCAR EL MANDATO A UN PRESIDENTE MUNICIPAL (OMISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A LA SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 77/2015. MUNICIPIO DE CASTILLO DE TEAYO, ESTADO DE VERACRUZ. 6 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al seis de julio de dos mil dieciséis.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martha Guadalupe Caballero Serrano, en su carácter de síndica única municipal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional contra el Poder Legislativo de dicha entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:
"V. Acto que se combate: En el acto omisivo y el silencio legislativo por parte del demandado Congreso del Estado de Veracruz, para sesionar, respecto a la separación del cargo del C. Enrique Isidro Dimas, como presidente municipal y, por consiguiente, nombrar su sustituto que se encargue de la administración pública municipal, para efectos de que mi representada pueda continuar brindando el servicio público a la ciudadanía, la seguridad de que el Municipio requiere y dar certeza y seguridad jurídica a todos los actos de mi representada, lo anterior en virtud de la existencia de una orden de aprehensión en contra del actual presidente municipal, Enrique Isidro Dimas, lo que le impide continuar fungiendo de manera normal, sin embargo éste pretende continuar haciéndolo desde cautiverio, lo que el demandado Congreso del Estado permite, sin importarle el trastorno social que esto genera en el Municipio que represento.
"Así mismo de acuerdo a los parámetros que ya existen en las leyes locales del Estado de Veracruz en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se establezca por este Máximo Tribunal de este país, cuál es el momento procesal, en el que un funcionario que goza de fuero en la Constitución Local del Estado de Veracruz, debe ser separado de su cargo cuando es procesado por un delito del orden federal, pues de acuerdo a los parámetros establecidos en las propias leyes del Estado en Materia de responsabilidades de los servidores públicos, y tratándose de delitos del fuero común, éstos son separados de sus cargos, previo a ejercer en su contra acción penal para no perturbar, trastornar y alterar el servicio público, es decir, los funcionarios con fuero en el Estado de Veracruz, desde que existe en su contra el ejercicio de la acción penal, ya no pueden continuar fungiendo, de acuerdo a los parámetros establecidos por los legisladores locales en materia de responsabilidades de servidores públicos, tratándose de delitos del fuero común, sin embargo existe un vacío tratándose de delitos federales, pues en estos casos la consignación se hace de manera directa y sin el procedimiento de declaración de procedencia, lo que solicita se establezca por ese Alto Tribunal."
SEGUNDO.-Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. Con fecha dos de enero del dos mil catorce, inició la administración pública municipal, en el que el presidente municipal en funciones, Enrique Isidro Dimas, ordenó se les prohibiera la entrada y retuviera en la entrada al palacio municipal, a 36 empleados de base definitiva que conforman el sindicato del Municipio, y ordenó se les levantaran en sus lugares de trabajo actas de abandono del empleo, así como la contratación inmediata de familiares y amigos del presidente municipal para sustituir a los trabajadores en sus empleos.
2. El ocho de enero del dos mil catorce, los trabajadores del Municipio, promovieron demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, Veracruz, en contra de todos los ediles y directores de áreas de ese Ayuntamiento, por ignorar lo que estaba ocurriendo, y quien había dado la orden, señalando como acto reclamado la ilegal orden de retención y de prohibirles firmar su asistencia e ingresar a sus áreas de trabajo para desempeñar sus funciones como empleados públicos de base definitiva y permanente del Ayuntamiento y sus consecuencias, solicitando en la vía incidental la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, radicándose la demanda de garantías bajo el número de expediente 4/2014 del índice de ese Tribunal Federal.
3. Con fecha seis de febrero del dos mil catorce, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, emitió sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto que, de manera inmediata los quejosos reanudaran sus labores como empleados públicos de base del H. Ayuntamiento Constitucional de Castillo de Teayo, Veracruz.
4. El diez de febrero del dos mil catorce, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, llevó a cabo la notificación de la suspensión definitiva. Sin embargo ese mismo día se realizó sesión de cabildo, mediante la cual los ediles ordenaron se acatara lo ordenado por el Juzgado de Distrito; desafortunadamente el presidente municipal, ordenó al oficial mayor para que no diera cumplimiento a dicha orden, y continuara reteniendo a los empleados en las afueras del palacio municipal, y al tesorero municipal, ordenó continuara reteniendo los salarios a los trabajadores.
5. Los quejosos procedieron a denunciar ante el Juez Décimo Tercero de Distrito la violación a la suspensión definitiva, así se ordenó tramitar el incidente de violación y una vez concluido el procedimiento incidental, el Juez Décimo Tercero de Distrito, el veinte de marzo del dos mil catorce, declaró fundado el incidente de violación de la suspensión definitiva en agravio de todos los quejosos, y determinó la existencia de la violación a un medio de control constitucional como es la suspensión definitiva, así como la responsabilidad y desobediencia en que incurrió el C. Enrique Isidro Dimas, en su función de presidente municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, puesto que de los informes rendidos de las autoridades responsables, el presidente municipal había ordenado el incumplimiento a lo ordenado en la suspensión definitiva otorgada a los quejosos, por lo que se resolvió que había incurrido en la conducta que se encuentra prohibida en la fracción XVII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sancionada en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.
6. Mediante resolución del veinte de marzo del dos mil catorce, el Juez Décimo Tercero de Distrito, requirió al C. Enrique Isidro Dimas para que en el término de 24 horas contadas, a partir de la notificación del mismo, ajustara su actitud y cumpliera con lo ordenado en la suspensión definitiva, y lo apercibió para en caso de no hacerlo sería denunciado por el propio Juzgador Federal, ante el Ministerio Público de la Federación por la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo en vigor.
7. Una vez transcurrido el término de 24 horas, sin que éste le diere cumplimiento a lo ordenado. Con fecha veintidós de abril del dos mil catorce, el Juez de amparo emitió proveído por el cual se certificó que ha transcurrido el término de 24 horas otorgado para el cumplimiento de la suspensión definitiva sin que nuevamente la cumpliera y se le tuvo en contumacia y, por incumplimiento nuevamente, así mismo se le hizo efectivo el apercibimiento realizado en la resolución de fecha veinte de marzo del dos mil catorce, y se ordenó denunciar los hechos, dando vista al Ministerio Público de la Federación por conducto del fiscal adscrito a ese tribunal de amparo.
8. La Agencia del Ministerio Público de la Federación con residencia en la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, dio inicio la averiguación previa, número AP/PGR/VER/POZ/I/115/2014, derivada de la denuncia presentada por el Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, por la violación a la suspensión en contra del presidente municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, se ordenó el desahogo de diversas diligencias para indagar sobre el asunto. Seguidos los trámites se ejercitó acción penal en contra del C. Enrique Isidro Dimas en su carácter de presidente municipal y del oficial mayor del mismo Ayuntamiento.
9. De la consignación le correspondió conocer el Juzgado Undécimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, quien dio inicio a la causa penal 20/2015, de su índice y giró orden de aprehensión en contra del C. Enrique Isidro Dimas, en su carácter de presidente municipal de Castillo de Teayo, Veracruz por considerarlo presunto responsable del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.
10. Es el caso que en el Estado de Veracruz, los presidentes municipales, de acuerdo a lo expuesto por el numeral 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, gozan de fuero constitucional, empero, el agente del Ministerio Público de la Federación, al momento de ejercitar acción penal en contra del presidente municipal, lo hizo de manera directa y sin solicitar al Congreso la declaración de procedencia, ni notificar sobre el ejercicio de la acción penal para los efectos administrativos conducentes, por no considerarlo necesario, sin embargo es el caso que una vez que la orden de aprehensión se le intentó ejecutar al presidente municipal, éste se ausentó de sus labores en el Ayuntamiento para evitar ser aprehendido, y por encontrase sustraído de la acción de la justicia, e inicio a despachar desde su domicilio particular, así mismo ordenó a todos los empleados del Municipio la suspensión de labores, para que se encargaran de la vigilancia de las entradas y salidas del Municipio, en el que también ordenó se realizaran recorridos de manera continua en las calles del pueblo para vigilar sobre la presencia de los policías federales que pretendían detenerlo, ordenando se dispusiera de todos los vehículos oficiales, combustible y gastos a cargo del erario público, esperando la llegada de las autoridades federales para que se le avisara y así poderse sustraer, de igual forma que las tres patrullas con las que cuenta el Municipio y los veintiocho policías municipales, que es todo el recurso humano y material con que cuenta este Municipio, para que se encargaran de la vigilancia de su domicilio particular, generando esto un estado de ingobernabilidad ante la ciudadanía, y el abandono total del servicio público.
11. La demandante C. Martha Guadalupe Caballero Serrano fue notificada de la situación jurídica del presidente municipal, es decir, de la existencia de la orden de captura, por lo que dio parte al Congreso del Estado de Veracruz, para los efectos conducentes de la separación del cargo de presidente municipal, y el nombramiento de su sucesor, quien sólo turno el asunto a la Comisión de Gobernación, desde el treinta y uno de agosto del dos mil quince, y hasta el día de hoy, la demandada ha hecho caso omiso, no obstante la insistencia por parte de la síndico para que se solucione el presente conflicto. El Congreso del Estado, se ha negado a sesionar para tratar el asunto, manifestando el Congreso demandado tanto a la suscrita, como a los medios de comunicación locales escritos y televisivos, que se encuentran atados de manos y no es posible hacer nada al respecto para asegurar la estabilidad social de este pueblo que represento, toda vez, que éste es un caso aislado y único, puesto que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz, legislación aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, no prevé la forma en que se debe actuar al respecto, puesto que dicha ley sólo prevé los casos en que los servidores públicos que gozan del fuero estatal, cometan delitos del fuero común y, previo, a ejercitar en su contra acción penal, se realice la solicitud de declaración de procedencia por parte del Fiscal General del Estado, casos en los cuales el Congreso del Estado, emite su declaración de procedencia y, proceden a separar del cargo al funcionario y, lo dejan a disposición de las autoridades para que enfrente su proceso penal, sin embargo, en el caso, por ser un delito federal y las autoridades federales no les solicitaron declaración de procedencia, por ser esta innecesaria, al tratarse de la comisión de un delito federal, éstas no cuentan con ningún instrumento jurídico, ni ley, ni jurisprudencia, para solucionar el problema.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. La parte actora aduce como conceptos de invalidez los siguientes:
1. Se transcriben diversos artículos de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la cual, la actora destaca que en materia de responsabilidades de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional local, ésta es aplicable a delitos del fuero común, y se señala en su artículo 2, que el Congreso del Estado es autoridad competente para la aplicación de dicha ley.
2. De igual forma la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, señala en sus artículos 12 y 13, respecto a la procedencia del juicio político, que relativo a la declaración de procedencia la misma ley, en el capítulo III, los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 establece a esta figura.
3. En ese mismo sentido la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz, capítulo II, artículos 124, 125, 126, 127, lo relativo a la suspensión y revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento.
De los artículos antes invocados se como único concepto de invalidez, esencialmente, que de las anteriores disposiciones legales aplicables en el Estado de Veracruz en materia de responsabilidades de los servidores públicos que gozan de fuero en el Estado, tratándose de la comisión de conductas delictivas realizadas por éstos, y que son los únicos instrumentos legales para la solución del presente conflicto que se vive en el Municipio que la actora representa, se colige, deduce y concluye, que ningún funcionario sujeto a procedimiento penal puede continuar fungiendo en su encargo público estando sujeto a proceso penal, y que efectivamente, éste debe ser separado de su cargo, empleo o comisión previamente a ejercer en contra de éste acción penal, o puesto a disposición de las autoridades que lo reclamen para incoar en su contra el procedimiento penal respectivo, es decir, que tratándose de delitos del fuero común, las disposiciones legales antes transcritas son claras en señalar que cuando un funcionario en el caso específico de presidente municipal comenta un delito del fuero común deben conocer los tribunales del mismo orden, previo su desafuero, el cual tiene como consecuencia la separación del cargo y el nombramiento de un sucesor, tal y como lo señalan los artículos 39 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y 127 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas de Veracruz, es decir, que una vez que se ejerce en contra de éste la acción penal correspondiente, el funcionario ya no se encuentra en funciones.
Sin embargo, resulta evidente que es irrelevante si éste enfrenta cargos por delitos del orden común o federal, puesto que el espíritu del legislador al crear la legislación en análisis lo fue el proteger precisamente el sano, viable y recto servicio público, de dar certeza y seguridad jurídica a todos los actos públicos que en nombre de una dependencia se realizan y evitar afectaciones al interés social, es decir, por el bien estar social de las dependencias públicas y del interés social y colectivo, ningún funcionario puede continuar fungiendo en su cargo, empleo o comisión si en su contra existe el ejercicio de la acción penal y se encuentra consignado ante los tribunales y sujeto a proceso penal, menos aún si éste se encuentra prófugo de la justicia y oculto, utilizando precisamente todo el poder público que su encargo le confiere para desviar y utilizarlo en un problema personal que éste enfrenta con la Justicia Federal, como es el caso que aquí se expone, sin importar si dicho procedimiento es ante los tribunales locales o federales como erróneamente lo interpreta la entidad demandada, Congreso del Estado de Veracruz, en el acto cuya invalidez se demanda, pues el mismo afecta, trastorna, perturba, altera, ofusca y descompone gravemente la esencia y espíritu de la dependencia que represento, que es el brindar un servicio público a la comunidad en general de manera sistemática y ordinaria como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.-Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados es el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77 y 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En materia de juicio político y declaración de procedencia los artículos 36, 37 y 39 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Veracruz; así como el 93, 115 fracciones IX, XI, XIV, XXX, 124, 125, 126 y 127 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz.
QUINTO.-Trámite de la controversia. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 77/2015 y por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentada al síndico del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, haciendo valer la presente controversia constitucional contra el Poder Legislativo del Estado, y ordenó emplazar a este último para que formulara su respectiva contestación; finalmente, ordenó dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO.-Contestación de la demanda. Octavia Ortega Arteaga, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva, de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, en su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:
1. Que respecto al acto reclamado resulta improcedente, habida cuenta que, es incierto que el Congreso del Estado de Veracruz haya caído en un acto omisivo y que provoque el silencio legislativo para sesionar, respecto a la separación del cargo del C. Enrique Isidro Dimas, como presidente municipal de Castillo de Teayo, Veracruz, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al acreditarse la inexistencia del acto materia de la controversia.
Que si bien es cierto que en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, faculta al Congreso del Estado de Veracruz para desaforar a los ediles de los Ayuntamientos que gocen de fuero, no menos cierto es que el artículo 33, fracción IX, inciso "c", de la Constitución Política del mismo Estado, establece que este organismo político debe de respetar la garantía de audiencia, es decir, que debe dar cumplimiento al procedimiento administrativo que impone la ley de juicio político citada, en sus artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; de lo anterior se desprende que no es de separar al edil en cuestión de manera arbitraria.
Dentro de la causa penal número 20/2015 que se sigue en contra del presidente municipal, el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, nos hizo saber que se dictó un auto de formal prisión en contra del edil multireferido. En tiempo y forma se le dijo a este funcionario judicial, que quedamos enterados, pero que para poder aplicar alguna medida administrativa en contra del procesado, era necesaria la intervención del Ayuntamiento del Municipio de Castillo de Teayo, Veracruz, quien debía actuar de acuerdo a los artículos 33 y 77 de la Constitución Política Local, sin que hasta la fecha lo haya realizado.
Las actuaciones del síndico municipal, que es el que se duele como representante legal de los hechos que denuncia, se rigen por la Ley Orgánica del Municipio Libre, en la que se establece claramente sus facultades y obligaciones; entre ellas la de convocar a sesiones y tratar los asuntos relevantes que puedan afectar la vida política del Municipio hasta este momento, este Órgano Legislativo no ha recibido declaración de ausencia alguna, ni mucho menos alguna solicitud de juicio político y declaración de procedencia; en tal virtud, no puede de ninguna manera el Congreso del Estado de Veracruz, trastocar los derechos humanos y el debido proceso del afectado; debido a ello se insiste, ésta Soberanía no encuentra asidero jurídico para ordenar la separación del cargo al presidente municipal en cita, hasta en tanto el Ayuntamiento aludido no motive ni funde su solicitud correspondiente.
Así, no es procedente el acto reclamado de los promoventes, habida cuenta que no han cumplido con los requisitos legales establecidos en los diferentes textos jurídicos referidos. No existe ninguna omisión ni mucho menos un silencio legislativo, por el contrario, cuando han procedido los juicios de separación de cargo, siempre se han atendido, pero sin violar los derechos humanos y garantías constitucionales de los denunciados.
La síndica municipal, que resulta ser representante legal del Ayuntamiento de Castillo de Teayo, Veracruz, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, remitió el oficio número MCT/2015/SI/151, en el cual expone que hay una orden de captura en contra del C. Enrique Isidro Dimas, presidente municipal de ese Ayuntamiento; que lo hace saber con la finalidad de que el congreso del Estado de Veracruz, separe del cargo al presidente municipal y otorgue nombramiento de su sucesor; esto de ninguna manera es posible, ya que para ello, como anteriormente se expuso, dicha síndica, debe dar cumplimiento a lo establecido en los artículos aplicables de la Constitución del Estado de Veracruz, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley del Juicio Político y Declaración de Procedencia todas del Estado de Veracruz. Si bien la síndica resulta ser la representante legal, aun así debe tomar acuerdos y firmarse en actas correspondientes, en las que intervengan los demás ediles, lo que nunca ha hecho; también es de tomarse en cuenta que la síndica, no puede excederse en sus facultades, es decir, no puede llamar por sí sola, a la suplente de la Sindicatura para que actúe, sin haber sido aprobada su procedencia por la Legislatura del Estado de Veracruz.
En ese mismo tenor, esto no es suficiente para separarlo del cargo que obtuvo mediante designación popular, sino se encuentra debidamente motivado y fundamentado para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Mexicana. Así, es necesaria la declaración de ausencia, emitida por el Ayuntamiento en el que se haya dado la garantía de audiencia al afectado, recordemos que hoy nos abriga un nuevo sistema de justicia penal, en el cual permea la presunción de inocencia, que nos obliga respetar el debido proceso que pretende la síndica que sea violado por los integrantes de esta Legislatura del Estado.
Llama nuestra atención, que extrañamente la impetrante de la controversia, transcribe las normas jurídicas aplicables al juicio político y declaración de procedencia; sin embargo, ignora y oculta las disposiciones jurídicas que establecen los requisitos para la declaración de ausencia y declaración de procedencia del desafuero del presidente municipal; en síntesis lo primero que debe hacer la síndica es atender el procedimiento administrativo que le impone para este caso la Constitución General de Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio de Veracruz.
Si lo anterior no fuera suficiente, para declarar improcedente la Controversia en cuestión, me permito precisar que en el auto de formal prisión que nos fue notificado por el Juez Undécimo de Distrito en el Estado, se expone claramente en su considerando séptimo, que el delito por el que se sujeta a proceso, no tiene el carácter de grave y como el procesado se encuentra en libertad bajo caución, no existe suspensión de sus derechos civiles y políticos, por lo que sigue siendo presidente municipal y no existe causa legal para separarlo del cargo.
SÉPTIMO.-Opinión de la procuradora general de la República. La procuradora general de la República no emitió su opinión, a pesar de haber sido notificada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis.
OCTAVO.-Audiencia. Agotado el trámite respectivo, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
NOVENO.-Dictamen. Previo dictamen formulado por el Ministro instructor, por auto de dos de junio de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó remitir el asunto para su avocamiento y resolución a la Primera Sala de este Alto Tribunal.
DÉCIMO.-Avocamiento. Mediante proveído por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó avocarse al conocimiento del asunto, y devolver los autos a la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para formular el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Castillo de Teayo del Estado de Veracruz y el Poder Legislativo de esa entidad federativa, en la que no se combaten normas de carácter general.
SEGUNDO.-Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.
De lo planteado en la demanda de controversia constitucional se desprende que el Municipio actor, demanda la omisión o silencio legislativo por parte del demandado, Congreso del Estado de Veracruz, para sesionar respecto a la separación del cargo del C. Enrique Isidro Dimas, como presidente municipal, y, por consiguiente, nombrar su sustituto que se encargue de la administración pública municipal, no obstante la solicitud presentada el treinta y uno de agosto de dos mil quince en la presidencia de la mesa directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. Por tanto, lo que se impugna en el presente asunto es un acto que constituye una omisión.
Respecto de los actos que constituyen una omisión, el Tribunal Pleno ha sostenido que en tratándose de omisiones, el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN.-El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista."(1)
Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de la respuesta a la síndica del Municipio de Castillo de Teayo, por parte del Congreso del Estado de Veracruz, la demanda fue presentada oportunamente, toda vez que de las constancias que obran en autos se advierte que al momento de presentarse la demanda no se había dado respuesta, no obstante la debida solicitud presentada el treinta y uno de agosto de dos mil quince en la presidencia de la mesa directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.
TERCERO.-Legitimación activa: En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General,(2) el Municipio del Castillo de Teayo, perteneciente al Estado de Veracruz es ente legitimado para promover este medio de control constitucional.
En la presente controversia constitucional, promovió la demanda el Municipio de Castillo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26874-cab5a4f6/i-controversia-constitucional-cuando-se-trate-de-omisiones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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