DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 18/2016. 8 DE DICIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: VÍCTOR HUGO MILLÁN ESCALERA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los agravios formulados por la parte recurrente son infundados, sin que este órgano colegiado advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor.
En ellos señala, en lo medular, que el auto impugnado le provoca perjuicio, en razón de que: "...para la interposición de la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable, para esto se debe señalar la fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso, o en el segundo caso, la fecha en que hubiese tenido conocimiento del acto reclamado..."
Por ello, refiere que: "...sí me enteré del laudo combatido, el día 20 de abril del año 2016, fecha en que acudí personalmente ante la responsable para consultar el expediente laboral número **********, y la demanda de amparo fue presentada el día 11 de mayo del año 2016 ante la propia Junta responsable, luego entonces la demanda de amparo directo fue presentada en tiempo y forma, dentro del término legal, tomando en cuenta los días inhábiles y los días feriados en los que la Junta responsable no laboró, por lo que la demanda de amparo directo fue presentada dentro del término de quince días previstos en el numeral 17 de la Ley de Amparo en vigor, y así debió entenderlo este órgano colegiado de control constitucional, máxime si como lo hice advertir en los conceptos de violación, la notificación del laudo que practicó la actuaria adscrita a la Junta responsable, adolece de vicios procesales que la hacen nula, como por ejemplo, que la notificación se entendió con una persona que además de que no se identificó debidamente, no estaba autorizada de mi parte para recibir tal notificación, es más, ni siquiera firmó dicha notificación, irregularidades que saltan a la vista y que este órgano colegiado no advirtió, pero que sirven de sustento a los presentes agravios..."
Los motivos de disenso reseñados con antelación, como ya se anticipó, son infundados.
Lo anterior se determina de esa manera, dado que, al contrario de lo afirmado por la parte recurrente, fue correcto que en auto de presidencia de diez de junio de dos mil dieciséis, se determinara desechar por extemporánea la demanda de amparo por el inconforme, en la medida de que lo hizo después de los quince días que otorga el artículo 17 de la ley de la materia para promover la acción constitucional, lo cual actualiza de manera plena e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, ídem, que prevé lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
"..."
Conforme a lo antes expuesto, se precisa que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendidos éstos, como aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos previstos en el artículo 17 del ordenamiento en consulta; el cual, junto con el diverso 18 ibídem, prevén lo que a continuación se pone de relieve:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."
De la interpretación de los dispositivos antes descritos, se obtiene que el término para promover el juicio de amparo, salvo los casos de excepción, es de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o al en que el solicitante del amparo haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de éste o de su ejecución.
En la especie, este órgano colegiado advierte que, tal como se estableció en el acuerdo recurrido, la demanda fue presentada fuera del término legal de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado de veinte de enero de dos mil quince, por virtud del cual la Junta responsable dictó laudo, se notificó personalmente el veinte de febrero del referido año (foja 139 del expediente laboral), por lo que el plazo para promover juicio de amparo directo comenzó a computarse (sic)(6) el veintitrés de febrero y feneció el trece de marzo siguiente, ambos de dos mil quince.
Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada hasta el once de mayo de dos mil dieciséis, es evidente su extemporaneidad, ya que transcurrió en demasía el plazo de quince días que para tal efecto establece la Ley de Amparo en vigor, como ya se apuntó con antelación.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a/J. 18/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, Tomo XVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, de rubro y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.-Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por ‘el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones’, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."
Asimismo, se cita la tesis XVIII.2o.2 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que se comparte, visible en la página 522, Tomo II, noviembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal subsecuente:
"DEMANDA DE AMPARO LABORAL. TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN.-De acuerdo con el artículo 21 de la ley de la materia, el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. El artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo dispone que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día y hora que se practiquen. Por tanto, si a la ahora quejosa se le notificó personalmente el laudo reclamado, ese mismo día surtió efectos la notificación y el término de quince días le empezó a correr al día siguiente."
En ese tenor, deviene inatendible lo expuesto por el quejoso-recurrente, en el sentido de que en la demanda de amparo directo expresó los motivos por los cuales estima ilegal la notificación del laudo que reclamó en su escrito inicial de demanda; ello, en razón de que, tal como se expuso en el acuerdo recurrido, la notificación es un acto procesal a cargo de la Junta que se encuentra revestida de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario.
De ahí que, cuando se impugna en amparo directo el laudo o la resolución que pone fin al juicio dictada en un juicio laboral, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, los Tribunales Colegiados de Circuito no pueden analizar fuera del procedimiento legal ordinario previsto para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución, porque conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado, por lo que debe agotarse el correspondiente incidente de nulidad de notificaciones para impugnar las irregularidades que las partes estimen cometidas.
Luego, si de las constancias del sumario laboral no se desprende que el inconforme hubiese interpuesto ese medio de defensa ante la autoridad responsable, en el amparo directo no es dable examinar la legalidad de la notificación del laudo o la resolución que puso fin al juicio, ni incluso oficiosamente, para efectos del cómputo del término en su presentación, pues en estos casos la validez iuris tantum de que goza tal actuación jurisdiccional, al encontrarse incólume, debe continuar rigiendo en el procedimiento.
Lo anterior, conforme al criterio sustentado por este órgano colegiado en la tesis VII.2o.T.8 L (10a.), visible en la página 3458, Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, materia común, registro digital: 2010551, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas», que se lee:
" Acorde con la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 1a./J. 5/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 461, de título y subtítulo: ‘AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.’, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. De ahí que cuando en un procedimiento laboral las partes consideran que la notificación de una resolución no se realizó conforme a las reglas establecidas, pueden interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, cuando se impugne en amparo directo el laudo dictado en un juicio laboral, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, los Tribunales Colegiados de Circuito no pueden analizar fuera del procedimiento legal ordinario previsto para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución, porque conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado, por lo que debe agotarse el incidente de nulidad de notificaciones para impugnar las irregularidades que las partes estimen cometidas. Por tanto, si no se interpuso ese medio de defensa ante la Junta responsable, en el amparo directo no es dable examinar la legalidad de la notificación del laudo, ni incluso oficiosamente, para efectos del cómputo del término en su presentación, pues en estos casos la validez iuris tantum de que goza tal actuación jurisdiccional, al encontrarse incólume, debe continuar rigiendo en el procedimiento."
También cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, página 1249 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas», registro digital: 2013077, de título, subtítulo y texto siguientes:
"AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen."
Por ello, se estima ajustado a derecho que en el acuerdo de presidencia recurrido, se hubiese desestimado el hecho expuesto por el recurrente en el sentido de que: "...Tuve conocimiento del laudo dictado en el expediente laboral número **********, el día veinte de abril del año dos mil dieciséis, fecha en que me presenté ante la Junta responsable, para consultar el estado del expediente y para gran sorpresa mía, me enteré que el laudo se dictó en fecha veinte de enero del año dos mil quince, y que el mismo es adverso a mis intereses, advirtiendo asimismo, que mediante cédula de notificación de fecha veinte de febrero del año dos mil quince, la actuaria adscrita de la Junta responsable practicó la diligencia de notificación del laudo, con una persona de nombre **********, persona a quien no he autorizado para oír y recibir notificaciones y a quien no conozco y quien por cierto no se identificó, por lo que dicha notificación es a todas luces contraria al numeral 744 de la Ley Federal del Trabajo y no puede surtir ningún efecto legal."; lo anterior, porque tales afirmaciones carecen de sustento jurídico en los autos y, por el contrario, de lo actuado por la Junta responsable se observa que el laudo impugnado le fue notificado el veinte de febrero de dos mil quince.
Notificación de previa referencia que, dicho sea de paso, debe prevalecer sobre la diversa fecha en que el quejoso se intenta ostentar conocedor del laudo combatido, ya que, se itera, la legalidad de aquélla no se encuentra desvirtuada.
En suma, este órgano colegiado estima ajustado a derecho lo expuesto en el acuerdo recurrido, sobre lo innecesario de proveer sobre la incompetencia de la demanda de amparo directo por razón de la vía, ya que aun cuando el quejoso alega diversas inconsistencias derivadas de su notificación, lo cierto es que del expediente laboral se observa con claridad que fue el propio inconforme quien, por su propio derecho, promovió la demanda laboral el diez de noviembre de dos mil once (foja uno del expediente natural), es decir, le reviste la calidad de actor en el proceso de origen; incluso, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la **********, y como dato relevante, se evidencia de dicho sumario que compareció a diversas audiencias en forma personal y ofreció pruebas; luego, debía estar al pendiente de la prosecución del controvertido laboral hasta su culminación.
Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido y alcance, la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1654, del tenor literal subsecuente:
"DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES.-Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo."
En esas condiciones, fue correcto que en el acuerdo recurrido de diez de junio de dos mil dieciséis, se hubiese desechado la demanda de amparo directo promovida por el aquí inconforme, ante su notoria y manifiesta extemporaneidad.
Finalmente, debe decirse que no es el caso de dar la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.
"Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga."
Lo anterior, porque la determinación que desechó de plano la demanda de amparo directo, fue oportunamente combatida vía recurso de reclamación previsto por el artículo 104 de la Ley de Amparo, en el cual la parte quejosa-recurrente, como se vio, tuvo oportunidad de expresar lo que a su interés convino en relación con la causa de improcedencia advertida en la misma; de modo que, ello satisfizo su derecho de audiencia, atento al propósito subyacente en la sustanciación y resolución de la reclamación, donde este órgano colegiado, en Pleno, revisó el acuerdo de presidencia que desechó la demanda por un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
Sirve de apoyo a lo anterior, por lo ilustrativo de su contenido, la tesis XXVII.3o.93 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2056, «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 179 de la Ley de Amparo dispone que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, al recibir una demanda, en el plazo de tres días debe analizarla y resolver si la admite, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Como se advierte, este precepto no autoriza a dar vista al quejoso con la causa de desechamiento como si fuera una ‘posible causa de improcedencia’. Por tanto, si dicho Magistrado la desechó de plano porque en el auto admisorio advirtió un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es innecesario otorgar al quejoso previamente la mencionada vista en términos del artículo 64, párrafo segundo, de dicha ley; sin que lo anterior lo deje inaudito, pues contra esa determinación puede interponer el recurso de reclamación previsto por el artículo 104 de la ley mencionada, en el cual podrá expresar lo que a su interés convenga en relación con la causa de improcedencia advertida en el auto que desechó su demanda. Lo que satisface su derecho de audiencia, atento al propósito subyacente en la sustanciación y resolución de la reclamación (revisión del acuerdo que desecha la demanda por un motivo manifiesto e indudable de improcedencia). Así, para el Tribunal Colegiado de Circuito, la vista a que refiere el artículo 64 citado, está prevista para el caso de que la demanda de amparo directo ya ha sido admitida y, en la sustanciación posterior a la admisión, el órgano colegiado advierte una posible causa de improcedencia, acorde con la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.’"
En las relatadas consideraciones, al no prosperar los motivos de disenso de previo estudio, lo que procede en el caso es declarar infundado el presente recurso de reclamación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es infundado el recurso de reclamación planteado.
Notifíquese; por oficio al presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, con testimonio de la presente resolución, para acordar lo conducente en el juicio de amparo directo de trabajo **********; por lista a la parte quejosa y Ministerio Público de la adscripción; y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Jorge Sebastián Martínez García, Jorge Toss Capistrán y Juan Carlos Moreno Correa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito; presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 66, 118, 120 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
6. Lo anterior con fundamento en el artículo 747, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: ...II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta."
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26969-83f46bab/demanda-de-amparo-directo-los-tribunales-colegiados-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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