PRUEBA CONFESIONAL O TESTIMONIAL. CORRESPONDE AL INTERESADO EN SU DESAHOGO, PRESENTAR AL MÉDICO PARA RATIFICAR EL CERTIFICADO QUE EXPIDIÓ Y QUE JUSTIFICA LA INASISTENCIA DEL ABSOLVENTE O TESTIGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 186/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUAL TERCERO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2017. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, por tratarse de criterios provenientes de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos sobre asuntos de la materia laboral.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas:
I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, antes Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 730/92.
1. José María Cantú Montelongo demandó de Jesús Antonio Salinas Gutiérrez la indemnización constitucional por despido injustificado y otras prestaciones.
2. Del asunto conoció la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, quien lo registró con el expediente 2349/i/3/92. Una vez sustanciado el juicio dictó el laudo el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos.
3. Jesús Antonio Salinas Gutiérrez promovió demanda de amparo en contra de la anterior resolución; correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, quien lo registró con el expediente 730/92 y, en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, dictó sentencia en la que concedió el amparo, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-Es fundado el concepto de violación que se hace valer, por las siguientes razones:
"Expresa el quejoso que se violaron en su perjuicio las leyes del procedimiento, contenidas en los artículos 731, 742, fracción VII, 785, 786, 787, 788, 789 y 800 de la Ley Federal del Trabajo, al rebasarse los límites de legalidad en los proveídos de veinticuatro de junio, tres y siete de julio de mil novecientos noventa y dos, pues oportunamente allegó la documental suscrita por el profesionista médico que sostuvo su incapacidad para comparecer al desahogo de la prueba confesional a su cargo, imponiéndose en tal caso la aplicación del artículo 785 de la ley de la materia, que prevé la ratificación del documento que allegó, pero por provenir de tercero extraño al juicio, debió haberse estado a lo contemplado en el diverso artículo 742, fracción VII, en relación con el 800 de la ley en comento, utilizándose, inclusive, los medios de apremio establecidos por la ley para hacer comparecer al médico suscriptor de la documental allegada. Que sin embargo, en forma ilegal y sin fundamento legal alguno ordenó llamar a juicio al doctor Ángel Martínez Cadena apercibiéndolo a él indebidamente como parte demandada para que lo presentara ante la autoridad laboral el tres de julio de mil novecientos noventa y dos, y que en caso de que no lo hiciera sería declarado confeso, lo cual constituye una violación al procedimiento, pues tal situación no se encuentra contemplada por la ley laboral. Que en la fecha señalada compareció él en forma personal, pero no el doctor Ángel Martínez Cadena, solicitando en ese acto el desahogo de la confesional a su cargo, pero que, sin embargo, la autoridad se reservó el proveído correspondiente y el siete de julio de dicho año lo declaró confeso en cumplimiento al apercibimiento que le había hecho el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, lo cual considera ilegal, ya que no había sido llamado para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, y ni la obligatoriedad de presentar por su parte al médico referido, ni el apercibimiento de la declaración de confeso, en caso de no hacerlo encuentra adecuación legal en ningún precepto de la ley laboral.
"Lo anterior se estima fundado, por las siguientes razones: El artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo dispone textualmente que: ‘Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio de la Junta, concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el médico deberá comparecer, dentro de los cinco días siguientes, a ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deberá trasladarse al lugar donde aquélla se encuentre para el desahogo de la diligencia.’
"En el caso concreto y como se desprende de la diligencia relativa a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la autoridad de ley, la Junta responsable señaló como fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado Jesús Antonio Salinas Gutiérrez, en lo personal y como propietario del negocio ubicado en ********** de esta ciudad, las ocho horas del dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos. En tal fecha y a través de su apoderado se allegó a la Junta del Trabajo un documento médico en el que se hacía constar la incapacidad que presentaba el demandado y su imposibilidad para comparecer ante dicho tribunal a absolver posiciones, razón por la que se fijó nueva fecha para ese evento, siendo ésta el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, apercibiéndolo que de no comparecer sería declarado confeso en las posiciones que fueron calificadas de legales. Llegada la fecha mencionada y en virtud de que nuevamente no compareció a la audiencia programada, dado que se encontraba imposibilitado físicamente debido al padecimiento que sufría de acuerdo al dictamen que en esa fecha se allegó, la autoridad del trabajo, a petición del accionante y oferente de la prueba, y de conformidad con el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, acordó llamar a juicio al profesionista que suscribía el mencionado dictamen, doctor Ángel Martínez Cadena, apercibiendo a la parte demandada a fin de que lo presentara el tres de julio a las ocho horas para que ratificara o no el certificado médico indicado, y que en caso de no hacerlo sería declarado confeso, al tenor de las posiciones exhibidas, de conformidad con los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo, indicando además que en caso de que el doctor no compareciera en la fecha mencionada, la parte demandada debería señalar domicilio para efecto de llevar a cabo dicha probanza a través del secretario adscrito a la Junta Especial. Como en la fecha programada no compareció el médico que suscribió los dictámenes agregados con anterioridad, solicitando el demandado que se desahogara la confesional en su persona, la Junta se reservó el proveído correspondiente, y el siete de julio de mil novecientos noventa y dos declaró confeso a Jesús Antonio Salinas Gutiérrez, en lo personal y como propietario del centro de trabajo ubicado en ********** de esta ciudad, en cumplimiento a la prevención de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, y con fundamento en los artículos 786 y 790 de la Ley Federal del Trabajo.
"La anterior determinación, a juicio de este tribunal, carece de fundamentación legal, ya que el transcrito artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo prevé situaciones como la que se presentó en la especie para el caso del desahogo de la prueba confesional o testimonial, indicando claramente que cuando la persona a examinar no pueda concurrir a la Junta por enfermedad, previa comprobación de este hecho a través de dictamen médico u otra constancia fehaciente, el médico deberá comparecer a ratificar el documento, pero en ningún apartado señala que alguna de las partes tenga que presentarlo y mucho menos la declaratoria de confeso para el apercibido, cuando como en el caso ni siquiera fue citado en su calidad de demandado para absolver posiciones en esa fecha (tres de julio de mil novecientos noventa y dos), pues también son muy precisos los artículos 788 y 789 de la ley laboral, al indicar respectivamente y en lo conducente, en forma clara, que se citará personalmente a los absolventes, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados se les tendrá por confesos de las posiciones que les articulen, y que en caso de no concurrir se les declarará confesos de aquellas que se hubieren calificado de legales. En consecuencia, si el apercibimiento que se le hizo al ahora quejoso de declararlo confeso, no fue para el caso de que dejase de comparecer sin justa causa a absolver posiciones, puesto que ni siquiera se le citó para ese efecto, sino para el supuesto de que no presentar al doctor Ángel Martínez Cadena, a fin de que ratificara o no el certificado médico que exhibió, es claro que, al hacer efectivo dicho apercibimiento, al aplicarle una sanción no contemplada en la hipótesis prevista por el artículo 785 de la ley laboral transcrita, trascendiendo obviamente esta declaratoria al resultado del fallo, pues con base en dicha confesión se le condenó al pago de los salarios caídos demandados. En este orden de ideas, y dada la violación procesal señalada, lo que se impone es conceder al quejoso el amparo y protección constitucional señalada, a fin de que la responsable deje sin efecto el laudo reclamado, y cumpliendo cabalmente con las leyes del procedimiento y las reglas generales y especiales de desahogo de pruebas que la ley laboral señala, deje sin efectos la declaratoria de confeso del demandado Jesús Antonio Salinas Gutiérrez, en lo personal y como propietario del centro de trabajo ubicado en ********** de esta ciudad, y cumpliendo cabalmente con lo dispuesto por el artículo 785 señalado, cite al doctor Ángel Martínez Cadena en el domicilio que el propio actor señaló al solicitar la presencia de este profesionista para que ratificara el dictamen que emitió, según se desprende de la diligencia de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, constante a foja 35 del juicio laboral y, continuando con el procedimiento, dicte en su oportunidad el laudo que corresponda, previo análisis minucioso del material probatorio allegado en relación con la totalidad de las acciones y excepciones opuestas por las partes.
Del asunto derivó la tesis aislada IV.3o.143 L,(2) de rubro y texto:
"PRUEBA CONFESIONAL O TESTIMONIAL. SITUACIONES PARA SU DESAHOGO.-El artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo prevé situaciones para el caso del desahogo de la prueba confesional o testimonial, indicando claramente que cuando la persona a examinar no puede concurrir a la Junta por enfermedad, previa comprobación de este hecho a través de dictamen médico u otra constancia fehaciente, el médico deberá comparecer a ratificar el documento, pero en ningún apartado señala que alguna de las partes tenga que presentarlo y que su incumplimiento traiga aparejada una sanción y mucho menos la declaratoria de confeso para el apercibido al no presentar al médico, por lo que si la Junta efectúa lo anterior, viola las leyes del procedimiento al aplicar una sanción no contemplada en la hipótesis prevista en el numeral citado."
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito AD. 112/2016.
1. El treinta de octubre de dos mil siete, Herminio Loaiza Juárez, por conducto de su apoderado Moisés Martínez González, promovió juicio laboral en contra de Adhesivos y Sanitarios Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, María Rosaura Aguilar Espinoza, Noé Peñalosa Hernández y Eduardo Ramírez Torres demandó despido injustificado y diversas prestaciones.
2. La parte demandada promovió incidente de incompetencia, para que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad, quien se declaró incompetente y ordenó remitir los asuntos a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla.
3. La Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla registró el asunto con el expediente 958/2010, y tuvo por no interpuesta la demanda en contra de María Rosaura Aguilar Espinoza, Noé Peñalosa Hernández y Eduardo Ramírez Torres.
4. Una vez sustanciado el juicio dictó laudo el cinco de enero de dos mil dieciséis con los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO.-El actor Herminio Loaiza Juárez demostró parcialmente sus acciones ejercitadas, la empresa Adhesivos y Sanitarios Santa Julia, S.A. de C.V. demostró parcialmente sus acciones.-SEGUNDO.-Se condena a la demandada Adhesivos y Sanitarios Santa Julia, S.A. de C.V. al pago de la cantidad total de ********** que comprenden la cantidad de ********** por concepto de indemnización constitucional; más la cantidad de ********** por concepto de prima de antigüedad; más la cantidad de ********** por concepto de salarios caídos; más la cantidad de ********** por concepto de aguinaldo; más la cantidad de ********** por concepto de vacaciones; más la cantidad de ********** por concepto de prima vacacional. Lo anterior en los términos de los considerandos respectivos.-TERCERO.-Se absuelve a la demandada (sic) condena a la demandada Adhesivos y Sanitarios Santa Julia, S.A. de C.V., del pago de horas extras y del pago de 20 días por cada año de servicios prestados en términos de los considerandos respectivos.-CUARTO.-Se condena a la patronal a entregar al actor las constancias de aportaciones al hoy actor por concepto de contribuciones del IMSS, Infonavit y Afore por todo el tiempo de duración de la relación de trabajo en los términos del considerando respectivo."
5. El tres de febrero de dos mil dieciséis, Adhesivos y Sanitarios Santa Julia, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo directo, el cual fue registrado con el expediente 112/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.
6. En sesión de seis de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó negar el amparo, con base en las consideraciones siguientes:
"OCTAVO.-Pronunciamiento sobre los conceptos de violación.
"...
"Violaciones procesales. Deserción de la prueba testimonial. En un diverso grupo de motivos de disenso, la parte inconforme se duele de la deserción de los testimonios ofrecidos, al señalar que exhibió certificados médicos que justificaron la ausencia de los atestes, por lo que la Junta del conocimiento debió proceder a la cita del médico certificante y no exigir su presentación por conducto de la parte, a fin de ratificar los documentos correspondientes, dado que no existe norma en la Ley Federal del Trabajo que faculte a la responsable a actuar en la forma en que lo hizo; amén que el numeral 785 en ninguna de sus partes señala que el ofertante de la prueba correspondiente tenga que presentar al galeno ante la autoridad laboral, citando al efecto la tesis IV.3o.143 L, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página doscientos ochenta y cinco del Tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: ‘PRUEBA CONFESIONAL O TESTIMONIAL. SITUACIONES PARA SU DESAHOGO.’
"El motivo de disenso es infundado.
"En la audiencia trifásica celebrada en veintiséis de octubre de dos mil once (fojas 164 a 174), se admitió la prueba testimonial a cargo de José Antonio Romero Gallardo, Marcelo Barrera Díaz y Fátima Juanita Urizar Jiménez, quienes serían presentados por conducto del oferente, señalándose al efecto las once horas del ocho de febrero de dos mil doce.
"Llegada la fecha de desahogo del testimonio (fojas 184 y 185), se hizo constar la presencia de los testigos Marcelo Barrera Díaz y Fátima Juanita Urizar Jiménez, y en cuanto a José Antonio Romero Gallardo, el demandado exhibió un certificado médico (foja 182), en la que la médico Ma. Rosaura Aguilar Espinoza hizo constar que debido a los padecimientos sufridos, debía guardar reposo. Así, ante la solicitud del propio oferente de la prueba ante su indivisibilidad, se volvió a señalar fecha y hora para su desahogo.
"Luego, en veintinueve de mayo de dos mil doce (foja 219), comparecieron los testigos José Antonio Romero Gallardo y Fátima Juanita Urizar Jiménez, pero no Marcelo Barrera Díaz, de quien se exhibió certificado médico en que se hacía constar la imposibilidad física de su comparecencia (foja 218), por lo que, de nueva cuenta y a solicitud de la parte actora se señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba.
"Así, en dos de mayo de dos mil catorce, fueron presentados los testigos José Antonio Romero Gallardo y Fátima Juanita Urizar Jiménez, mientras que respecto a Marcelo Barrera Díaz, se presentó certificado médico en que se hacía constar su imposibilidad a comparecer (foja 282); en consecuencia, la Junta del conocimiento, en términos del artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, señaló las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, a fin de que el médico certificante ratificara el contenido del documento, quien sería presentado por el oferente de la prueba, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se ordenaría la deserción del testimonio del ateste de mérito.
"Llegada la fecha señalada (foja 285), ante la inasistencia de la parte demandada y del médico certificante, se decretó la deserción del testimonio a cargo de Marcelo Barrera Díaz y se señaló nuevo fecha y hora para la rendición de los otros.
"En diligencia de veintisiete de agosto de dos mil catorce (foja 287), se hizo constar la presencia de Fátima Juanita Urizar Jiménez, mientras que de José Antonio Romero Gallardo se exhibió certificado médico (foja 286), por lo que la Junta responsable señaló fecha y hora para que el médico certificante, quien debía comparecer por conducto del oferente de la prueba, ratificara el contenido del documento, apercibido con la deserción del testimonio; llegada la fecha correspondiente (foja 289), ante la inasistencia del galeno, se ordenó la deserción del testimonio y se señaló fecha y hora para el desahogo del único testigo habido.
"En diez de diciembre de dos mil catorce (foja 293), el demandado exhibió certificado médico para justificar la imposibilidad de asistir de la última de los testigos Fátima Juanita Urizar Jiménez, por lo que se señaló nueva fecha y hora para su desahogo (foja 295), donde se volvió a exhibir certificado (foja 294), que a juicio de la Junta resultó insuficiente para justificar la ausencia de la ateste, por lo que ordenó la deserción del testimonio de mérito.
"Ahora, el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente: [se transcribe].
"De la lectura del numeral de mérito, no se advierte que se señale la forma en que el médico certificante debe ser citado para comparecer ante la Junta del conocimiento; esto es, si debe ser por conducto del oferente o, como sostiene el quejoso, a través del tribunal laboral.
"Por tanto, ante el vacío normativo detectado, debe acudirse, en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, a la disposición que regule un caso semejante.
"El médico certificante de la enfermedad de una de las partes o de terceros relacionados con el proceso (testigos, peritos, etcétera), en verdad rinde testimonio técnico sobre la imposibilidad de asistencia ante la Junta, dado que en uso de conocimientos ajenos a aquellos a los que el tribunal laboral es experto, permite conocer el estado que guarda su salud, a fin de justificar su falta de comparecencia.
"Por lo tanto, si es el propio interesado en el desahogo de la prueba el que exhibe el certificado médico en que se hace constar por segunda ocasión la imposibilidad de comparecencia de una persona relacionada al proceso, es aplicable, por analogía, la regla prevista en el artículo 825, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que el oferente de la prueba debe presentar ante la Junta al experto, al señalar expresamente lo siguiente: [se transcribe].
"Así las cosas, en aplicación analógica del numeral 825 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la oferente de la prueba presentar al médico que ha emitido juicio (peritaje) sobre la enfermedad de uno de los intervinientes en el procedimiento.
"De igual forma, se estima que la Junta responsable puede proceder a la cita del médico certificante siempre que el oferente de la prueba, en forma justificada, señale la causa o motivo por la que no pueda presentarlo directamente, conforme dispone el numeral 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, aplicado, de igual manera, en forma analógica al caso, y que dispone lo siguiente: [se transcribe].
"Luego, del ejercicio interpretativo realizado, a través de la analogía, es claro que la Junta responsable no tiene la obligación de citar por su conducto al médico certificante, en la hipótesis establecida en el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, a menos que el oferente de la prueba señale causa o motivo justificado de imposibilidad de presentarlo.
"Por ello, no se comparte la tesis invocada por el quejoso, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, dado que en el mismo se hizo una interpretación exegética del numeral 785 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que no señala la obligación de las partes a presentar al médico; con lo que no puede convenir este cuerpo colegiado, pues se vulneraría la orden expresa contenida en el numeral 17 del ordenamiento reglamentario en cita, de interpretar sistemática y analógicamente sus normas.
"Luego, es infundado el concepto de violación analizado."
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Con el propósito de dilucidar si existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en consideración, en primer lugar, lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) así como 225 y 226 de la Ley de Amparo vigente,(4) los cuales regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito o los Plenos de Circuito, en tanto la finalidad de esas disposiciones, constitucional y legales, es unificar criterios ante los órganos de impartición de justicia en la interpretación de un determinado precepto, institución o problema jurídico.
Lo anterior, porque la resolución que se dicte, por mandato constitucional, sólo tiene el efecto de fijar jurisprudencia y no incide ni puede afectar válidamente las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios correspondientes.
Sentado lo anterior, debe precisarse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para que se configure una contradicción de tesis entre los órganos jurisdiccionales de mérito es menester que exista discrepancia de criterios respecto de hipótesis jurídicas esencialmente iguales, en la que tales órganos jurisdiccionales hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que las cuestiones fácticas que los rodean sean exactamente iguales.
Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)
En suma, es trascendente mencionar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido que para cumplir a cabalidad con el propósito para el cual fue creada la figura de la contradicción de tesis, esto es, salvaguardar la seguridad jurídica ante criterios jurídicos opuestos y, además, realizar una función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, resulta necesario no sólo analizar los criterios expresos, sino también los determinados de manera tácita, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares del caso.
De estimar lo contrario, es decir, que los criterios sostenidos implícitamente por los órganos jurisdiccionales de amparo no pueden configurar la contradicción de tesis, se permitiría que se siguieran emitiendo resoluciones diferentes sin justificación, en asuntos que versen sobre cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que se pretendió remediar con la instauración de la figura de la contradicción de tesis.
Sin que sea óbice para sostener tal aserto, el hecho de que se desconozcan expresamente las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, definir la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias discrepantes.
Lo anterior encuentra sustento legal en el párrafo segundo del artículo 226 de la Ley de Amparo en vigor, a partir del cual, el órgano competente para resolver una contradicción de tesis está facultado para acoger uno de los criterios discrepantes o, en su defecto, sustentar uno diverso.
Incluso, a las mismas conclusiones arribó el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 2/2006-PL, en sesión de doce de junio de dos mil seis, asunto del que derivó la jurisprudencia P./J. 93/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(6)
Sobre tales premisas jurídicas y de acuerdo con los antecedentes que informan la presente resolución -relatados párrafos precedentes-, esta Segunda Sala advierte que entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual, pero arribaron a conclusiones opuestas.
En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, antes Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, determinó que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no señala que alguna de las partes tenga que presentar al médico para ratificar el documento que acredite la imposibilidad de comparecer del absolvente de la prueba confesional.
Estimó que los artículos 788 y 789 de la Ley Federal del Trabajo establecen que debe citarse personalmente a los absolventes, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados se les tendrá por confesos de las posiciones que les articulen y que se hubieren calificado de legales.
Por lo que si el apercibimiento que se le hizo al quejoso de declararlo confeso, no fue para el caso de que dejase de comparecer sin justa causa a absolver posiciones, ya que ni siquiera se le citó para ese efecto, sino para el supuesto de que de no presentar al doctor a ratificar o no el certificado médico que exhibió, es claro que, al hacer efectivo dicho apercibimiento, y aplicarle una sanción no contemplada en el artículo 785 de la ley laboral, trascendió al resultado del fallo, pues con base en dicha confesión se condenó al pago de salarios caídos.
En cuanto a los efectos de la concesión del amparo, el órgano colegiado determinó que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable debía citar al doctor para ratificar el dictamen que emitió.
Derivado de lo anterior, emitió la tesis aislada IV.3o.143 L, en la cual sostuvo que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no señala que alguna de las partes tenga que presentar al médico certificante ni que su incumplimiento traiga aparejada alguna sanción, por lo que no puede tener por confeso al absolvente que omite presentar al médico.
En contraste, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito estimó que en el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no se advierte la forma en que el médico certificante debe ser citado para comparecer ante la Junta, es decir, si debe ser por conducto del oferente o por el tribunal laboral.
Consideró que ante el vacío normativo, debe acudirse, en términos del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, a la disposición que regule un caso semejante. Por lo que si es el propio interesado en el desahogo de la prueba el que exhibe el certificado médico en que se hace constar por segunda ocasión la imposibilidad de comparecer, debe aplicarse, por analogía, la regla prevista en el artículo 825, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que el oferente de la prueba debe presentar ante la Junta al experto que ha emitido testimonio técnico sobre la imposibilidad de asistencia (peritaje) sobre la enfermedad de uno de los intervinientes en el proceso.
De igua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27056-31757976/prueba-confesional-o-testimonial-corresponde-al-interesado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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