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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 404/2016. · Registro digital (IUS): 27230
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-07-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Pág. 208.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 404/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 26 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) en razón de que fue formulada por Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y dicho órgano jurisdiccional sustentó uno de los criterios contendientes.

TERCERO.-Consideraciones de las ejecutorias en probable contradicción. A continuación, se transcriben las principales consideraciones de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción de tesis.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 71/2014, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los agravios a estudio son infundados.

"Así lo son los argumentos (6.1. a 6.12.) donde la autoridad recurrente sostiene que la sentencia es incongruente, porque no podía declarar la prescripción de los créditos fiscales cuando no existía un pronunciamiento previo del tema por parte de la autoridad fiscal, pues esa figura jurídica sólo es analizable vía acción ante la autoridad fiscal o vía excepción ante el cobro de los créditos, por lo que no existe acto de autoridad previo y el tribunal no podía sustituirse en las facultades de la autoridad administrativa, pues ello sería suplir la deficiencia de la queja en favor de la actora e inobservar la jurisprudencia 2a./J. 150/2011, además de ser un reclamo extemporáneo.

"Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la síntesis de los agravios se desprende que la cuestión que debe resolverse en el presente asunto consiste en determinar, principalmente, si la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tenía la facultad de determinar la actualización de la prescripción de los créditos fiscales. De este modo, las preguntas que se deben responder son las siguientes:

"¿Cuál es la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa?

"¿En qué consiste el principio de congruencia?

"¿Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden abordar aspectos no contenidos en los actos de autoridad impugnados o la litis?

"¿Cómo ha interpretado el derecho jurisprudencial interno la figura jurídica de la prescripción en materia fiscal?

"¿Cuál es el alcance de la obligación de la autoridad fiscal de declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales prevista en el artículo 146, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación?

"En el caso concreto ¿fue correcto el proceder del tribunal responsable, al abordar el estudio de la prescripción del crédito fiscal vía acción jurisdiccional?

"Cuestión primera: ¿Cuál es la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa?

"La competencia por materia de los tribunales federales de jurisdicción contenciosa administrativa, es conocer de los litigios suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares, conforme lo previene el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal.

"La Administración Pública Federal se encuentra definida en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"La interpretación relacionada de las disposiciones transcritas pone en evidencia que la Administración Pública Federal constituye la forma de organización del Poder Ejecutivo Federal, es decir, los órganos administrativos que compondrán a dicho poder, el cual se deposita, en términos del artículo 80 de la Constitución Federal, en un solo individuo denominado ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’, que no forma parte de la administración pública federal citada, según se advierte palmariamente de los artículos 2o. y 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"El enlace de las anteriores disposiciones pone de relieve que el Poder Ejecutivo Federal está presidido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y para el ejercicio de sus atribuciones se auxilia de unidades u órganos administrativos que componen a la Administración Pública Federal; por tanto, la competencia de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa a que alude el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, se acota a dirimir los conflictos suscitados entre tales unidades u órganos de carácter administrativo que integran al Poder Ejecutivo Federal y los particulares, sin incluir a otros Poderes de la Unión, incluso, a los organismos autónomos.

"En consecuencia, los Tribunales Contenciosos Administrativos Federales tienen competencia constitucional para dirimir sólo las controversias suscitadas entre los órganos de la Administración Pública Federal del Poder Ejecutivo Federal y los particulares.

"Ahora, el ámbito competencial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa respecto de los actos emitidos por la Administración Pública Federal se delimita en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"De dicho precepto jurídico se desprenden, entre otras reglas, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo conocerá de aquellos juicios que se promuevan en contra de resoluciones definitivas que:

"• Determinen la existencia de una obligación fiscal, que fijen en cantidad líquida o que den las bases para su liquidación.

"• Nieguen la devolución de un ingreso regulado por el Código Fiscal de la Federación indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.

"• Impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.

"• Causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores.

"• Nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes a favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

"• Se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"• Se dicten en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisición, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

"• Negación de la indemnización o el monto no satisfaga al demandante y las que imponga obligación de resarcir daños y perjuicios, en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado.

"• Requerimiento del pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales.

"• Traten materias relacionadas con el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.

"• Pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

"• Decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en este artículo.

"• La evitación de una doble tributación fundada en un tratado o acuerdo internacional suscrito por México.

"• Cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos suscritos por México.

"• La negativa ficta.

"• Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

"• La competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de otras leyes.

"Ahora, a fin de definir lo que se entiende por ‘resolución definitiva’, se estima importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió el concepto de ‘resoluciones administrativas definitivas’ a que se refiere el primer párrafo del artículo 11 de la abrogada Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, precisando que:

"Aun cuando la acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo requiera la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la Administración Pública Federal, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida, cuya procedencia está condicionada a que los actos administrativos constituyan ‘resoluciones definitivas’, y que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que señala dicho numeral, aclarando que, aun cuando dicho precepto señala que tendrán el carácter de resoluciones definitivas aquellas que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo; sólo por esa expresión debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, de modo tal que se refleje el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento o, bien, como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial.

"Interpretación que sigue teniendo vigencia, porque el primer párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sigue conservando la característica de definitividad de los resoluciones, como lo hacía el artículo 11 ya citado.

"Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que la regla general es que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo conocerá de aquellos casos en que los juicios se promuevan en contra de resoluciones definitivas de la Administración Pública Federal y que se ubiquen en alguno de los supuestos que prevé el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Por tanto, para que sea procedente un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se requiere cumplir con los requisitos siguientes:

"• Acto emitido por la Administración Pública Federal o, en su caso, por la Auditoría Superior de la Federación.

"• Resolución que tenga carácter definitivo.

"• Se ubique en los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Sólo que, como la regla general no es absoluta sino relativa porque admite excepciones, entonces ha de señalarse que el agravio en materia fiscal no necesariamente se causa por un actuar, o sea por acción -dar o hacer-, sino que también puede ocasionarlo un no actuar, esto es, una omisión -no hacer-, si se tiene en cuenta que es la conducta, como un proceder en general, lo que puede causar la afectación a la esfera jurídica del particular; y siendo así, es inconcuso que esta forma de interpretar la normativa jurídica pasa el ejercicio del derecho de acción, y con base en el principio pro actione resulta conforme al derecho humano no sólo de acceso a la jurisdicción, sino también de tutela judicial efectiva, tal como lo autoriza el nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos con el objeto de hacerlos efectivos en un Estado constitucional, democrático y humanista de derecho, evitando el discurso jurídico del exceso ritual o de rigorismo de formas, en lo posible.

"...

"Cuestión tercera: ¿Las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa pueden abordar aspectos no contenidos en los actos de autoridad impugnados o la litis?

"Del propio artículo 50, párrafo quinto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende el imperativo legal consistente en que, en el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá, previamente, constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.

"En el derecho jurisprudencial interno se ha establecido que esa obligación jurisdiccional surge del modelo de plena jurisdicción con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque el efecto de la sentencia no se concreta a la mera nulidad del acto impugnado, sino que requiere tutelar en toda su extensión el derecho subjetivo del actor, fijando con claridad la forma en qué será restituido o reparado.

"El deber de reconocer la existencia del derecho subjetivo -robustece la jurisprudencia- se inspiró en los principios de justicia pronta y completa, previstos en el artículo 17 de la Constitución General de la República, porque antes de su nacimiento el tribunal se limitaba a anular el acto o la resolución impugnada, ante los vicios advertidos, sin posibilidad de analizar si el particular había satisfecho los requisitos legales para resolver favorablemente lo pedido en la instancia administrativa de origen, a pesar de que en el juicio de nulidad ofreció los elementos que demostraban la existencia de ese derecho subjetivo, de modo que con esa clase de nulidad -acotada- la autoridad nuevamente tenía que pronunciarse, con el consecuente retraso en la solución final de lo gestionado por el gobernado.

"La constatación del derecho subjetivo -además, precisó- tiende a evitar que el tribunal ordene su restitución, sin haber verificado que cuenta con él, ya que no es jurídicamente posible que se obligue a la autoridad administrativa a reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los elementos para ello; de ahí que se justifique la comprobación oficiosa de ese derecho subjetivo, con el fin de que no se produzca un beneficio indebido por el actor, en el entendido que tiene eficacia plena esta obligación cuando el tribunal cuenta con los medios suficientes para valorar ese aspecto; de lo contrario, deberá declarar la nulidad del acto impugnado sin examinar dicho tema en la sentencia que dicte.

"Entre esos aspectos que debe constatar las Salas se ubica la de determinar, si el derecho reclamado no ha prescrito, lo cual debe hacer incluso de manera oficiosa, porque no es jurídicamente posible reconocer una prerrogativa legal si el particular no cumple con todos los elementos o cuando se ha extinguido ese derecho.

"Lo anterior, se reconoció en las jurisprudencias 2a./J. 67/2008 y 2a./J. 132/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes:

"‘NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO INDEBIDAMENTE. CUANDO SE DECRETA SU NULIDAD CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 238, FRACCIÓN IV Y 239, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁ FACULTADO, POR REGLA GENERAL, ADEMÁS DE ANULAR EL ACTO, PARA REPARAR EL DERECHO SUBJETIVO DEL ACTOR Y CONDENAR A LA ADMINISTRACIÓN A RESTABLECERLO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).’ (se transcribe)

"‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS SALAS FISCALES PUEDEN ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE PARA OBTENER LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008).’ (se transcribe)

"De ahí se tiene que una de las excepciones -que el derecho jurisprudencial ha reconocido- al estudio estricto de la litis en el juicio contencioso administrativo, lo es en el análisis oficioso de la prescripción de un derecho que debe hacer la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa antes de reconocer una prerrogativa legal.

"Cuestión cuarta: ¿Cómo ha interpretado el derecho jurisprudencial interno la figura jurídica de la prescripción en materia fiscal?

"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el ámbito del derecho tributario, el discurrir del tiempo trasciende en el ámbito de los derechos por razones de seguridad jurídica, debiéndose reconocer o ejercitar a lo largo del tiempo que el ordenamiento legal establezca. De forma tal que, mientras se encuentre activo el plazo que el ordenamiento legal previene, el derecho a la devolución estará vigente; en cambio, transcurrido dicho plazo legal, los derechos se desvanecen o se extinguen.

"De esta manera, debe tenerse presente que la prescripción constituye una figura jurídica que tiene por propósito generar seguridad jurídica en las relaciones patrimoniales que existan entre gobernados y autoridades, su objeto consiste en eliminar la incertidumbre jurídica, a través del establecimiento de plazos, fundamentándose en la necesidad de conceder una estabilidad a las situaciones jurídicas existentes.

"La prescripción en materia tributaria debe partir de la idea de que sólo se regula y concibe como forma extintiva del derecho a la devolución por el transcurso del tiempo; el efecto por antonomasia de la prescripción en el marco de la devolución de cantidades, es la extinción del carácter de exigibilidad de tal derecho por el discurrir del plazo previsto en el ordenamiento legal, consecuencia que se origina, ya sea por una conducta de abandono, negligencia o indiferencia, por parte del titular del derecho subjetivo.

"La doctrina, por su parte, ha definido esta figura como la extinción de un derecho subjetivo por el silencio prolongado en el tiempo fijado en la ley, expresión que quiere indicar los distintos tipos de conductas que concurren a la consumación del efecto prescriptivo; de tal manera que dicho efecto no se producirá cuando, antes del transcurso del plazo, el titular ejercita su derecho o el deudor verifica cualquier acto de reconocimiento de éste.

"Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la naturaleza jurídica de la prescripción en materia fiscal, como un derecho sustantivo, pues prevé la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo, esto es, la prescripción es un medio para que el deudor se libere de una obligación tributaria mediante el plazo de cinco años, y se encuentra regulada en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación.

"De igual forma, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País en la contradicción de tesis 261/2011, interpretó el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del dos mil seis, donde sostuvo lo siguiente:

"• El crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años, y que éste se inicia a partir de la fecha en que su pago pudo ser legalmente exigido, pues constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad, derivada de no ejercer su facultad económico coactiva.

"• Para la prescripción de un crédito fiscal, sólo se requiere que hayan transcurrido cinco años de forma ininterrumpida, sin que exista gestión de cobro por parte de la autoridad.

"• Basta que se haya consumado el plazo de cinco años para que se actualice la prescripción del crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad en que se consumó dicho plazo.

"• No es factible jurídicamente interrumpir el plazo de la prescripción en los casos en los que ya hubiera transcurrido dicho plazo, porque no se puede interrumpir un lapso que ya se extinguió.

"• Que el deudor no hubiera impugnado la gestión de cobro realizada por la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción, no implica la pérdida para hacer valer en vía de acción o de excepción la actualización de la prescripción, ya que, por mandato legal, la prescripción opera con el sólo transcurso del lapso de cinco años, sin que se prevea que los actos de cobro posteriores a que se consumó la prescripción, y que no hubieran sido impugnados, tengan como efecto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado.

"• La prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económica coactiva, de modo que bajo esta tesitura, una vez consumado el plazo de la prescripción, el contribuyente podrá hacer valer la prescripción, vía acción, ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción, cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción haya realizado un acto de cobro y éste no haya sido impugnado por el deudor, ya que la prescripción no se encuentra condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad en que se consumó el plazo referido.

"De las consideraciones anteriores surgió la jurisprudencia 2a./J. 150/2011, cuyos rubro y textos son:

"‘PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE.’ (se transcribe)

"Cuestión quinta: ¿Cuál es el alcance de la obligación de la autoridad fiscal de declarar de oficio la prescripción de créditos fiscales prevista en el artículo 146, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación?

"El artículo 146, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:

"‘Artículo 146. ...

"‘La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente.’

"De la porción normativa se desprende una obligación de la autoridad -declarar la prescripción- y una potestad del contribuyente -solicitar la declaración-. Ello significa que la figura de la prescripción en materia fiscal es un tema de oficio para la autoridad administrativa, lo que la convierte en un tema de orden público.

"En cambio, con la configuración de la prescripción surge un derecho en favor de la persona que se beneficia de ella; de ahí se origina el derecho para reclamarla por vía de acción ante el no actuar o proceder omiso de la autoridad fiscal, no obstante tener el deber de declarar la extinción de oficio y es aquella omisión lo que legitima al contribuyente para demandar su declaratoria en un Estado constitucional de derecho.

"Cuestión sexta: En el caso concreto ¿fue correcto el proceder del tribunal responsable al abordar el estudio de la prescripción del crédito fiscal vía acción jurisdiccional?

"La respuesta es sí. Para sostener lo anterior, es necesario resaltar que la acción ejercida por el actor del juicio contencioso administrativo, sólo fue admitida respecto a la prescripción de los créditos R-567415, R-567416, R-567417 y R-567418, la cual fue declarada procedente, con base en que:

"• No había precluido el derecho del contribuyente para alegar vía excepción la prescripción de los créditos fiscales, porque una vez fenecido el plazo para que opere la prescripción el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, vía excepción cuando se pretenda cobrar, o a través del juicio contencioso administrativo.

"• De acuerdo con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, un crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de 5 años, es decir, por el solo transcurso de ese tiempo, el cual inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido.

"• La resolución liquidatoria ya estaba prescrita conforme lo dispone el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, transcurrir el plazo de cinco años.

"En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 150/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el contribuyente podrá hacer valer la prescripción, vía acción, ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción, cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes.

"Sin embargo, esa interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo respecto del problema jurídico de la interrupción del plazo para que prescriban las facultades de la autoridad hacendaria, mas no así, sobre los medios legales que tiene el contribuyente para que se declare que un crédito fiscal se encuentra prescrito.

"A consideración de este Tribunal Colegiado de Circuito, una vez actualizada la prescripción, puede ser declarada:

"• De oficio por la autoridad recaudadora.

"• Ante su omisión de declaración de la autoridad recaudadora, puede solicitarla el contribuyente vía acción ante ésta.

"• Vía excepción en los recursos administrativos o a través del juicio contencioso administrativo, cuando la autoridad intenta el cobro de un crédito fiscal prescrito.

"• Vía acción jurisdiccional ante la omisión de la autoridad recaudadora de declararla de oficio.

"El último supuesto es así, en razón de que la prescripción, por sanción legal, debe traducirse en una acción, porque el beneficiado con la prescripción, no debe esperar a que la autoridad le exija el cobro del crédito fiscal sino que, si le interesa, debe intentar una acción tendente a obtener una sentencia jurisdiccional declarativa de prescripción que determine oficialmente que el crédito fiscal ha prescrito.

"No basta el reconocimiento -previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación- del contribuyente de solicitar la actualización de la prescripción a la propia autoridad recaudadora, sino que el derecho deriva directamente del propio derecho que surge al contribuyente de liberarse de su obligación de pago, que se traduce en un derecho sustantivo que tiene que ser tutelado por una acción jurisdiccional.

"Máxime que la resolución definitiva lo es la existencia de la determinación de los créditos fiscales R-567415, R-567416, R-567417 y R-567418, respecto de los cuales se solicitó la declaratoria de prescripción; lo que indudablemente se ubica dentro de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

"Además, en tratándose de la figura de la prescripción, es de puntualizarse que si bien la prescripción sólo puede configurarse en aquellos casos previstos expresamente por las leyes, sin que tales supuestos puedan ser ampliados por los particulares, lo cierto es que nada impide al juzgador, cuando existen en autos los elementos que así lo acrediten, proceder al estudio oficioso de dicha figura -ya vía acción jurisdiccional o excepción del contribuyente- y resolver sobre la procedencia del asunto sometido a su consideración.

"Por tanto, si la prescripción se encuentra actualizada por el simple transcurso del tiempo, ésta debe declararse de oficio en cualquier estado del proceso, no sólo por la autoridad recaudadora sino por la jurisdiccional.

"Esto es así, en razón de que una vez actualizada la figura de la prescripción, el derecho extinto no puede renacer con un acto posterior a la fecha en que aquélla se completó, dado que no es posible interrumpir algo ya concluido.

"De ahí que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tengan la facultad de resolver sobre la prescripción de un crédito fiscal vía acción jurisdiccional, para tutelar el derecho nacido en favor del contribuyente, sin que sea necesario el esperar a la existencia de un acto de autoridad recaudadora, pues la ausencia de la declaración de prescripción nace de un acto omisivo de ésta quien tenía la obligación de hacerlo de forma oficiosa, lo que convierte a la prescripción fiscal como una figura jurídica cuyo estudio es de oficio tanto para la autoridad administrativa como para la jurisdiccional.

"Consecuentemente, es inexacto que la prescripción negativa requiere de ‘la existencia de un acto de autoridad susceptible de análisis’, en los términos que se aducen en los agravios; toda vez que se ha visto que el agravio en materia fiscal lo puede causar no sólo el actuar de la autoridad administrativa, sino también el no actuar -omisión- y, por eso, se abre la jurisdicción; pues de no ser así, se estaría excluyendo el proceder omiso de la autoridad para su enjuiciamiento, esto es, no habría posibilidad jurisdiccional de someter esa omisión a su juzgamiento y el deber de la autoridad administrativa quedaría sin cumplimiento al capricho de ella, quebrantando el derecho humano a la seguridad jurídica; cuando este Tribunal Colegiado de Circuito ha sostenido que, como autoridad jurisdiccional debe otorgar seguridad jurídica a las personas impidiendo que las autoridades sometidas a su jurisdicción actúen de manera arbitraria o caprichosa.

"Máxime que de otorgar razón a la autoridad recurrente, sería tanto como desconocer e infringir el Estado constitucional de derecho, pues tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como el Servicio de Administración Tributaria están obligados a respetar y, consecuentemente, a ser un ejemplo de la observancia de los derechos fundamentales de las personas, garantizando el pleno goce y disfrute de ellos, so pena de incurrir en responsabili

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27230-f0befff2/prescripcion-de-un-credito-fiscal-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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