SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE ES EXIGIBLE SU DEVOLUCIÓN PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN. SALDO A FAVOR. MOMENTO EN QUE SE GENERA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 536/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 15 DE MAYO DE 2014. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JUAN N. SILVA MEZA; VOTARON EN CONTRA JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTES: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de mayo de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Por escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al fallar el amparo directo en revisión 2514/2012, y el sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 2693/2010 y 258/2012.
2. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal requirió a las Secretarías de Acuerdos de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que a la brevedad posible, y de no existir impedimento legal alguno, por un lado, informaran a la Subsecretaría General de Acuerdos, si el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene reconocida su personalidad en esos asuntos y, por la otra, remitieran a dicha subsecretaría la copia certificada de dichas ejecutorias.
3. TERCERO. Mediante sendos proveídos de fecha cuatro de diciembre de dos mil doce, los secretarios de Acuerdos de la Primera y de la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informaron a la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si tiene reconocida su personalidad en dichos asuntos y procedieron a remitir las copias certificadas de los amparos directos en revisión 2514/2012, 2693/2010 y 258/2012, respectivamente.
4. CUARTO. Por acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal, en primer lugar, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, quedando registrada bajo el expediente relativo a la contradicción de tesis 536/2012; en segundo lugar, ordenó que se turnaran los autos del asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para su estudio; en tercer lugar, determinó que se integrara el cuaderno auxiliar de turno virtual; y, en cuarto lugar, indicó que se le diera vista con ese acuerdo al procurador general de la República, para el efecto de que, si lo estima pertinente, exponga su parecer.
5. QUINTO. La agente del Ministerio Público de la Federación formuló su pedimento a través del oficio número DGC/DCC/160/2012, de fecha catorce de febrero de dos mil trece, en el sentido de que, por una parte, no existía la contradicción de criterios denunciada y, por la otra, que de estimar que si la había, se debía dejar sin materia si se fallaba la contradicción de tesis 539/2012.
6. SEXTO. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil trece, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación.
CONSIDERANDO:
1. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los criterios divergentes provienen de la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.
2. Es de señalarse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las denuncias de contradicción de tesis entre las Salas de dicho Alto Tribunal, los cuales señalan lo siguiente:
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley, o por los Plenos de Circuito de distintos circuitos, por los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito y por los Tribunales Colegiados de Circuito con diferente especialización, cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las Salas."
Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:
"...
"VII. Las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las diversas que se susciten entre el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal y alguna de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos del párrafo séptimo del artículo 99 constitucional, así como las suscitadas entre los Plenos de Circuito y/o los Tribunales Colegiados de un diverso circuito, cuando así lo acuerde la Sala en la que esté radicada y el Pleno lo estime justificado."
3. De las anteriores transcripciones se puede advertir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de las contradicciones de criterios que existan entre las Salas que integran este Alto Tribunal, sin establecer distinción alguna respecto del sentido del fallo correspondiente, incluso si la misma es declarada improcedente, inexistente o sin materia.
4. En este tenor, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto.
7. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el subprocurador fiscal federal de Amparos, quien intervino en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de tercero perjudicado, y quien tiene facultad para hacerlo, en términos de lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, mismo que dispone:
"Artículo 197. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los Ministros que las integren, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que decidirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.
"El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.
"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, y el procurador general de la República, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
8. TERCERO. En primer lugar, debe examinarse si existe o no la contradicción de criterios denunciada.
9. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, el veinticuatro de octubre de dos mil doce, por mayoría de tres votos, el amparo directo en revisión 2514/2012, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:
ADR. 2514/2012
10. "El primer párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, en la parte que interesa, textualmente, establece: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). De dicho precepto jurídico se desprende que las autoridades fiscales devolverán a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el derecho a la devolución que consagra el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, puede derivar, ya sea de la existencia de un pago de lo indebido; o bien, de un saldo a favor que derive de la aplicación metodológica de la ley; aspectos que inclusive se encuentran desglosados así en los formatos de solicitud de devoluciones aprobados para tal efecto por el Servicio de Administración Tributaria, al señalar, en la parte que interesa, lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, en torno al concepto de ‘pago de lo indebido’, el maestro Ernesto Gutiérrez y González, en su libro Derecho de las Obligaciones, señala que por éste se debe entender, lo siguiente: ‘ENTREGA DE LO INDEBIDO (PAGO DE LO INDEBIDO): ESPECIE DEL ENRIQUECIMIENTO ILEGÍTIMO. Es la entrega indebida de una cosa cierta, por error fortuito, o provocado por un tercero, ignorándolo el que se beneficia del error. Esta materia es y se trata en los dos códigos, el del D.F. y el federal como un apéndice del enriquecimiento ilegítimo, porque éste es el género y la entrega de lo indebido una especie, si bien debe tenerse presente que es una fuente que debe desaparecer con su apéndice. En efecto, ésta se refiere de manera exclusiva a prestaciones de cosas ciertas, en donde no hay causa, en tanto que aquél se refiere en general, a prestaciones de dar, hacer o no hacer.’. Por su parte, el maestro Emilio Margáin, en su obra Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano, diferencia el ‘pago de lo debido del «pago de lo indebido», en los siguientes términos: «... el pago de lo debido es el entero de lo que el contribuyente adeuda conforme a la ley. En cambio, el pago de lo indebido, consiste en el entero de una cantidad mayor a la debida o que no se adeudaba (en donde) el sujeto pasivo lo que está haciendo es en realidad dar cumplimiento a obligaciones que legalmente no han existido a su cargo (pago de algo a lo que no se estaba obligado) o bien en exceso de las que debió haber cumplido ...».’; a su vez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2003, por mayoría de tres votos, en contra de los emitidos por la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en sesión de fecha tres de septiembre de dos mil cuatro, estableció que el ‘pago de lo indebido’, ‘tiene su origen en un principio: el contribuyente sólo debe, en concepto de impuesto, lo que la ley ha establecido, de lo cual deriva que cuando se verifica un determinado hecho imponible surge la obligación limitada al supuesto y a la cantidad que la ley ha querido imponer, pero si el gobernado ha pagado una cantidad distinta de la que la norma impone, por un hecho que no está previsto como supuesto de la obligación limitada al supuesto de la obligación, por el mismo principio de legalidad surge para el Estado la obligación de devolver y nace, para el que ha pagado, el derecho de crédito para solicitar el pago de lo indebido.’. Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. A su vez, el saldo a favor, no deriva de un error de cálculo, aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia. Esto es, a diferencia de lo que sucede con los pagos de lo indebido, en donde el entero se hace por una cantidad mayor, sin estar obligado a ello; los saldos a favor surgen por virtud de la aplicación de lo señalado en las disposiciones fiscales, por lo que se generan con posterioridad al entero efectuado por los contribuyentes. Corrobora lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 110/2011, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de dos mil once, página quinientos uno, y que es del tenor literal siguiente: ‘DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable, al caso concreto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 198/2004, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de dos mil cinco, página quinientos siete, y que es del tenor literal siguiente: ‘COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. DEBEN APLICARSE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE SE ENCUENTREN EN VIGOR AL EFECTUARSE AQUÉLLA, CUANDO SE TRATE DE CANTIDADES QUE NO DERIVAN DEL MISMO IMPUESTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2003.’ (se transcribe). Del mismo modo, resulta aplicable, al caso concreto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 122/2003, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero de dos mil cuatro, página ciento setenta y cinco, y que es del tenor literal siguiente: ‘DEVOLUCIÓN PARCIAL DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE. LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIFERENCIA PROCEDE A PARTIR DE QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN EN LA QUE SE MANIFESTÓ DICHO SALDO.’ (se transcribe). A su vez, resulta aplicable, al caso concreto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2001, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, página cuatrocientos noventa y seis, y que es del tenor literal siguiente: ‘VALOR AGREGADO. EL IMPUESTO ACREDITABLE NO PUEDE CONSIDERARSE COMO CUENTA POR COBRAR NI COMO CRÉDITO PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DEL COMPONENTE INFLACIONARIO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 7o. B DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.’ (se transcribe). Del mismo modo, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 38/2000, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, mayo de dos mil, página cincuenta y ocho, y que es del tenor literal siguiente: ‘COMPENSACIÓN. PUEDE REALIZARSE POR CONTRIBUYENTES QUE DICTAMINEN SUS ESTADOS FINANCIEROS CUANDO SE HAGAN PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO.’ (se transcribe). Finalmente, la tesis P./J. 23/94, sustentada en la Octava Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 78, junio de mil novecientos noventa y cuatro, página veintidós, y que es del tenor literal siguiente: ‘VALOR AGREGADO. DEVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS A FAVOR OTORGADA SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD (ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE A PARTIR DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE).’ (se transcribe). Incluso, debe señalarse que el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, reconoce la diferencia que existe entre un pago de lo indebido y un saldo a favor, al señalar: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). Por tanto, resulta evidente que existen diferencias sustanciales entre el pago de lo indebido y del saldo a favor que regula el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Una vez precisado lo anterior, se estima necesario señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, la obligación de devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, derivadas de un saldo a favor, prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir el penúltimo párrafo del numeral en comento, mismo que establece: (se transcribe). Por su parte, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, en torno a la prescripción de los créditos fiscales, dispone: ‘Artículo 146.’ (se transcribe). De dicho numeral se desprende, para lo que aquí interesa, por una parte, que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años y, por la otra, que dicho término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. Ahora bien, en torno a la prescripción de la obligación de la autoridad de devolver las cantidades derivadas de un pago de lo indebido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2003, por mayoría de tres votos, en contra de los emitidos por la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, en sesión de fecha tres de septiembre de dos mil cuatro, ha sostenido lo siguiente: (se transcribe). De dichas consideraciones derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 165/2004, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página cuatrocientos cuarenta, y que es del tenor literal siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO.’ (se transcribe). De esta forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar dicho criterio, precisó que tratándose de la obligación de las autoridades fiscales de devolver al contribuyente las cantidades enteradas en exceso, el plazo de la prescripción inicia a partir de la fecha en que se hizo el entero respectivo, es decir, al momento en que se presentó la declaración normal o alguna complementaria con saldo en contra del causante, pues es esa fecha cuando se efectuó el entero de las cantidades indebidas. Sin embargo, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho criterio no resulta aplicable para determinar el momento en que inicia el término de la prescripción de la obligación de la autoridad de devolver al contribuyente las cantidades derivadas de un saldo a favor, por las razones siguientes: En primer lugar, debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años, y dicho término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido. En torno a esta cuestión, debe señalarse que el artículo 2190 del Código Civil Federal establece el concepto de deuda exigible, al señalar: ‘Artículo 2190.’ (se transcribe). Así las cosas, se pone de manifiesto que, tratándose de la devolución de los saldos a favor, el término de la prescripción inicia a partir del momento en que el fisco federal tiene conocimiento de la existencia de éstos a través de una declaración normal o complementaria. Lo anterior es así, en virtud de que no será sino hasta el momento en que se consigna en la declaración respectiva un saldo a favor, cuando éste puede ser legalmente exigible por parte de los contribuyentes; de modo que es hasta ese momento y no cuando se hizo el entero respectivo, cuando debe considerarse que inicia el término de la prescripción. En efecto, tal como lo sostiene la parte quejosa en su agravio respectivo, tratándose de los saldos a favor, el entero de las cantidades que los integran, no es relevante para su determinación, pues cuando ésta se realiza, no es posible saber si habrá un saldo a favor o no; toda vez que sus efectos surgirán, nacerán y serán exigibles hasta el momento en que se consigne en la declaración respectiva ese saldo a favor y no al momento en que se hubieran enterado las cantidades que les dieron origen. Esto es, la existencia y el monto del saldo a favor, sólo podrá determinarse con exactitud, una vez que éste se genere y sea consignado en una declaración normal o complementaria, pues será hasta ese momento cuando sea exigible por parte del contribuyente a la autoridad y, por ende, será éste el momento en que inicie el término de la prescripción a que hace referencia el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho a obtener la devolución de un saldo a favor, surge y se hace exigible hasta el momento en que se consigna en una declaración normal o complementaria y no al momento en que se hizo el entero respectivo, ya que en ese instante no existía el derecho del particular de solicitar la devolución, ni la obligación a cargo del fisco federal de restituirle cantidad alguna. Resulta aplicable, al caso concreto, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 96/2004, sustentada en la Novena Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, página doscientos siete, y que es del tenor literal siguiente: ‘ACTIVO. LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE LO REGULA, PROCEDE CUANDO SE SOLICITA CON MOTIVO DE UNA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA QUE INCREMENTA EL MONTO DEL EXCEDENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE INICIALMENTE DECLARADO, SÓLO POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS RESULTADOS, PERO NO ASÍ CUANDO TAL EXCEDENTE SE REDUCE.’ (se transcribe). ..."
11. De la resolución de dicho asunto derivaron las tesis aisladas siguientes:
"PAGO DE LO INDEBIDO Y SALDO A FAVOR. CONCEPTO Y DIFERENCIAS. De la lectura del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las autoridades fiscales devolverán a los contribuyentes las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, de tal forma que el derecho a la devolución que consagra dicho precepto, en concordancia con su sexto párrafo, puede derivar, ya sea de la existencia de un pago de lo indebido, o bien, de un saldo a favor. Ahora bien, el pago de lo indebido se refiere a todas aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, es decir, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia. En cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculo, aritmético o de apreciación de los elementos que constituyen la obligación tributaria a cargo del contribuyente, sino que éste resulta de la aplicación de la mecánica establecida en la ley de la materia.
"Amparo directo en revisión 2514/2012. Probemex, S.A. de C.V. 24 de octubre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre." [Décima Época, 1a. CCLXXX/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 528]
"PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ENTERADAS EN EXCESO, EL PLAZO INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HIZO EL ENTERO. En términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años y dicho término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; así que tratándose del pago de lo indebido, el término de la prescripción inicia a partir de la fecha en que se hizo el entero respectivo, es decir, al momento en que se presentó la declaración normal o alguna complementaria con saldo en contra del causante, pues es en ese momento cuando se efectuó el entero de las cantidades indebidas por parte del contribuyente, atendiendo al principio de autodeterminación de las contribuciones que rige en materia fiscal, pues el pago de lo indebido surge con motivo de un error del contribuyente que enteró cantidades en exceso, es decir, montos que no adeudaba al fisco federal, pero que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que le impone la ley de la materia.
"Amparo directo en revisión 2514/2012. Probemex, S.A. de C.V. 24 de octubre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre." [Décima Época, 1a. CCLXXXII/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 529]
"PRESCRIPCIÓN. CUANDO SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FISCALES DE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE UN SALDO A FAVOR, EL PLAZO INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE EL FISCO FEDERAL TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ÉSTE. En términos del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años y dicho término se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido; así que tratándose de la devolución de los saldos a favor, el término de la prescripción inicia a partir del momento en que el fisco federal tiene conocimiento de la existencia de éstos a través de una declaración normal o complementaria. Lo anterior es así, en virtud de que no será sino hasta el momento en que se consigna en la declaración respectiva un saldo a favor, cuando éste puede ser legalmente exigible por parte de los contribuyentes; de modo que, el derecho a obtener la devolución de un saldo a favor surge y se hace exigible hasta el momento en que se consigna en una declaración normal o complementaria y no al momento en que se hizo el entero respectivo, a diferencia de lo que sucede con los pagos de lo indebido, ya que en ese instante no existía el derecho del particular de solicitar la devolución, ni la obligación a cargo del fisco federal de restituirle cantidad alguna.
"Amparo directo en revisión 2514/2012. Probemex, S.A. de C.V. 24 de octubre de 2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre." [Décima Época, 1a. CCLXXXI/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 529]
12. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar los amparos directos en revisión 2693/2010, en sesión de fecha nueve de marzo de dos mil once, por mayoría de cuatro votos, y 258/2012, en sesión de fecha veinte de junio de dos mil doce, por mayoría de tres votos, en la parte que interesa, señaló lo siguiente:
ADR. 2693/2010
"Sentado lo anterior, procede citar, en lo conducente, los preceptos cuya constitucionalidad se cuestiona: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). ‘Artículo 146.’ (se transcribe). Del primero de los artículos transcritos se advierte que el legislador determinó que las autoridades fiscales deben devolver a los contribuyentes las cantidades que se hayan pagado indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. De lo anterior se aprecia que en el precepto de que se trata el legislador no únicamente reguló los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25505-dd757754/saldo-a-favor-momento-en-que-es-exigible · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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