SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. CUANDO NO SE COMBATA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD FISCAL QUE LA NIEGA, PROCEDE PRESENTARLA NUEVAMENTE SUBSANANDO LOS REQUISITOS O DEFECTOS FORMALES DE LA PRIMERA O APORTANDO NUEVOS ELEMENTOS.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 114/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE OCTUBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: ÓSCAR JAIME CARRILLO MACIEL.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes al Primer Circuito que corresponde a la región Centro-Norte y conocen de la materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por **********, en su carácter de autorizada de la persona quejosa en el juicio de amparo directo 440/2021 del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cuya resolución se contiene uno de los criterios contendientes.
3. Es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(4) que a continuación se transcribe, en la cual el Alto Tribunal interpretó los artículos 27 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, similares a los diversos 12 y 227, de la ley de la materia vigente, cuyo tenor es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
III. Criterios denunciados
4. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 440/2021, por mayoría de votos, en sesión de once de febrero de dos mil veintidós.
5. Criterio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 69/2020, por mayoría de votos, en sesión de cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 440/2021, y el sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 69/2020.
8. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
9. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:
Ver información
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre el supuesto en que la autoridad hacendaria niega la devolución de una cantidad solicitada por una persona contribuyente, aduciendo que existe una resolución previa en la cual negó la devolución de esa cantidad al resolver sobre una solicitud formulada anteriormente por la misma persona, la que no fue impugnada.
12. No sobra señalar que del examen de las resoluciones contendientes no se advierte que en los casos de los que surgieron los criterios contradictorios, para sostener la negativa a devolver las cantidades solicitadas, la autoridad hacendaria haya solicitado datos, informes o documentos adicionales o ejercido facultades de comprobación para verificar su procedencia; en la siguiente tabla se transcriben las partes conducentes de las sentencias:
Ver transcripción
13. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque pues ambos tribunales realizaron la interpretación de lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, y un diferendo de criterios porque uno consideró que el derecho de la persona contribuyente para solicitar la devolución precluyó al haber consentido tácitamente la determinación de la autoridad fiscal recaída a una primera solicitud de devolución de saldo; mientras que el otro, sostuvo que la norma no prohíbe presentar una nueva solicitud a fin de aportar elementos adicionales para lograr obtener la devolución de saldo a favor, siempre y cuando se realice antes de que opere la prescripción.
14. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver: Este requisito se cumple también pues a partir del punto de conflicto advertido en párrafos precedentes entre los tribunales contendientes(6) cabe la pregunta siguiente: ¿Si una persona solicita la devolución de un saldo a favor y no combate la resolución de la autoridad fiscal que la niega, conforme a lo previsto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pierde el derecho a solicitarla nuevamente subsanando los defectos formales de la primera solicitud o aportando elementos adicionales?(7)
15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 440/2021, y el sustentado por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 69/2020.
16. Importa aclarar que no se inadvierte que los hechos analizados por los tribunales colegiados sobre las razones de las negativas a devolver el saldo a favor inicialmente solicitado no guardan una semejanza sustancial como se muestra en la tabla siguiente:
Ver tabla
17. No obstante las diferencias fácticas precisadas, los asuntos guardan relación entre sí por cuanto a que en ambos casos se impugnó la resolución en la cual la autoridad hacendaria negó una segunda solicitud de devolución, por existir una resolución previa en la que se negó la devolución solicitada por la misma persona, que no fue impugnada.
18. Por estas razones se estima que aun existiendo diferencias entre los supuestos fácticos, los dos tribunales se ocuparon de similar problema jurídico; entonces, existe la contradicción. Apoyan esta determinación la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010(8) y la tesis aislada P. V/2011(9) de rubros y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."
19. Finalmente, debe señalarse que no existe informe de los Tribunales Colegiados Décimo Quinto y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito en torno a si las sentencias de las cuales deriva esta contradicción de criterios estaban firmes, no obstante de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que contra ninguno de esos fallos se interpuso recurso de revisión.
20. En estas condiciones, es existente la contradicción de tesis, como ya se anunció.
V. Amicus curiae
21. En el escrito recibido con fecha uno de agosto de dos mil veintitrés, se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:
"Por medio del presente se hace de su conocimiento que en sesión de 30 de noviembre de 2022, la H. Segunda Sala de la SCJN, al resolver la contradicción de criterios 276/2022, de rubro: ‘DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. DETERMINAR SI AL PRESENTARLAS ES POSIBLE MODIFICAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE UN CONTRIBUYENTE Y CON ELLO SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A FAVOR QUE HABÍA SIDO NEGADO CON ANTERIORIDAD.’, determinó la existencia de la contradicción y el criterio que prevaleció se orienta en el sentido de que las declaraciones complementarias presentadas una vez que la autoridad fiscal dicta resolución a la solicitud de devolución de saldo a favor que se manifestó en la declaración normal, no modifica la situación jurídica del contribuyente, ni, por ende, procede la devolución del saldo a favor solicitada en tales declaraciones.
"Al respecto, se considera que si bien es cierto la temática no es idéntica, guarda similitudes y se dejó ver un criterio parecido al que se propone; por lo que se estima que, en su caso, deberá dejarse sin materia la presente contradicción de criterios, al haber sido ya resuelto por nuestro Máximo Tribunal."
22. En diverso escrito recibido el seis de octubre de dos mil veintitrés, se expresaron las siguientes consideraciones:
"Respecto del proyecto que se ha propuesto para la resolución del asunto, publicado en el Apartado de Asuntos Listados para resolución por parte de ese Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro Norte, para sesión del día 13 de octubre de 2023, se exponen las siguientes razones jurídicas, conforme a las cuales esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima, SE FORTALECEN EL CRITERIO QUE EN EL MISMO SE PROPONE, por lo siguiente:
"Analizado el contenido del proyecto, se advierte que en el mismo se propone, como criterio que debe prevalecer, en el sentido de que:
"• En caso de que la resolución desestimatoria de la primera solicitud no contenga un pronunciamiento sobre los hechos o el derecho que asiste a la persona interesada, será procedente una nueva solicitud subsanando los requisitos o defectos formales de la primera o aportando nuevos elementos, en el entendido de que en esta oportunidad el interesado no estará en condiciones de insistir en los ya desestimados ni podrá cuestionar los motivos de la resolución inicial, porque si estaba inconforme con ella, debió impugnarla.
"• Cuando la autoridad funde su negativa en una apreciación de los hechos o el derecho, que en opinión de la persona contribuyente es inexacta e ilegal, tendrá que impugnarla a través de los medios que correspondan para evitar que cause estado.
"Sobre el particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coincide con las consideraciones que se exponen en el proyecto, al estimarlas conducentes constitucional y jurídicamente para sustentarse el criterio que en dicho proyecto se exponen.
"No obstante, respetuosamente, y por estimarse que resultan viables para fortalecer el criterio que en el proyecto se expone, se formulan las siguientes:
"CONSIDERACIONES
"Conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se desprende la existencia de una ficción jurídica consistente en que se entenderá negada la solicitud de devolución por la parte que no sea devuelta, cuando la autoridad devuelva una cantidad menor a la solicitada por el contribuyente, o bien, cuando sea negada en su totalidad, siendo en ambos casos obligatorio para la autoridad hacendaria el fundar y motivar su determinación, ya que a través de ese tipo de resoluciones se genera una afectación en su esfera jurídica de derechos, esto es, en el derecho subjetivo del contribuyente de que le sea devuelto el importe que está solicitando.
"En ese sentido y ante la afectación en la esfera jurídica del contribuyente de este tipo de resoluciones, el legislador contempló la posibilidad de que pudieran combatirse a través del recurso de revocación o juicio contencioso administrativo, tal como lo señalan los artículos 116, 117, fracción I, inciso b) y 120 del Código Fiscal de la Federación; 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3o., fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, en la parte que nos interesa, señalan: (se transcriben) "Una vez hecha esa precisión, y toda vez que la resolución que autoriza parcialmente la cantidad solicitada en devolución por un contribuyente, o bien negando la totalidad del monto solicitado, por cuestiones de fondo, es considerada como una resolución desfavorable particular, ES indispensable que este controvierta esa negativa, a efecto de que la misma no adquiera firmeza y por lo mismo se convierta en inatacable.
"Luego entonces, si esa resolución que niega la devolución, ya sea en forma total o parcial, no fue impugnada por el contribuyente, la misma adquiere firmeza y ya no puede ser modificada por actuaciones posteriores, pues de no ser así, se atentaría contra el principio de seguridad jurídica, no solo de la autoridad sino también de los contribuyentes.
"Ahora bien, la determinación de la autoridad hacendaria, ya sea en el sentido de devolver una cantidad menor a la solicitada por el contribuyente, o bien, negando, de fondo en su totalidad, faculta al contribuyente para combatirla a través de los medios ordinarios de defensa antes referidos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22, 116, 117, 120 y 124 del Código Fiscal de la Federación; 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3o., fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"Así lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 212/2017, pues precisó que, ante la ausencia de pronunciamiento total o parcial de una solicitud de devolución de contribuciones, incluida la devolución en cantidad menor, el contribuyente debe impugnarla, pues de otro modo su inacción implicaría su consentimiento en detrimento de su esfera jurídica.
"Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia de la Décima Época. Instancia: Segunda Sala. Registro digital: 2015319. Materia: Administrativa. Tesis: 2a./J. 136/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 894, que señala:
"‘DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA RESOLUCIÓN QUE LA AUTORIZA TOTAL O PARCIALMENTE, SIN HACER MENCIÓN A LA ACTUALIZACIÓN E INTERESES QUE, EN SU CASO, DEBAN PAGARSE, CONSTITUYE UNA NEGATIVA IMPLÍCITA O TÁCITA IMPUGNABLE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS CORRESPONDIENTES.’ (se transcribe)
"Conforme a lo anterior, los contribuyentes deben controvertir la resolución en la parte que no satisfizo su interés jurídico a través de los medios ordinarios de defensa, por lo que no es viable volver a solicitar la devolución de aquella parte que no le fue autorizada, o bien que fue negada, ambas de fondo, en este trámite previo, mientras no transcurriera el término de prescripción previsto en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación; pues como ya se señaló, de una interpretación integral de los artículos citados, se advierte la obligación que tenía el contribuyente de compartir los fundamentos y motivos de la determinación de la devolución parcial o de negativa total, que evidentemente afectaba su derecho subjetivo.
"Consintiendo en consecuencia los motivos y fundamentos en que se basó la autoridad para ello.
"No omitiéndose considerar que, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, todos ellos cuentan con el derecho de interponer los medios de defensa que resulten procedentes de conformidad con las leyes aplicables, en contra de los actos emitidos por las autoridades fiscales.
"III. CONCLUSIÓN.
"Acorde con lo expuesto en el Apartado que antecede, en opinión técnica jurídica de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y con el debido respeto, se estima que debe prevalecer el criterio que en el proyecto realizado por la Magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos se sustenta, propuesto para la sesión del día 13 de octubre de 2023."
23. No obsta para considerar que existe la contradicción la tesis de jurisprudencia 2a./J. 7/2023 (11a.),(10) de rubro siguiente:
"DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR SOLICITADA EN DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS. NO PROCEDE CUANDO EN LA DECLARACIÓN NORMAL SE ELIGIÓ LA OPCIÓN DE ACREDITAR ESE SALDO Y SOBRE DICHA DEVOLUCIÓN EXISTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA AUTORIDAD FISCAL NEGÁNDOLA."
24. Si bien el punto jurídico que trata la tesis reproducida está relacionado con el que en este asunto se dilucidará, no lo resuelve al grado de que resulte innecesario el pronunciamiento de este pleno regional, pues en esa decisión, la divergencia de criterios derivó de que los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar si procede o no la devolución de saldo a favor solicitada en una declaración complementaria que sustituye a la declaración normal, cuando en ésta se eligió la opción de acreditarlo y con posterioridad se solicita su devolución y sobre ella existe una resolución definitiva negándola, de manera que no es exactamente el tema que aquí se abordará.
VI. Estudio
25. Los criterios en contradicción surgieron de la interpretación y aplicación del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de diciembre de dos mil veinte, que enseguida se reproduce:
"(REFORMADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2004)
"Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.
"Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.
"Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.
"(REFORMADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006)
"Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.
"(ADICIONADO, D.O.F. 28 DE JUNIO DE 2006)
"Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.
"(REFORMADO, D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013)
"Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinació
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32105-577a4006/solicitud-de-devolucion-de-saldo-a-favor-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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