I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR TRATARSE DE UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN (ARTÍCULOS 55, 56, 57, 59 Y 66 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO ARTÍCULO 67 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DE LA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL RESPECTIVO DECRETO Y DE QUE ÉSTE NO RESULTA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES [ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN XV, 43, FRACCIÓN XIV, 45, FRACCIÓN XV, PÁRRAFO PRIMERO E INCISO C), 54, FRACCIÓN VII, Y 65, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS]. III. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", EL 17 DE AGOSTO DE 2016).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 112/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 21 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de junio de dos mil diecisiete en el que emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 112/2016, en la que María del Carmen Verónica Cuevas López, quien se ostentó como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Morelos y, en representación de éste, demandó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo,(1) así como del secretario de Gobierno de la entidad, la invalidez de:
a) El Decreto Número "787" publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, por el que el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar una pensión por cesantía en edad avanzada a Carlos Pastrana Gómez, con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la entidad.
b) Los artículos 24, fracción XV, 56, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto "218" publicado en el Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de enero de dos mil trece, por la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el decreto impugnado en el inciso anterior.
c) Por extensión de sus efectos al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones, y al ser parte del mismo, demanda la invalidez de los artículos 1, 8, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56, fracción I (sic), de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Local de nueve de mayo de dos mil siete; y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicado en el citado medio de difusión local de doce de junio de dos mil siete.
I. Antecedentes y planteamientos de la demanda
1. Antecedentes. En la demanda se señalaron, como antecedentes del caso, los siguientes:
a) En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por mayoría de ocho votos, la invalidez de los artículos 24, fracción XV, y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque el Congreso de Morelos determinó la procedencia y montos de las pensiones de trabajadores de un Ayuntamiento, lo que violentaba el principio de libertad hacendaria municipal, al permitir una intromisión indebida en el manejo del destino de la hacienda municipal.
b) El Poder Judicial no ha tenido un incremento presupuestal desde el ejercicio dos mil trece, que se asignaron recursos del orden de $584,365,000.00 (quinientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y cinco mil pesos); mientras que en el ejercicio dos mil dieciséis, se otorgaron $557,679,000.00 (quinientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y nueve mil pesos), se advierte una reducción, lo que evidencia que el decreto atenta contra la autonomía y fortalecimiento del Poder Judicial. Que ha solicitado ampliación presupuestal para el pago de pensiones y jubilaciones, sin que el Congreso Local haya autorizado su petición.
c) El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el Decreto "787", a través del cual, el Poder Legislativo Local otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Carlos Pastrana Gómez con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor -equivalente al setenta y cinco por ciento de su último salario percibido-.(2)
2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
3. El decreto impugnado viola los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49, 116, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 127 y 133 de la Constitución Federal; así como los artículos 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Estatal, por lo siguiente:
4. El Congreso Local, al otorgar la pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin proveer la ampliación del presupuesto para cubrir esa prestación laboral, afecta el presupuesto del Poder actor violando el principio de división de poderes, autonomía e independencia, en virtud de la aplicación de las normas que permiten a la Legislatura Local emitir el citado decreto, en aplicación del último párrafo del artículo 24, fracción XV, 57, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como por extensión de sus efectos por haberse alterado sustancialmente el sistema de pensiones, los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la misma norma legal.
5. Los artículos aplicados en el decreto impugnado, 56, 57, fracciones I, II y III, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil y el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso Local, no reconocen la autonomía del poder actor en su gestión presupuestal (artículos 17, párrafo V, y 116, constitucionales) y la potestad de regir las relaciones laborales con sus trabajadores (artículo 123, apartado B, constitucional), para otorgar pensiones o jubilaciones y, en consecuencia, la autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales, sin injerencia de ninguna otra autoridad estatal.
6. Sin que el Poder actor haya autorizado e intervenido, el Congreso Local emitió el decreto impugnado, en el cual se obliga al Poder Judicial a realizar el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, disponiendo de manera arbitraria de la hacienda pública del Poder actor, incluso indicando en todos los casos, que el pago de las pensiones (aun las de invalidez), operarán "una vez que el trabajador se separe de sus labores, inclusive erigiéndose como resolutor cuando el trabajador goce de dos o más pensiones".
7. Se lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos establecido en el artículo 116 constitucional.
8. Se vulnera el artículo 16 constitucional, por falta de fundamentación y motivación. No se explica por qué si el trabajador tiene preponderantemente toda su historia laboral en el Poder Ejecutivo e incluso se hizo "jubilable" en dicho Poder en el mes de junio de dos mil dos; si también al haber trabajado para el Poder Legislativo, en correspondencia y congruencia sería aquellos Poderes a quienes les correspondería retribuirle su pensión, pues la relación de trabajo con el Poder actor sólo se circunscribe a un año seis meses, de tal suerte que, de acuerdo al artículo 59, inciso c), debió jubilarse con porcentaje del setenta por ciento, pero a cargo del presupuesto del Poder Legislativo o en su caso del Poder Ejecutivo.
9. El Congreso Local le impone un deber al Poder Judicial de erogar un recurso que no se encontraba referido para el ejercicio dos mil dieciséis, pues no se contempló en la partida de jubilados y pensionados, por el poco tiempo que el trabajador prestó sus servicios al Poder actor; sin embargo, se viola el principio de división de poderes al subordinar al Poder actor al determinar que trabajadores que no sirvieron a éste por el plazo que marca el artículo 59 de la ley impugnada, se pensionen con cargo al presupuesto del Poder actor, invadiendo la esfera competencial del Poder Judicial.
10. Conforme al principio de división de poderes, no es constitucionalmente admisible que la Legislatura disminuya la remuneración de los juzgadores, tampoco puede aceptarse que el Congreso Local sea quien determine las pensiones de empleados judiciales sin la mínima intervención del Poder actor, quien figuró como su último empleador.
11. Con los artículos impugnados, se actualizan todos los grados de violación al principio de división de poderes. Se entromete en la independencia del Poder Judicial, pues sin la intervención de éste, emite un decreto jubilatorio con impacto total en el presupuesto de egresos del Poder actor. Torna dependiente al Poder Judicial, porque se impide que tome decisiones o actúe de manera autónoma, la Legislatura Local trata al Poder actor como subalterno, en tanto lo compele a pagar en forma mensual, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, sin otorgar la ampliación presupuestal respectiva. Se subordina al Poder actor, porque no puede tomar autónomamente sus decisiones, sino que, además, debe someterse a la voluntad del Poder subordinante. Se ordena al Poder actor y además se cuantifica el monto de la pensión.
12. Se demuestra la intromisión con el contenido del artículo 56 de la ley impugnada, que señala: "Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del artículo 54 de esta ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta ley y los demás ordenamientos aplicables. ..."
13. El Congreso Local será el órgano resolutor en materia de pensiones, dado que los artículos de la norma impugnada le facultan a expedir los decretos relativos como el impugnado, lo que vulnera la autonomía de gestión presupuestal prevista en el artículo 116, fracción III, constitucional, al autorizar una intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del Poder actor.
14. Los artículos impugnados otorgan una atribución que lesiona la hacienda pública del Poder actor y, en consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, pues la Legislatura fijará los casos en que proceda otorgar el pago de pensiones de los trabajadores judiciales, así como la cantidad y, además, en la hipótesis que refiere que cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento también será el Congreso Local y no el Poder actor quien requiera al trabajador para que dentro de treinta días naturales opte por una de ellas, más aún, en caso de que no determine la pensión que debe continuar vigente, la misma Legislatura concederá la que signifique mayores beneficios para él.
15. El artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos señala que "La pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio. ..."; de ahí que en el caso concreto no deba quedar a cargo del Poder Judicial la pensión otorgada, ya que el mínimo de diez años de trabajo se actualizó cuando se encontraba al servicio de otro Poder, incluso, en dos mil doce cuando se separó del cargo de asesor adscrito a la Mesa Directiva del Congreso Local, contaba con catorce años de servicio, por lo que era pensionable, de modo que la aplicación de dicho artículo debe considerarse inválida.
16. Lo anterior se reafirma con lo resuelto en las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, en las que se resolvió como una transgresión al principio de autonomía en la gestión de la hacienda pública, que el Congreso Local, sin la intervención de cualquier otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, pueda decretar alguna de las pensiones determinadas en la Ley del Servicio Civil estatal, determinando el monto correspondiente.
17. La Constitución Federal facultó a los Poderes Judiciales a ejercer en forma directa los recursos de la hacienda, sin intermediarios, situación que no consideró el primer párrafo del artículo 56 y último párrafo del numeral 57, en relación con el último párrafo del ordinal 66, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado, los cuales, por extensión de sus efectos, solicita su invalidez.
18. Cita en apoyo a sus argumentaciones, los criterios jurisprudenciales de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.", "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS."
19. De los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la Constitución local; 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 56, 57, apartado A, fracción I, inciso d) (sic),(3) 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil de esa entidad federativa, se advierte que: 1) es facultad del Congreso Estatal emitir leyes, acuerdos o decretos como el impugnado; 2) es atribución de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso Estatal el conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios; así como realizar la investigación tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de ese derecho; y, 3) el Congreso Local está facultado para expedir decretos de pensiones a favor de los trabajadores de los diversos Poderes Estatales, incluso del Judicial.
20. Por otra parte, el contenido de la fracción XVII del artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos dispone que es el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el encargado de aplicar, vigilar y reglamentar el gasto público de dicho Poder.
21. Finalmente, la actualización de una intromisión, dependencia y/o subordinación del Poder Judicial Local y/o por parte de alguno de los otros dos Poderes Estatales -en este caso el Legislativo-, son elementos que necesariamente conllevan una transgresión al principio de división de poderes que consagra el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo que el decreto impugnado carece de validez constitucional.
22. Artículos constitucionales señalados como violados. El Poder Judicial actor señaló como violados los artículos 14, 16, 17, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también refiere violación a los artículos 92-A y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
II. Trámite de la controversia constitucional
23. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.(4)
24. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 112/2016, y de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(5)
25. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda. En el mismo auto, se requirió al Poder Legislativo Local para que, al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes que sirvieron de sustento para dictar el decreto impugnado, así como los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, y al Poder Ejecutivo de la entidad para que remita los ejemplares de los Periódicos Oficiales en los que conste la publicación de las normas controvertidas.(6)
26. Contestación del Poder Legislativo.(7) La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese Poder, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, que:
a) El presupuesto asignado al Poder Judicial sí ha variado en los siguientes términos: para dos mil trece, se previeron asignaciones por la cantidad de $585'365,000.00 (quinientos ochenta y cinco millones, trescientos sesenta y cinco mil pesos); para dos mil catorce $565'198,000.00 (quinientos sesenta y cinco millones, ciento noventa y ocho mil pesos), se incrementó la cantidad de $5'833,000.00 (cinco millones, ochocientos treinta y tres mil pesos); para dos mil quince, se previó la asignación de $570'679,000.00 (quinientos setenta millones, seiscientos setenta y nueve mil pesos); y para el año dos mil dieciséis, se asignó la cantidad de $554'679,000.00 (quinientos cincuenta y cuatro millones, seiscientos sesenta y nueve mil pesos). Entre los años dos mil catorce y dos mil quince hubo un incremento en el presupuesto del Poder actor, a fin de fortalecer los presupuestos destinados al Tribunal Estatal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, destinándose una partida específica para infraestructura y equipamiento.
b) Es cierto que emitió el decreto impugnado, a través del cual, el Poder Legislativo otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a Carlos Pastrana Gómez, así como el porcentaje con cargo al presupuesto determinado al Poder Judicial de Morelos.
c) Es improcedente la controversia constitucional, porque el acto impugnado no afecta el ámbito de atribuciones del Poder actor, por lo que carece de interés legítimo. Con la expedición del Decreto "Setecientos Noventa y Nueve, por el que se otorga pensión por jubilación al C. Ismael Guevara Martínez", el Congreso Local no pretende ejercer de manera directa los recursos que integran el presupuesto del Poder actor. La programación, presupuestación y aprobación de su presupuesto de egresos, son facultades exclusivas de éste, para lo cual, debe tomar en cuenta sus recursos disponibles. El Congreso Local cuenta con facultades constitucionales y legales para expedir los decretos de pensión, por lo que no invade la autonomía presupuestaria del Poder actor, en consecuencia, al no causarle perjuicio alguno, carece de interés legítimo y debe decretarse el sobreseimiento. Sin que pueda pasar por alto, que es obligación del Poder actor tener una partida para el pago de pensiones, por lo que no puede aducir que debido a su autonomía es su facultad decidir o no contar con dicha partida en el presupuesto de egresos.
d) El Poder actor en ningún momento precisa qué parte del decreto impugnado adolece de validez (sic), sino que alega que el acto de invalidez es el decreto, mas no la parte considerativa del acto, razón por la cual, es improcedente.
e) Con la expedición del decreto impugnado, en nada se violentan los requisitos de fundamentación y motivación. Conforme al artículo 127 de la Constitución Federal, las Legislaturas Locales tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales estatales el mecanismo legal para que sus trabajadores accedan a las prestaciones ahí previstas. Por lo que no se vulnera el principio de división de poderes, porque debe prevalecer el principio de colaboración para satisfacer los fines del Estado.
f) No existe alguna intromisión en las actividades propias del Poder actor, tales como administrar justicia o imponerle la realización de determinada conducta.
g) No se vulnera la autonomía presupuestal del Poder actor, porque hasta este momento, no se ha afectado ninguna partida presupuestal de dicho Poder y, en consecuencia, las actividades encomendadas por el artículo 17 constitucional, es decir, la función de impartición de justicia a los justiciables, no se ve involucrada y transgredida.
h) El acto legislativo que reconoció el derecho de pensión por cesantía en edad avanzada impugnado, se emitió con fundamento en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local, por lo que constituye un decreto, entendido como un acto materialmente administrativo, y de la interpretación sistemática de los artículos 40, fracción II, y 50 de la Constitución Local; 3 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, y 56, 57 y 64 de la Ley del Servicio Civil del Estado, el Congreso de la entidad es el único que tiene la facultad para sustanciar el trámite en el que determine por decreto el pago de la pensión, así como para aclarar, reformar, derogar o abrogar dicha determinación, e incluso para analizar la eficacia de la misma.
i) No pasa por alto, que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil en la parte que otorgaba al Congreso Local la facultad de emitir los decretos en materia de pensiones fue declarado inválido por la Suprema Corte, mediante resoluciones de ocho de noviembre de dos mil diez y tres de mayo de dos mil doce, en las controversias constitucionales 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010, el decreto impugnado fue emitido en el dos mil dieciséis, y ya que el Congreso Local actualmente cuenta con la facultad de aclarar, reformar, derogar o abrogar sus propios decretos, e incluso para verificar la eficacia de los mismos, es que aún se encuentra en posibilidad de resolver lo procedente respecto a la ejecución del decreto en el que otorgó la pensión impugnada.
j) No es la primera vez que los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, en su párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56 y 57 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado, se aplican al Poder actor, pues ya han sido aplicados en diversos Decretos, a saber: "536", "554", "556", "558" y "562", publicados el primero de junio de dos mil dieciséis; "1289", el diecinueve de marzo de dos mil catorce; 2345 el tres de junio de dos mil quince; y "17", el veinte de diciembre de dos mil.
k) El artículo 49 de la Constitución Federal no resulta aplicable en el ámbito estatal, pues se refiere al ámbito federal, por lo que no existe violación a ese precepto constitucional.
27. Contestación del gobernador(8) y del secretario de Gobierno del Estado.(9) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron esencialmente coincidentes en sus respectivas contestaciones de demanda, sosteniendo, en síntesis, que:
a) Se presenta la falta de legitimación "ad causam" del Poder actor, porque carece de la titularidad del derecho que pretende hacer valer, respecto del gobernador y del secretario de Gobierno, ya que no han realizado algún acto que invada o afecte su competencia. Así como también se actualiza la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno, porque no han realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación a la esfera competencial del Poder actor.
b) Es cierta la promulgación y publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del decreto impugnado, de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, a través del cual, se otorgó la pensión por "jubilación" a Carlos Pastrana Gómez.
c) El refrendo, promulgación y publicación se realizaron con estricto apego a las facultades legales con que cuenta el gobernador y el secretario de Gobierno, ambos del Poder Ejecutivo de la entidad, de conformidad con lo establecido por los artículos 70, fracciones XVI y XVII, y 76 de la Constitución Local.
d) El Poder Ejecutivo de Morelos, en términos de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta, ordenó promulgar y publicar en estricto apego a la normatividad aplicable, por lo que en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales.
e) Fueron llamados a la controversia, cumpliendo el actor con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado el decreto impugnado, para la adecuada tramitación y resolución de la misma.
f) Es infundado que se viole en perjuicio del Poder actor, lo dispuesto por los artículos 14, 16, 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 92-A, fracción VI, y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en virtud de que no se transgrede ni la autonomía de su hacienda ni la libre administración. El legislador local actúa con una plena libertad de configuración legislativa, como sucede con los decretos de pensión de los servidores públicos del Estado, pues éstos son actos declarativos conforme el derecho del trabajador a la seguridad social. La Ley del Servicio Civil de la entidad se encuentra en estricta relación con la fracción XXIX del artículo 123, del apartado A, y las demás disposiciones de los trabajadores al servicio del Estado. De esta forma, los actos y disposiciones generales cuya invalidez se demanda, no transgreden la autonomía de gestión presupuestal del Poder actor.
g) Finalmente, existen diversas pensiones con cargo al presupuesto asignado al Poder actor, emitidas por el Poder Legislativo del Estado, que se fundamentaron en los mismos ordenamientos impugnados, en las que no se promovieron controversias constitucionales. Ello puede corroborarse en los decretos de pensión números "608", "615" y "629", publicados en el Periódico Oficial de la entidad de ocho de junio de dos mil dieciséis.
28. Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de emitir su opinión respecto de la presente controversia constitucional, no obstante que fue debidamente notificado del auto de admisión.
29. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
30. Radicación. Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto quedó radicado en la Primera Sala.
III. Competencia
31. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.
IV. Precisión de los actos y normas impugnados
32. Esta Primera Sala considera necesario precisar los actos impugnados, porque adicionalmente a los artículos indicados de manera expresa en el apartado de la demanda, denominado: "IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado: ...", el Poder actor impugnó distintos artículos en los conceptos de invalidez.
33. En este sentido, de la lectura integral del oficio de demanda, se advierte que el Poder Judicial del Estado de Morelos impugna el Decreto "787" por el que el Poder Legislativo de la entidad otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada a un funcionario público con cargo al presupuesto del Poder Judicial actor.
34. Asimismo, impugna los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V,(10) XIII(11) y XIV, 45, fracciones III,(12) IV(13) y XV, párrafo primero, e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 56, fracción I (sic), y 67(14) de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; y 109 del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos.
35. En el siguiente apartado se analizará tanto la oportunidad del acto impugnado como de las normas generales impugnadas, estas últimas ya sea con motivo de su acto de aplicación en el decreto impugnado o con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad.
V. Oportunidad
36. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II, el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(15)
37. Tratándose de actos:
a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
38. En el caso de normas generales:(16)
d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
39. En primer lugar, deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto del Decreto "787", ya que éste fue señalado como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas. En este sentido, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Poder Judicial actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, fecha que este decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad.(17)
40. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna respecto del citado decreto, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el tres de octubre del mismo año,(18) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, tal como se advierte del reverso de la hoja setenta y seis del expediente, por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.
41. Ahora, el Poder Judicial impugna la totalidad de las n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27407-e70896a7/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-tratarse-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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