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Modo: Corpus Pro

ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. · Registro digital (IUS): 27415
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, Pág. 1329.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ, OLGA ESTREVER ESCAMILLA, SILVIA CARRASCO CORONA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA Y CARLOS HUGO LUNA RAMOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIO: DANIELA EDITH ÁVILA PALOMARES.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de veinticinco de abril de dos mil diecisiete.

Vistos para resolver los autos del expediente 17/2016, relativo a la denuncia de contradicción de tesis suscitada entre los criterios emitidos por el Cuarto y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito; y,

RESULTANDO:

I. Denuncia

1. Mediante oficio 124/2016 de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, recibido en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre el criterio mayoritario sustentado por dicho tribunal, al resolver la queja penal **********, y el sostenido, también de mayoría, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio Circuito, al fallar la queja penal ********** de su índice.

II. Admisión

2. Por auto de veintiocho de octubre de ese año, el entonces presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, dio cuenta con el oficio de mérito, así como con la copia certificada de la resolución dictada en la queja emitida por el tribunal denunciante, ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 17/2016.

III. Solicitud de informes

3. Con la finalidad de integrar debidamente el expediente, se solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito la remisión de copia certificada de la resolución dictada en la queja ********** -ya que el Cuarto Tribunal Colegiado de este Circuito envió las constancias conducentes junto con el oficio de denuncia de contradicción de tesis-. Y por diverso oficio sin número, recibido el catorce de noviembre de la pasada anualidad en la Oficialía de Partes del Pleno de Circuito, el primero de los órganos en mención remitió las documentales requeridas e informó que el criterio ahí contenido continuaba vigente. Asimismo, la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que durante los últimos seis meses no existía radicada en ese Alto Tribunal contradicción de tesis pendiente por resolver que guardara relación con el tema de la denuncia que originó este expediente.

IV. Turno

4. Una vez integrado el asunto, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se turnaron los autos al Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(1) formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO

PRIMERO.-Competencia

5. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo;(3) 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) así como 9, 17, 27 y 33 del aludido Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,(5) relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación

6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por uno de los tribunales contendientes: el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de segundo párrafo, del Pacto Federal(6) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.(7)

TERCERO.-Ejecutorias que participan de la contradicción de tesis

7. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el recurso de queja ********** determinó que no debía otorgarse la suspensión provisional respecto de las consecuencias jurídicas del rechazo -acto emitido por la autoridad migratoria- porque el perjuicio al interés social sería mayor a aquel de difícil reparación que pudiera resentir el quejoso.

8. Para sostener esa determinación expresó, en lo conducente, los siguientes argumentos:

"OCTAVO.-Decisión de este tribunal. El subdelegado Federal del Instituto Nacional de Migración recurrente, en esencia señala que la Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional contra el ‘rechazo’, en contravención a lo previsto por los artículos 128, 129, 139, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1 de la Ley de Migración, y los diversos 1 y 3, fracción II, de su reglamento.

"En efecto, aduce el recurrente que no se actualiza el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues al conceder dicha medida cautelar, se contraviene el orden público o el interés social, ello en atención a que las disposiciones que prevén el rechazo de un extranjero o extranjera al territorio nacional, son de orden público e interés social, pues su finalidad es garantizar que no ingresen personas extranjeras que pueda afectar la seguridad nacional, la salud pública y el orden nacional.

"Aunado a ello, precisa el recurrente que acorde a lo previsto por los artículos 86 de la Ley de Migración y 3, fracción II, de su reglamento, no se considera que haya ingresado formalmente a territorio nacional un extranjero que haya sido rechazado por la autoridad migratoria en un punto destinado al tránsito internacional de personas, ello pues el acta de rechazo constituye únicamente la determinación de la autoridad migratoria por la que niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establece la ley migratoria, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

"Así, esencialmente concluyó el recurrente que, era procedente negar la suspensión provisional al quejoso por lo que respecta a las consecuencias jurídicas del ‘rechazo’ en virtud de que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público en perjuicio del interés social.

"Agravios que resultan fundados.

"En efecto, los artículos 128, 129 y 138 de la Ley de Amparo, establecen:

"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. ...’

"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. ...’

"‘Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: ...’

"De la anterior transcripción se advierte que para decretar la suspensión del acto reclamado, deben colmarse esencialmente dos requisitos: el primero, que lo solicite el quejoso; y, el segundo, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

"Sin embargo, el juzgador a la par de analizar el cumplimiento de los precitados requisitos, debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho.

"En efecto, si bien el artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2014, dichas hipótesis son solamente enunciativas, pues el juzgador tiene la libertad de ponderar en qué otros supuestos se puede perjudicar el interés social o contravenirse disposiciones de orden público; y, es precisamente en esa libertad en la que adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión solicitada.

"Ahora bien, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional, acorde a la apariencia del buen derecho, advierte que no le asiste.

"Se afirma lo anterior, pues de la demanda de amparo se desprende que el quejoso ingresó a territorio nacional sin documentos que justifiquen su estancia, por ende, se estima que bajo un análisis provisional del acto reclamado, no se desprende que le pudiera asistir el derecho de permanecer en el país.

"Ello, pues ‘el rechazo’, tal y como lo sostiene el recurrente, es el procedimiento migratorio llevado a cabo por las autoridades del ramo en ejercicio de sus facultades que la Ley de Migración prevé, por el que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional, al no cumplir con los requisitos que establece la ley relativa, su reglamento y demás disposiciones jurídicas, esto es, tienden a impedir el ingreso a territorio mexicano a personas extranjeras que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional, la salud pública o el orden social de la Nación.

"Lo anterior es así, pues los numerales 86 de la Ley de Migración y 3, fracción II, del Reglamento de la Ley de Migración, dicen en lo conducente:

"‘Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el instituto por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente ley, deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo transportó, sin perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta ley.-El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por el Instituto en los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no cumplir con los requisitos que establecen esta ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. ...’

"‘Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento, además de las definiciones previstas en el artículo 3 de la ley, se entenderá por: ... II. Acta de rechazo: al documento en el que consta el acto administrativo que emite la autoridad migratoria, y mediante el cual se decreta la inadmisibilidad al territorio nacional de una persona extranjera que solicita su ingreso al mismo en los lugares destinados al tránsito internacional de personas. ...’

"De los precitados numerales se desprende, como se indicó, que el acta de rechazo es emitida por las autoridades migratorias, a través del cual, por no cumplir los requisitos legales para ello requeridos, se decreta la no admisión al territorio nacional de personas de origen extranjero que solicitan su ingreso al país en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, como en el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en sus distintas terminales.

"Así queda claro que, acorde a su política migratoria, el Estado Mexicano está obligado a no permitir que ingresen a nuestro país, personas extranjeras que no reúnen los requisitos establecidos en las leyes aplicables expedidas con anterioridad a los hechos que nos ocupan, pues se incrementarían, entre otros, los problemas que acarrea la sobrepoblación en nuestro territorio nacional, se podría poner en riesgo la seguridad nacional, la salud pública o el orden social de la Nación.

"De ahí que se estime que de mantener la suspensión provisional otorgada, el perjuicio al interés social sería mayor al perjuicio de difícil reparación que pudiera sufrir el quejoso, pues se insiste, acorde a la política migratoria del Estado Mexicano, de no impedir el ingreso al territorio nacional a personas extranjeras que no cumplan con los requisitos legales para ello establecidos, se podría poner en riesgo la seguridad nacional, la salud pública o el orden social de la Nación; lo cual resulta factible en el caso concreto, pues según se desprende de la demanda de amparo, el quejoso no cuenta con ningún documento que justifique su estancia en el país, de ahí que no está comprobada la apariencia del buen derecho a favor del justiciable.

"Consecuentemente, en la materia de la queja, se revoca el auto impugnado, esto es, en la parte en que la Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional en relación con el rechazo reclamado; y, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa. ..."

9. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del propio Circuito, al resolver el recurso de queja ********** concluyó que sí debía otorgarse la suspensión provisional respecto de la ejecución del acta de rechazo, porque su efecto sólo era que no se ejecutara; no así el permitir al quejoso el ingreso al país. De manera que la medida suspensional no afectaba el interés social ni contravenía disposiciones de orden público.

10. Los argumentos que expuso para sostener ese criterio son los siguientes:

"QUINTO.-Los motivos de inconformidad planteados por la autoridad recurrente son infundados, por los motivos siguientes:

"En primer término, debe subrayarse que, el presente recurso se resolverá limitándose a la materia de los agravios, dado que no se está en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, que facultan a este tribunal a suplir la deficiencia de la queja; además, el análisis de tales motivos de disenso se hará conjuntamente, tal y como lo señala el dispositivo 76 del precitado ordenamiento legal.

"La parte recurrente en el escrito de agravios, reiteradamente señala que no se debió conceder la suspensión provisional a los peticionarios de amparo respecto el acto reclamado consistente en ‘el rechazo’ atribuido a la autoridad migratoria, pues no satisface los requisitos contenidos en los artículos 128, fracción II, de la ley de la materia, pues al conceder dicha medida cautelar, se contravienen disposiciones de orden público y el interés social.

"Lo anterior resulta infundado, toda vez que este órgano colegiado estima que resulta acertada la determinación de la Juez de Distrito mediante la cual concedió la suspensión provisional materia del presente recurso a la parte quejosa.

"En efecto, en principio, es necesario precisar que la suspensión concedida a los peticionarios de amparo ********** respecto del acto reclamado consistente en el rechazo, fue únicamente para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute el mismo.

"Ahora bien, contrario a lo que señala la responsable en su argumento en el sentido de que el otorgamiento de la suspensión provisional a los solicitantes de amparo contraviene disposiciones de orden público, así como el interés social, pues el acta de rechazo emitida por la recurrente, es un documento administrativo, a través del cual, con base en el artículo 86 de la Ley de Migración, se decreta la no admisión al territorio nacional de personas de origen extranjero que solicitan su ingreso al país en los lugares destinados al tránsito internacional de personas, por no cumplirse con los requisitos que la legislación migratoria prevé para permitir su ingreso al país; en la especie, es evidente que con la concesión de la suspensión provisional, no se vulneran disposiciones del orden público ni se afecta el interés social, habida cuenta que si bien, como señala la autoridad recurrente la Ley de Migración es de orden público y de interés social, lo cierto es que conforme al acto reclamado (acta de rechazo) la legislación en materia de migración, ya se aplicó a los quejosos, pues precisamente, como acto concreto de aplicación fue emitida el acta de rechazo en su contra, documento cuya ejecución es materia de la suspensión otorgada por la Juez de Amparo.

"Es decir, el no habérseles permitido la entrada al país a los peticionarios de amparo por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, ello quiere decir, que se les aplicó dicha normatividad y consecuentemente no se actualiza una infracción al orden público, ni mucho menos se afectó el interés social.

"Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración, que el efecto de la suspensión provisional concedida por la a quo, como ya se dijo, es únicamente para que no se materialice la ejecución del acto reclamado materia del presente recurso, esto es, el acta de rechazo emitida en contra de los accionantes del amparo, la cual traería como consecuencia que abandonaran el territorio nacional, y la consumación de la materia del amparo.

"Así es, el alcance de la suspensión provisional concedida por la Juez de Distrito fue única y exclusivamente para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute el mismo (acta de rechazo), pues de lo contrario, es decir, de ejecutarse dicho acto, causaría daños y perjuicios de difícil reparación a los quejosos, esto es, la salida del país; sin que el otorgamiento de la suspensión provisional conlleve permitir el ingreso al territorio nacional, circunstancia que sí contravendría las disposiciones de orden público como señala la recurrente y el interés social.

"Aunado a lo anterior, es importante precisar que el efecto de la suspensión materia del presente recurso es primeramente, para que no se ejecute el acta de rechazo y permanezcan los accionantes del amparo en las instalaciones migratorias, no así para que ingresen al país en forma provisional o definitiva, quedando bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, respecto a su libertad, integridad física, seguridad y custodia; y en segundo lugar, por lo que hace a la libertad deambulatoria de los quejosos, como acertadamente señaló la a quo, debido a que refirieron que fueron detenidos, retenidos o privados de su libertad con el objeto de ser deportados -motivo de la suspensión de plano o rechazados, se concedió la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los quejosos queden en el lugar en donde permanecen, a disposición de la Juez de control constitucional, sólo por lo que se refiere a su libertad personal; máxime que no pasa inadvertido que con la suspensión decretada no se le impidió a la autoridad administrativa responsable, determine la situación jurídica y migratoria de los quejosos; lo que pone de manifiesto que, contrario a lo que sostiene la autoridad recurrente en sus agravios, en la especie no se contraviene ningún ordenamiento del orden público ni se afecta el interés social, motivo por el cual se cumplió con el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, máxime, como quedó expuesto, que dicha medida cautelar sólo surte efectos hasta en tanto se notifique a las responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva y sin perjuicio de que la autoridad administrativa determine la situación jurídica y migratoria de los quejosos.

"En tales condiciones, al resultar infundados los agravios de la autoridad recurrente, lo que procede es declarar infundado el recurso de queja y, en consecuencia, confirmar en la parte conducente y en sus términos, el proveído de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********, por la Juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en que concedió a los quejosos, la suspensión provisional del acto reclamado. ..."

CUARTO.-Estándar para identificar la existencia de la contradicción de tesis

11. Previo al análisis de la cuestión fundamental de este fallo, es indispensable verificar si se actualizan o no los presupuestos para la procedencia de una contradicción de criterios, pues sólo si existe procederá el estudio del criterio que habrá de prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

12. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de la armónica interpretación de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, así como 226 y 227 de la Ley de Amparo, se puede establecer que para la existencia de un conflicto de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ha de examinarse lo siguiente:(8)

a. El pronunciamiento de sentencias que contengan "tesis contradictorias", entendiéndose por esto el criterio adoptado por el juzgador mediante argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

b. Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al margen de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales -esto, porque en la práctica judicial se muestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos; de ahí que considerar que la contradicción de tesis únicamente se actualiza cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de los criterios jurídicos-.

13. A continuación se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

14. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A consideración de este Pleno de Circuito, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

15. Las ejecutorias que participan en la presente contradicción de tesis coinciden en los siguientes elementos: derivan de un incidente de suspensión tramitado ante un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, en el cual se solicitó la medida cautelar, entre otros actos, respecto del rechazo emitido por la autoridad migratoria. Esa determinación generó que ante el recurso de queja interpuesto, en ambos casos, por la autoridad responsable -subdelegado federal del Instituto Nacional de Migración (órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación)- respecto de la concesión de suspensión provisional decretada por el Juez primario, surgiera la necesidad de interpretar, por ser tema de agravio, uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión provisional: que no se siga perjuicio al orden público ni se contravenga el interés social. Y, como resultado de esa interpretación, uno de los tribunales contendientes determinó que era fundado el recurso de queja; mientras que el otro lo resolvió infundado.

16. En tales condiciones, aplicando los criterios ya referidos para la existencia de la contradicción de tesis, se obtiene que cada uno de los órganos colegiados realizó un ejercicio interpretativo consistente en determinar si el acto reclamado en concreto generaba o no afectación a los intereses de la colectividad o transgredía disposiciones de carácter público.

17. Ahora, no pasa inadvertido para este Pleno de Circuito la circunstancia de que los criterios en contienda fueron pronunciados a la luz de normatividades diferentes, pues mientras un órgano colegiado lo hizo bajo las reglas de la suspensión del acto contenidas en la actual Ley de Amparo; el otro se apoyó en las relativas a la legislación abrogada de 1936.

18. Sin embargo, tal circunstancia no incide negativamente en la determinación de la existencia de contradicción de tesis, porque en ambas legislaciones hay correspondencia e identidad sobre el tema de la suspensión.

19. Véase lo anterior en el siguiente esquema:

Ver esquema

20. De manera que aunque los órganos colegiados contendientes se hayan apoyado en leyes diferentes -una abrogada y otra actual- no puede afirmarse que su decisión hubiera partido de premisas distintas, que eventualmente pudieran justificar el diferendo de sus conclusiones; porque los dispositivos considerados como fundamento son de redacción similar en ambos ordenamientos.

21. De igual forma, tampoco es óbice para ello la circunstancia de que los tribunales contendientes no hayan generado jurisprudencia o tesis aislada respecto de las determinaciones que adoptaron, puesto que la existencia de la contradicción de tesis no contempla ese presupuesto para su integración. Por el contrario, sólo deriva del diferendo de criterios jurídicos frente a la solución de un mismo tema de derecho -aunque sus condiciones fácticas no sean idénticas-; lo que es congruente con la finalidad instituida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, al establecer la figura de la contradicción de tesis,(9) la cual radica en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica en los asuntos sometidos a su conocimiento.

22. Segundo requisito. Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. También se encuentra satisfecho este requisito, porque los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados adoptaron criterios jurídicos diferentes sobre el mismo punto de derecho -vinculado con la posible afectación al orden público e interés social con motivo de la suspensión provisional respecto de la ejecución del acta de rechazo emitida por la autoridad migratoria-.

23. Esto, pues el primero de los órganos contendientes determinó, con base en las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, que no era procedente otorgar la medida suspensional, porque bajo la apariencia del buen derecho, no se advertían razones para deducir el derecho del quejoso a permanecer en el país, de forma que la suspensión del acto generaría mayor perjuicio al interés social, en función de que el Estado Mexicano está obligado a no permitir el ingreso al país de extranjeros que no reúnan los requisitos de ley, lo cual resultaría más lesivo frente al perjuicio de difícil reparación que el justiciable pudiera sufrir.

24. Por su parte, el otro Tribunal Colegiado de Circuito resolvió

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27415-123dd984/acta-de-rechazo-emitida-por-la-autoridad-migratoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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