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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA AL DELIMITAR LOS EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE DECLARA ILEGAL EL EMPLAZAMIENTO DEL QUEJOSO QUIEN SE OSTENTÓ COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, DEBE CONSIDERARSE Y NO DESCONOCERSE LO RESUELTO EN EL LAUDO DICTADO EN EL JUICIO LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 26/2015. · Registro digital (IUS): 27428
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2017-10-27
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Pág. 2341.

AMPARO EN REVISIÓN 26/2015. 30 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: JUAN CARLOS CORONA TORRES.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Decisión del tribunal.

Análisis de los agravios

En su escrito de revisión, el recurrente aduce que el Juez Federal faltó al principio de exhaustividad, porque no analizó el concepto de violación en el cual, entre otras cosas, se alegó que en autos no hay constancia de la existencia de la cédula que se dijo se le entregó y que, por ello, en el caso no es posible considerar que se dio cabal cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo.

Este tribunal considera que es fundado el concepto de agravio.

En su demanda de amparo, entre otros conceptos de violación, el quejoso planteó el consistente en que en autos del juicio laboral no hay constancia de la existencia de la cédula que se dijo se le entregó y que, por ello, no era posible considerar que se dio cabal cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Textualmente en esa parte expresó:

"En efecto, del contenido de la citada actuación se advierte que el actuario señala que le entregó la cédula de notificación a su informante, acompañada de las copias autorizadas y cotejadas de los autos de fechas citadas con anterioridad, dictados por el tribunal de su adscripción, sin embargo el único auto al que alude al principio de su actuación es el ‘auto de inicio de fecha 10 de noviembre del año dos 2008’ (sic) sin que exista constancia alguna en autos de la existencia de la cédula que afirma haber entregado a su informante y a la cual supuestamente acompañó los proveídos en los que se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica y en los que se contienen los apercibimientos de ley dirigidos a la parte demandada, por lo tanto, bajo esas condiciones, no es posible considerar que se haya dada (sic) cabal cumplimiento a la exigencia establecida por el citado numeral, además de que, por otro lado y de conformidad con el artículo 751, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la cédula de notificación debe contener el nombre de las partes y, en el caso concreto no se da cumplimiento a tal requisito, sino que, por el contrario, en el escrito inicial de demanda se advierte que el nombre de la parte actora es ‘**********’, y en las diligencias de citación y emplazamiento, así como en el laudo respectivo, aparece que el nombre de la misma es ‘**********’, lo que se traduce en una clara incongruencia y, desde luego, genera incertidumbre en cuanto a la identidad de la parte actora."

Sin embargo, el Juez Federal, al resolver pasó por alto tal planteamiento, pues en su sentencia, no examinó el concepto de violación del quejoso. Los conceptos de violación que aquel juzgador advirtió en la demanda de amparo, son los siguientes:

"En efecto, la parte quejosa expresó, en esencia, los siguientes argumentos:

"1. Que las autoridades responsables violan en su perjuicio los derechos fundamentales de audiencia y de seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se le ha privado de la oportunidad de contestar la demanda entablada en su contra y de oponer las excepciones y defensas, dado que el emplazamiento que le fuera practicado no se ajustó a las exigencias contenidas en el artículo 743, fracción I y, párrafo último, de la Ley Federal del Trabajo.

"Que el actuario solamente se cercioró de que el lugar donde se constituyó a practicar el emplazamiento era el domicilio señalado en autos para practicar la diligencia, omitiendo corroborar si dicho lugar correspondía al quejoso por habitar, trabajar o tener ahí su domicilio, dado que los elementos de convicción en los que se apoyó aluden únicamente a que ese lugar corresponde al domicilio de la parte demandada.

"Agrega que no basta informar (sic) ‘por el momento no se encuentra la persona que se busca’, para considerar que se cercioró de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado, pues estaba obligado a recabar otros datos objetivos que le permitieran cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó verdaderamente correspondiera al destinatario de la notificación, ya sea por habitar, trabajar o tener ahí su domicilio, además de que aquella afirmación alude de manera general a la ‘parte demandada’ y no así de manera específica al quejoso; máxime, que tampoco identificó en forma alguna a su informante al que se refiere únicamente como empleado de vigilancia de la fuente de trabajo, sin asentar razón alguna de cómo es que arribó a esa conclusión.

"Para apoyar su dicho, citó las jurisprudencias de rubros ‘EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR.’ y ‘EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR LA DILIGENCIA, PERO OMITE CORROBORAR QUE AHÍ HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO LA PERSONA A QUIEN DEBE NOTIFICAR.’

"2. Que las diligencias de citación y emplazamiento de dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil ocho, se practicaron de manera simultánea respecto de todos y cada uno de los demandados; lo cual, dice, resulta inverosímil, pues si bien se elaboraron a las catorce horas con treinta minutos, en relación al demandado ‘**********’, Sociedad Anónima de Capital Variable; a las catorce horas con treinta y un minutos, respecto al quejoso **********, a las catorce horas con treinta y dos minutos, en relación a quien resultare responsable o propietario de la fuente de trabajo, mediando entre una y otra actuación un lapso de sesenta segundos; dicha circunstancia no desvirtúa la simultaneidad de tales diligencias, al resultar materialmente imposible que en ese breve lapso de tiempo el actuario haya podido llevar a cabo todos y cada uno de los hechos que se hacen constar en cada una de sus actuaciones.

"En apoyo a su dicho, invoca la jurisprudencia de rubro: ‘EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.’

"3. Que el actuario omitió entregar a la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento, copia autorizada de la resolución en la que se señala fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en contravención a lo dispuesto por el artículo 743, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, dado que de las actas de notificación practicadas el dieciocho y diecinueve de noviembre de dos mil ocho, solamente se aprecia la firma del actuario, quien además refiere que firman los ‘...que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo...’; sin que exista constancia de que real y efectivamente se le haya entregado copia cotejada del acuerdo de cabeza de proceso con todas las prevenciones o apercibimientos aplicables y del escrito que contiene la demanda.

"4. Que de conformidad con el artículo 751, fracción II, del citado ordenamiento legal, la cédula de notificación debe contener el nombre de las partes y, en el caso concreto, no se dio cumplimiento a tal requisito, pues en el escrito inicial de demanda se advierte que el nombre de la actora es ‘**********’ y, en las diligencias de citación, emplazamiento y en el laudo respectivo, aparece que el nombre de la misma es ‘**********’, lo que dice, genera incertidumbre en cuanto a la identidad de la parte actora.

"5. Que el auto de diez de noviembre de dos mil ocho, carece de toda validez y eficacia jurídica, en virtud de que no se hacen constar los nombres de los integrantes de la Junta, no obstante que de una correcta interpretación de los artículos 721, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que para la validez de las resoluciones se requiere que estén debidamente firmadas por sus integrantes, debido a que el nombre y firma plasmados en ellas, es el signo manifiesto con el que validan su contenido y con el que cumplen la obligación establecida en dichos preceptos legales.

"Sustentando sus afirmaciones con la jurisprudencia de rubro: ‘LAUDO. LA FALTA DEL NOMBRE O FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS EN DICHA RESOLUCIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE ORIGINA SU NULIDAD Y, POR ENDE, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.’

"6. Que en el instrumento con título ‘citatorio’, el actuario omitió fundar y motivar el acto de autoridad, pues se limitó a citar el artículo 743, fracciones III y IV, de la legislación laboral, sin incluir las disposiciones legales que sirvan como fundamento de su competencia material y territorial, incumpliendo con ello el requisito de motivación establecido en el artículo 16 constitucional.

"7. Que las autoridades responsables vulneraron el derecho de audiencia y defensa que tutelan los artículos 14 de la Carta Magna y 8.1 de la Convención Americana (sic), esto en la medida en que el supuesto emplazamiento al juicio laboral de origen se realizó sin cumplir con las formalidades legales aplicables, específicamente con lo dispuesto en el numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo."

Tal proceder omiso del Juez Federal, infringe el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, el cual establece:

"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:

"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;

"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;

"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

En efecto, en términos a la citada norma, las sentencias deben contener los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

Si se considera que, por regla general, la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad deriva del resultado del examen de los conceptos de violación; de ello se sigue otra regla general en cuanto al deber del juzgador de amparo de examinar todos los conceptos de violación que la parte quejosa haga valer, pues desde ese lado, sólo así podrá cumplir con la obligación de expresar los fundamentos legales en que se apoye.

En tal regla se encuentra inmerso el principio de congruencia de las sentencias, conforme al cual, en lo que interesa, la sentencia debe ser congruente entre los conceptos contenidos en su exposición, así como con las pretensiones de las partes.

Por tal razón, el dictado de una sentencia en la que no se analiza la pretensión de amparo a partir del examen de todos los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer, es una sentencia incongruente que, por lo mismo, infringe el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada.

Cabe mencionar que el principio de congruencia de las sentencias de amparo también puede apreciarse con apoyo en la legislación supletoria de la Ley de Amparo abrogada. En efecto, el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, establece:

"Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación suscinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."

Conforme a la citada norma, las sentencias terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del juzgador. Esto significa que lo resuelto por el juzgador de amparo debe ser acorde con lo planteado en la demanda de amparo, lo que no es otra cosa sino la congruencia entre la demanda y la sentencia de amparo.

Así, la incongruencia de la sentencia también puede verse como una infracción al artículo transcrito en aplicación supletoria.

Ahora bien, en el caso, la sentencia del Juez Federal no resolvió todos los puntos sujetos a su consideración, de suerte que omitió pronunciarse sobre el concepto de violación que refiere la parte aquí recurrente. Por ello, es una sentencia incongruente lo que da lugar a sostener que en esa resolución no se observó la ley.

Dado lo fundado del agravio, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, este tribunal asume su jurisdicción y se pronuncia sobre el concepto de violación dejado de analizar en la sentencia de amparo.

Pero antes de ello, es oportuno precisar que no se examinarán los restantes agravios, en tanto se considera que el concepto de violación es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida.

Sobre el proceder de este tribunal, es ilustrativa la jurisprudencia VI.1o. J/6, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la cual se comparte, de rubro y texto:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente."(30)

Análisis del concepto de violación

Pues bien, atendiendo a su causa de pedir, como ya se dijo, es fundado el concepto de violación por el que la parte quejosa alega que en autos del juicio laboral no hay constancia de la existencia de la cédula que se dijo se le entregó y que, por ello, en el caso no es posible considerar que se dio cabal cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo.

Ciertamente, en los autos del juicio común e, incluso, en los del juicio de amparo, no hay constancia de la cédula de notificación del emplazamiento, lo cual infringe las reglas que sobre notificación, particularmente sobre el emplazamiento, establece la Ley Federal del Trabajo. Las razones de ello son las siguientes.

El emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que "nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia, consagrada en el precepto supratranscrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento -dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento- y que de no cumplirse con ellas se infringiría la referida garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión.(31)

Por ello, esto es, principalmente por su importancia en el derecho de defensa, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos, son violatorios de la garantía de audiencia.

Es aplicable la siguiente jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"EMPLAZAMIENTO, NO SE CONVALIDA TÁCITAMENTE EL.-El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia."(32)

Tratándose de juicios laborales, en un caso como el que nos ocupa, iniciado durante la vigencia de la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a sus reformas de treinta de noviembre de dos mil doce, las normas que rigen el emplazamiento son las contenidas en el artículo 743, cuyo texto establecía:

"Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes:

"I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación;

"II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de aquélla.

"III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;

"IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada;

"V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y

"VI. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios.

"En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye."

En el enunciado legal transcrito, el legislador secundario federal dispuso las reglas generales conforme a las cuales se debe realizar la primera notificación en el juicio laboral. Como se ha dicho, tratándose de la parte demandada, esa primera notificación generalmente es su emplazamiento, de suerte que en tal caso aquellas reglas han de entenderse referidas a ese acto procesal.

Resulta comprensible que el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo señale detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, porque éstas tienden a desarrollar la garantía de audiencia en lo que hace a la formalidad esencial de llamamiento a juicio. De forma que su finalidad se encuentra en asegurar que el emplazamiento, visto como notificación, se haga con la persona directamente interesada o a su representante legal, o bien, con un tercero, en el caso de la fracción IV, pero dándose certeza de que la persona sujeto de la diligencia tendrá conocimiento del asunto, para que tenga la oportunidad de comparecer a juicio a producir su defensa.

Como complemento de estas reglas, entre otras, también se encuentra aquella que se infiere de los artículos 742 a 744, en relación con el 751, todos, desde luego, de la Ley Federal del Trabajo (en su texto anterior a su reforma de treinta de noviembre de dos mil doce). Este último precepto establece:

"Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos:

"I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación;

"II. El número de expediente;

"III. El nombre de las partes;

"IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y

"V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula."

Al interpretar las invocadas normas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.),(33) determinó que "sin importar que sea la primera o ulterior notificación personal, debe dejarse la cédula que refiere el artículo 751, junto con la resolución cuya notificación se ordenó de manera personal, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa."

De esta forma, al practicar el emplazamiento, el notificador no sólo debe seguir las reglas que establece el artículo 743, sino también debe dejar la cédula de notificación a la persona con quien entienda la diligencia. De lo contrario, el emplazamiento será ilegal y violatorio de la garantía de audiencia.

Al examinar detalladamente la ley, este tribunal advierte que no sólo la omisión de la entrega de la cédula de notificación del emplazamiento da lugar a que se considere violentada la garantía de audiencia; en realidad, también configurará esa violación la omisión de dejar constancia de ella en los autos del juicio laboral. Las razones de ello son dos.

En principio, en su parte final, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo establece que, en todos los casos que regula, "el actuario asentará razón en autos". Esto significa que el actuario debe dejar constancia de su proceder al realizar las notificaciones, concretamente la primera notificación personal, que tratándose del demandado, como se ha dicho, generalmente lo es el emplazamiento.

Por ello, respecto de la cédula de notificación que describe el artículo 751, tal enunciado se traduce en una regla que dice que de ese documento se debe dejar constancia en autos. Es decir, el actuario debe dejar en autos copia o constancia auténtica de la cédula que entrega a la persona con quien entendió la diligencia.

La otra razón normativa por la cual el actuario debe dejar constancia de la cédula de notificación en autos del juicio laboral radica en que, como toda actuación procesal, de ella debe haber constancia en el expediente.

Así es, el expediente del proceso es su registro histórico documental, en otras palabras, es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano.

Lo anterior, sin menoscabo de que existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, los cuales temporalmente se relacionan o asocian con el expediente, y que no obstante que puede dejarse testimonio fiel de ellas, en la mayoría de los casos se devuelven a su oferentes.

En ese marco, el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo establece:

"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes."

Conforme a la norma transcrita, en lo que interesa, hay actuaciones procesales cuya producción no corresponde al secretario de la Junta. Entre esas actuaciones se encuentran las actas de notificación y las cédulas de notificación que realizan y autorizan los actuarios.

Entonces, como toda actuación procesal, de las cédulas de notificación debe haber constancia en el expediente, pues precisamente éste se compone, entre otras, de las constancias de las actuaciones procesales.

La conclusión a la que arriba este tribunal, incluso, es acorde con la funcionalidad del artículo 751, en tanto sólo así se podrá tener certeza objetiva de que el documento que como cédula se entregó, colma los requisitos que ese numeral establece.

Máxime que, admitir una posición contraria, daría lugar a aceptar que el examen de la legalidad del contenido de la cédula de notificación escapa del escrutinio de las autoridades jurisdiccionales de control constitucional, lo que desde luego atenta contra los principios de impugnación y de recurso efectivo, establecidos en los artículos 17, 103 y 107 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cabe precisar que la posición que este tribunal asume no pone en tela de juicio la fe pública del actuario que se revela cuando en la razón de la notificación asienta que hizo entrega de la cédula a la persona con quien entiende la diligencia. Lo que se postula es que la omisión de dejar constancia de esa cédula de notificación en autos, por sí misma, se traduce en una infracción de la ley, que también se erige como un proceder que impide el examen de la legalidad del contenido de tal documental, respecto de lo cual no opera la fe pública del actuario.

Así pues, conforme a los artículos 723, 742 a 744 y 751 de la citada ley laboral, de la cédula de notificación que deje a la persona con quien entiende el emplazamiento a juicio, el actuario debe dejar constancia de ella en autos. De lo contrario, tal actuación se entenderá practicada en contravención a las normas que la rigen y, por ello, será violatoria de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque derivadas de la interpretación de las legislaciones civil y mercantil, las siguientes tesis de Tribunales Colegiados de Circuito ponen de relieve, incluso en esas materias, el deber del actuario de dejar constancia de la cédula de notificación en autos, lo que revela, prima facie, la existencia de una regla general de certeza respecto del contenido de dicha documental en las legislaciones que prevén la entrega de la cédula a la persona con quien se entiende la diligencia respectiva. Los criterios de los que se habla son del siguiente tenor:

"EMPLAZAMIENTO. RESULTA ILEGAL CUANDO EL EJECUTOR MENCIONA SOLAMENTE QUE ENTREGÓ LA CÉDULA RESPECTIVA, PERO OMITE AGREGAR COPIA DE LA MISMA AL EXPEDIENTE Y EN EL ACTA CORRESPONDIENTE NO APARECE QUE SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-Tomando en consideración que el artículo 112, vigente a partir del uno de marzo del año pasado, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, acerca de los datos que debe contener la cédula que debe entregarse cuando en la segunda búsqueda no se encuentra al demandado, contiene requisitos que anteriormente no establecía, pues, en efecto, ese dispositivo actualmente previene, entre otras cosas que: ‘Sólo si se tratare de emplazamiento a juicio o de requerimiento y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula, que contendrá: I. Nombre del servidor público que haya dictado la resolución; II. El juicio en que se pronuncia y número de expediente; III. Breve relación de la resolución que se notifica; IV. Día y hora en que se hace la notificación; V. Nombre de la persona en poder de quien se deja; VI. Firma del servidor público que practique la notificación y de quien la recibe o expresión de su negativa...’ Este tribunal estima que para cumplir con tales exigencias no es suficiente que el ejecutor mencione únicamente que cumplió con la obligación de la entrega de dicha cédula, sino que además debe aparecer en la constancia respectiva, que todos y cada uno de esos datos sí se hicieron del conocimiento de la persona con quien se entendió la diligencia, ya que ante la omisión en que incurrió aquél de no agregar copia de la cédula susodicha, no puede verificarse si el reo tuvo o no oportunidad de conocer los datos mínimos para poder acudir al llamado que se le hizo."(34)

"EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO MERCANTIL. FORMA DE REALIZARLO EN EL ESTADO DE CAMPECHE.-Conforme a lo previsto por los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio, vinculado con los artículos 99, 100, 101, 102, 103, y 104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, la forma correcta de hacer un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, si se conoce el domicilio del demandado es, en primer lugar que el notificador se cerciore de que la persona demandada vive en el domicilio señalado por el actor, pues es patente que si la ley fija como lugar donde debe hacerse el emplazamiento el domicilio del demandado, es precisamente para que éste tenga conocimiento efectivo de la demanda y por esa razón, es indispensable que el notificador se cerciore plenamente que el domicilio señalado por el actor es realmente el del demandado, sin que sea suficiente para que la diligencia revista legalidad, la simple anotación de que así lo hizo, sino que es menester asentar en autos los medios de que se valió o las fuentes de información a las que tuvo que recurrir para adquirir esa certidumbre, razonando circunstanciadamente tales hechos y dejándolo asentado en el acta relativa, por lo que independientemente de que los artículos 100 y 101 del código adjetivo civil del Estado de Campeche, no señalen de manera expresa que el funcionario encargado de llevar al cabo un emplazamiento deba cerciorarse de si el domicilio señalado es el del demandado, es evidente que debe cumplirse con tal formalidad, pues el propósito de la citación a juicio, consis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27428-6679e18f/litisconsorcio-pasivo-necesario-para-determinar-su-existencia-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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