RESPONSABILIDAD DEL BENEFICIARIO DE LOS SERVICIOS QUE NO ES PROPIAMENTE PATRÓN (ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
AMPARO DIRECTO 125/2017. 15 DE JUNIO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. DISIDENTE: SERGIO PALLARES Y LARA. PONENTE: JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA. SECRETARIO: JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ GAYTÁN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte trabajadora, sin que haya materia para suplirle la queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, de acuerdo con lo que a continuación se expone.
En primer lugar, es preciso puntualizar los antecedentes del laudo que se reclama, que resultan relevantes para la solución del asunto, a saber: el trabajador, aquí quejoso, demandó en la vía ordinaria laboral de la persona moral denominada ********** "fuente de trabajo ubicada en Bulevar **********, esquina calle **********, número **********, colonia ********** en León, Guanajuato, consistente en construcción", el pago de la indemnización correspondiente por el despido del cual dijo fue objeto, salarios caídos, prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, además del aguinaldo y salarios devengados, relatando que fue contratado por la persona moral indicada, por conducto de **********, quien se ostentaba como encargado y le asignó salario, actividad ********** y horario, aunque el 15 de abril de 2015, aproximadamente a las 8:00 horas, cuando se disponía a comenzar la jornada, en la puerta de acceso, el encargado ********** le dijo que estaba despedido.
Luego de varios intentos por emplazar a la demandada, sin lograrlo, el actor ********** amplió su escrito inicial de demanda en contra del ********** (**********) "en su carácter de beneficiaria de los servicios personales y subordinados", señalando que debía ser emplazada en Bulevar **********, número **********, parcela **********, de la colonia **********, en León, Guanajuato, después precisó que el nombre de la codemandada beneficiaria es **********. Ante la imposibilidad de emplazar en los domicilios proporcionados a la codemandada **********, en audiencia de 16 de mayo de 2016, el apoderado legal de la parte actora desistió del procedimiento intentado en su contra, dejándolo subsistente en contra del **********, al que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, ante su inasistencia a dicha audiencia.
Al momento de emitir el laudo que se reclama, la Junta sostuvo que el actor fue contratado por una empresa de construcción, para prestar sus servicios a favor y en beneficio de otras empresas, a través de la figura de la subcontratación, la cual va implícita de conformidad con los elementos que se desprenden de la demanda, por lo que de acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo el ********** es responsable solidario con el patrón, aunque ello no implica que el beneficiario adquiera o se transforme en patrón del actor, sino que su responsabilidad deriva de la propia ley, de modo que las obligaciones para con el trabajador le corresponden a **********, en tanto que la relación entre el actor y el ********** es accidental, accesoria o derivada, puesto que la empresa de construcción es la titular de la relación laboral y sustancial con el actor; consecuentemente, si el operario se desistió del procedimiento en contra de ella, entonces dicho desistimiento debe extenderse a la persona moral beneficiada de los servicios, por tener una responsabilidad laboral derivada, amén del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, porque sería ilógico someter a juicio únicamente a la empresa beneficiada sin que de por medio aparezca el patrón, que es quien cuenta con todos los elementos de defensa derivados de la relación de trabajo, dejando así en estado de indefensión a la empresa beneficiada, dado que tendría que desvirtuar hechos que, por su naturaleza, quien está en aptitud de probar es el patrón.
Así fue que absolvió del pago de las prestaciones reclamadas, pues hubo desistimiento respecto del patrón.
Ahora bien, este órgano colegiado considera que el proceder de la Junta responsable en la audiencia de 16 de mayo de 2016, de tener por desistido al actor del procedimiento intentado en contra de **********, con motivo de la petición que en ese sentido hizo su apoderado legal, fue ajustado a derecho, pues consta en autos que contaba con facultades para hacerlo, según se advierte en el poder que se le otorgó, visible en la foja 19 del expediente de origen, en el que en la parte conducente se asentó:
"Carta Poder
"León, Guanajuato a 5 de octubre de 2015
"H. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje
"León, Guanajuato.
"Por medio de la presente otorgo al C. Licenciado ********** poder amplio, cumplido y bastante para que a mi nombre y representación con las más amplias facultades sin limitación alguna sobre el ejercicio de mis derechos laborales: se apersone dentro de los autos que integran el expediente número **********, relativo al juicio ordinario laboral que sobre pago de diversas prestaciones de carácter laboral promuevo en contra de la parte demandada hasta su total terminación e inclusive promuevan (sic) juicio de amparo en contra de la parte demandada hasta su total terminación e inclusive promuevan (sic) juicio de amparo además de las siguientes: para ampliar demanda en caso de que lo estime pertinente, para aceptar la reinstalación que se ofrezca en mi nombre, para desistirse de los demandados cuando lo estime pertinente, para contestar las demandas y reconvenciones que se entablen en nuestra contra..."
Del contenido del citado poder, otorgado por el trabajador a ********** para que lo representara en el juicio laboral, se advierte que se insertó una cláusula o apartado especial para que, con base en ese documento, tuviera facultades expresas para desistir del procedimiento, por lo que la Junta responsable actuó correctamente al tenerlo por desistido del iniciado en contra de **********, por lo que en ese aspecto no existe agravio que reparar en beneficio del actor.
Es aplicable al caso, en sentido contrario, la jurisprudencia 2a./J. 83/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:
"DESISTIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. ES NECESARIA SU RATIFICACIÓN POR EL ACTOR CUANDO EL APODERADO CARECE DE FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.-En términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, las partes en el juicio pueden comparecer de manera directa o por conducto de apoderado. Al respecto, la exigencia del legislador en cuanto a comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, es decir, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, estimando para ello que la Ley Federal del Trabajo no regula el contrato de mandato sino sólo permite su ejecución, pues solamente ordena que los apoderados exhiban el testimonio notarial correspondiente, la carta poder con los requisitos previstos en dicho precepto, que se reducen a su otorgamiento ante dos testigos, o el documento idóneo para tal efecto a juicio de la Junta. En esa virtud, cuando el apoderado del trabajador desistió en el juicio sin contar con facultades expresas para hacerlo, con violación al artículo 2,587 del Código Civil Federal, es decir, excediendo la actuación que se le tiene permitida, pues todo mandato judicial requiere cláusula especial para poder desistir, procede que la Junta de Conciliación y Arbitraje mande ratificar el escrito relativo, de manera que el trabajador exprese en forma inequívoca si es o no su voluntad desistir, convalidando, si así procede, la actuación excesiva de su apoderado, pues el artículo 2,594 del propio código dispone que la parte, en este caso, el trabajador, puede ratificar antes del laudo (sentencia), lo que el procurador hubiere hecho excediéndose del poder."
En la propia audiencia de 16 de mayo de 2016, en la etapa de conciliación, la autoridad responsable tuvo a las partes, ante su ausencia personal, como inconformes con algún arreglo conciliatorio, con lo cual se dio por cerrado ese periodo. Lo anterior ningún perjuicio ocasiona al quejoso, en virtud de que tal determinación se hizo de conformidad con la fracción VI del artículo 876 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a la autoridad laboral a tener a las partes como inconformes con todo arreglo conciliatorio cuando no concurran a dicha etapa, como fue el caso.
En la etapa de demanda y excepciones, se hizo constar que se encontraba presente la apoderada legal del actor y la inasistencia del demandado **********, al que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. En esta fase no se advierte agravio que reparar en beneficio de la parte trabajadora, pues como se anotó, su apoderado ratificó el escrito inicial de demanda y su ampliación, lo cual resulta congruente con lo dispuesto por el artículo 878, fracciones II, III y IV, de la Ley Federal del Trabajo y, por ello, no se causa perjuicio alguno al promovente del amparo, por lo que no existe agravio que amerite ser reparado en beneficio del trabajador.
En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, a la que compareció exclusivamente el apoderado legal del demandante, ofreció las que estimó convenientes a sus intereses.
Seguido el juicio por su cauce legal, el 27 de septiembre de 2016 se pronunció laudo en el que, como ya se vio, la Junta determinó absolver al **********, en virtud de que consideró que **********, es la responsable directa de la relación de trabajo relatada por el operario, en tanto que el primero en mención únicamente se benefició con los servicios prestados, de lo que le resulta una obligación accidental o derivada; por tanto, al haber desistido el actor del patrón directamente obligado, ese desistimiento se hizo extensivo en favor del mencionado beneficiario.
Esa determinación resulta ajustada a derecho.
Efectivamente, contra lo que asevera el quejoso, en el caso concreto sí se consideraron los elementos que sustentaron la demanda, hubo congruencia en la emisión del laudo, la Junta sí motivó su determinación e invocó los preceptos legales que consideró aplicables al caso particular, observando así los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, pues entre los contenidos en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está el relativo al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocido como de debido proceso legal, el cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.
Así, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.
De este modo, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por consiguiente, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentran en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.
Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Así pues, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, el laudo que reclama sí se encuentra debidamente fundado y motivado, pues los argumentos que sustentan su sentido son claros y congruentes, además, los motivos particulares que se exponen para absolver de las prestaciones exigidas, se ajustan a los preceptos legales invocados, máxime que también se abordan y solucionan los puntos litigiosos.
En relación con lo argumentado por el promovente del amparo, en el sentido de que en el caso concreto hubo una pluralidad de demandados, a los que se atribuyó el carácter de patrones simultáneos, quienes tienen un vínculo de solidaridad en sus obligaciones para con el trabajador, lo que permitía a éste entablar su pretensión contra cualquiera de ellos, sin necesidad de llamarlos a todos los que fungieron como patrones simultáneamente, puesto que no se surte el litisconsorcio pasivo necesario, en la medida en que la solidaridad pasiva consiste en la obligación de dos o más deudores de prestar cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida, de modo que si cada deudor responde por la totalidad de la obligación no es requisito indispensable, para la procedencia de la acción, que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, porque el actor válidamente puede pedir a uno de ellos la satisfacción de todo lo adeudado; por tanto, al plantearse acciones que derivan de un despido, no se presenta el litisconsorcio pasivo necesario si se atribuye a una pluralidad de demandados la misma relación de trabajo, porque cualquiera puede responder de la totalidad de las obligaciones derivadas de la contratación laboral, dado que sólo existe un vínculo de trabajo y no tantos como demandados haya.
Al respecto, se señala que en el caso particular, no es verdad que se trate de una misma relación de trabajo del actor con dos empresas y sean dos patrones simultáneos, por ende, exista obligación solidaria, al grado que cualquiera de ellas pueda y deba responder del cumplimiento de las exigencias de carácter laboral que pretenda el operario, sin necesidad de que ambas sean demandadas o llamadas a juicio, o sea, que no se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, sino que, como lo señaló la autoridad responsable, fue el propio trabajador quien relató las condiciones laborales, esto es, el que atribuyó la calidad de patrón o titular del vínculo obrero patronal a una de las codemandadas, mientras que a la otra la identificó como beneficiaria de los servicios prestados, a la que en todo caso, le resulta una obligación subsidiaria, en la medida que debe responder al operario únicamente en el supuesto de que la patronal no cuente con los elementos para cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores.
Es decir, en principio, asiste razón al promovente del amparo, en cuanto a que la solidaridad que deriva para varios codemandados por ser los titulares de la relación de trabajo con el actor, no integra, per se, la figura del litisconsorcio pasivo necesario, para exigir que el juicio laboral se siga en contra de todos ellos, sino que al ser responsables solidarios de manera pasiva, implica que cada uno reporte la obligación de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida.
Sin embargo, en lo que no le asiste razón jurídica es que en la especie se actualice ese tipo de obligación solidaria respecto de las dos empresas que fueron demandadas, sino que a una le resulta el carácter de patrón responsable directo y a otra la de beneficiaria de los servicios, esto es, con responsabilidad subsidiaria en ese vínculo obrero-patronal, como se explica en seguida.
Efectivamente, en opinión de este tribunal, las obligaciones solidarias no pueden imponer un litisconsorcio pasivo necesario.
La doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido coincidentemente que el litisconsorcio pasivo necesario tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia eficaz e igual para todos los litisconsortes, dado que no puede dictarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues por virtud del vínculo indivisible derivado de la misma relación jurídica sustantiva, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a los demás.
El litisconsorcio necesario presupone la afectación a una pluralidad de sujetos con motivo del derecho litigioso que se deduce en juicio, ya sea en forma activa o pasiva, de forma que la decisión que se dicte, de manera ineludible les afecta a todos, de ahí que cuando dos o más personas ejercen la misma acción u oponen la misma excepción, se actualiza esta figura jurídica. El litisconsorcio necesario surge cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculados con lo resuelto en la sentencia que llegue a dictarse; esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 98/2006-SS, entre otras consideraciones, puntualizó:
a) Que el litisconsorcio activo se actualiza cuando existe pluralidad de personas que demandan y, por el contrario, el pasivo, cuando son varias las personas que resultan demandadas y su calidad de voluntario o necesario depende del hecho que le dé origen.
b) Es pasivo voluntario cuando varias personas intervienen en un juicio de manera conjunta porque es su voluntad hacerlo, ya que podrían oponer sus excepciones o defensas de forma separada, pero litigan juntas por voluntad propia, no porque la ley las obligue; es necesario u obligatorio, cuando el proceso no puede iniciarse válidamente, sino en la forma de litisconsorcio porque las cuestiones jurídicas que en él se ventilan afectan a más de dos personas, de manera que no sea posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica sustancial, es imposible condenar a una parte sin que alcance a las demás.
c) El litisconsorcio pasivo necesario está ligado con la relación causal, material o sustantiva que en el juicio se controvierte, única o indivisible, por lo que de no demandarse a todos los litisconsortes, se constituirá defectuosamente la relación procesal. El litisconsorcio pasivo necesario se da cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la forma cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados indivisiblemente y, por ello, no puede resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede causar perjuicio. El efecto principal y la razón de ser de la figura del litisconsorcio pasivo necesario es que a juicio sean llamados todos los litisconsortes, quienes por estar vinculados de forma indivisible entre sí con el derecho litigioso, deben ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión debatida, ya que no sería posible condenar a uno sin que la condena alcance a los demás, es decir, el objetivo principal de la figura analizada es el de que sólo pueda haber una sentencia válida para todos los litisconsortes.
d) Para determinar si se configura el litisconsorcio pasivo necesario debe examinarse la indicada relación material indivisible, que pueda existir previamente al juicio entre los codemandados, a diferencia del voluntario, que nace por virtud de la relación procesal o conductas procesales de las partes.
De esa resolución emergió la jurisprudencia 2a./J. 121/2006, que dice:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN MATERIA DE TRABAJO. SU CONFIGURACIÓN NO DERIVA DE QUE LOS COLITIGANTES HAYAN COMPARECIDO A JUICIO.-La doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido coincidentemente que el litisconsorcio pasivo necesario tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia eficaz e igual para todos los litisconsortes, dado que no puede dictarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues por virtud del vínculo indivisible derivado de la misma relación jurídica sustantiva, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a los demás. En congruencia con lo anterior, se concluye que para determinar si en el procedimiento laboral se configura el litisconsorcio pasivo necesario es irrelevante que los colitigantes hayan comparecido a juicio, ya que aquél deriva de la relación material única o indivisible que exista entre ellos, previamente al juicio, y no de las conductas procesales de las partes como comparecer o dejar de hacerlo si lo estiman pertinente, una vez que fueron emplazados. Además, si bien en ocasiones será hasta la contestación de la demanda, o aun después, cuando se advierta que existe el litisconsorcio pasivo necesario, ello no significa que la comparecencia sea un elemento para configurarlo, dado que la relación causal única o inescindible es preexistente al juicio, sólo que hasta ese momento se tuvo noticia judicial de ella, pues también puede desprenderse desde la demanda laboral o, en su caso, derivar de la Ley Federal del Trabajo."(1)
Por otro lado, al no existir una definición de solidaridad en la Ley Federal del Trabajo, procede acudir al Código Civil Federal, el que en su artículo 1987 establece que existe solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida. La solidaridad pasiva es la obligación de dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida, de manera que si cada deudor tiene que responder por la totalidad de la obligación, no es indispensable que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir a uno de ellos la satisfacción de la totalidad de lo adeudado.
Es de hacer ver que la Ley Federal del Trabajo, en los preceptos que se ocupan de regular las obligaciones patronales, en caso de pluralidad de receptores de servicios o de falta de identidad entre contratante, beneficiario de los trabajos, y quien ejerce el papel de patrón material, opta en general por atribuir responsabilidades solidarias, o claramente directas (con lo que se excluye la mancomunidad forzosa), si se pone en riesgo que se tornen ilusorios los derechos del trabajador.
Así, el artículo 10, en su párrafo segundo, dispone:
"Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
"Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos."
Por su parte, el artículo 13 establece:
"Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores."
A su vez, el 14 indica:
"Artículo 14. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta ley y de los servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:
"I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa o establecimiento; y
"II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores."
Tendencia similar puede advertirse en los artículos 15, fracción I y 15-A, en tanto que disponen:
"Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes:
"I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y"
"Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.
"Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:
"a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
"b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
"c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.
"De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social."
El artículo 41 señala:
"Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.
"El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores."
Como se puede observar, el transcrito artículo 13, si bien alude a la "responsabilidad solidaria", tanto de los llamados "intermediarios", como de aquellas empresas que presten en forma exclusiva o principal, servicios a otra, quien por cierto, al recibir los beneficios de la prestación de los servicios de los trabajadores que les son adscritos, se convierten en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27486-b73f2523/responsabilidad-del-beneficiario-de-los-servicios-que-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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