TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. SI DEMANDARON SU BASIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, EN EL LAUDO RESPECTIVO DEBE APLICARSE ÉSTA Y NO LA LEY DEL SERVICIO CIVIL REFORMADA VIGENTE A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2014, PUES DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ, MARÍA JESÚS SALCEDO, GUSTAVO GALLEGOS MORALES, DAVID GUERRERO ESPRIÚ, ADAN GILBERTO VILLARREAL CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN AGUILAR MOYA. PONENTE: ISABEL ILIANA REYES MUÑIZ. SECRETARIO: MIGUEL ÁVALOS MENDOZA.
Mexicali, Baja California. Acuerdo del Pleno del Decimoquinto Circuito, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil diecisiete.
VISTOS los autos, para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 62/2017, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por el licenciado **********, director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial del Estado de Baja California, denunció la posible contradicción de tesis entre las ejecutorias que emitió el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad; lo resuelto en los juicios de amparo directo laboral ********** y ********** de su índice, y ********** y **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
SEGUNDO.-Trámite del asunto. En acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno del Decimoquinto Circuito ordenó se registrara el expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis con el número 62/2016, considerando innecesario solicitar copia certificada de las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo laborales del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que fueron anexadas al escrito en mención. Asimismo, solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios sustentados en los referidos asuntos seguían vigentes; de igual forma, solicitó que enviaran el archivo electrónico que contenga las ejecutorias respectivas a la cuenta de correo electrónico oficial mariana.torres.bedolla@correo.cjf.gob.mx.
Por otra parte, también ordenó informar la radicación de la contradicción de tesis a los tribunales contendientes, así como comunicar la contradicción a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara si existía tramitándose ante el Alto Tribunal, alguna contradicción de tesis relacionada con el tema: "determinar si a los trabajadores al servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California con motivo de la obtención de la base sus pretensiones a juicio, son los derechos adquiridos o simples expectativas de derecho sujetas al resultado del juicio y su solicitud debe ser resuelta conforme a los parámetros legales de la Ley del Servicio Civil ya abrogada y que recaiga a la presentación de la demanda o conforme a la legislación vigente al momento del dictado del laudo respectivo; o en su defecto, que al haberse expedido dicha legislación durante la secuela procesal, no es factible su aplicación por considerar que la misma de aplicarse, sería con efectos retroactivos y, por lo tanto, el análisis legal de su solicitud de base se debe efectuar conforme a lo estipulado por el extinto artículo 9 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California abrogada, que permitía la basificación vía judicial."
Mediante auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno del Decimoquinto Circuito ordenó agregar a los autos los oficios 167/2016, suscrito por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, así como el diverso oficio 8580-P, suscrito por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, informando que el criterio emitido por dichos órganos colegiados, al resolver los juicios de amparo directo laborales, continúa vigente.
En oficios CCST-X-18-01-2017 y SGA/GVP/014/2017, remitidos por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que informó que después de una búsqueda realizada por el secretario general de Acuerdos del Más Alto Tribunal del País, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis que guarde relación con el tema de esta contradicción de tesis.
Previo desahogo de los requerimientos formulados en el auto inicial de la contradicción de tesis, mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por integrada la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su turno a la Magistrada Isabel Iliana Reyes Muñiz, para la formulación del proyecto de resolución, quien, como obra en la constancia de entrega visible en la foja cincuenta y nueve de autos, recibió el asunto el catorce de marzo de dos mil diecisiete.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoquinto Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en los artículos 3, 44, 45, 50 y demás relativos del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el dieciocho de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete siguiente, por tratarse de una contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, lugar donde este Pleno ejerce jurisdicción.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por el director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial del Estado de Baja California, en representación del Poder Judicial del Estado, quien fue parte demandada en los juicios laborales de los que derivaron los amparos directos **********, **********, ********** y **********, los dos primeros del índice del Segundo Tribunal Colegiado y los últimos del Quinto Tribunal Colegiado, ambos de este Circuito, que participan en la presente contradicción.
TERCERO.-Criterios contendientes. Con el propósito de establecer si, en el caso, existe o no contradicción de tesis denunciada, es pertinente que, en primer lugar, se transcriban las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo laboral **********, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Suplido en su deficiencia, conforme lo autoriza el arábigo 79, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, deviene fundado el único motivo de disenso planteado.
"Con la finalidad de tener una clara visión de esa postura, es importante relatar algunos de los antecedentes de autos, los cuales son:
"1. ********** ocurrió a demandar al Poder Judicial del Estado de Baja California, entre otras, por las siguientes prestaciones:
"‘... a. Por el otorgamiento de mi base en la categoría de analista programador, atendiendo las funciones que desempeño, de conformidad con el numeral 8 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California publicada en el Periódico Oficial No. 29, de fecha 20 de octubre de 1989, toda vez que dicha ley era la que se encontraba en vigor al inicio de la relación laboral.-b. Por el reconocimiento de mi antigüedad generada desde la fecha de mi ingreso, que fue el día 20 de marzo de 2012.-c. El pago de (sic) correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014 del subsidio mensual denominado canasta básica conforme a las condiciones generales de trabajo celebradas por el Poder Judicial del Estado de Baja California y por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, a razón de $1,143.00 pesos cada mes.-d. El pago correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014, del subsidio mensual denominado previsión social múltiple conforme a las condiciones generales de trabajo celebradas por el Poder Judicial del Estado de Baja California y por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, a razón de $4,014.72 pesos cada mes.-e. El pago correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014, del subsidio mensual denominado transporte conforme a las condiciones generales de trabajo celebradas por el Poder Judicial del Estado de Baja California y por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, a razón de 11% del salario catorcenal, es decir $2,283.0643 (sic) cada mes.-f. El pago correspondiente a la parte proporcional del año 2012, 2013 y la parte proporcional de 2014 del subsidio mensual denominado buena disposición conforme a las condiciones generales de trabajo celebradas por el Poder Judicial del Estado de Baja California y por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, a razón de $6,663.00 cada año.-g. El pago correspondiente a la parte proporcional del bono incentivo a la eficiencia, la parte proporcional del año 2012, 2013 y la parte proporcional de 2014, a razón de 23 días de salario integrado, es decir, la cantidad de $5,9329.19 (sic) pesos, conforme a las condiciones generales de trabajo celebradas por el Poder Judicial del Estado de Baja California y por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.-Asimismo se endereza la demanda en contra del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Gobierno del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, para el efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto de la basificación que se reclama en los incisos (sic) a) de este capítulo de prestaciones.’
"2. Esa demanda se registró con el número 912/2014, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, cuyo titular la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento respectivo y señaló data para la celebración de la audiencia de ley.
"3. Una vez agotadas las instancias legales, el veintisiete de noviembre de dos mil quince se emitió laudo, cuyos puntos resolutivos son:
"‘... PRIMERO: Se declara improcedente la prestación reclamada por la parte actora ********** al Poder Judicial del Estado de Baja California, consistente en el otorgamiento de su base de analista programador por los razonamientos y en los términos que han quedado asentados en el considerando que antecede.-SEGUNDO: Se condena a la parte demandada Poder Judicial del Estado de Baja California a reconocer la antigüedad genérica de la parte actora **********, a partir del 20 de marzo de 2013, por las razones y en los términos ya expuestos en el considerando que antecede.-TERCERO: Se absuelve a la parte demandada Poder Judicial del Estado de Baja California, de otorgar al C. ********** las prestaciones identificadas con los incisos c), d), e), f) y g); por las razones de los términos ya expuestos en el considerando que antecede.-CUARTO: Se le concede a la demandada el término de tres días hábiles, para que dé cumplimiento voluntario en la presente resolución. ...’
"El sustento de ese fallo se hizo descansar, básicamente, en el hecho de que la excepción opuesta por la demandada era fundada, a virtud que con motivo de la presentación de la demanda inicial (veintisiete de agosto de dos mil catorce), la legislación aplicable la constituía la nueva Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California (cuya vigencia inició el nueve de mayo de dos mil catorce), y que en ella no se regulaba como acción abierta vía jurisdiccional, la de basificación, sino que se debía seguir el procedimiento establecido ante la Comisión Mixta de Escalafón respectiva.
"Además, a que existía un nuevo procedimiento para que los empleados del Poder Judicial del Estado de Baja California, obtuvieran una plaza de base definitiva, esto es, el previsto en el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base del Poder Judicial del Estado de Baja California.
"Esa resolución constituye la materia en el presente juicio de amparo directo.
"Vía concepto de violación, la parte quejosa refiere, en esencia, que se transgredió en su perjuicio el principio de no retroactividad, previsto en el cardinal 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a virtud de que, contrario a lo resuelto por la responsable, se debió atender a la fecha en que ingresó a laborar para la demandada, esto es, veinte de marzo de dos mil doce, data en la cual regían los preceptos previstos en la abrogada Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, para lo cual, vierte una serie de argumentos relacionados con el derecho de seguridad jurídica y el principio de irretroactividad de la ley.
"Como se anticipó, ese razonamiento deviene fundado, suplido en su deficiencia.
"De forma previa, conviene acotar que, en la especie, se cuestiona la aplicación retroactiva de normas de carácter sustantivo y no su retroactividad, per se, pues se impugna que la autoridad laboral fundamentó el laudo que se reclama, en una norma laboral que no le resultaba aplicable, a virtud del conflicto en el tiempo, específicamente, aquella disposición legal que establece los requisitos para que a un trabajador burocrático le sea reconocido el derecho a obtener su base.
"De manera ilustrativa, se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 78/2010, emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación, consultable en la página 285 del Tomo XXXIII, abril de 201 (sic), Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:
"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS.-El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular.’
"Asimismo, es necesario destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que, conforme a la teoría de los componentes de la norma, cuando durante la vigencia de una ley se actualizan, de modo inmediato el supuesto y la consecuencia establecidos en ella, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento a que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida.
"La jurisprudencia referida es la identificada con el número P./J. 123/2001, visible en la página 16, Tomo XIV, octubre de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.-Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.’
"En el caso, la Ley del Servicio Civil, anterior a la reforma de ocho de mayo de dos mil catorce, en su artículo 9, establecía lo siguiente:
"‘Artículo 9. Tratándose de empleados de confianza o de trabajadores incluidos en listas de raya que desempeñen funciones de trabajadores de base al prolongarse por más de seis meses sus actividades, deberá considerarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajador de base debiendo ingresar en la plaza de la última categoría.’
"Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen se desprende que la acción laboral por la cual el trabajador, aquí quejoso, reclamó el reconocimiento de su antigüedad y plaza como empleado de base, la ejerció al presentar su demanda laboral el veintisiete de agosto de dos mil catorce, conforme a hechos acontecidos con anterioridad a esa fecha, esto es, durante la vigencia de la ley burocrática previa a la reforma del ocho de mayo de dos mil catorce, pues su reclamo se hizo consistir en que desde el inicio de su relación laboral (veinte de marzo de dos mil doce) desempeñó un puesto en el que realizaba funciones de base.
"En atención a lo anterior y contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, en la especie, se infringe el principio de no retroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, al resolver la litis en el laudo reclamado, tenía la obligación de aplicar la ley que regía la relación laboral al momento en que se actualizaron los componentes de la norma en que se basó la acción del trabajador; es decir, tenía el deber constitucional de resolver atento a la época en que se suscitaron los hechos materia de litis y en que fue ejercida la acción del demandante para reclamar su derecho a obtener la base, en la plaza que desempeñaba para la patronal demandada.
"Este tribunal comparte, por identidad jurídica y en apoyo a los argumentos expuestos, la siguiente tesis de jurisprudencia del anterior Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 546 del Tomo XI, junio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"‘TRABAJADORES DE CONFIANZA. RETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5o., del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, tienen el carácter de empleados de confianza, únicamente los puntualizados en el mismo y en términos de su numeral 15, el nombramiento aceptado, obliga a cumplir las condiciones fijadas en él y las consecuencias, que sean conforme a la buena fe, al uso o a la ley. En esas condiciones, si el burócrata fue contratado durante la vigencia de dicho ordenamiento, sus derechos y obligaciones surgieron al amparo del mismo y no es dable aplicar en su perjuicio la nueva ley (publicada el 23 de octubre de 1998). Por ende, cuando la autoridad, fundándose en los dispositivos reformados, estima de confianza una actividad e incluso, absuelve de las prestaciones vinculadas con la estabilidad en el servicio, transgrede lo previsto en el artículo 14 de la Constitución, porque aplica en forma retroactiva un cuerpo legal.’
"De igual manera, como soporte de los razonamientos expuestos, se cita la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1888 del Tomo XLVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"‘TRABAJO, RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE.-Si para resolver un conflicto de trabajo, se apoya la autoridad respectiva, en la fracción XXVII del artículo 123 constitucional, y no en la Ley Federal del Trabajo, no aplica esta última retroactivamente, si el precepto constitucional antes mencionado, estaba vigente cuando se celebró un contrato de portería, cuya falta de cumplimiento, por no pagarse el salario remunerador, da lugar a la acción que ejercita un trabajador, pues, tenía el derecho de exigir el pago de sus salarios, a partir de la fecha en que comenzó a prestar sus servicios, sin que pueda considerarse que la condenación a ese pago, apoyado en el precepto constitucional, puede considerarse retroactiva.’
"Máxime que según se aprecia de la resolución reclamada, la responsable no ponderó si efectivamente las condiciones descritas en los transitorios del Decreto Número 52 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el ocho de mayo de dos mil catorce, se habían cubierto.
"En efecto, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, publicada el ocho de mayo de dos mil catorce, se rige por los artículos transitorios siguientes:
"‘Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.’
"‘Segundo. Por única ocasión las condiciones generales de trabajo del Poder Legislativo del Estado de Baja California, serán revisadas y acordadas con una vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2014, mismas que serán sustituidas por las que entren en vigor el 1 de enero de 2015 en los términos del artículo 76 de esta ley.’
"‘Tercero. Las presentes reformas no afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los trabajadores con anterioridad al presente decreto.’
"‘Cuarto. Las autoridades públicas contarán con tres meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para publicar en el Periódico Oficial del Estado, el catálogo general de puestos correspondiente, el tabulador anual de remuneraciones de los servidores públicos, así como para la creación de la Comisión Mixta de Escalafón y la expedición de su respectivo reglamento. En igual plazo, las autoridades públicas deberán remitir al tribunal de arbitraje sus domicilios actuales para la creación y difusión del padrón domiciliario a que se refiere el artículo 109 de esta ley.’
"‘Quinto. Dentro de los tres meses siguientes a la creación de las Comisiones Mixtas de Escalafón se deberán de designar los árbitros a que se refiere el artículo 162 de esta ley.’
"‘Sexto. El Tribunal de Arbitraje del Estado, deberá quedar configurado en su nueva integración, a los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.’
"‘Séptimo. Dentro un (sic) año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberá expedir la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la administración estatal centralizada a que se refiere la fracción I del artículo 51 de esta ley.’ (Reformado, P.O. 4 de julio de 2014)
"‘Octavo. Las menciones que en otras leyes se hagan a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas, se entenderán hechas a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.’
"‘Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.’
"‘Décimo. Las vacantes de plazas definitivas que existen hasta la entrada en vigor de la presente ley serán propuestas por el sindicato a la Comisión Mixta de Escalafón de la autoridad pública que corresponda para que proceda de conformidad con lo previsto en esta ley.’
"‘Décimo primero. Los trabajadores de base, que en su calidad de elementos de apoyo, ya laboran en las instituciones policiales, no serán considerados trabajadores de confianza y conservarán sus prerrogativas y derechos adquiridos.’
"‘Décimo segundo. Las autoridades públicas en reconocimiento al derecho a la vivienda del que gozan sus trabajadores de base; acorde a su factibilidad financiera, procurarán integrar un fondo destinado a su implementación, debiendo llevar a cabo los trabajos técnicos y presupuestarios a más tardar al año 2019.’
"Como se aprecia de los transitorios cuarto y quinto, para la aplicación de la normativa reformada, primero debería estar emitido el catálogo general de puestos y el tabulador anual de remuneraciones de los servidores públicos, así como creada la Comisión Mixta de Escalafón correspondiente y emitido su respectivo reglamento.
"Para lo cual, los propios dispositivos regularon la temporalidad en la que ello debía ocurrir.
"Lo cual adquiere lógica si se atiende a que no habría forma de que se sujetara a que un trabajador agotara el procedimiento previsto en la nueva legislación, si los mecanismos y dependencias a los que se alude en aquélla, aún no existen.
"En ese contexto, el hecho de que ya hubiere transcurrido ese lapso de tiempo, no implica, per se, que esas condiciones se hayan cubierto.
"De forma tal que se requería un quehacer jurisdiccional para evidenciar en la resolución reclamada, si ese extremo ya se había cubierto o no.
"Conforme a lo expuesto, procede otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita otro en el que, al atender a la excepción de falta de acción opuesta por la demandada, considere que la legislación aplicable lo constituye la abrogada Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27550-9b1a689e/trabajadores-al-servicio-de-los-poderes-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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