Corpus
Modo: Corpus Pro

BASIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO DE QUE SE ES TRABAJADOR DE BASE. EL JUICIO LABORAL DONDE SE EJERZA LA ACCIÓN RELATIVA DEBE TRAMITARSE CONFORME A LA LEY VIGENTE AL MOMENTO EN QUE EL TRABAJADOR INGRESÓ A PRESTAR SUS SERVICIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 21/2024. · Registro digital (IUS): 32326
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-12
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo III, Pág.2632.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 21/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 15 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS SAMUEL MERAZ LARES Y MIGUEL BONILLA LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIA: CARLA LIVIER MAYA CASTRO.

III. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios en materia laboral, conforme a los artículos 94, párrafos quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022; 2 del Acuerdo General 38/2023 y 1 y 2 del 39/2023, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo, suscitada entre tribunales colegiados pertenecientes al mismo Circuito dentro de la Región Centro-Norte.

IV. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima porque se presentó por el Magistrado Presidente del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, ubicándose en el supuesto de la fracción XIII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Para verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos Tribunales Colegiados, previo a hacer una relatoría del marco procesal y de los antecedentes de los asuntos que cada uno de ellos resolvió, así como de las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron sus posturas, debe precisarse que de las constancias remitidas por los órganos contendientes se advierte que el punto divergente entre estos, es el relativo a determinar si en el juicio laboral en el que se reclama la basificación o el reconocimiento de que se es trabajador de base con posterioridad al inicio de la vigencia de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, debe seguirse y tramitarse conforme a esta ley o la que se encontraba en vigor al momento en que el trabajador ingresó a prestar sus servicios.

12. Sin que sea óbice a lo anterior, que en el acuerdo de presidencia de diez de noviembre de dos mil veintitrés, de manera preliminar se considerara diverso tema de contradicción, toda vez que los autos de presidencia no causan estado.

13. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que informa la tesis aislada 1a. LXXXVI/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 177713, Novena Época, Materia: Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 296, de rubro y texto siguientes:

"AMPLIACIÓN DE AGRAVIOS. SU ADMISIÓN POR AUTO DE PRESIDENCIA NO ES OBSTÁCULO PARA DECRETAR SU EXTEMPORANEIDAD. El hecho de que por acuerdo de presidencia se admita el escrito de ampliación de agravios no constituye un obstáculo para decretar su extemporaneidad, pues además de que los autos de presidencia no causan estado, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órganos jurisdiccionales, están obligadas a ceñirse a los términos señalados en la ley e interpretados en la jurisprudencia, así como a las constancias de autos.

"Amparo directo en revisión 611/2005. 8 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Pedro Arroyo Soto."

Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver juicio de amparo 373/2022.

14. La parte demandada en un juicio laboral promovió juicio de amparo directo contra un laudo en el que se le condenó, entre otras prestaciones, a otorgarle la base a la actora. El Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés resolvió por unanimidad de votos negar el amparo solicitado.

15. En la ejecutoria de amparo, el referido Tribunal hizo una reseña de los antecedentes del laudo reclamado; al respecto mencionó que en el año dos mil dieciocho una trabajadora demandó del Poder Judicial del Estado de Baja California y otras, las prestaciones consistentes en el reconocimiento de su antigüedad y que es trabajadora de base, en virtud de que laboró antes de la reforma de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, por más de catorce años; temporalidad que afirmó, excedía el término previsto en el artículo 9o. de la citada ley para el otorgamiento de su basificación.

16. Refirió que la actora señaló que ingresó a laborar para la demandada el uno de julio de dos mil tres y que sus funciones eran de base, las cuales describió; que la parte demandada opuso las excepciones y defensas que estimó conducentes y que la responsable dictó laudo en el que, en lo que interesa, condenó al Poder Judicial del Estado de Baja California, a considerar en el Presupuesto de Egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal la plaza que ocupa la actora como de base.

17. El Tribunal Colegiado en el amparo determinó infundados los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en cuanto a que la responsable de forma indebida aplicó la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, pues estableció que, en oposición a lo que alegaba el quejoso, la aplicación de la referida ley por parte de la responsable no vulneraba el orden constitucional por las razones siguientes:

18. Mencionó en primer lugar, que la trabajadora ingresó a prestar sus servicios el uno de julio de dos mil tres, es decir, no se trataba de una trabajadora de nuevo ingreso, porque inició a prestar sus servicios antes de la reforma a la ley del servicio civil, la cual le confería un derecho para los empleados de confianza o trabajadores incluidos en las listas de raya que desempeñaran funciones de trabajadores de base, consistente en que al prolongarse por más de seis meses sus actividades, debía considerarse su plaza en el presupuesto de egresos correspondiente al siguiente ejercicio fiscal como trabajador de base.

19. Por ende, señaló que no debía aplicarse ni ubicarse a la trabajadora en términos del artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California publicada el ocho de mayo de dos mil catorce, el cual prevé un procedimiento para que los trabajadores a los que se les denomina "de nuevo ingreso" y que hayan acumulado más de un año efectivo de prestaciones de servicios, tengan derecho a solicitar su registro ante la Comisión Mixta de Escalafón de la autoridad pública que corresponda para ser incorporados al sistema escalafonario y participar en los concursos, ascensos y promociones para la obtención de la base definitiva prevista en el artículo 4o. de la citada legislación.

20. Lo anterior, dado que conforme a lo demostrado en el juicio laboral la actora ingresó el uno de julio de dos mil tres, esto es, antes de la reforma a la Ley del Servicio Civil, lo que tuvo lugar en dos mil catorce, por lo que de considerar aplicable la legislación vigente implicaría una trasgresión al principio de irretroactividad de la ley.

21. Lo que afirmó tenía sustento en la jurisprudencia PC.XV. J/22 L (10a.), emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, con Registro digital: 2015909, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, página 1717, de rubro y texto siguientes:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. SI DEMANDARON SU BASIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, EN EL LAUDO RESPECTIVO DEBE APLICARSE ÉSTA Y NO LA LEY DEL SERVICIO CIVIL REFORMADA VIGENTE A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2014, PUES DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Si un trabajador del Gobierno del Estado o de los Municipios de Baja California, demandó el otorgamiento de la base en el puesto que desempeña, la autoridad laboral debe aplicar la ley en vigor al momento de la presentación de la demanda, aun cuando durante la tramitación del procedimiento respectivo se hayan modificado los requisitos para otorgar la base pues, de lo contrario, se viola el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que si la demanda se presentó durante la vigencia de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el laudo respectivo debe aplicarse ésta y no la vigente a partir del 9 de mayo de 2014, ya que en el momento en que se instó ante la autoridad laboral, aquella ley definía con claridad los elementos de la acción de basificación, de manera que desde el inicio del juicio el actor tenía la certeza sobre lo que debía probar para obtener un laudo favorable.

"PLENO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO.

"Contradicción de tesis 62/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos del Décimo Quinto Circuito. 30 de mayo de 2017. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Isabel Iliana Reyes Muñiz, María Jesús Salcedo, Gustavo Gallegos Morales, David Guerrero Espriú, Adan Gilberto Villarreal Castro y José Encarnación Aguilar Moya. Ponente: Isabel Iliana Reyes Muñiz. Secretario: Miguel Ávalos Mendoza."

22. Así, determinó que no resultaba aplicable a la trabajadora la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California vigente a partir del nueve de mayo de dos mil catorce, aun cuando la demanda laboral se presentó con fecha posterior a la entrada en vigor de esa ley, atendiendo a las teorías de los derechos adquiridos y los componentes de la norma.

23. Mencionó que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, estos son el bien, facultad o el provecho que se introduce al patrimonio de una persona a su dominio o a su haber jurídico, que se distinguen de la expectativa de derecho, definida como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado.

24. Enfatizó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó los derechos adquiridos, al examinar la irretroactividad de las leyes, en la que precisó que dicha teoría se apoya en la distinción fundamental entre derechos adquiridos y expectativas de derecho. Así, estableció que no se podían afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquellos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley dejara de tener vigencia al sustituirse por una diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho a que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

25. Que dicho criterio estaba contenido en la tesis LXXXVIII/2001, con registro digital 189448 de rubro "IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SOLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS."(1)

26. Agregó que una ley es violatoria del principio de irretroactividad cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior porque estos ya entraron en su patrimonio o esfera jurídica y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho, acorde con la jurisprudencia 123/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 188508, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 16, de rubro y texto siguientes:

"RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

"Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

"Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

"Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

"Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López."

27. Por ende, acotó que en el caso resultaba aplicable la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California vigente al momento en que se actualizó a favor de la trabajadora el supuesto y la consecuencia, establecidos en esa ley, pues en este caso, ninguna disposición legal posterior podría variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia.

28. Puntualizó que si en el caso las prestaciones reclamadas por la actora consistieron, entre otras, en el reconocimiento de su antigüedad, la expedición y otorgamiento del nombramiento como trabajadora de base, cuya acción ejerció conforme a hechos acontecidos con anterioridad al ocho de mayo de dos mil catorce, bajo el supuesto desde que del inicio de su relación laboral había transcurrido el término previsto por la ley y que se desempeña en un puesto en el que realiza funciones de base, resultaba aplicable el artículo 9o. de la anterior legislación.

29. Finalmente, destacó la existencia de un criterio jurisprudencial que definía las cargas probatorias respecto a esa acción, de manera que desde el inicio del juicio laboral la parte actora tenía la certeza de haber adquirido ese derecho durante la vigencia de la ley anterior.

30. Dicho criterio es el 118/2011, con registro digital: 161162, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA. CARGA DE LA PRUEBA CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y OTORGAMIENTO DE BASE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA."(2)

31. Así, concluyó que como la responsable aplicó la ley que regía la relación laboral al momento que se actualizaron los componentes de la norma en que se basó su acción, el laudo reclamado no resultaba violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

32. Por ello, formuló la denuncia de contradicción de criterio con el diverso juicio de amparo directo 258/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver juicio de amparo directo laboral 258/2018.

33. El Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en el amparo directo 258/2018, determinó otorgar el amparo en suplencia de la deficiencia de la queja en términos de lo que dispone el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo al quejoso principal (actor) y al adherente (demandado), bajo las consideraciones siguientes:

34. Estableció que de las constancias que integraban el expediente laboral, se advertía que mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil quince, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia esa Ciudad, el actor demandó del Poder Judicial de Estado de Baja California y/o Consejo de la Judicatura del Estado, entre otras, el reconocimiento de antigüedad, la reinstalación, así como el pago de salarios caídos por el despido injustificado que dijo sufrió y señaló que la procedencia de la reinstalación se fundaba en el derecho que le asistía a la estabilidad en el empleo, ya que afirmó que ingresó el catorce de abril de dos mil once, que se le otorgó la plaza de visitador pero que sus funciones no eran consideradas de confianza, máxime que para establecer la calidad de un trabajador de confianza debía atenderse a las actividades desarrolladas y no a la denominación del puesto. 35. Señaló que la responsable en el laudo, entre otras, condenó al reconocimiento de la antigüedad genérica del tres de mayo de dos mil once al veintiuno de septiembre de dos mil quince, pero absolvió de la reinstalación y del pago de salarios caídos; que al resolver el conflicto sometido a su conocimiento aplicó la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California publicada en el Periódico Oficial el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve; lo que resultaba ilegal, porque la demanda laboral se presentó el catorce de octubre de dos mil quince, pese a que, el ocho de mayo de dos mil catorce se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Decreto 52, mediante el cual se aprueban las reformas a diversos artículos y la modificación de la denominación de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, para quedar como Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

36. Sobre este tema, destacó el contenido de la jurisprudencia PC.XV. J/22 L (10a.), emitida por el Pleno del Décimo Quinto Circuito, con Registro digital: 2015909, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Laboral, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 50, Enero de 2018, Tomo III, página 1717, de rubro "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA. SI DEMANDARON SU BASIFICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, EN EL LAUDO RESPECTIVO DEBE APLICARSE ÉSTA Y NO LA LEY DEL SERVICIO CIVIL REFORMADA VIGENTE A PARTIR DEL 9 DE MAYO DE 2014, PUES DE LO CONTRARIO, SE VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", en la que se determinó que si un trabajador del Gobierno del Estado o de los Municipios de Baja California, demandaba el otorgamiento de la base en el puesto que desempeña, la autoridad laboral debía aplicar la ley en vigor al momento de la presentación de la demanda, aun cuando durante la tramitación del procedimiento respectivo se modificaran los requisitos para otorgar la base pues, de lo contrario, se viola el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, si la demanda se presentó durante la vigencia de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, en el laudo respectivo debía aplicarse ésta y no la vigente a partir del nueve de mayo de dos mil catorce, ya que en el momento en que se instó ante la autoridad laboral, aquella ley definía con claridad los elementos de la acción de basificación, de manera que desde el inicio del juicio el actor tenía la certeza sobre lo que debía probar para obtener un laudo favorable.

37. Así, estableció que esas consideraciones en lo conducente resultaban aplicables, en la medida de que aun cuando en el caso concreto el actor no demandó expresamente el otorgamiento de nombramiento de base, si reclamó la reinstalación partiendo del hecho de que tenía derecho a la estabilidad en el empleo al alegar que desempeñaba funciones que no correspondían a las de un trabajador de confianza, sino a uno de base.

38. Por ende, sostuvo que si en la especie, el trabajador actor presentó la demanda laboral el catorce de octubre de dos mil quince, en la que adujo que debía respetarse su derecho a la estabilidad en el empleo por desempeñar funciones que no correspondían a las de un trabajador de confianza, sino a uno de base, por lo que debía reinstalársele en el puesto que venía desempeñando; resultaba aplicable en sentido contrario y por las razones que informa la mencionada jurisprudencia PC.XV. J/22 L (10a.), emitida por el Pleno de este Decimoquinto Circuito; por lo que la autoridad laboral debía aplicar la ley en vigor al momento de la presentación de la demanda, esto es, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, vigente a partir del nueve de mayo de dos mil catorce.

39. Por las razones expuestas el Tribunal Colegiado concluyó que era inexacta la decisión del Tribunal responsable de aplicar la derogada Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, así como la omisión de aplicar las reformas que dieron lugar a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, a efecto de resolver la Litis sujeta a su potestad.

VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

40. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte concluye que existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Quinto y el Primer Tribunal Colegiado, ambos del Decimoquinto Circuito.

41. En primer término, se observa que los tribunales contendientes resolvieron una cuestión litigiosa en la que expusieron diversos argumentos orientados a determinar si en el juicio laboral en el que se reclama la basificación o el reconocimiento de que se es trabajador de base con posterioridad al inicio de la vigencia de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, debe seguirse y tramitarse conforme a esta ley o la que se encontraba en vigor al momento en que el trabajador ingresó a prestar sus servicios.

42. De igual forma, se advierte que los contendientes emitieron sus conclusiones sobre hechos análogos, pues mientras el primero tuvo su origen en una demanda en la que una trabajadora del Poder Judicial del Estado Baja California demandó el reconocimiento de su antigüedad, así como su basificación, en el otro, un trabajador reclamó del mismo demandado el reconocimiento de su antigüedad y la reinstalación por despido injustificado, alegando que tenía derecho a la estabilidad de empleo al desempeñar funciones de base, aun cuando su categoría estuviera catalogada como de confianza.

43. Asimismo, en ambos asuntos quedó sentado que los trabajadores ingresaron a laborar para la demandada el uno de julio de dos mil tres y tres de mayo de dos mil once respectivamente; esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California a partir del nueve de mayo de dos mil catorce, y que presentaron su demanda laboral posterior a esta última data (uno en dos mil dieciocho y el otro en dos mil quince).

44. Bajo estos hechos es que los Tribunales contendientes emitieron posturas opuestas, pues mientras el primero concluyó que para resolver sobre la pretensión de la trabajadora debe aplicarse la ley vigente a la fecha de su ingreso, esto es, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California publicada en el Periódico Oficial de Baja California el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, el diverso Tribunal Colegiado, estableció, acorde con la jurisprudencia PC.XV-J/22 L del Pleno del Decimoquinto Circuito, aplicada en sentido contrario, que la legislación aplicable al trabajador era la vigente a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California.

45. De ahí que los elementos expuestos den lugar a la formulación de una pregunta genuina, en cuanto a qué ley del servicio civil del Estado es aplicable cuando se ejerce la acción de reconocimiento de que es trabajador de base, si la vigente a la fecha su ingreso, a saber la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California publicada el veinte de octubre de mil novecientos ochenta y nueve o la vigente a la presentación de la demanda la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, publicada el nueve de mayo de dos mil catorce.

46. Consecuentemente, se cumplen los requisitos determinados por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 72/2010(3) y 1a./J. 22/2010,(4) para tener por existente la contradicción de criterios referida, de rubros y textos siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32326-8b660aca/basificacion-o-reconocimiento-de-que-se-es-trabajador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.