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Modo: Corpus Pro

DICTÁMENES PERICIALES EN MATERIA PENAL. LA FALTA DE RATIFICACIÓN POR SU EMISOR ES INSUFICIENTE PARA RESTARLES VALOR PROBATORIO O INVALIDARLOS, EN VIRTUD DE QUE EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO ABROGADO, NO PREVÉ ESE REQUISITO [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS AISLADA 1a. XXXIV/2016 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. · Registro digital (IUS): 27567
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-01-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESID
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo II, Pág. 891.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DECIMOPRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ. 10 DE OCTUBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERMÁN RAMÍREZ LUQUÍN, CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA, ROBERTO ALEJANDRO NAVARRO SUÁREZ Y JOSEFINA DEL CARMEN MORA DORANTES. PONENTE: CÁNDIDA HERNÁNDEZ OJEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Décimo Circuito, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, y por el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentadas entre dos Tribunales Colegiados del Circuito en que este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, en relación con las ejecutorias emitidas en los amparos directos 130/2015 de su índice y el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera región con sede en Coatzacoalcos Veracruz, en el juicio de amparo directo penal 884/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016); en los que, a consideración del denunciante, se sustentaron criterios contrastantes.

TERCERO.-Existencia de la contradicción de tesis.

I. Ejecutorias que participan de la contradicción de tesis. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que fundamentó la decisión de los tribunales contendientes y hacer referencia a los hechos que les dieron origen.

1. En sesión plenaria de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, resolvió el amparo directo penal 130/2015, relativo al toca penal 404/2014, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, instruida en contra de **********, y en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado sustentó lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Estudio de constitucionalidad del acto.

"Los conceptos de violación esgrimidos, unos son infundados, otros inoperantes, y otros más, fundados, con la debida suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor.

"Los antecedentes del asunto informan lo siguiente:

"1. **********, en resolución de veinticuatro de abril de dos mil catorce, fue sentenciado por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nacajuca, Tabasco, por la comisión del el delito de homicidio, previsto y sancionados, respectivamente, por el artículo 110 del Código Penal en vigor, cometido en agravio del hoy occiso **********, por lo que se le impuso la pena de nueve años, seis meses de prisión, reparación de daño, amonestación y suspensión de derechos políticos; asimismo, se le negaron los sustitutivos de la sanción privativa de libertad (páginas 2027 a 2085 del tomo II de la causa penal).

"2. Contra dicha sentencia de primera instancia, el quejoso **********, y su defensa, interpusieron recurso de apelación que conoció la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 404/2014-I, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia (páginas 139 a 248 del toca penal).

"...

"Sin que obste que el informe pericial de diecisiete de mayo de dos mil doce, emitido por **********, perito de los servicios periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia en el Estado, así como la necropsia practicada el dieciséis de mayo de dos mil doce, por el doctor **********, perito médico legista, adscrito a la entonces Dirección General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no hayan sido ratificados por los aludidos expertos (páginas 19 y 127 de la causa penal de origen).

"Para poner en contexto dicha afirmación, resulta necesario transcribir el contenido del artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, del siguiente tenor:

"‘Artículo 85. Se requerirá dictamen de peritos cuando sea necesaria la aportación de conocimientos especiales para el esclarecimiento de los hechos, que no se hallen al alcance del común de las gentes ni sean accesibles al Ministerio Público en la averiguación previa y al juzgador en función de su competencia profesional.

"‘Los peritos rendirán protesta del buen desempeño de su cargo, al asumir éste o al presentar su dictamen si deben actuar en forma urgente, con excepción de los peritos oficiales.

"‘Intervendrán dos peritos en cada caso, a menos que sólo uno pueda ser localizado. Se preferirá a quienes tengan título y registro expedidos por autoridad competente, si se trata de profesión reglamentada. El dictamen de peritos prácticos será corroborado por peritos titulados, cuando sea posible.

"‘La designación de peritos hecha por la autoridad deberá recaer en personas que desempeñen esa función por nombramiento oficial, y a falta de ellas o en caso de ser pertinente en vista de las circunstancias del caso, por quienes presten sus servicios en oficinas de los gobiernos federal, local y municipal, o en instituciones públicas de enseñanza superior, federales o locales, así como por los miembros de organizaciones profesionales o académicas de reconocido prestigio.

"‘Los dictámenes de carácter médico se rendirán por médicos legistas oficiales, sin perjuicio de que el funcionario que dispone la diligencia ordene la intervención de otros facultativos. Los médicos de hospitales públicos son peritos oficiales ex oficio.’ (Lo destacado es propio de este tribunal)

"Del precepto legal transcrito no se advierte la exigencia de que indefectiblemente los peritajes que se emiten ante el Ministerio Público deban ser ratificados por los expertos emisores, o que se exima de tal ratificación únicamente al perito oficial.

"Además, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado de Circuito la tesis 1a. LXIV/2015 (10a), de la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, registro digital: 2008490, de rubro: ‘DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL.’; pues en ésta se examinó dicho precepto legal federal con base en que, únicamente, requiere la ratificación del dictamen que emiten los peritos no oficiales, eximiendo a estos últimos de tal exigencia; lo cual no ocurre en el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, que no exige la ratificación de la experticia al perito no oficial, ni exime de la misma al que sí lo es, por lo que no se vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal; inclusive, no existe disposición en dicha legislación instrumental de la materia, que impida a las partes, si lo estiman conveniente a sus intereses, impugnar las experticias oficiales, exigiendo su ratificación o formularles interrogatorio, o designar diverso perito para controvertir la opinión del oficial.

"Máxime que, atendiendo al principio de derecho que establece que donde el legislador no distingue, el intérprete no debe hacerlo, pues de considerar indispensable la ratificación del perito oficial, se contravendría el precepto legal transcrito; porque el legislador local no estimó como requisito indispensable para la prueba de expertos, sean o no oficiales, la ratificación de sus opiniones; por lo que no puede considerarse que la falta de ratificación, por sí sola, sea suficiente para invalidarla.

"Por el contrario, la legislación procesal penal local, en sus artículos 108 y 109, fracción II, prevé la valoración libre y razonada de la prueba pericial.

"Tampoco se desatiende la jurisprudencia 1a./J. 7/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, registro digital: 178750, de rubro: ‘DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’; porque a diferencia de la legislación penal de dicha entidad federativa, el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, no exige como formalidad para la validez de los dictámenes periciales, que éstos sean ratificados por sus emisores.

"En efecto, el artículo 150 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, examinado en el referido criterio jurisprudencial, es del tenor siguiente:

"‘Artículo 150. El perito emitirá su dictamen por escrito y lo ratificará en diligencia especial.’

"De ahí que, de la confronta de los dispositivos transcritos, se advierte que el Código Procesal Penal para el Estado de Tabasco, no establece la obligación a los peritos de ninguna de las partes, de ratificar su dictamen; a diferencia de la legislación similar de Tlaxcala, en la que se exige ese requisito sin hacer distinción a si se trata de oficial o de alguna de las partes, por lo que al haber analizado un supuesto legal diferente, es que no resulta aplicable al caso dicha jurisprudencia.

"Por todo lo anterior, resulta acertado que la Sala responsable, les haya concedido pleno valor probatorio por haberse realizado por peritos oficiales, con descripción de las técnicas, métodos y razones que permitieron llegar a la conclusión alcanzada, acorde a lo establecido en los artículos 89 y 109, fracción III, de la legislación adjetiva penal local.

"En relación con lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el resolver el amparo directo en materia penal 884/2015, sostuvo lo siguiente:

"- Que la normativa procesal del Estado de Tabasco, respecto a la prueba pericial, carece de disposición que regule la ratificación de los dictámenes periciales de cualquier tipo, dígase particulares u oficiales.

"- Sin embargo, atendiendo los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso, en su vertiente de defensa adecuada, antes de otorgársele valor probatorio a las experticias, se debe requerir su ratificación ante el Juez instructor, pues de no cumplirse dicho requisito, será una prueba imperfecta.

"Criterio que no se comparte, por las consideraciones apuntadas; de ahí que, se estime que los criterios sostenidos resulten discordantes respecto de un mismo tema, procediendo denunciar ante el Pleno del Décimo Circuito tal circunstancia, que se efectuara en el último considerando de esta ejecutoria.

"...

"OCTAVO.-Denuncia de contradicción de tesis

"Tal y como se señaló en la presente resolución, este Tribunal Pleno, advierte que en el juicio de amparo directo que se resuelve, se sostuvo lo siguiente:

"a) Que de los artículos 85 y 89 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, no se advertía la exigencia de que indefectiblemente los peritajes que se emitieran ante el Ministerio Público, debían ser ratificados por los expertos emisores o que se eximiera de tal ratificación únicamente al perito oficial.

"b) Que no pasaba inadvertida la tesis 1a. LXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal del País, registro digital: 2008490, de rubro: ‘DICTÁMENES PERICIALES. EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL EXIMIR A LOS PERITOS OFICIALES DE RATIFICARLOS, VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD PROCESAL.’; pues en ésta se examinó dicho precepto legal federal con base en que, únicamente, requiere la ratificación del dictamen que emiten los peritos no oficiales, eximiendo a estos últimos de tal exigencia; lo cual no ocurría en el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, que no exige la ratificación de la experticia al perito no oficial, ni exime de la misma al que sí lo es, por lo que no se vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal.

"c) Que inclusive, no existe disposición en dicha legislación local de la materia, que impida a las partes, si lo estiman conveniente a sus intereses, impugnar las experticias oficiales, exigiendo su ratificación o formularles interrogatorio, o designar diverso perito para controvertir la opinión del oficial.

"d) Que atendiendo al principio de derecho que establece que donde el legislador no distingue, el intérprete no debe hacerlo, de considerar necesaria la ratificación del perito oficial, se contravendría el precepto legal transcrito, porque el legislador local no estimó como requisito indispensable para la prueba de expertos, sean o no oficiales, la ratificación de sus opiniones; por lo que no puede considerarse que la falta de ratificación, por sí sola, sea suficiente para invalidarla; por el contrario, la legislación procesal penal local, en sus artículos 108 y 109, fracción II, prevé la valoración libre y razonada de la prueba pericial.

"e) Que tampoco se desatendía la jurisprudencia 1a./J. 7/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, registro digital: 178750, de rubro: ‘DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).’; porque a diferencia de la legislación penal de dicha entidad federativa, el artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, no exige como formalidad para la validez de los dictámenes periciales, que éstos sean ratificados por sus emisores; de ahí que, de la confronta de los dispositivos señalados, se advierte que el Código Procesal Penal para el Estado de Tabasco, no establece la obligación a los peritos de ninguna de las partes, de ratificar su dictamen; a diferencia de la legislación similar de Tlaxcala, en la que se exige ese requisito sin hacer distinción a si se trata de oficial o de alguna de las partes, por lo que al haber analizado un supuesto legal diferente, es que no resulta aplicable al caso dicha jurisprudencia.

"Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el resolver el amparo directo en materia penal 884/2015, sostuvo:

"a) Que la normativa procesal del Estado de Tabasco, respecto a la prueba pericial, carece de disposición que regule la ratificación de los dictámenes periciales de cualquier tipo, dígase particulares u oficiales.

"b) Sin embargo, atendiendo los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso, en su vertiente de defensa adecuada, antes de otorgársele valor probatorio a las experticias, se debe requerir su ratificación ante el Juez instructor, pues de no cumplirse dicho requisito, será una prueba imperfecta.

"Por tanto, este Tribunal Colegiado de Circuito, estima que los criterios sostenidos en la ejecutorias indicadas, son discordantes sobre un mismo tema; en consecuencia, procede denunciar ante el Pleno del Décimo Circuito, la señalada contradicción de tesis, para que resuelva lo que en derecho corresponda; lo anterior, con fundamento en los artículos 225, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 41-Ter, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 77, fracción I, 186 y 188 de la nueva Ley de Amparo; y 34 y 35, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se:

"RESUELVE

"PRIMERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, respecto de la sentencia condenatoria de segunda instancia de diez de diciembre de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, al resolver el toca penal 404/2014-I, en los términos expresados en el considerando séptimo de esta ejecutoria."

2. En sesión plenaria de trece de abril de dos mil dieciséis, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, resolvió el amparo directo penal 884/2015 (cuaderno auxiliar 91/2016), del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en Villahermosa, Tabasco, relativo al toca penal 239/2012-I, deducido de las causas penales 89/2010 y 92/2010, del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa y, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado sustentó lo siguiente:

"QUINTO.-Previo al análisis de los conceptos de violación, se estudiarán las violaciones del procedimiento advertidas por este Tribunal Colegiado de Circuito, en suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. ..."

"...

"También, en suplencia de la queja, este Tribunal Colegiado de Circuito, advierte que se cometió en contra de los quejosos una diversa violación en el desahogo las pruebas periciales, al no haberse ordenado su ratificación por los expertos quienes las emitieron.

"La Sala responsable, estimó que el delito de homicidio calificado previsto y sancionado por los artículos 110, 112 y 123 fracción I, del Código Penal del Estado de Tabasco, se había acreditado, entre otros, con la necropsia de ley de diecinueve de junio de dos mil diez, practicada por el perito médico legista **********, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como con el peritaje de levantamiento de cadáver, de veintiuno de junio de dos mil diez, emitido por el perito técnico en criminalística **********, los cuales estimó la Sala responsable, cumplían con las formalidades previstas en el artículo 89 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, en relación con el 109, fracción III, de dicha normatividad.

"No obstante lo anterior, este cuerpo colegiado estima que tal determinación fue ilegal, ya que la Sala responsable, debió de advertir que en el desahogo de tales medios de convicción, el juzgador de origen violentó en perjuicio de los impetrantes de amparo, los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues antes de otorgársele valor convictivo a dichas experticias, se debió requerir a sus signantes que fueren ratificadas.

"Para evidenciar lo anterior, debe establecerse, en primer término, el marco normativo sobre el cual se desarrollará la anterior tesis planteada. "El segundo párrafo del artículo 14 constitucional, establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"Esta Norma Constitucional tiene, así, una función doble: por una parte, establece el derecho del debido proceso, en la forma de un conjunto de formalidades esenciales del procedimiento; por otro lado, consagra determinados bienes constitucionales, cuya tutela se pretende alcanzar mediante dicho debido proceso: libertad, propiedades, posesiones o derechos.

"Por lo que respecta a la primera modalidad del derecho al debido proceso, cabe mencionar que las formalidades esenciales han sido entendidas como aquellas necesarias para garantizar la defensa adecuada antes de un acto privativo y que, como se ha determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera genérica se traduce en los siguientes requisitos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa c) La oportunidad de alegar, y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Sin embargo, no se establece expresa ni tácitamente la manera, los tiempos o plazos en que han de cumplirse condiciones; es decir, para la plena satisfacción del derecho de audiencia, basta que la norma que rige el procedimiento en concreto o juicio que se lleve a cabo, cumpla con los aspectos mencionados.

"Por ende, no es condición ineludible que existan etapas o momentos procesales independientes entre sí o plazos concretos para cada periodo, dado que esos extremos dependen del diseño legislativo propio de cada procedimiento.

"Así, se ha dicho que el espíritu del artículo 14 constitucional no puede interpretarse en el sentido de que el legislador ordinario, deba ceñirse a un modelo procesal concreto, pues evidentemente el Constituyente no tuvo la intención de someterlo a un esquema procesal específico, sino únicamente al deber de respetar los elementos inherentes al derecho de audiencia.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXXVII/2012 (10a.) de rubro: ‘DERECHO DE AUDIENCIA. EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO IMPONE AL LEGISLADOR EL DEBER DE CEÑIRSE A UN MODELO PROCESAL ESPECÍFICO PARA SU OBSERVANCIA.’, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"En este sentido, se ha reconocido que el debido proceso, en su parte adjetiva, admite dos perspectivas. Así, se estableció que, desde una primera óptica, se debe reconocer al debido proceso cuando se ocupa del ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional, quien es sujeto del ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra; que en ese caso, la autoridad debe verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho de alegar y ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

"Lo anterior, se dijo, a fin de otorgarle al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, lo cual, se vincula, con la perspectiva de quien es susceptible de resentir un acto privativo de derechos y busca defenderse del mismo.

"Por otro lado, la segunda perspectiva se refiere a que el debido proceso, también puede entenderse desde la óptica de quien insta la actividad jurisdiccional del Estado para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del mismo, en cuyo caso se ubica en una posición, cuya destino depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de no dirimirse adecuadamente, podría provocar que su derecho resultara nugatorio.

"Así, bajo la primera perspectiva, se entiende que dicho derecho humano, permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal, esto es, bajo esta perspectiva del derecho al debido proceso, se exige a las autoridades judiciales que diriman los conflictos sobre los derechos de las personas, mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones.

"Pues bien, en síntesis, el derecho del debido proceso se desdobla en dos vertientes: la referida a las formalidades esenciales del procedimiento -la que a su vez, admite dos perspectivas: desde quien es sujeto pasivo de su procedimiento que puede resultar en un acto privativo y desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho-; por otro lado, la referida a la vertiente sustantiva, mediante la que se enlista determinados bienes constitucionalmente protegidos mediante dichas formalidades esenciales del procedimiento: la libertad, propiedad, posesión y otros derechos.

"Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.’

"Puntualizada la premisa anterior, es importante destacar que en el caso, aquí interesa la primera perspectiva mencionada, pues se trata de gobernados que son sometidos a un proceso jurisdiccional; y es por ello, que se debe verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho de alegar y ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, a efecto de otorgarle al sujeto pasivo de la relación procesal, la posibilidad de una defensa efectiva. Lo cual se vincula, con la perspectiva de quien es susceptible de resentir un acto privativo de derechos y busca defenderse del mismo.

"Además, al tratarse el presente asunto de la omisión advertida, en el sentido de que la Sala responsable, soslayo advertir que el Juez natural no ordenó la ratificación de dictámenes periciales que sirvieron de apoyo para sustentar el sentido del acto reclamado, es importante la precisión siguiente:

"Con relación a la naturaleza del peritaje, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la intervención de peritos tiene lugar siempre que en un procedimiento judicial, se presenten ciertas cuestiones importantes, cuya solución, para poder producir convencimiento en el ánimo del Juez, requiere el examen de hombres provistos de aptitud y de conocimientos facultativos especiales, es pues necesaria cuando se trata de investigar la existencia de ciertos hechos, cuya averiguación, para que sea bien hecha exige necesariamente los conocimientos técnicos especiales.

"El Diccionario Jurídico Mexicano, respecto al término peritaje, refiere lo siguiente:

"‘... recibe el nombre de peritaje el examen de personas hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al Juez o Magistrado que conoce de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Medio de prueba mediante el cual una persona competente atraída al proceso, lleva a cabo una investigación, respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio a efecto de que el tribunal tenga conocimiento del mismo se encuentre en posibilidad de resolver sobre los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos.’

"De lo expuesto se advierte que, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos, y mediante la cual se suministran al Juez o a la autoridad ministerial argumentos o razones para la formación de su convencimiento, respecto de ciertos hechos también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación.

"Así, el perito a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra a la autoridad sobre la percepción de hechos o para complementar el conocimiento de los hechos que el juzgador ignora y para integrar su capacidad y, asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta 0061ptitud (sic) o preparación técnica que la autoridad judicial no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal.

"Luego, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente.

"Lo anterior es así, porque el Juez es un perito en derecho, sin embargo, no necesariamente cuenta con conocimientos sobre otras ciencias y sobre cuestiones de arte, de técnica, de mecánica, de medicina, de numerosas actividades prácticas que requieren estudios especializados o larga experiencia, razón por la cual, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su naturaleza eminentemente especial, requieren de un diagnóstico, respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional impedido para dar a conocer por no tener los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que bajo el auxilio que le proporciona el perito, a través de su dictamen se encuentra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27567-9d20c3b0/dictamenes-periciales-en-materia-penal-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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