ESTÍMULO FISCAL. EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2015 Y DE 2016 QUE LO PREVÉ, RESPETA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3359/2017. 30 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE Y PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
TERCERO.-Aspectos procesales. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el recurso de revisión principal interpuesto por el quejoso y del recurso de adhesión interpuesto por la autoridad.(14)
CUARTO.-Oportunidad y legitimación. El recurso de revisión principal(15) y la revisión adhesiva,(16) se interpusieron oportunamente y por parte legítima, respectivamente.(17)
QUINTO.-Procedencia. El presente asunto cumple los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo,(18) en virtud de que en la demanda se planteó la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015; el Tribunal Colegiado declaró infundados los conceptos de violación hechos valer al respecto (segundo y tercero), y en el recurso de revisión principal se formulan argumentos en los que se combate tal decisión por parte de la autoridad tercero interesada, además de que la resolución de dicha cuestión se trata de un tema novedoso, al no existir precedentes emitidos por este Alto Tribunal relacionados con el precepto controvertido, por lo que se considera necesario abordar su estudio con la finalidad de emitir un pronunciamiento de relevancia para el orden jurídico nacional en atención a su materia. Todo lo cual justifica la procedencia del presente recurso de revisión.
SEXTO.-Estudio de fondo.
Síntesis del agravio
En el único agravio formulado por el recurrente, en esencia, aduce que la sentencia recurrida resulta ilegal, pues, contrario a lo que resolvió el Tribunal Colegiado del conocimiento, el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015, es inconstitucional, al violar el derecho a la igualdad, en contravención con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución.
Lo anterior, porque el Tribunal Colegiado se limitó a realizar un análisis sobre el régimen en el cual tributan los sujetos contemplados en el estímulo fiscal, esto es, entre las personas físicas comprendidas en el título II, capítulo VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, frente a los que se ubican en el título IV, capítulo II, secciones I o II, de la misma ley.
Sin embargo, lo anterior resulta insuficiente y no responde a la problemática efectivamente planteada en la demanda de amparo, relativa a que las personas físicas -como el quejoso- que tributan en el régimen de actividades ganaderas, silvícolas y pesqueras, guardan una situación igual a las personas que tributan en el régimen de actividades empresariales o profesionales, así como las del régimen de incorporación fiscal, cuestión que no fue abordada en la sentencia recurrida.
En consecuencia, se deben analizar los argumentos hechos valer en el concepto de violación tercero, consistentes, en esencia, en que no existe justificación para otorgar un trato desigual entre las personas físicas que tributan bajo el título II, capítulo VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, frente a los que se ubican en el título IV, capítulo II, secciones I o II, de la misma ley, pues a los primeros, se les prevé un tope a la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, de $747.69; y a los segundos, se les establece un tope de $1,495.39, sin que exista justificación alguna.
Lo expuesto, porque entre los sujetos mencionados existe una situación de igualdad, en atención a que: se otorga a las personas físicas que realicen actividades empresariales de variada índole, pero que de alguna manera estén relacionadas con las materias agropecuarias o silvícolas, excepto minería (a); que para determinar su utilidad fiscal puedan deducir el diésel que adquieran para su consumo final (b); que su nivel de ingresos no supere las 20 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año (c); o por cada uno de los socios no exceda de 200 veces el salario mínimo (d). Aspectos que resultan ser un parámetro idóneo para efectuar un juicio de igualdad.
De esa forma, contrario a lo que resolvió el Tribunal Colegiado del conocimiento, los sujetos mencionados se encuentran en la misma situación, pues todos ellos forman parte del sector agropecuario que el Estado consideró oportuno apoyar mediante el estímulo fiscal, con independencia del régimen fiscal en el que tributen para efectos del impuesto sobre la renta.
Además, existe una diferencia de trato entre los referidos sujetos, pues el monto de la solicitud de devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, es diverso para los sujetos del estímulo fiscal, ya que para las personas físicas que tributan bajo el régimen de actividades ganaderas, silvícolas y pesqueras, es de $747.69; mientras que para las personas morales que tributan en el mismo régimen; las del régimen de actividades empresariales o profesionales; o las que pertenecen al régimen de incorporación, es de hasta $1,495.39.
Por otra parte, del proceso legislativo de creación del estímulo previsto en el artículo combatido, no se advierte ninguna justificación constitucionalmente válida para justificar la distinción mencionada, resultando a todas luces apreciable el trato desigual otorgado.
En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XX, de la Constitución, la agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades rurales, son sectores intensamente fomentados, tal como se advierte también del Plan Nacional de Desarrollo 2012 a 2018, de donde se observa que el campo o las actividades agrícolas constituyen un sector estratégico que debe ser impulsado, a fin de reducir la pobreza e incidir en el desarrollo nacional.
Por tal motivo, el estímulo contenido en el precepto impugnado, debe justificar cualquier distinción en los sujetos a los que se encuentra destinado, por lo que es aplicable un escrutinio estricto respecto a la finalidad perseguida para determinar si la diferencia de trato se encuentra justificada constitucionalmente.
Sin embargo, en el caso, el legislador no proporcionó mayor motivación objetiva y adecuada en el debate parlamentario que justifique el trato diferenciado sobre el estímulo contenido en el artículo impugnado.
Es cierto que el estímulo de que se trata tiene como fin constitucional proteger y fomentar el desarrollo de un sector económico nacional que se estima de carácter prioritario y, por ende, que requiere de intervención estatal para alcanzar su crecimiento; empero, como se mencionó, no se señaló el porqué se distinguió entre el monto de devolución entre los sujetos del estímulo.
En ese orden de ideas, las reglas de tributación de los tres regímenes fiscales a partir de los cuales se distingue para poder aplicar el estímulo fiscal en un monto mayor o menor (régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras; régimen de actividades empresariales y profesionales; y régimen de incorporación fiscal), no arrojan elemento alguno que razonablemente valide la diferenciación establecida en el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley del Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2015.
De ahí que la distinción que hace la norma impugnada para otorgar un tratamiento diferente a los sujetos del estímulo fiscal a partir del régimen fiscal del impuesto sobre la renta conforme al cual tributen, no es un elemento que razonablemente justifique ese tratamiento, ni resulta apto o idóneo.
En ese sentido concluye que, contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento, sí resulta procedente desaplicar de su esfera jurídica el precepto impugnado, para el efecto de que se haga extensivo a su favor el derecho a solicitar la devolución de la cantidad máxima de $1,495.39 mensuales, por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios a acreditar por la adquisición de diésel para consumo final.
Por ello, al resultar violatorio del derecho de igualdad del artículo impugnado, la consecuencia legal sería que el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad incluya de manera congruente al sujeto que estando en igualdad de circunstancias, no se encuentra contemplado en la hipótesis normativa combatida.
Examen del agravio
El agravio sintetizado resulta infundado.
Para arribar a la anterior conclusión conviene traer a cuenta las consideraciones que manifestó el Tribunal Colegiado del conocimiento al dictar la sentencia recurrida.
En el considerando quinto precisó que de la lectura de los conceptos de violación del quejoso, se advierte que sostiene la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, al considerar que se vulnera en su perjuicio, entre otros, el principio de igualdad.
Así, después de sintetizar los conceptos de violación respectivos, precisó que el estímulo contenido en el precepto combatido, materializado a través del acreditamiento, se otorga a personas que realicen actividades empresariales agropecuarias o silvícolas, siendo estos factores ajenos al impuesto especial sobre producción y servicios, en virtud de que no se adhiere a sus elementos esenciales; de ahí que su estudio no deba llevarse a cabo desde la perspectiva de los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
Por ello, el legislador cuenta con una amplia libertad al momento de configurar el contenido y el alcance de la prerrogativa relativa, pues a él le corresponde primordialmente tomar la decisión acerca del tamaño del incentivo que intenta otorgar, o sobre la insuficiencia de la medida otorgada, o bien para quién se dirige; de ahí que no pueda analizarse la necesidad de que se establezca de manera determinada, particularmente a la luz de los principio tributarios.
Además, el hecho de que el segundo párrafo de la fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, establezca dos montos límites de devolución dependiendo del tipo de contribuyente, no es suficiente para determinar que se está ante una desigualdad o inequidad tributaria, ya que el estímulo fiscal como instrumento de política financiera, económica y social, no tiene relevancia impositiva y sí una finalidad objetiva -el impulso de actividades-, por lo que no incide en los elementos esenciales del impuesto especial sobre producción y servicios.
Así, como lo estableció la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, al resolver el amparo en revisión 2216/2009, el análisis de igualdad de los estímulos fiscales únicamente puede verificarse si el ejercicio de la facultad para establecerlos se contrasta con el criterio de razonabilidad.
Además, los contribuyentes destinatarios del estímulo tributan bajo regímenes diferentes conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que es evidente que los sujetos de dicho beneficio no son los mismos; de ahí que no se pueda hablar de desigualdad.
En ese contexto, deviene infundado el único agravio formulado por el recurrente quejoso, pues no le asiste razón cuando aduce que las consideraciones señaladas no resultan suficientes ni responden a la problemática efectivamente planteada en su demanda de amparo.
Primeramente, cabe precisar que, atendiendo al contenido del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, la desigualdad reprochada se sustenta en que los contribuyentes, personas físicas que tributan conforme al título II, "De las personas morales", capítulo VIII, "Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras", de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo pueden acceder al beneficio fiscal de hasta $747.69 (setecientos cuarenta y siete pesos, sesenta y nueve centavos) mensuales, a diferencia de lo que sucede con las personas físicas que contribuyen en términos del título IV, "De las personas físicas", capítulo II, "De los ingresos por actividades empresariales y profesionales", secciones I o II, denominadas "De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales" o "Régimen de incorporación fiscal", del propio ordenamiento, quienes pueden acceder a una devolución de hasta $1,495.39 (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, treinta y nueve centavos), también mensuales.
Por tanto, no se abordarán aspectos o comparaciones relacionadas con los contribuyentes personas morales, dado que el quejoso no se ubica en esa hipótesis de causación.
Y es que aun cuando se estimara que el trato diferenciado, también se adujo entre personas físicas y morales pertenecientes al régimen previsto en el capítulo VIII del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta -actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras-, cabe destacar que entre personas físicas y morales existen diferencias objetivas que impiden considerarlas en un plano de igualdad, de modo que el establecimiento de una diferencia de trato entre ellos resulta justificada a la luz del Texto Constitucional.
En efecto, las personas físicas y morales, atendiendo a la naturaleza de sus actividades, volumen de sus ingresos o al momento y forma de sus operaciones, no se encuentran en situaciones comparables y, por ende, está justificado que el legislador ordinario establezca distintos esquemas tributarios para cada categoría de contribuyente.
Una primera aproximación para evidenciar lo anterior, se desprende de las diferencias objetivas que permiten colocar a las personas físicas y morales en regímenes fiscales distintos, a saber: las personas físicas responden con su patrimonio de manera total; cuentan con patrimonio unipersonal y, en términos generales, tienen una menor capacidad administrativa y económica. En cambio, las personas morales responden de manera limitada, cuentan con patrimonio multipersonal y, generalmente, permiten apreciar una mayor capacidad administrativa y económica.
En ese sentido, es claro que entre las personas físicas y morales existen diferencias objetivas que permiten al legislador someterlas a esquemas de tributación distintos entre sí, resultando que a través de la implementación de dichos esquemas se toma en consideración las particularidades de cada categoría de contribuyentes, tales como la naturaleza de sus ingresos, la fuente y volumen de los mismos, sus obligaciones fiscales, así como el reconocimiento de los gastos que erogaron para obtener el ingreso.
Consecuentemente, se considera que los órganos encargados de la creación de las leyes apreciaron elementos suficientes para efectuar una distinción entre las personas morales, por un lado, y las personas físicas, por el otro, con base en los cuales justificaron el tratamiento diferenciado entre ambos grupos de contribuyentes, atendiendo a finalidades económicas y sociales, así como a razones de política fiscal.
Las consideraciones anteriores fueron sustentadas por esta Segunda Sala en las tesis aisladas 2a. XX/2017«(10a.)»(19) y 2a. XXI/2017«10a.)».(20)
No es óbice a la aplicación de dichos criterios, el hecho de que estén referidos a preceptos legales distintos al impugnado en este asunto, así como que hagan alusión al principio de equidad tributaria; sin embargo, su aplicabilidad deriva, precisamente, del criterio general que informan, el cual consiste en que las personas físicas y morales son categorías de contribuyentes que poseen características propias y suficientes (relativas a su naturaleza, configuración y estructura jurídica) que impiden considerarlas en un plano de igualdad, aun cuando desempeñen idéntica actividad económica y actualicen el mismo hecho imponible.
Precisado lo anterior, conviene informar que el artículo 16, apartado A, fracciones I, II y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015, establecía:
"Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2015, se estará a lo siguiente:
"A. En materia de estímulos fiscales:
"I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dicho combustible.
"El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.
"II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:
"1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación del diésel en términos del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
"Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente.
"En los casos en que el diésel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que las personas que enajenen diésel en territorio nacional hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diésel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.
"2. Las personas que utilicen el diésel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.
"Lo dispuesto en este numeral no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero.
"Tratándose de la enajenación de diésel que se utilice para consumo final, las personas que enajenen diésel en territorio nacional o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las personas que enajenen diésel en territorio nacional hubieran causado por la enajenación de que se trate.
"El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.
"III. Las personas que adquieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.
"Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquellas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las secciones I o II del capítulo II del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.
"El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.
"Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquellas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente elevado al año, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces dicho salario mínimo. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del capítulo VIII del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.
"La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2015 y enero de 2016.
"Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.
"La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquella que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.
"El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la adquisición del diésel cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.
"Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.
"Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento que establece la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, resulte negativa o igual a cero."
La disposición transcrita establece que en el ejercicio fiscal de dos mil quince se aplicarán distintos beneficios o estímulos fiscales.
Las fracciones I y II contienen y pormenorizan el estímulo fiscal otorgado a las personas que realizan actividades empresariales, excepto minería, que para determinar su utilidad fiscal pueden deducir el diésel que adquieran para su consumo final, siempre que lo utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos.
Dicho beneficio consistente en poder acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios que causen las personas que enajenen diésel en territorio nacional, contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto.
La fracción III sustituye el beneficio de acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios contra el impuesto sobre la renta a cargo, por la posibilidad de solicitar la devolución de ese impuesto especial.
Tal estímulo está dirigido a las personas que adquieren diésel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I, esto es, siempre que sean empresariales, con excepción de la minería, y que para determinar su utilidad fiscal puedan deducir el monto correspondiente a esa adquisición y que utilicen dicho combustible exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos.
Conforme a tal disposición, la devolución sólo podrán solicitarla los contribuyentes que se encuentren en la hipótesis comentada en el párrafo que antecede si sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedieron de veinte veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año.
Esto es, para ser sujeto de dicho beneficio es necesario ser contribuyente con actividad empresarial, con excepción de la minería, que adquiere diésel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, que para determinar su utilidad fiscal pueda deducir el monto correspondiente a esa adquisición, que utilice dicho combustible exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente a su área geográfica, elevado al año.
De acuerdo con el precepto examinado, la devolución está topada hasta $747.69 (setecientos cuarenta y siete pesos, sesenta y nueve centavos), o bien, hasta $1,495.39 (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, treinta y nueve centavos), mensuales en ambos casos.
El primer caso es aplicable a todas las personas físicas que se ubiquen en el supuesto comentado, es decir, constituye la regla aplicable a toda esa categoría de contribuyentes.
De esa manera, la excepción la constituye la posibilidad de devolver una cifra mayor de hasta $1,495.39 (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, treinta y nueve centavos) mensuales, si se trata de personas físicas que cumplen sus obligaciones fiscales en términos del título IV, "De las personas físicas, capítulo II, "De los ingresos por actividades empresariales y profesionales", secciones I o II, denominadas "De las personas físicas con actividades empresariales y profesionales" o "Régimen de incorporación fiscal", respectivamente.
Finalmente, la norma transcrita dispone que los beneficios mencionados no son aplicables cuando la tasa para la enajenación de diésel conforme a la normativa específica aplicable es negativa o de cero, que la devolución puede solicitarse trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de dos mil quince y enero de dos mil dieciséis, y que el derecho a pedirla tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se haya adquirido dicho combustible.
En resumen, la disposición comentada, en la parte que interesa, establece un beneficio fiscal para las personas físicas con actividad empresarial, con excepción de la minería, que adquieren diésel para consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, que para determinar su utilidad fiscal puedan deducir el monto correspondiente a esa adquisición, que utilice dicho combustible exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos y cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de veinte veces el salario mínimo general correspondiente a su área geográfica, elevado al año.
El beneficio consiste, en lugar de acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios contra el impuesto sobre la renta a cargo, en que las personas físicas puedan solicitar su devolución de hasta $747.69 (setecientos cuarenta y siete pesos, sesenta y nueve centavos), mensuales, en todos esos casos, o bien, de hasta $1,495.39 (mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, treinta y nueve centavos), mensuales, si se trata de personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales o que se incorporan al régimen fiscal.
Para determinar si se actualiza o no el trato desigual reprochado, conviene tener en cuenta el régimen fiscal aplicable a los contribuyentes que pueden acceder al beneficio fiscal mayor, esto es, personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales o que se incorporan al régimen fiscal.
Régimen que se encuentra comprendido en los artículos 100, 101, 109 y 111,(21) pertenecientes al título IV, capítulo y secciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su texto vigente en el periodo del que deriva la solicitud de devolución, esto es, abril-junio de 2015.
Los preceptos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27609-5987d895/estimulo-fiscal-el-articulo-16-apartado-a-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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