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Modo: Corpus Pro

ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2652/2014. · Registro digital (IUS): 25352
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-11-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pág. 861.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2652/2014. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)

SEGUNDO. El presente recurso de revisión se interpuso oportunamente.(2)

TERCERO. El recurso de revisión fue promovido por persona legitimada para ello, ya que lo suscribió el propio quejoso, habida cuenta que le causa perjuicio la sentencia recurrida al habérsele negado el amparo que solicitó.

CUARTO. En primer lugar, es pertinente tener en cuenta que de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende lo siguiente:

1. Por regla general, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno;

2. La excepción a la regla anterior, se da cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una norma general, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, se haya decidido o se omita decidir sobre la materia de constitucionalidad; y,

3. La materia del recurso de revisión, en estos casos, se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

En otras palabras, de la interpretación armónica de las anteriores disposiciones, se desprende que la procedencia del recurso de revisión contra sentencias dictadas en materia de amparo directo, se encuentra condicionada a que las sentencias decidan sobre la inconstitucionalidad de una norma general o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, que en dichas sentencias se omita el estudio de esas cuestiones cuando se hubieren planteado en la demanda, previa presentación oportuna del recurso, así como a que el problema de constitucionalidad (por interpretación de forma directa de una norma suprema o por análisis de una inferior jerárquicamente), debe entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, de modo que la segunda instancia se abre sólo por excepción, en aquellos casos en los que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.

Con base en lo anterior, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los supuestos siguientes:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones, en la demanda de amparo se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva o del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo citado señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, no se hayan expresado agravios o cuando éstos sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, y no se advierta queja deficiente que suplir.

Los anteriores lineamientos se recogen en las jurisprudencias de esta Segunda Sala, de rubros: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(3) y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(4)

Como se aprecia, para que en un caso concreto sea procedente el recurso de revisión en amparo directo, es necesario que reúna los siguientes requisitos: a) La existencia de la firma en el escrito de expresión de agravios; b) La oportunidad del recurso; c) La legitimación procesal del promovente; d) Si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, e) Si conforme al acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia.

En el caso se encuentran satisfechos los requisitos precisados en los incisos a), b) y c), ya que el escrito de agravios se encuentra firmado; el recurso es oportuno y fue promovido por parte legítima, como se evidenció en los considerandos segundo y tercero.

Asimismo, se cumple el requisito a que se refiere el inciso d), ya que en los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo directo se advierte que se planteó la inconstitucionalidad del párrafo último de la fracción III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece.

Finalmente, se reúne el requisito a que alude el inciso e), en virtud de que no se da ninguno de los supuestos en los que conforme a la jurisprudencia 2a./J. 64/2001 citada, se presume que no se actualizan esos requisitos.

No pasa inadvertido que sobre la constitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, existe la jurisprudencia 2a./J. 86/2014 (10a.), que lleva por rubro: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. EL ANÁLISIS DE SU CONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE LLEVARSE A CABO CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA."(5)

Sin embargo, esa jurisprudencia no resulta aplicable para resolver el problema jurídico que subyace en el presente recurso de revisión, toda vez que en éste no se plantea la inconstitucionalidad de ese precepto a la luz de los principios de justicia tributaria, sino que se propone a la luz de otros derechos y principios constitucionales.

En ese orden de ideas, es dable concluir que el recurso de revisión resulta procedente, toda vez que satisface los requisitos exigidos para ello.

QUINTO. Como cuestión previa, es menester relatar de manera breve los antecedentes que informa la sentencia recurrida, que se derivan de las constancias de autos; lo que se realiza en los siguientes términos:

1. ********** solicitó al Servicio de Administración Tributaria la devolución de saldo a favor por la cantidad de $**********, generado con motivo del impuesto especial sobre producción y servicios pagado en el periodo de enero a marzo de dos mil trece.

2. El veintidós de mayo de dos mil trece, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla Norte del Servicio de Administración Tributaria emitió el oficio **********, a través del cual negó la devolución solicitada, por considerar que de conformidad con el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece,(6) las personas que adquirieran diésel para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas, podían solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar, en lugar de efectuar el acreditamiento; y que dicho estímulo no sería procedente cuando la tasa para la enajenación de diésel, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2o. A, fracción I, de la ley del impuesto relativo, resultara negativa o igual a cero.

En ese sentido, la mencionada autoridad señaló que las tasas para la enajenación de diésel, correspondientes al primer trimestre del dos mil trece, publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación los días doce de febrero, once de marzo y veintinueve de marzo de ese año, fueron de -18.29, -18.66 y -21.85, respectivamente; lo cual adujo, implicaba que dichas tasas eran negativas y que, por esa razón, no resultaba aplicable el estímulo fiscal sobre el impuesto especial sobre producción y servicios, de conformidad con el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de dos mil trece.

3. En contra de dicha resolución, el siete de agosto de dos mil trece, el ahora quejoso promovió juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se registró con número de expediente **********.

Seguidos los trámites de ley, el veintisiete de noviembre de dos mil trece, dicho órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, al considerar que los conceptos de impugnación resultaron inoperantes en parte e inatendibles en otra.

En efecto, la Sala referida señaló que la litis se circunscribía a establecer si era legal la resolución en la que se negó al actor la devolución del saldo a favor del impuesto especial sobre producción y servicios.

Para llegar a la anterior conclusión, transcribió el artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, y el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de los que advirtió la posibilidad de solicitar la devolución; sin embargo, también se desprendía que cuando la tasa para la enajenación de diésel resultara negativa o igual a cero, no sería procedente ese estímulo.

Por otro lado, señaló que no podía atender aquellos conceptos de impugnación en los que se planteaba la inconstitucionalidad del artículo 16, apartado A, fracción III, último párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, toda vez que carecía de competencia para hacer ese análisis, sin que pasara desapercibido que podía desaplicar dicha norma en ejercicio de control difuso de constitucionalidad, pero que la pretensión del actor iba más allá de una desaplicación, ya que él pretendía que se declarara inconstitucional dicho precepto.

En ese mismo sentido, señaló que los conceptos de impugnación resultaban inoperantes porque no estaban encaminados a controvertir la legalidad del acto impugnado, sino que sólo manifestó una afectación a derechos humanos sin explicar en forma clara porqué debía concederse la devolución solicitada.

Finalmente, la Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa destacó que no bastaba la invocación del principio pro homine para dejar de observar las disposiciones establecidas en la ley, pues de hacerlo así, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función jurisdiccional.

4. En contra de esa sentencia, el actor promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y en donde se registró con el número **********.

En sus conceptos de violación, por lo que hace al tema de constitucionalidad, el quejoso hizo valer los siguientes argumentos:

• Tercero y séptimo. La sentencia recurrida es inconstitucional porque se apoya en el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, numeral que debió desaplicarse porque contraviene los artículos 1o., 14, 16 y 133 de la Constitución Federal.

• El mencionado artículo establece un estímulo fiscal para el sector agrícola, consistente en la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, pagado por la adquisición de diésel para uso agropecuario, pero el párrafo último de la fracción III establece una condición para el acceso a ese beneficio, consistente en que la tasa por enajenación del diésel no sea negativa o cero. No obstante, la tasa para el cálculo del impuesto respectivo ha resultado negativa desde el mes de enero de dos mil diez y hasta la fecha en que se presentó la demanda; es decir, la tendencia marcada desde hace más de tres años es que la tasa sea negativa.

• Por tanto, el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece es inconstitucional, porque al establecer una condición imposible de cumplir hace nulo el acceso al estímulo fiscal y se vuelve letra muerta, circunstancia que vulnera el derecho de seguridad jurídica porque uno de los requisitos de las normas jurídicas es que sean asequibles para su cumplimiento; esto es, las autoridades deben facilitar y poner a disposición los medios necesarios para que los preceptos legales se hagan realidad.

• A su vez, el citado precepto legal vulnera el artículo 133, en relación con los diversos 1o., 14 y 16 de la Constitución Federal, porque para determinar la procedencia del estímulo fiscal señala que se tomará como referencia o indicador la tasa para la enajenación de diésel que se publique mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, del análisis a las tasas publicadas en dicho medio oficial de difusión se advierte que no constituyen un indicador uniforme aplicable al territorio nacional, ya que sólo se enlistan las tasas por agencia de algunas ciudades de la República, sin que se haga mención a los Estados de Quintana Roo y Tlaxcala.

• Esto implica, por ejemplo, que los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en esas entidades federativas sí tendrán derecho al estímulo fiscal, debido a que no existe ninguna referencia de la tasa aplicable para ellos; mientras que el grueso de los contribuyentes no tendrá derecho al estímulo.

• En razón de lo anterior, el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, vulnera el principio de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no trata de manera igual a los contribuyentes que se dedican a la actividad agropecuaria.

• La situación anterior significa, además, una vulneración al derecho de certeza jurídica.

• Es de vital importancia que se considere la aplicación del control convencional y, por ende, que la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa inaplicara el último párrafo de la fracción III, apartado A, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, a fin de que declare la nulidad de la resolución combatida, ante la presencia de una violación clara al derecho de seguridad jurídica.

• Cuarto y octavo. La sentencia recurrida es inconstitucional porque la Sala responsable reconoció la validez de la resolución que negó la devolución solicitada, vulnerando así el numeral 14 de la Constitución Federal, porque se aplica retroactivamente la ley en su perjuicio.

• Lo anterior es así, porque la aplicación del artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece contraviene derechos adquiridos, debido a que en ejercicios anteriores se le ha otorgado el beneficio fiscal sin la condición que contiene la norma mencionada; por tanto, es contrario a derecho que se niegue el estímulo fiscal, porque éste constituye un derecho adquirido.

• Quinto y noveno. La sentencia combatida es inconstitucional al reconocer la validez de la resolución impugnada, con apoyo en el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, porque este numeral contraviene los diversos 1o., 4o. y 25 de la Constitución Federal, los cuales contemplan los derechos a la igualdad, a la vida, al desarrollo humano, a la salud, a la alimentación sana, al trabajo, a la libertad, al mínimo de subsistencia vital, derechos económicos, así como el diverso numeral 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 2.1. del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y artículos 2o. y 4o. del Protocolo de San Salvador, así como el principio de progresividad.

• Lo anterior, porque el precepto legal referido, en lugar de permitir una mayor apertura y tutela de los derechos sociales otorgando el estímulo fiscal, restringe los derechos de los contribuyentes que se encuentran en condiciones más desfavorables, como el caso de la quejosa que se dedica a la actividad agrícola, disminuyendo de esa forma los derechos sociales, lo que vulnera el principio de progresividad, ya que en lugar de ampliar los derechos, los reduce.

• La derogación, modificación o suspensión de la legislación necesaria para el goce de un derecho económico, social y cultural es violatoria de los derechos previstos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es decir, el numeral 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, implícitamente deroga la posibilidad de que se otorgue el estímulo fiscal, lo que constituye una medida deliberadamente regresiva.

• Sexto y décimo. Resulta inconstitucional que la Sala responsable haya declarado la validez de la resolución que niega la autorización de la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, cuando es evidente que dicha devolución procedía desaplicando el numeral 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, pues éste limita la procedencia de la devolución solicitada, lo que contraviene el principio de respeto a la dignidad humana, en virtud de que resulta claro que el estímulo resulta inexistente de acuerdo al artículo cuestionado.

5. El Tribunal Colegiado negó el amparo basándose en las siguientes consideraciones:

• Es infundado lo argumentado por la quejosa respecto a que el artículo 16, apartado A, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, vulnera el derecho de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal.

• Lo anterior, porque contrario a lo que aduce la inconforme, desde su emisión el legislador facultó a las autoridades para actuar en determinado sentido y así el gobernado conocía cuál sería la consecuencia jurídica de los actos que realizara y, por otro, el actuar de la autoridad se encuentra limitado y acotado; de tal manera que la posible afectación a la esfera jurídica de los gobernados no resulta caprichosa o arbitraria, por lo que la procedencia de su devolución, es decir, del estímulo fiscal aludido, no queda al arbitrio de la autoridad hacendaria, sino a que se cumpla o no con los requisitos que establece la norma tildada de inconstitucional.

• La norma tildada de inconstitucional precisa los supuestos de procedencia del estímulo fiscal y sus requisitos, por lo que no existe una ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de impugnación.

• Cita como apoyo la tesis 2a. XVI/2014 (10a.) de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES."

• El hecho de que las publicaciones de la tasa de referencia calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los años anteriores y de que la estimación que se prevé en dos mil trece, también sea negativa, no convierte al artículo 16, apartado A, fracción III, de la Ley de Ingresos de la Federación, en violatorio del derecho fundamental de seguridad jurídica y, por ende, en inconstitucional, toda vez que la tasa a que éste remite, que se obtiene como lo dispone el numeral 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no depende del legislador, sino de los factores del mercado a que se refiere la anterior porción normativa.

• Es decir, si bien es cierto que pueden ser estimadas y previsibles conforme a las tendencias, también lo es que no conforma un hecho absoluto e inmutable premeditado por el legislador, ya que dependen de factores externos, se reitera, del mercado, por ende, no se puede afirmar que la norma combatida impuso una condición insalvable para que la parte quejosa no pudiera obtener el beneficio respectivo.

• De conformidad con el mecanismo contenido en el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no puede considerarse que será un hecho inmutable que la tasa a que se refiere ese numeral siempre será negativa, y que ello ya lo conoce y lo premeditó el legislador, por ende, no es violatorio del principio de seguridad jurídica la porción normativa tildada de inconstitucional, porque no depende de ésta ni del procedimiento ahí previsto, sino de los factores externos y valores del mercado, dado que para obtener la misma, se deben contemplar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados, así como el promedio de las cotizaciones convertidas a pesos con el promedio del tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

• También considera infundada la parte del concepto de violación en el que la quejosa aduce que la norma combatida viola el derecho de igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, porque parte de la premisa de que deben de existir agencias de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios en todos los Estados del país, para que así se respete el principio de igualdad, sin demostrar o por lo menos manifestar por qué o con fundamento en qué debe ser así.

• En efecto, debe desestimarse el concepto de violación, toda vez que de la lectura de la porción normativa tildada de inconstitucional y, de lo previsto en el numeral 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no se advierte que exista una excepción en su aplicación en alguna entidad federativa, ya que si bien las agencias de venta a que se refiere la publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de marzo de dos mil trece, que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la tasa determinada en términos de lo dispuesto en el numeral citado en último término, no contempla a todos los Estados del país, también lo es que las agencias de ventas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no corresponden a todas las entidades federativas, pues se les denominan conforme a la ciudad en que se ubiquen, siendo que pueden existir dos o tres agencias de ventas en el mismo número de ciudades de un solo Estado de la República o en el Distrito Federal.

• Además, cabe resaltar que sólo en las aludidas agencias de venta de Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, es en donde se enajena la gasolina y diésel, por lo que sin importar la distribución territorial de las mismas la mecánica de causación implica que se haga la referida enajenación sin atender a la entidad federativa en la que se ubique las agencias de venta, para obtener la recaudación del impuesto que a la postre pueda ser el sustento de la solicitud de devolución.

• Esto es, el estímulo se obtendrá del total que se recaude del impuesto especial sobre producción y servicios que deba enterar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por la enajenación de gasolinas o diésel en todas y cada una de las agencias de ventas de éstos, sin que se limite a lo obtenido en determinada agencia o ciudad donde se ubique ésta, es decir, todo lo que en su caso se llegue a recaudar por ese concepto constituirá un fondo común federal de donde se podrán obtener los recursos para enterar, en su caso, el beneficio fiscal a la devolución de mérito, a todo contribuyente que cubra los requisitos precisados para ello, sin que influya su domicilio fiscal o entidad federativa en que se solicite la misma.

• Debe desestimarse el concepto de violación, pues lo sustenta en la hipótesis de que en los Estados de Tlaxcala y Quintana Roo, al no existir una tasa que haga referencia a dichos Estados en la publicación que ordena el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las solicitudes de devolución en el mismo supuesto serán procedentes; ya que dicho argumento no se encuentra acreditado en autos con probanza alguna, además de que lo que alega depende de la resolución que, en su caso, emita la autoridad respectiva que resuelva la petición de obtener el beneficio a que se refiere la norma impugnada; por tanto, es dable concluir que dicho argumento es hipotético.

• Cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 88/2003 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA."

• Es infundado el octavo concepto de violación, en el cual la quejosa alega que la norma combatida contraviene el principio de irretroactividad previsto en el numeral 14 de la Constitución Federal, por establecer una condición para obtener el estímulo fiscal de devolución del impuesto especial sobre producción y servicios, que la legislación anterior no preveía.

• Lo anterior, porque al establecer como condición para obtener el estímulo referido, que la tasa para la enajenación de diésel no sea negativa o cero, la norma cuestionada no desconoce las consecuencias jurídicas generadas al amparo de la legislación anterior, esto es, poder obtener la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que tenga derecho a acreditar conforme a la norma anterior, sino que regula una nueva condición aplicable para que en el monto acreditable del impuesto especial sobre producción determinado con posterioridad a la norma le pueda ser devuelto.

• Además, no debe sostenerse que se trata de un derecho adquirido por el contribuyente el que pueda devolvérsele las cantidades que tenga derecho a acreditar del impuesto especial sobre producción y servicios, bajo las mismas condiciones que determine con posterioridad a la vigencia de esa norma, ya que obtener un estímulo fiscal bajo la legislación anterior no significa que la condición que en dicho numeral se estableció deba regir futuras solicitudes de devolución, pues para éstas resultará aplicable la norma vigente al momento en que, en su caso, se determine impuesto especial sobre producción y servicios por acreditar y en su lugar se solicite su devolución.

• Lo anterior es así, ya que en materia del establecimiento de requisitos para la procedencia de los estímulos fiscales no opera la teoría de los derechos adquiridos, pues el legislador está facultado para modificar los requisitos y las condiciones para limitarla y, con ello, enfocar el supuesto de la norma hacia la finalidad por la que fue creada.

• Cita como apoyo la tesis 2a. XLIX/2012 (10a.) de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XV, INCISO A), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."

• Son infundados el noveno y décimo conceptos de violación, en los cuales la quejosa aduce que el numeral 16 de la referida ley de ingresos es inconstitucional, pues vulnera los artículos 1o., 4o. y 25 de la Constitución Federal, que prevén los derechos de igualdad, a la vida, al desarrollo humano, a la salud, a una alimentación sana, al trabajo, a la libertad, al mínimo de subsistencia vital, derechos económicos, así como el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2.1. del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 1o., 2o. y 4o. del Protocolo de San Salvador y también al principio de progresividad.

• Lo anterior es así, ya que la quejosa parte de una falsa premisa, pues contrario a lo que argumenta, el último párrafo de la fracción III del apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil trece, no prevé derecho alguno a favor del contribuyente, sino al contrario establece un estímulo fiscal a través del /cual se puede disminuir su carga tributaria, es decir, la obligación que todo gobernado tiene de contribuir prevista en la fracción IV del artículo 31 constitucional.

• Esto es así, ya que a fin de incentivar y promover diversos sectores de la población en la rama de la economía, de conformidad con el artículo 25 constitucional, el legislador a través del numeral tildado de inconstitucional le ha otorgado un estímulo fiscal a las personas que utilicen diésel en las actividades agropecuarias o silvícolas, consistente en que podrán acreditar el impuesto especial de producción y servicios u optar por solicitar la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25352-604f561b/estimulo-fiscal-previsto-en-el-articulo-16-apartado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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